Emplazamiento

De mal gusto –de cara a Sudamérica y el mundo– es la grotesca compra de armamento por parte de Chile. No solo se trata de una demostración de fuerza frente el Perú, sino de una actitud hostil contra la propia judicatura planetaria representada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), excelso tribunal asentado en la ciudad holandesa de La Haya y que tiene que ver, precisamente, con el conocimiento y la resolución de la demanda interpuesta por el Estado peruano contra su par chileno, por un problema limítrofe marítimo –creado por ésta última nación– que nunca fue resuelto, como corresponde, por la vía diplomática.

Cuando los líderes políticos –en este caso la dirigencia chilena– no quieren usar un lenguaje claro en sus relaciones exteriores, recurren a otras formas para hacer saber que defenderán sus intereses con la fuerza de las armas y no con el derecho internacional. En ese sentido –que es el caso de Chile– esos líderes mienten, incurren en sofismas y generan suspicacias cuestionables. Por ejemplo, cuando en el caso de la delimitación oceánica entre sus costas adyacentes, una de las partes –Perú– planteó el litigio por el cauce jurídico, la otra –Chile– a pesar de sus discursos que hablan de una alianza en materia comercial, se esfuerza en dar señales poco transparentes sobre el resultado final del proceso iniciado. ¿Y de qué forma Chile exterioriza ese lenguaje? Mediante la compra de más equipos bélicos de carácter estricta, irritantemente ofensivo, y a través de secuenciales maniobras militares en su frontera norte. Y al hacerlo comete un innegable embuste contra sus propios ciudadanos y contra las naciones vecinas, pues recordemos que hace menos de dos años La Moneda declaró que el proceso de modernización de sus fuerzas armadas había concluido.

En otros términos, a pesar de que el programa de “renovación” militar chileno duró más de diez años, tiempo en el cual las políticas de Defensa de Chile se comprometieron a completar escrupulosamente la modernización de equipos bélicos, sale ahora ese Estado a anunciar que adquirirá más armamento sofisticado. Entonces, sin duda, estamos ante un ostensible, soterrado y más que sospechoso rearme. En estas circunstancias, el Perú tiene todo el derecho de preguntar ¿contra quién se arma el vecino?, especialmente cuando se encuentra en medio de una controversia con el belicista. Pero tal parece que a Chile no le importa utilizar un doble estándar que, inclusive, hiere la inteligencia de los miembros de la Corte Internacional. Pues si los togados de la CIJ son quienes tienen que resolver una demanda planteada por el Perú, ¿no es acaso una afrenta a su prestigio y trayectoria que la parte demandada envíe desembozadas señales amenazadoras –erga omnes– en el sentido que la decisión de dicha magistratura no será acatada si resulta adversa a sus intereses?

Pensamos que una nación puede ser todo lo soberana que quiera, pero ante un problema limítrofe las partes involucradas están llamadas a actuar con prudencia y no sólo una de ellas. En consecuencia, la bravata chilena debe ser denunciada ante los foros internacionales y delante de distintos escenarios (como la OEA y la ONU por ejemplo), no sólo por el Estado peruano sino por los intelectuales, pensadores y pacifistas del mundo. Resulta crucial ese emplazamiento para comprobar si la clase política chilena está dispuesta o no a respetar el fallo de la CIJ. Que lo diga de una vez, sin ambigüedades ni galimatías; así le ahorrará al Tribunal de La Haya tener que ruborizarse mañana o más tarde si una de sus sentencias no es acatada por alguna de las partes en un juicio internacional.


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