Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Vuelven a usar el argumento de la ‘cojudez’.
La emboscada terrorista de anteayer en Ayahuanco, un distrito de la provincia de Huanta, en el VRAE, que cobró la vida de trece miembros del Ejército, coincide con el debate sobre la condena a Alberto Fujimori por violación de derechos humanos, y la van a querer utilizar los que creen que esta fue injusta.
La erradicación del terrorismo de esa zona –y en general del país– es un objetivo crucial. No solo por la necesidad de culminar la tarea pendiente desde hace mucho de acabar definitivamente con la subversión a través de la desactivación de los rezagos de Sendero Luminoso, sino por la vinculación con el narcotráfico. El combo terrorismo-drogas implica graves riesgos como enseña la penosa experiencia colombiana.
El otro factor que hace imprescindible la desarticulación del terrorismo en el VRAE es el riesgo que implica para la democracia, tal como planteó César Hildebrandt, ayer en La Primera, dada la “mutualidad siniestra” que hay entre Sendero y el fujimorismo: “dos fascismos que se odiaban y que, sin embargo, como en esos maridajes turbios, se necesitaban”.
El gobierno ha lanzado desde hace un tiempo una ofensiva militar con dicho objetivo. Precisamente, los enfrentamientos que se reportan en la zona del VRAE y el incremento lamentable del número de bajas de las fuerzas del orden tienen que ver con la marcha de dicho plan.
Esta acción debe ser respaldada por todos y concretarse de varias maneras. Para empezar, asegurando que los efectivos militares cuenten con los recursos que garanticen su labor sin exponerlos, por la falta de los mismos, a riesgos evitables.
Los comandos que pelean en el VRAE no pueden ir como boy scouts en picnic. Una democracia tiene que poner en acción, con rigor, todos los mecanismos que la ley establece para defenderse de riesgos como el terrorismo y el narcotráfico. La democracia no debe atarse de manos cuando la amenazan.
Pero esto no significa que la democracia promueva la violación de derechos humanos organizada desde el Estado, tal como ahora varios pretenden justificar en favor de Fujimori.
Desde los que señalan que los estudiantes de La Cantuta eran senderistas como argumento para justificar su asesinato por el grupo Colina con –como se probó en el juicio– la participación de Fujimori, hasta los que insisten en que darle la pena máxima a quien “salvó al país de la bancarrota y lo pacificó” es “una gran y exagerada cojudez”.
Opiniones como estas son las que evidencian lo poco que aprendió el país en todos estos años turbulentos y sangrientos, a la vez de reflejar que la vocación autoritaria aún goza de muy buena salud en el Perú.
LA REPUBLICA
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Vuelven a usar el argumento de la ‘cojudez’.
La emboscada terrorista de anteayer en Ayahuanco, un distrito de la provincia de Huanta, en el VRAE, que cobró la vida de trece miembros del Ejército, coincide con el debate sobre la condena a Alberto Fujimori por violación de derechos humanos, y la van a querer utilizar los que creen que esta fue injusta.
La erradicación del terrorismo de esa zona –y en general del país– es un objetivo crucial. No solo por la necesidad de culminar la tarea pendiente desde hace mucho de acabar definitivamente con la subversión a través de la desactivación de los rezagos de Sendero Luminoso, sino por la vinculación con el narcotráfico. El combo terrorismo-drogas implica graves riesgos como enseña la penosa experiencia colombiana.
El otro factor que hace imprescindible la desarticulación del terrorismo en el VRAE es el riesgo que implica para la democracia, tal como planteó César Hildebrandt, ayer en La Primera, dada la “mutualidad siniestra” que hay entre Sendero y el fujimorismo: “dos fascismos que se odiaban y que, sin embargo, como en esos maridajes turbios, se necesitaban”.
El gobierno ha lanzado desde hace un tiempo una ofensiva militar con dicho objetivo. Precisamente, los enfrentamientos que se reportan en la zona del VRAE y el incremento lamentable del número de bajas de las fuerzas del orden tienen que ver con la marcha de dicho plan.
Esta acción debe ser respaldada por todos y concretarse de varias maneras. Para empezar, asegurando que los efectivos militares cuenten con los recursos que garanticen su labor sin exponerlos, por la falta de los mismos, a riesgos evitables.
Los comandos que pelean en el VRAE no pueden ir como boy scouts en picnic. Una democracia tiene que poner en acción, con rigor, todos los mecanismos que la ley establece para defenderse de riesgos como el terrorismo y el narcotráfico. La democracia no debe atarse de manos cuando la amenazan.
Pero esto no significa que la democracia promueva la violación de derechos humanos organizada desde el Estado, tal como ahora varios pretenden justificar en favor de Fujimori.
Desde los que señalan que los estudiantes de La Cantuta eran senderistas como argumento para justificar su asesinato por el grupo Colina con –como se probó en el juicio– la participación de Fujimori, hasta los que insisten en que darle la pena máxima a quien “salvó al país de la bancarrota y lo pacificó” es “una gran y exagerada cojudez”.
Opiniones como estas son las que evidencian lo poco que aprendió el país en todos estos años turbulentos y sangrientos, a la vez de reflejar que la vocación autoritaria aún goza de muy buena salud en el Perú.
LA REPUBLICA
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