Aguinaga advierte que tribunal se ha sometido a poder mediático
El pueblo fujimorista no aceptará una condena de prisión efectiva contra el ex presidente Alberto Fujimori y responderá la injusta medida del tribunal en todos los terrenos, denunciando a los vocales supremos por el delito de prevaricato en las instancias legales, las calles y los foros internacionales, dijo el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga.
El legislador lamentó que los magistrados del megajuicio hayan cedido a las presiones de las llamadas ONG de derechos humanos y determinados medios de comunicación que conforman el llamado poder mediático y estarían condenando a Fujimori a por lo menos 15 años de prisión efectiva.
Aguinaga remarcó que, según fuentes confidenciales, que se excusó de identificar, el colegiado de vocales a cargo de la sentencia, conformada por César San Martín Castro, presidente, y los vocales Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, en el texto de sentencia se habrían apartado del mandato de la sentencia de extradición que ordena el juzgamiento de Fujimori por homicidio calificado en los casos de Barrios Altos y La Cantuta para condenarlo por el delito de omisión.
“También se estarían apartando del texto mismo de la acusación del Ministerio Público, que literalmente denuncia al ex mandatario Fujimori de ser autor de una guerra sucia, haber dirigido el llamado grupo Colina y haber dado las órdenes para la ejecución de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, es decir por homicidios y en ninguna parte del texto aparece la mención de homicida por omisión”, dijo.
Recordó que la denuncia fiscal contra Fujimori fue en un comienzo evaluada por el abogado César Azabache, quien oportunamente escribió que la Fiscalía se había impuesto una valla imposible de cumplir al acusar a Fujimori de la comisión de homicidio, porque se trataba de un cargo, a su criterio, imposible de probar.
“Pero ahora este articulista reconoce que ha sido imposible de probar la comisión directa, por lo que corresponde sentenciar por homicidio por omisión, negándose a reconocer que este no es el cargo por el que se le extraditó de Chile a Fujimori y tampoco es el cargo por el cual está denunciado por el Ministerio Público”, acotó.
Seguidamente advirtió que el megajuicio, como ningún otro proceso judicial de la historia peruana, ha experimentado una grosera intervención de las llamadas ONG de derechos humanos internacionales, convertidas en las verdaderas instigadoras y financiadoras del megajuicio, correspondiéndole a la Aprodeh cumplir el papel de coordinador local, con el agravante de que todo esto ha sido permitido por los vocales de la sala penal suprema que ha juzgado a Fujimori.
La prueba, agregó, de que esta intervención se ha producido está en el reconocimiento que acaba de hacer en Lima el coordinador para América Latina de Amnistía Internacional (AI), Hugo Relva, al admitir que AI contribuyó económicamente con la parte civil en el proceso contra el ex presidente Alberto Fujimori.
“El pueblo peruano ha sido testigo de cómo supuestos peritos internacionales, que han intervenido en juicios de etnocidio y genocidio en países africanos, y en el procesamiento de la junta militar argentina, fueron traídos con gastos pagados por las ONG locales para decirle al colegiado de San Martín Castro cómo deben sentenciar al ex presidente y esto lo han hecho a vista y paciencia de todo el mundo”, subrayó.
El pueblo fujimorista no aceptará una condena de prisión efectiva contra el ex presidente Alberto Fujimori y responderá la injusta medida del tribunal en todos los terrenos, denunciando a los vocales supremos por el delito de prevaricato en las instancias legales, las calles y los foros internacionales, dijo el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga.
El legislador lamentó que los magistrados del megajuicio hayan cedido a las presiones de las llamadas ONG de derechos humanos y determinados medios de comunicación que conforman el llamado poder mediático y estarían condenando a Fujimori a por lo menos 15 años de prisión efectiva.
Aguinaga remarcó que, según fuentes confidenciales, que se excusó de identificar, el colegiado de vocales a cargo de la sentencia, conformada por César San Martín Castro, presidente, y los vocales Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, en el texto de sentencia se habrían apartado del mandato de la sentencia de extradición que ordena el juzgamiento de Fujimori por homicidio calificado en los casos de Barrios Altos y La Cantuta para condenarlo por el delito de omisión.
“También se estarían apartando del texto mismo de la acusación del Ministerio Público, que literalmente denuncia al ex mandatario Fujimori de ser autor de una guerra sucia, haber dirigido el llamado grupo Colina y haber dado las órdenes para la ejecución de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, es decir por homicidios y en ninguna parte del texto aparece la mención de homicida por omisión”, dijo.
Recordó que la denuncia fiscal contra Fujimori fue en un comienzo evaluada por el abogado César Azabache, quien oportunamente escribió que la Fiscalía se había impuesto una valla imposible de cumplir al acusar a Fujimori de la comisión de homicidio, porque se trataba de un cargo, a su criterio, imposible de probar.
“Pero ahora este articulista reconoce que ha sido imposible de probar la comisión directa, por lo que corresponde sentenciar por homicidio por omisión, negándose a reconocer que este no es el cargo por el que se le extraditó de Chile a Fujimori y tampoco es el cargo por el cual está denunciado por el Ministerio Público”, acotó.
Seguidamente advirtió que el megajuicio, como ningún otro proceso judicial de la historia peruana, ha experimentado una grosera intervención de las llamadas ONG de derechos humanos internacionales, convertidas en las verdaderas instigadoras y financiadoras del megajuicio, correspondiéndole a la Aprodeh cumplir el papel de coordinador local, con el agravante de que todo esto ha sido permitido por los vocales de la sala penal suprema que ha juzgado a Fujimori.
La prueba, agregó, de que esta intervención se ha producido está en el reconocimiento que acaba de hacer en Lima el coordinador para América Latina de Amnistía Internacional (AI), Hugo Relva, al admitir que AI contribuyó económicamente con la parte civil en el proceso contra el ex presidente Alberto Fujimori.
“El pueblo peruano ha sido testigo de cómo supuestos peritos internacionales, que han intervenido en juicios de etnocidio y genocidio en países africanos, y en el procesamiento de la junta militar argentina, fueron traídos con gastos pagados por las ONG locales para decirle al colegiado de San Martín Castro cómo deben sentenciar al ex presidente y esto lo han hecho a vista y paciencia de todo el mundo”, subrayó.
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