Los soldados del Perú que combaten en el VRAE son investigados –previa denuncia de ONGs como Aprodeh– y de inmediato pasan a ser procesados, mientras que los sospechosos de mantener vínculos con el terrorismo o el narcotráfico resultan alegremente liberados. Señores, pese a los múltiples llamamientos formulados por medios como EXPRESO, para que este doble estándar termine, las citaciones a oficiales y subalternos, inclusive a soldados heridos y hospitalizados, se multiplican arbitraria e ilógicamente.
Ante tanta insensatez y miedo a las ONG por parte de algunos fiscales, el propio primer ministro, Yehude Simon, y el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, han tenido que instar a la Fiscalía de la Nación para que compulse la delicada situación que se vive en el VRAE. Ambos han solicitado prudencia a la hora de procesar a militares. Sin embargo, al constatar que se toca con manos de seda a las personas sindicadas de pertenecer al narcoterrorismo, no pueden callar en su justa invocación a la titular del Ministerio Público. Esto –que no es nuevo– debe acabar, primero cambiando de mentalidad a esos fiscales que de seguro han asistido a los cursos penales que organizan las ONG políticas; segundo, por un mínimo de colaboración con todos los poderes del Estado, no sólo el Ejecutivo sino también con el Legislativo –a través de la Comisión de Defensa– han solicitado que no se investigue o procese a más efectivos militares –ya van más de 204–, máxime cuando están sosteniendo enfrentamientos con terroristas en la intersección de los ríos Apurímac y Ene.
Por ejemplo, existen denuncias que están en proceso de investigación en la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho. Los denunciados van desde el general de Brigada EP Raymundo Flores Cárdenas, pasando por mayores, capitanes, sargentos, cabos, técnicos y soldados destacados en el VRAE. Por ello cabe preguntar: ¿cuál es el poder de ONGs como Aprodeh (esa que pidió a la Unión Europea que retire al MRTA de la lista de grupos terroristas) sobre las Fiscalías, al punto de lograr que todas sus denuncias sean rápidamente tramitadas por el Ministerio Público? ¿No se entiende acaso que la zona del VRAE tiene una de tratamiento especial por el tipo de enemigo allí enquistado y su geografía agreste?
En esta hora delicada para la seguridad nacional, en la que –esta vez– catorce familias han sido enlutadas a causa de la emboscada narcoterrorista, urge marcar un punto diferencial que coloque de manera firme al país en contra del terrorismo. Y para ello se necesita levantar la moral de las tropas que defienden el estado de derecho. Así como Barack Obama, presidente de EE UU, viajó a Afganistán y hace poco estuvo en Iraq, es hora de ver al primer mandatario Alan García en la zona del VRAE, para dar un espaldarazo a los contingentes que están en la primera línea de fuego, y también en virtud de su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Los soldados que entregaron su vida por la patria y las decenas de heridos así lo ameritan. Honor y gloria a los caídos.
EXPRESO
Ante tanta insensatez y miedo a las ONG por parte de algunos fiscales, el propio primer ministro, Yehude Simon, y el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, han tenido que instar a la Fiscalía de la Nación para que compulse la delicada situación que se vive en el VRAE. Ambos han solicitado prudencia a la hora de procesar a militares. Sin embargo, al constatar que se toca con manos de seda a las personas sindicadas de pertenecer al narcoterrorismo, no pueden callar en su justa invocación a la titular del Ministerio Público. Esto –que no es nuevo– debe acabar, primero cambiando de mentalidad a esos fiscales que de seguro han asistido a los cursos penales que organizan las ONG políticas; segundo, por un mínimo de colaboración con todos los poderes del Estado, no sólo el Ejecutivo sino también con el Legislativo –a través de la Comisión de Defensa– han solicitado que no se investigue o procese a más efectivos militares –ya van más de 204–, máxime cuando están sosteniendo enfrentamientos con terroristas en la intersección de los ríos Apurímac y Ene.
Por ejemplo, existen denuncias que están en proceso de investigación en la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho. Los denunciados van desde el general de Brigada EP Raymundo Flores Cárdenas, pasando por mayores, capitanes, sargentos, cabos, técnicos y soldados destacados en el VRAE. Por ello cabe preguntar: ¿cuál es el poder de ONGs como Aprodeh (esa que pidió a la Unión Europea que retire al MRTA de la lista de grupos terroristas) sobre las Fiscalías, al punto de lograr que todas sus denuncias sean rápidamente tramitadas por el Ministerio Público? ¿No se entiende acaso que la zona del VRAE tiene una de tratamiento especial por el tipo de enemigo allí enquistado y su geografía agreste?
En esta hora delicada para la seguridad nacional, en la que –esta vez– catorce familias han sido enlutadas a causa de la emboscada narcoterrorista, urge marcar un punto diferencial que coloque de manera firme al país en contra del terrorismo. Y para ello se necesita levantar la moral de las tropas que defienden el estado de derecho. Así como Barack Obama, presidente de EE UU, viajó a Afganistán y hace poco estuvo en Iraq, es hora de ver al primer mandatario Alan García en la zona del VRAE, para dar un espaldarazo a los contingentes que están en la primera línea de fuego, y también en virtud de su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Los soldados que entregaron su vida por la patria y las decenas de heridos así lo ameritan. Honor y gloria a los caídos.
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