Por: Jaime de Althaus Guarderas
El historiador Antonio Zapata (“La República” 19-8-09) advierte que la estructura de representación política peruana padece de una dicotomía que hace muy vulnerable al sistema: los presidentes regionales y alcaldes no pertenecen a partidos nacionales presentes en el Congreso, sino a movimientos regionales y locales que no se inscriben en partidos nacionales, los que, por su parte, tampoco pueden competir con éxito a nivel local.
Los políticos locales no tienen espacios para entenderse con los nacionales y proceden de canteras distintas sin comunicación. Por ello abundan las mesas y otros espacios no institucional izados. Pero —añadiríamos nosotros— hay una segunda dicotomía o fractura tan grave como la anterior: la que se da entre las autoridades regionales y locales de un lado, y los dirigentes políticos o sociales de la población en las protestas y bloqueos, de otro (por ello el salto a la garrocha hasta el primer ministro, por encima de dichas autoridades).
Aquí tenemos a dirigentes de los frentes de defensa, usualmente radicales con ambiciones políticas ,estimulados precisamente por la acelerada descentralización del Estado, que ha puesto al alcance de los apetitos locales botines presupuestales nunca antes vistos en las provincias y distritos. Estas disputas locales no están moderadas por una clase media rural o urbana productiva que haya generado con sus tributos esos recursos, y exija resultados. La plata viene del Gobierno Central.
Pero también tenemos a las comunidades campesinas, que quieren participar no solo en los presupuestos municipales, sino en el mercado y en los ingresos generados por la inversión minera (o evitar que esta las afecte). Aquí la dicotomía o fractura entre presidentes de comunidades indígenas y alcaldes mistis (o cualquier otra autoridad) es secular.
De lo que estamos hablando, entonces, es de un sistema político y social altamente fragmentado en esferas incomunicadas o contrapuestas. Se requiere políticas de desarrollo productivo rural que satisfagan las demandas de inclusión y le den una base económica y social a la democracia local. Y se requiere recomponer un sistema de pocos partidos nacionales capaces de incorporar a los movimientos locales.
Para esto es indispensable elegir a los congresistas en distritos electorales pequeños, unipersonales o bipersonales, pues solo así el congresista se verá obligado, si quiere ser reelegido, a estar en contacto permanente con su base electoral y llevar sus demandas y reclamaciones ante las autoridades, lo que tornaría en superfluos a los frentes de defensa. Será un verdadero “representante”.
Un sistema así fortalecería a los partidos nacionales además porque aglutinaría agrupaciones llevando a unos pocos partidos más enraizados. Pero ningún congresista lo plantea.
EL COMERCIO
El historiador Antonio Zapata (“La República” 19-8-09) advierte que la estructura de representación política peruana padece de una dicotomía que hace muy vulnerable al sistema: los presidentes regionales y alcaldes no pertenecen a partidos nacionales presentes en el Congreso, sino a movimientos regionales y locales que no se inscriben en partidos nacionales, los que, por su parte, tampoco pueden competir con éxito a nivel local.
Los políticos locales no tienen espacios para entenderse con los nacionales y proceden de canteras distintas sin comunicación. Por ello abundan las mesas y otros espacios no institucional izados. Pero —añadiríamos nosotros— hay una segunda dicotomía o fractura tan grave como la anterior: la que se da entre las autoridades regionales y locales de un lado, y los dirigentes políticos o sociales de la población en las protestas y bloqueos, de otro (por ello el salto a la garrocha hasta el primer ministro, por encima de dichas autoridades).
Aquí tenemos a dirigentes de los frentes de defensa, usualmente radicales con ambiciones políticas ,estimulados precisamente por la acelerada descentralización del Estado, que ha puesto al alcance de los apetitos locales botines presupuestales nunca antes vistos en las provincias y distritos. Estas disputas locales no están moderadas por una clase media rural o urbana productiva que haya generado con sus tributos esos recursos, y exija resultados. La plata viene del Gobierno Central.
Pero también tenemos a las comunidades campesinas, que quieren participar no solo en los presupuestos municipales, sino en el mercado y en los ingresos generados por la inversión minera (o evitar que esta las afecte). Aquí la dicotomía o fractura entre presidentes de comunidades indígenas y alcaldes mistis (o cualquier otra autoridad) es secular.
De lo que estamos hablando, entonces, es de un sistema político y social altamente fragmentado en esferas incomunicadas o contrapuestas. Se requiere políticas de desarrollo productivo rural que satisfagan las demandas de inclusión y le den una base económica y social a la democracia local. Y se requiere recomponer un sistema de pocos partidos nacionales capaces de incorporar a los movimientos locales.
Para esto es indispensable elegir a los congresistas en distritos electorales pequeños, unipersonales o bipersonales, pues solo así el congresista se verá obligado, si quiere ser reelegido, a estar en contacto permanente con su base electoral y llevar sus demandas y reclamaciones ante las autoridades, lo que tornaría en superfluos a los frentes de defensa. Será un verdadero “representante”.
Un sistema así fortalecería a los partidos nacionales además porque aglutinaría agrupaciones llevando a unos pocos partidos más enraizados. Pero ningún congresista lo plantea.
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