Contra viento y marea, y aún sin un deslinde definitivo del presidente Álvaro Uribe, avanza el perturbador proyecto reeleccionista en Colombia. Ayer, con 85 votos a favor y cinco en contra, la Cámara de Representantes de ese país vecino aprobó la iniciativa, que pasa ahora a manos de la Corte Constitucional para validarla antes de llegar eventualmente a las urnas.
Lo abultado de la mayoría que aprobó la medida no debe llamar a engaño, respecto del grave daño que se sigue causando al sistema democrático latinoamericano.
Efectivamente, cuando se hace más patente la división entre regímenes democráticos y autoritarios, sería lamentable que un líder como Uribe, que ha dado muestras claras de vocación democrática y eficiencia en el Gobierno, pueda echar a perder todo lo ganado por este afán reeleccionista.
Es más, caería en la misma y nefasta tentación que distingue al bloque autoritario encabezado por el inefable caudillo venezolano Hugo Chávez, al que siguen Morales en Bolivia y Correa en Ecuador. ¿Con qué autoridad moral podría ahora cuestionarlos?
Luego, es evidente que se está afectando la institucionalidad democrática, vistas las denuncias sobre polémicos acuerdos políticos para sumar votos de congresistas que aprueben la norma a como dé lugar. Paralelamente, las instancias judiciales y de control constitucional se han visto también involucradas, lo que incrementa las fricciones y resiente el equilibrio entre los poderes del Estado.
¿Por qué es tan mala la reelección? Pues, porque conculca un principio elemental del sistema democrático, que es la alternancia en el poder y el respeto a las normas y las reglas de juego: no se puede patear el tablero para acomodar la ley a los designios de un grupo o individuo.
Del autoritarismo a la dictadura hay solo un paso. De allí que, por doctrina y por historia, la democracia sea lo más contrario al caudillismo personalista, que parte de la premisa de un guía máximo, insustituible e imprescindible, que podría usar los mecanismos del poder para reelegirse indefinidamente. Contra eso existen las instituciones y los partidos políticos, obligados a formar cuadros y renovar liderazgos, motivados por la idea de que el Estado existe para servir a los ciudadanos y no al revés.
Asimismo, como lo hemos vivido y sufrido los peruanos con el proyecto re-reeleccionista de Alberto Fujimori en la década pasada, al golpear la estructura democrática se debilitan los controles constitucionales y sectoriales, con lo que se incrementan peligrosamente los abusos contra los derechos humanos y también los niveles de corrupción en el aparato del Estado. El mensaje para los incondicionales políticos y para los funcionarios de poca calidad ética es que si el presidente rompe las reglas, todos podrían hacer lo mismo. Aquí lo más importante sería estar cerca del poder para sacar provecho propio.
Como lo hemos reiterado más de una vez, aún hay espacio para la reflexión. El presidente Uribe tiene que sopesar la gravedad de una decisión que podría sentar un ingrato precedente para su país y para la democracia latinoamericana.
EL COMERCIO
Lo abultado de la mayoría que aprobó la medida no debe llamar a engaño, respecto del grave daño que se sigue causando al sistema democrático latinoamericano.
Efectivamente, cuando se hace más patente la división entre regímenes democráticos y autoritarios, sería lamentable que un líder como Uribe, que ha dado muestras claras de vocación democrática y eficiencia en el Gobierno, pueda echar a perder todo lo ganado por este afán reeleccionista.
Es más, caería en la misma y nefasta tentación que distingue al bloque autoritario encabezado por el inefable caudillo venezolano Hugo Chávez, al que siguen Morales en Bolivia y Correa en Ecuador. ¿Con qué autoridad moral podría ahora cuestionarlos?
Luego, es evidente que se está afectando la institucionalidad democrática, vistas las denuncias sobre polémicos acuerdos políticos para sumar votos de congresistas que aprueben la norma a como dé lugar. Paralelamente, las instancias judiciales y de control constitucional se han visto también involucradas, lo que incrementa las fricciones y resiente el equilibrio entre los poderes del Estado.
¿Por qué es tan mala la reelección? Pues, porque conculca un principio elemental del sistema democrático, que es la alternancia en el poder y el respeto a las normas y las reglas de juego: no se puede patear el tablero para acomodar la ley a los designios de un grupo o individuo.
Del autoritarismo a la dictadura hay solo un paso. De allí que, por doctrina y por historia, la democracia sea lo más contrario al caudillismo personalista, que parte de la premisa de un guía máximo, insustituible e imprescindible, que podría usar los mecanismos del poder para reelegirse indefinidamente. Contra eso existen las instituciones y los partidos políticos, obligados a formar cuadros y renovar liderazgos, motivados por la idea de que el Estado existe para servir a los ciudadanos y no al revés.
Asimismo, como lo hemos vivido y sufrido los peruanos con el proyecto re-reeleccionista de Alberto Fujimori en la década pasada, al golpear la estructura democrática se debilitan los controles constitucionales y sectoriales, con lo que se incrementan peligrosamente los abusos contra los derechos humanos y también los niveles de corrupción en el aparato del Estado. El mensaje para los incondicionales políticos y para los funcionarios de poca calidad ética es que si el presidente rompe las reglas, todos podrían hacer lo mismo. Aquí lo más importante sería estar cerca del poder para sacar provecho propio.
Como lo hemos reiterado más de una vez, aún hay espacio para la reflexión. El presidente Uribe tiene que sopesar la gravedad de una decisión que podría sentar un ingrato precedente para su país y para la democracia latinoamericana.
EL COMERCIO
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