Tenemos derecho a ser escépticos ante el anuncio de una nueva reforma policial, hecho por el ministro del Interior, general Octavio Salazar. Y es que, en tiempos recientes, varios han sido los intentos de reforma planteados por sus predecesores, pero finalmente, pasado el barullo mediático, todo quedó igual.
Dicho esto, es indudable la hondura de la crisis que agobia a la institución policial, que demanda medidas radicales para devolverle orden, eficiencia y dignidad, como lo señalábamos en esta página el domingo pasado. Esto es mucho más exigible cuando la ciudadanía sufre uno de los más duros embates de la criminalidad y la respuesta del Estado, obligado a protegernos, ha sido débil o inexistente, lo que involucra directamente a las entidades policiales.
En tan delicada coyuntura, la creación de 32 comisiones para evaluar los problemas de la Policía Nacional y recomendar medidas de reestructuración es una decisión que solo adquirirá relevancia y seriedad cuando se informe de financiamiento, resultados y seguimiento puntual.
Se prevé analizar desde la estructura orgánica de la PNP y su normativa interna hasta los ascensos, imagen ante la ciudadanía, investigación, informatización de las comisarías, seguridad vial, etc. También se evaluará el abastecimiento de combustible y los serios problemas de la red de sanidad policial, motivo de muchas quejas debido a las mafias de corrupción que aún tienen que ser extirpadas de raíz.
Naturalmente, un tema que concita gran preocupación y constituye un gran clamor ciudadano es qué se va a hacer para reforzar la seguridad ciudadana, sin repetir los errores del pasado. Dentro de lo anunciado, es destacable que se quiera involucrar más a las autoridades locales y regionales en los llamados comités de seguridad, que igualmente tienen que reestructurarse. La mejor coordinación con los servicios de serenazgo es aquí igualmente crucial.
Otro asunto de vital importancia es la repotenciación de los servicios de inteligencia policial, así como la mejora de armamento y capacidad logística para poder desbaratar las mafias de delincuentes y secuestradores. Y, como ya se ha hecho en otros sectores, el Gobierno debe esforzarse por mejorar la remuneración de los custodios, premiar las buenas acciones policiales y denunciar las que mancillan el honor de la institución.
De acuerdo con lo anunciado, en dos meses los grupos deberán remitir al ministro un informe con sus observaciones y propuestas, ante lo cual debemos reiterar la necesidad de que prime un enfoque integral y técnico, no personalista ni dado a improvisaciones. Devolver orden y tranquilidad a las calles es una tarea ardua y difícil que corresponde primariamente, pero no únicamente, a la Policía Nacional.
Por lo mismo, reiteramos la exigencia de un enfoque multidisciplinario que incluya a los alcaldes y a los colegios en materias de prevención, y que evalúe también las experiencias de otros países para parar de una vez por todas la espiral de robos, asaltos, secuestros y otros delitos que agobian duramente a los peruanos en todo el territorio.
EL COMERCIO
Dicho esto, es indudable la hondura de la crisis que agobia a la institución policial, que demanda medidas radicales para devolverle orden, eficiencia y dignidad, como lo señalábamos en esta página el domingo pasado. Esto es mucho más exigible cuando la ciudadanía sufre uno de los más duros embates de la criminalidad y la respuesta del Estado, obligado a protegernos, ha sido débil o inexistente, lo que involucra directamente a las entidades policiales.
En tan delicada coyuntura, la creación de 32 comisiones para evaluar los problemas de la Policía Nacional y recomendar medidas de reestructuración es una decisión que solo adquirirá relevancia y seriedad cuando se informe de financiamiento, resultados y seguimiento puntual.
Se prevé analizar desde la estructura orgánica de la PNP y su normativa interna hasta los ascensos, imagen ante la ciudadanía, investigación, informatización de las comisarías, seguridad vial, etc. También se evaluará el abastecimiento de combustible y los serios problemas de la red de sanidad policial, motivo de muchas quejas debido a las mafias de corrupción que aún tienen que ser extirpadas de raíz.
Naturalmente, un tema que concita gran preocupación y constituye un gran clamor ciudadano es qué se va a hacer para reforzar la seguridad ciudadana, sin repetir los errores del pasado. Dentro de lo anunciado, es destacable que se quiera involucrar más a las autoridades locales y regionales en los llamados comités de seguridad, que igualmente tienen que reestructurarse. La mejor coordinación con los servicios de serenazgo es aquí igualmente crucial.
Otro asunto de vital importancia es la repotenciación de los servicios de inteligencia policial, así como la mejora de armamento y capacidad logística para poder desbaratar las mafias de delincuentes y secuestradores. Y, como ya se ha hecho en otros sectores, el Gobierno debe esforzarse por mejorar la remuneración de los custodios, premiar las buenas acciones policiales y denunciar las que mancillan el honor de la institución.
De acuerdo con lo anunciado, en dos meses los grupos deberán remitir al ministro un informe con sus observaciones y propuestas, ante lo cual debemos reiterar la necesidad de que prime un enfoque integral y técnico, no personalista ni dado a improvisaciones. Devolver orden y tranquilidad a las calles es una tarea ardua y difícil que corresponde primariamente, pero no únicamente, a la Policía Nacional.
Por lo mismo, reiteramos la exigencia de un enfoque multidisciplinario que incluya a los alcaldes y a los colegios en materias de prevención, y que evalúe también las experiencias de otros países para parar de una vez por todas la espiral de robos, asaltos, secuestros y otros delitos que agobian duramente a los peruanos en todo el territorio.
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