Otro biombo para no combatir la corrupción
Por: Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
urelio Pastor, el ya no tan flamante pero aún entusiasta ministro de Justicia, tomó la insólita decisión de, en solo 48 horas, desmentirse a sí mismo con el fin de salvar a su jefe de otro tremendo papelón aunque a costa de quedar como un mentiroso o como un desinformado.
Lo único que el presidente Alan García dijo el 28 de julio sobre el tema de la corrupción –quizá el que más preocupa a la gente– es que los sentenciados por este motivo deben ser “recluidos en la nueva colonia penal de la selva que estamos construyendo para que ahí trabajen”.
Una hora después, Pastor reconoció que dicho penal “todavía no está en construcción” y que no tenía la menor idea del mismo. Para empezar, eso implica que se incumplió el mandato constitucional de que el gabinete apruebe el mensaje o, tal vez, que el ministro se quedó dormido en esa parte.
Para salir del apuro, Pastor sacó ayer de la manga el penal Shumba I, en Jaén, a un costo de S/.28.5 millones y cuyo expediente técnico –según explica una pomposa nota de prensa del Ministerio de Justicia– “se está culminando”. Hace mal el nuevo ministro en inaugurarse como biombo de patinadas.
Ese penal selvático es un conejo de sombrero que no sería viable por objeciones de naturaleza humanitaria, porque su costo sería excesivo y porque en el Perú muy pocos van a la cárcel por corruptos –solo el 1% de la población penal está por ese motivo, la mayoría del fujimontesinismo–, una costumbre que el presidente García no pretende cambiar.
Esta propuesta presidencial carece de sentido y es otra señal de la improvisación con que se conduce el gobierno así como de lo poco que le interesa la lucha anticorrupción.
Sin embargo, el fenómeno de la corrupción es sumamente perjudicial para el país. Por ejemplo, para la realización de negocios decentes y que no impliquen decisiones incorrectas y onerosas –para la población– por parte del gobierno.
En este contexto, desde el sector empresarial se podría impulsar medidas que ataquen a la corrupción. Confiep, por ejemplo, debería apurar el cumplimiento de la oferta que hizo su nuevo presidente, Ricardo Briceño, de aplicar códigos de ética empresarial pues se ve que esta no es muy frecuente.
Asimismo, el ministro Luis Carranza debería incorporar en el plan de competitividad que acaba de lanzar el componente anticorrupción a partir del convencimiento de que pocas cosas afectan tanto a una nación y a la eficiencia de una economía como la proliferación de la corrupción y la sensación de impunidad con que –salvo contadas excepciones– esta suele gozar en el país.
LA REPUBLICA
Por: Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
urelio Pastor, el ya no tan flamante pero aún entusiasta ministro de Justicia, tomó la insólita decisión de, en solo 48 horas, desmentirse a sí mismo con el fin de salvar a su jefe de otro tremendo papelón aunque a costa de quedar como un mentiroso o como un desinformado.
Lo único que el presidente Alan García dijo el 28 de julio sobre el tema de la corrupción –quizá el que más preocupa a la gente– es que los sentenciados por este motivo deben ser “recluidos en la nueva colonia penal de la selva que estamos construyendo para que ahí trabajen”.
Una hora después, Pastor reconoció que dicho penal “todavía no está en construcción” y que no tenía la menor idea del mismo. Para empezar, eso implica que se incumplió el mandato constitucional de que el gabinete apruebe el mensaje o, tal vez, que el ministro se quedó dormido en esa parte.
Para salir del apuro, Pastor sacó ayer de la manga el penal Shumba I, en Jaén, a un costo de S/.28.5 millones y cuyo expediente técnico –según explica una pomposa nota de prensa del Ministerio de Justicia– “se está culminando”. Hace mal el nuevo ministro en inaugurarse como biombo de patinadas.
Ese penal selvático es un conejo de sombrero que no sería viable por objeciones de naturaleza humanitaria, porque su costo sería excesivo y porque en el Perú muy pocos van a la cárcel por corruptos –solo el 1% de la población penal está por ese motivo, la mayoría del fujimontesinismo–, una costumbre que el presidente García no pretende cambiar.
Esta propuesta presidencial carece de sentido y es otra señal de la improvisación con que se conduce el gobierno así como de lo poco que le interesa la lucha anticorrupción.
Sin embargo, el fenómeno de la corrupción es sumamente perjudicial para el país. Por ejemplo, para la realización de negocios decentes y que no impliquen decisiones incorrectas y onerosas –para la población– por parte del gobierno.
En este contexto, desde el sector empresarial se podría impulsar medidas que ataquen a la corrupción. Confiep, por ejemplo, debería apurar el cumplimiento de la oferta que hizo su nuevo presidente, Ricardo Briceño, de aplicar códigos de ética empresarial pues se ve que esta no es muy frecuente.
Asimismo, el ministro Luis Carranza debería incorporar en el plan de competitividad que acaba de lanzar el componente anticorrupción a partir del convencimiento de que pocas cosas afectan tanto a una nación y a la eficiencia de una economía como la proliferación de la corrupción y la sensación de impunidad con que –salvo contadas excepciones– esta suele gozar en el país.
LA REPUBLICA
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