Por: Richard Webb
Se ha encendido una guerra mundial en torno a la selva peruana, con manifestaciones y condenas desde el Perú, Europa y Norteamérica. Como en toda guerra, el humo y el ruido esconden una confusión de intereses y de desinformación.
En 1940, apenas 100 mil familias vivían en la selva, unos pocos en aislados centros administrativos, como Iquitos y Moyobamba, pero la mayoría en aldeas apartadas y repartidas a través de una inmensa superficie: 76 millones de hectáreas de bosque, más de la mitad del territorio nacional. Cada familia tenía a su disposición cientos de hectáreas de bosque pero, a pesar de la riqueza biológica, la tecnología usada rendía una subsistencia mínima y el territorio no admitía más gente. La cultura nativa respondía a la fragilidad e inseguridad de esa vida solitaria, e incluía una sorprendente capacidad para controlar la natalidad, que limitaba la peligrosa sobrepoblación.
Pero el autocontrol poblacional no pudo impedir una avalancha de migrantes, sobre todo de los empobrecidos campesinos de la sierra que multiplicaron la población selvática en ocho veces y cambiaron radicalmente la cultura. Los descendientes de los nativos de 1940 aún se pueden identificar en más de mil comunidades y 14 grupos lingüísticos, pero más de la mitad de los selváticos de hoy descienden de migrantes y viven en áreas urbanas; entre los rurales apenas 10% dice que su primer idioma fue asháninka u otro nativo. Más allá de las lenguas, lo que desaparece es la cultura de respeto por la naturaleza. Cual ejército hormiga, los colonos serranos —desesperados por cultivar un manojo de maíz para sus familias— siguen cortando y quemando millones de hectáreas de bosque. Arrasan y contaminan la Amazonía, al buscar oro y procesar la coca, y efectúan talas ilegales. El Estado ha facilitado esa invasión al abrir carreteras y dar servicios básicos. Pero ha sido más su ausencia que presencia y la falta de orden lo que ha determinado la destrucción masiva de la selva. Habrá paz solo cuando se decida democráticamente la prioridad que deben tener los intereses culturales y económicos de los nativos, los de la ahora mayoritaria población selvática no nativa y los de otros peruanos que tienen derecho de compartir la riqueza que generan los recursos nacionales. Incluso, algunos países reclaman un derecho a decidir el futuro del recurso ecológico de la Amazonía.
Establecer la paz significa además poner orden y hacer cumplir las reglas de juego.
EL COMERCIO
Se ha encendido una guerra mundial en torno a la selva peruana, con manifestaciones y condenas desde el Perú, Europa y Norteamérica. Como en toda guerra, el humo y el ruido esconden una confusión de intereses y de desinformación.
En 1940, apenas 100 mil familias vivían en la selva, unos pocos en aislados centros administrativos, como Iquitos y Moyobamba, pero la mayoría en aldeas apartadas y repartidas a través de una inmensa superficie: 76 millones de hectáreas de bosque, más de la mitad del territorio nacional. Cada familia tenía a su disposición cientos de hectáreas de bosque pero, a pesar de la riqueza biológica, la tecnología usada rendía una subsistencia mínima y el territorio no admitía más gente. La cultura nativa respondía a la fragilidad e inseguridad de esa vida solitaria, e incluía una sorprendente capacidad para controlar la natalidad, que limitaba la peligrosa sobrepoblación.
Pero el autocontrol poblacional no pudo impedir una avalancha de migrantes, sobre todo de los empobrecidos campesinos de la sierra que multiplicaron la población selvática en ocho veces y cambiaron radicalmente la cultura. Los descendientes de los nativos de 1940 aún se pueden identificar en más de mil comunidades y 14 grupos lingüísticos, pero más de la mitad de los selváticos de hoy descienden de migrantes y viven en áreas urbanas; entre los rurales apenas 10% dice que su primer idioma fue asháninka u otro nativo. Más allá de las lenguas, lo que desaparece es la cultura de respeto por la naturaleza. Cual ejército hormiga, los colonos serranos —desesperados por cultivar un manojo de maíz para sus familias— siguen cortando y quemando millones de hectáreas de bosque. Arrasan y contaminan la Amazonía, al buscar oro y procesar la coca, y efectúan talas ilegales. El Estado ha facilitado esa invasión al abrir carreteras y dar servicios básicos. Pero ha sido más su ausencia que presencia y la falta de orden lo que ha determinado la destrucción masiva de la selva. Habrá paz solo cuando se decida democráticamente la prioridad que deben tener los intereses culturales y económicos de los nativos, los de la ahora mayoritaria población selvática no nativa y los de otros peruanos que tienen derecho de compartir la riqueza que generan los recursos nacionales. Incluso, algunos países reclaman un derecho a decidir el futuro del recurso ecológico de la Amazonía.
Establecer la paz significa además poner orden y hacer cumplir las reglas de juego.
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