Como Rico McPato

Al señor Ollanta Humala le incomoda, como declaró ayer, que a la prensa le llame la atención un tren de vida (relojes y trajes de mujer carísimos, camionetas 4x4, desayunos en La Tiendecita Blanca y cenas en La Gloria, etc.) que está bastante por encima de la modesta pensión de un ex comandante del Ejército, porque aquí el hecho no se agota en la tremenda incoherencia hipócrita que existe en un líder político que lanza un discurso demagógico supuestamente a favor de los pobres mientras goza de un ritmo de vida de millonario, sino en que todo aquel que aspira a gobernarnos debe ser absolutamente transparente en sus cuentas personales para prevenir posteriores sorpresas.

Hasta donde sabemos, Humala hoy en día no trabaja en nada de nada y nunca ha mostrado las misteriosas consultorías de su esposa Nadine, las que supuestamente son muy jugosas y bancan ese elevado gasto familiar, inalcanzable para esos ingenuos pobres extremos de la Sierra que lo apoyan tan fanáticamente. Sería interesante que haga una conferencia de prensa sobre las consultorías de Nadine, que deben ser tan bien remuneradas como las que le cobraba mensualmente Eliane Karp -otra esposa de oro- al otrora Banco Wiese (¡toda una lección de ética y buen gusto!) cuando ya era Primera Dama.

¡Es que con esas maravillas que hace con tan pocos soles Humala debería ser nombrado ministro de Economía! ¡Lo que haría con el presupuesto nacional con esa capacidad de gasto! ¡Le dan a Humala los S/.10 mil millones del plan anticrisis y éste es capaz de hacerte todas esas obras más un tren bala de Tumbes a Tacna, un súper aeropuerto en la isla San Lorenzo (unida al Callao por un puente doble), una autopista bajo tierra Lima-Iquitos, el desvío del río Amazonas al Rímac, comprarle Arica a los chilenos, ponerle un profesor de inglés a cada escolar y traerte vuelto encima. Ni su mano derecha y cajero electoral Martín Bustamante Lossio, que saca adelante un diario limeño de 24 páginas a color sin nada de publicidad y con sólo 18 mil ejemplares diarios de ventas, maneja tan bien el dinero. Es que su director, César Lévano, al que le gusta perorar siempre de periodismo, debería compartir esa fórmula secreta de cómo sobrevive un diario sin una pizca de publicidad, a precio bajo y con poco tiraje.

Le aseguro que en estos tiempos recesivos vendría inmediatamente gente de The New York Times (EE.UU.), de El País (España), del Times (Inglaterra), del Bild (Alemania), de Clarín (Argentina), de O'Globo (Brasil), del Corriere de la Sera (Italia), del Yomiuri Shimbun (Japón), etc... a oírle. Incluso le aconsejo a Lévano que ponga el curso Gestión económica de un diario sin publicidad en el currículo de San Marcos, donde enseña.

Seré el primero en matricularme y me sentaré en la primera carpeta. Quiero resolver ese enigma (¡y también quiero vivir como Ollanta, a su mismo ritmo y sin trabajar!).

¿Se rompe el ciclo?

No andaba mal encaminado el velasquista Bernales cuando escribió ayer en el Decano que los fines de década en el Perú suelen coincidir con grandes cambios sísmicos. Así como suelen comenzar las crisis económicas en los años terminados en 8, también se dan estas dramáticas variaciones políticas, típicas de un país tan inestable.

Veamos:

- La segunda década del siglo XX, dominada por la República Aristocrática, terminó con el advenimiento del Oncenio en 1919, la larga dictadura civil leguiista que acabó con esa limitada democracia y su partido dominante, el civilismo.

- El Oncenio colapsa en 1930, desapareciendo su caudillo y su Partido Democrático Reformista para darle paso al Ejército, el partido político más antiguo del Perú (Basadre), que gobernó primero con urnas y un partido (el electo Sánchez Cerro y la fascistona Unión Revolucionaria) para pasar luego, en 1933, a ser una dictadura militar clásica (el mariscal Benavides con su Orden, Paz y Trabajo).

- Llega 1939 y el militarismo decide replegarse para dejar a un régimen civil con ciertas formas democráticas: Prado. Este regreso al péndulo civil se intensifica en libertades públicas con la elección de Bustamante y Rivero y su Frente Democrático en 1945, que colapsa en 1948 por el pésimo manejo económico y la pinza derecha y APRA.

- Así, cerca del fin de la década regresa con el partido militar con Odría. Más politizado que Benavides, no se queda en el esquema de la dictadura clásica sin caretas, sino que convoca a elecciones controladas con su Partido Restaurador y juega a tener formalidades de seudopresidente constitucional mientras manda con puño de hierro. Pero el tiempo lo desgasta y tiene que irse tras 8 años en 1956.

- Aquí en 1956 se dan elementos mixtos de 1939 y 1945, porque Prado regresa con un régimen plenamente democrático, pero el cambio se da casi a mitad de década. Y como que sigue la excepción, pues la elección del primer belaundismo en 1963, tras una breve administración militar favorable a su candidatura, marca una continuidad civil democrática.

- Pero volvemos al cambio de fin de década (1968) con una dictadura militar ya no clásica sino exacerbada. Sin partido, con una confiscación totalitaria de la prensa (que ni Leguía ni Odría hicieron) y con todos los altos cargos ocupados por militares. Se da un primer cambio en 1975, cuando Velasco es derrocado por el más moderado Morales Bermúdez. Este comienza a nombrar civiles y convoca luego a elecciones constituyentes (para zanjar formalmente el régimen económico velasquista) y generales.

- Otro fuerte cambio de fin de década: regresan los civiles en 1980 con Belaunde, aunque ni él ni su sucesor desmontan el modelo económico velasquista y más bien García trata de profundizarlo estatizando la banca (algo que ni Velasco intentó).

- Llega 1990 y un régimen difícil de categorizar, que trae el inmenso cambio de acabar con el régimen económico velasquista. Es civil y popular, pero al mismo tiempo se alía con el partido militar (general Hermoza) y aparece un novedoso e insólito tercer partido: el servicio secreto (Montesinos). Hay libertades pero también represión y cooptación corrupta. No llega a ser una dictadura civil como el primer pradismo y el Oncenio. Tampoco se relaja tras su reelección en 1995, como se esperaba, sino más bien se endurece.

- Viene el gran cambio de nueva década (2000) y la llegada de dos gobiernos civiles democráticos sucesivos. ¿Seguiremos el 2011 en la democracia con ortodoxia económica (Castañeda, Toledo, Lourdes) o volverá el cambio militaroide con Humala (o Donayre) o con una restauración fujimorista con Keiko?

Aldo Mariátegui

Tanques en el Rímac...

Se acuerdan del reciente debate, suscitado por la detención de Magaly, sobre si no sería pertinente que el delito de difamación se equipare a los de injuria y calumnia a fin de que esté penado sólo con multas y trabajos comunitarios en lugar de la bárbara opción de enviar periodistas a la cárcel? A propósito de ello, me topo con que un juez de Pozuelo (una localidad muy cercana a Madrid) ha condenado al canal Telecinco a pagarle 240 mil euros al ex presidente del Gobierno Español José María Aznar y a su esposa Ana Botella por soltar el año pasado en su escandaloso programa Aquí hay tomate que ambos se habían separado porque Aznar mantenía una relación extramatrimonial. El jurado consideró que el programa había generado graves daños morales a la pareja, además de ser una intromisión ilegítima al honor. Se obliga al conductor a abrir un programa con la lectura de la sentencia, sin mayores comentarios de su parte. Eso es un país civilizado, no este medieval territorio donde encarcelan por este delito menor. Un poco más y le cortamos la mano a los ladrones...

Ayer encuentro en otro diario una nota donde un militar retirado, hijo de un velasquista golpista de esos a los que el segundo belaundismo debió procesar, se muestra furibundo frente a los rumores de que se planea vender el Fuerte Rímac. No le iba a hacer más caso al tema cuando vi que dicho señor decía que ese sitio era esencial porque concentraba a nuestros blindados.

¿Qué? ¿Por qué hay tantos tanques de guerra en Lima? ¿No es lo lógico que estén en las fronteras? ¿Acaso los flamantes Leopard chilenos están en Santiago? Sé que nuestros viejos tanques rusos ya están para el gato (¡qué vergüenza pasamos cuando uno de ellos se averió tiempo atrás en pleno desfile militar!) y que su fuerza disuasiva es casi tan nula como la de los VW escarabajo, pero el sentido común me dice que deberían por lo menos estar muy cerca del posible teatro de operaciones (que, dadas sus deplorables condiciones, debe ser Bolivia...), a menos que nuestros militares hayan planeado una estrategia por la cual se deje entrar al invasor hasta Lima para recién darle batalla aquí, como el general ruso Kutuzov con Napoleón, que dijo que sus otros dos generales eran el clima y el espacio y dejó avanzar al Gran Corso hasta la mismísima Moscú.

Ya me cansó este ramplón debate sobre vender locales militares y la verdad que ahora me es mucho más importante saber por qué la mayor parte de nuestro parque blindado se encuentra en Lima, el punto más central del país, casi equidistante de Tacna y Tumbes. ¿No será porque al fin y al cabo los tanques son un gran argumento político? ¿No se acuerdan cuando Hermoza los sacó a pasear por el Zanjón aquella vez que tuvo un entredicho con Fujimori? ¿O cuando Velasco se tumbó las rejas de Palacio con uno de ellos?

Los tanques a las fronteras, no en Lima.

¡NosFarahtu ataca!

La verdad que Humala no debería gastar dinero en su campaña electoral si ya tiene gente que se encarga gratuitamente de levantar el voto antisistema para que éste llegue al poder el 2011 y les corte la cabeza sin asco.

Como el señor Eduardo Farah, que no le tiene nada que envidiar a la CGTP ni al SUTEP en cuanto a capacidad de espantar la inversión, destruir los ánimos e impulsar la recesión, ese mismo fenómeno que seguramente ahora se incrementará gracias a las expectativas negativas que este irresponsable caballero se encarga de avivar al salir a soltar como si él fuera el Ministerio de Trabajo o el INEI- que ya se ha despedido a 60 mil personas, una cifra que seguramente se le ocurrió por la mañana mientras se afeitaba.

Habrá pensado: Me quedarán unos 60 mil cabellos; y extrapoló la cifra. La única diferencia que tiene con Huamán es que éste lanza piedras en las calles y Farah lanza piedras verbales.

Es incluso muy bruto al disparar estas salvajadas, porque al incentivar la recesión así, matando los animal spirits de los que hablaba Keynes al referirse a las expectativas, lo único que va a conseguir es que sus negocios y los de los agremiados de su SNI se hundan. No hay nada que hacer que el peor enemigo de un peruano es otro peruano y que, como bien escribió alguna vez aquí La Ortiga, los chilenos no necesitarían enviar sus tropas para conquistarnos de nuevo, pues la propia irresponsabilidad (Prado yéndose del Perú en plena guerra), cobardía (Leiva abandonando a Bolognesi), estupidez (Piérola planteando una sobreextendida defensa de Lima), discordia (Cáceres contra Iglesias) e indiferencia (Arequipa jamás combatió) internas los ayudaría, como en aquellos aciagos años. En esa época sólo faltó un Farah, un bocón que gritara Nuestras balas no les hacen daño a los chilenos para que la guerra hubiese sido mucho más corta.

Es decir, nunca he visto en ningún lado que un líder gremial salga a enfriar así los ánimos, un factor importante que precisamente hasta ahora permite que no sintamos el impacto recesivo que ya está haciendo polvo a medio planeta. Y todo eso sólo por mercantilismo, para ver qué saca del Estado para sus agremiados. Igualito a la CGTP. No les interesa el país sino ver qué obtienen para sus filas. Y seguramente Farah no se ha dado cuenta del daño que ha hecho. ¡Actúa como el Nosferatu, el vampiro que destruye a los espíritus con su verbo! Aquí tenemos al NosFarahtu (físicamente igualitos encima).

En cuanto a los de la CCL, éstos más que malévolos como Farah han resultado más bien muy torpes. No saben expresarse coherentemente y la idea que quedó en el ambiente fue que querían que se reduzcan los sueldos. Se la pusieron linda a Humala, la CGTP y Patria Roja para que éstos digan que los empresarios son unos monstruos que quieren reducir aún más los bajos sueldos que se pagan en el país y que por eso son los enemigos del pueblo. Le deben haber conseguido hartos votos a Humala. Y para qué hablar de Adex, que pide cada tontera con el tipo de cambio...

Y esto es la élite, carajo...

Chrysler con roche

Veo que el veterano general velasquista Edgardo Mercado Jarrín está celebrando que no se toque al ahora sacrosanto "Pentagonito", ese nuevo Morro de Arica, edificado sobre un terreno expropiado a precio irrisorio.

No me sorprende. Él fue Primer Ministro de un régimen que no sólo deshizo al país, sino que dilapidó las arcas nacionales en edificios faraónicos, inútiles, feos (de tipo cara cemento, estilo soviético) y costosos como la Torre de Lima, el Ministerio de Pesquería (hoy Museo de la Nación) y Petroperú. ¡Ay, Mercado, mejor calla, que no tuviste el coraje de sacar a Velasco cuando éste estaba inconsciente en un hospital en marzo de 1973! ¡Cuántas barbaridades le hubieras ahorrado al país, pues el sátrapa recién fue depuesto en 1975! Morirás con esa responsabilidad histórica a cuestas sobre tu memoria. Eso dejarás de recuerdo.

- Chrysler anuncia el cierre de todas sus plantas en EE.UU. hasta mediados de enero. Esto nos da una idea de lo fuerte que está la crisis allá -esa abrupta caída de la inflación revelada el martes puede indicar que van a una deflación- y el coma que sufre la importante industria automotriz yanqui.

Justo ayer un amigo me escribía esto desde EEUU: "Anoche me quedé viendo en tv la presentación de los tres mandamases de GM, Chrysler y Ford ante el Senado, implorando por un salvavidas de US$25 mil millones con cargo a los contribuyentes. Me indignó ver a estos señorones -que ganan demasiado y están absolutamente sobrevalorados como estrategas- apelar al miedo del pueblo y de los senadores. Lo lamentable es que no pudieron explicar qué iban a hacer con el dinero, cómo iban a cambiar su ineficiente modelo de negocio.

El Senado cometería un grosero error si les otorga ese préstamo. Ellos mismos son los que con sus errores y miopía llevaron a sus empresas a donde están. En los años recientes de exuberancia y despilfarro, estos gerentes apostaron por los carros inmensos e ineficientes (caso el tragón ´Hummer´) y creyeron que la burbuja sería para siempre. Socializar sus errores e ineficiencias sería inaudito.

En la economía capitalista los errores se pagan. Sería bueno para la salud

de la economía local que los tres ingresen a la bancarrota (llamada aquí ´Capítulo 11´), donde los acreedores adoptan las medidas de reestructuración necesarias para salir del hoyo o deciden si alguna de ellas sucumbe o es absorbida. Probablemente, GM y Chrysler ya no tengan salvación. Ford parece que sí la hace, pues empezó a adoptar medidas correctivas con anticipación y tiene los mejores estándares de calidad/costo de las tres, además de ser muy fuerte en Europa (como GM en China).

Los culpables de esta debacle no son sólo los gerentes, sino también los sindicatos. Los trabajadores automotrices tienen beneficios y gollerías que ningún otro trabajador tiene en este país, lo cual les resta competitividad. Hoy leía que existen suspensiones por medidas disciplinarias que son pagadas y cómo un supervisor contaba que no había podido hacer nada cuando un grupo de obreros introdujo a una prostituta a la planta en horas de trabajo porque el sindicato los protegió. Sumas una gerencia débil y miope a un sindicato agresivo y obtuso y obtienes una bancarrota.

Resulta increíble que el Sindicato Automotriz implore por un paquete que los contribuyentes financiarían para apoyar a estos comechados con beneficios laborales superiores en 70% al promedio de los trabajadores de EE.UU.".

¡Arica (San Borja)no se rinde!

Alucino cuando gente como el libretista Eduardo Adrianzén escribe que no se ha visto la bonanza económica.

Que consulte en Aduanas cuántos electrodomésticos se han importado, en la ONG Grade cuánto empleo se ha creado, en la Sunarp cuántos centros comerciales se llevan abiertos últimamente en provincias (recientemente en Cajamarca y Huancayo). ¿Sabe que se calcula que por lo menos se va a vender 40% más de pavos en esta Navidad? Sí, 40% más... Cifra enorme para cualquier producto estacional.

Eso no va sólo para A y B. Enferma tanta mezquindad y pesimismo. Bueno, qué se puede esperar de quien hace (encima pésimos) libretos oportunistas sobre gente -a la que no le tengo simpatía- que está presa, en desgracia, caída... Antes a eso le llamaban cobardía.

En fin, hablando de pequeños y pequeñeces, ¿no se han puesto a pensar qué folclóricos somos en cuanto a discusiones públicas? ¿Se imaginan a Bush y su secretario de Defensa Gates hablando -¡durante varios días!- sobre la posible venta de un pedazo de cuartel o sobre cómo deberían hacerse las obras públicas en las playas de Malibú? ¿Y al alcalde de Washington enmendándole luego la plana?

Y no culpo a García sino a la poca institucionalidad que tenemos. Un tema tan cojudo como la posible venta de un pedazo de cuartel ocupa tanto espacio, llega a tan altos niveles...

Y habría que preguntarle a esos militares viejos que ahora se han puesto tan bravos a cuánto pagaron el m2 cuando expropiaron el terreno para el Pentagonito durante la Robolución velasquista. ¡Cómo les gustaba Cachacarilla del Estanque! Una casa allí y su Dodge Coronet los identificaba. De seguro pagaron una bicoca por m2, tal como los marinos con una conservera en la entonces vacía San Borja para edificar su club naval. En esa época, a los uniformados les atraía algo tuyo y te lo quitaban por una miseria. ¿No pagaban un sol por tractor durante la Reforma Agraria? ¿No es cierto, generales Mercado Jarrín, Richter Prada y Morales Bermúdez? ¿El general padre del general hijo Graham, que era un alto jerarca del velasquismo, nunca le contó de esas expropiaciones (o robos virtuales) al vástago que ahora pitea porque le van a expropiar parte de su Pentagonito? Ja,ja,ja...

¡Maestra vida, cómo te burlas!

Más que el Pentagonito, lo que este gobierno debió vender es el local de la Escuela de Equitación del Ejército (La Molina), edificado sobre el lujoso haras Micheline, que era de la familia Prado, el imperio económico al que Velasco hizo polvo y le arrebató sus propiedades (como ese palacete miraflorino que es la sede de la PCM. El ex comunista Yehude despacha en el que fue uno de los sitios más pitucos del país. Más ja,ja,ja...). Que se vayan a montar caballo

-animal muy poco útil en una guerra moderna- al Pentagonito y que vendan a muy buen precio ese sitio.

Y no caigamos en la histeria demagógica de denegarnos maximizar activos. San Marcos, la UNI, la Agraria y las unidades escolares se quejan de su miseria cuando están sentadas en minas de oro. Vendes La Molina (me imagino que los vecinos también protestarían...) y le compras Campomar a la U o te vas a Cieneguilla. Vendes San Marcos o la UNI y te mudas a Ancón o Huaral. Vendes la mitad del Alfonso Ugarte y tienes para hacerte un localazo como el ICPNA de Miraflores en el resto. Y todos quedan con dinero para becas, para mejores profesores, para laboratorios, para enseñar inglés... ¡Inútiles!

Tarea pendiente

En paralelo al desarrollo económico y a la aplicación del plan anticrisis del gobierno y de la propuesta de los gremios empresariales ante la situación económica mundial, hay una tarea pendiente que se olvida.

Nos referimos a la urgencia de limpiar la maraña normativa legal peruana. Vale decir, necesitamos corregir la montaña de leyes, resoluciones legislativas, ordenanzas, decretos supremos, decretos de alcaldía, resoluciones supremas y resoluciones ministeriales que atosigan la marcha institucional del país y complican la vida de millones de ciudadanos.

EXPRESO lleva bastante tiempo advirtiendo que una nación progresa en la medida que su acervo jurídico conforme un sistema legal simple, eficiente, ágil, ordenado y proactivo, pues está comprobado que cuando el número de leyes y decretos es excesivo el sistema se torna complicado e inconsistente. ¿Qué hacer ante tamaña evidencia retardataria que lastima nuestra evolución social, política y económica?

La respuesta parte por acometer de inmediato –y en diversos frentes– la proliferación de nuestras normas legales, pero con medidas coherentes, siendo la principal de ellas el establecimiento de comisiones revisoras en cada sector del Ejecutivo y conformar una comisión especial de alto nivel en el Parlamento que canalice los progresos logrados por estas. El análisis de nuestro árbol normativo deberá ser implacable a fin de llegar a saber a ciencia cierta cuantas leyes existen, cuáles fueron derogadas, cuales se sobreponen, cuáles son en exceso interpretativas, cuáles son inútiles; y asimismo conocer qué decretos sobran u obstaculizan lo que otras normas de mayor jerarquía solucionan. No olvidemos que existen innumerables leyes que norman aspectos abordados en otras, o aún ven la luz decretos que modifican leyes que están derogadas, etc.

De manera que la tarea es hercúlea porque hay que bucear en anaqueles y archivos oficiales del Congreso de la República y los ministerios. Pero hay que hacerlo; de lo contrario las acciones del propio Estado y el normal desenvolvimiento de los actores de la sociedad (personas naturales y jurídicas) seguirán amenazados por los vericuetos engorrosos del sistema legal nacional y perjudicados en la práctica por enormes barreras legales. Al margen del cáncer de la corrupción que se beneficia por aquella miríada de normas imprecisas que abren la puerta a interpretaciones múltiples-

Finalmente, otra forma de encarar la maraña legislativa es que, de una vez por todas, los congresistas sean conscientes que frecuentemente su trabajo lo quieren reducir a una ley. Lo peor es que en no pocas oportunidades las leyes que proponen o aprueban sólo buscan sacarle la vuelta a la Constitución o a otras normas legales. Ello es sumamente cuestionable porque el propio legislador adrede usa su investidura para crear problemas en lugar de solucionarlos, por ejemplo cuando aprueba leyes con nombre propio o en beneficio particular.

Objetivo nacional

Tenemos una cita con la Teletón 2008. Ello debe ser motivo de unión de los peruanos en torno a los niños y adolescentes que sufren las secuelas de poliomielitis, parálisis cerebral o deformaciones físicas. La meta fijada por los organizadores –presididos por el presidente de la República, doctor Alan García– es S/. 3 millones, aunque esperamos que al final de la jornada ésta sea superada con creces. De modo que estamos ante un caso donde todos los políticos deben entender que se trata de un objetivo nacional, lo que implica dejar de lado confrontaciones ideológicas y diferencias políticas.

San Agustín decía que “no se ama lo que no se conoce”. De acuerdo con este pensamiento, quisiéramos contribuir al conocimiento del origen del Hogar Clínica San Juan de Dios que hoy convoca a los peruanos. El HCSJD es un ente que pertenece a la Orden Hospitalaria, que inició sus actividades en España en el siglo XVI bajo el apostolado de Juan de Dios, hombre nacido en Portugal el año 1495 y que dedicó su vida a los enfermos desamparados, muriendo en Granada (España) el año 1550. Juan de Dios fue beatificado en 1638 y canonizado en 1690. Por ello, también podría aprovecharse la ocasión de la Teletón para elevar una oración por su alma que luego de tantos siglos nos sigue convocando para ayudar a los enfermos.

Los Hermanos de San Juan de Dios llegaron al Perú el año 1606 e instalaron hospitales de rehabilitación en varias localidades del país. Mucho tiempo después el HCSJD llegó a ser una institución privada de ayuda social y de carácter no gubernamental, fundada el 11 de febrero de 1952, con la finalidad de atender consultas y tratamientos médicos de personas de escasos recursos económicos que tienen diferentes cuadros de discapacidad (se financia con donaciones y colectas). Después de cuatro años de labor, el 22 de abril de 1956, los Hermanos Hospitalarios colocaron la primera piedra del actual local del HCSJD, ubicado en el distrito de San Luis. Y en 1966 la nueva sede fue inaugurada oficialmente por el entonces presidente Fernando Belaunde Terry y el Arzobispo de Lima a la sazón, el cardenal Juan Landázuri Ricketts.

Por supuesto que el gobierno tiene entre sus múltiples funciones el servicio de salud pública y para ello cuenta con la red de hospitales del Ministerio de Salud, a los que debe dotar de buen equipamiento, infraestructura y personal médico adecuadamente remunerado. Pero el HCSJD, al ser una organización privada sin fines de lucro, ya cuenta con el apoyo del Estado que se concreta a través de exoneraciones tributarias. Esto de por sí es una colaboración pública facilitada por el sistema democrático y jurídico de nuestra nación.

El cardenal Cipriani ha exhortado a la unión de los peruanos a través de la participación en la Teletón, llamado al que nos sumamos ya que representa amor, integración, respeto a la vida y a la dignidad humana. En otros términos, coincidimos en que este megaevento no sólo sea un motivo de solidaridad sino también un verdadero objetivo nacional que siempre deberá coronarse con el éxito.

Perspectiva del empleo

La Sociedad Nacional de Industrias SNI se permitió afirmar que en los últimos seis meses se han perdido en el Perú sesenta mil puestos de trabajo. La forma y el fondo de esta noticia no ha sido compartida por otros conglomerados empresariales, como por ejemplo la Confiep, cuyo representante ha mostrado cierta extrañeza ante tan oportunista advertencia.

Aunque la postura de la SNI sobre el aumento del desempleo en el país parezca exagerada, lo cierto es que hay que situarnos en el terreno de las realidades. De ahí que no aporte decir si se pierden o no sesenta mil empleos, puesto que a esa cifra habría primero que contraponer el número de puesto de trabajo que se han creado en el mismo periodo. La diferencia entre ambas sí es necesaria pues daría a cifra real, bien pro-empleo o pro-desempleo. Seguramente por esta razón –al margen de lo sostenido por la SNI– los empresarios más afectados, entre los que están confeccionistas, comerciantes y exportadores, no hayan puesto el grito en el cielo ni mucho menos.

Sin embargo el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, salió de inmediato a desestimar la alerta del vocero de la SNI, al retrucarle que no estamos en una curva de caída del empleo. Por su parte el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, quien maneja datos fidedignos del movimiento de contratos de trabajo en el mercado laboral, ha dicho que no nos asustemos por la supuesta crisis del empleo. Además, aún asumiendo las fuentes consultadas por el presidente de la SNI –que no son otras que las estadísticas del INEI–, veremos que hay un error de interpretación y metodología al momento de establecer el número final de desempleo del último semestre.

Sin embargo tampoco podemos ocultar que la crisis internacional de una u otra forma nos impactará. Y si en el exterior hay recesión y paro forzado en muchos sectores económicos, obviamente tarde o temprano aquello sucederá en nuestro país. Esperemos que sea lo más tarde y lo menos intenso posible. Y aunque hasta ahora no hay motivo para darle al tema del desempleo exagerada preocupación, sí debemos poner atención y supervisar el buen manejo de las medidas anticrisis para que a mediano y largo plazo no haya sobresaltos, particularmente a la hora de preservar el trabajo se refiere.

Por fortuna tenemos como buena noticia el anuncio del presidente de la Confiep, Jaime Cáceres Sayán, en el sentido de que los empresarios invertirán cerca de US$ 14 mil millones el 2009, monto que no sólo responde al reto lanzado por el Presidente de la República, sino que también contribuirá a paliar los impactos negativos de la crisis mundial en un país en desarrollo como el nuestro. Ello implica igualmente una forma de encarar probables altibajos en la contratación o despido de trabajadores.

Falta Collique

El Ejecutivo dio marcha atrás en la venta de 16 ha. de terreno de la Comandancia General del Ejército en tiempo relativamente corto. Pero ello no se ha producido en la transacción (entrega de la buena pro a un consorcio peruano-chileno) sobre los terrenos del Aeroclub de Collique y de Indaer (Industria Aeronáutica Nacional).

¿Por qué? Quizá, entre otras razones, porque la reacción de rechazo ciudadano no fue lo suficientemente fuerte y unitaria como ocurrió con San Borja, a través de la acción conjunta de congresistas, el municipio distrital, vecinos, militares y medios de comunicación.

Sobran argumentos para repugnar e impugnar la adjudicación de un extenso predio ubicado en el corazón de Lima Norte. Empezando por señalar que no se debe batir un récord de construcción de viviendas (y de centros comerciales) pisoteando la prohibición legal que de manera expresa impide la venta del terreno –llamado– Collique; afectando a terceros; o ejerciendo abusivamente el poder. La primera de estas razones –por cierto la de más peso– ha sido precisada con elocuencia por el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Acaso el oficialismo pretendería entenderla como un contraataque del parlamentario tras haber sido salvado de la censura (por el APRA y Unidad Nacional) el entonces ministro de Vivienda y Construcción Enrique Cornejo Ramírez. Pero no es así. Existen motivos jurídicos, históricos y de costo-beneficio que no pueden dejarse de lado.

En ese orden de ideas no se debe saltar alegremente el fundamento de iure que corrobora la existencia de una carga –en la titulación respectiva inscrita en el Registro Público– que explica per se que el Aeroclub se asienta en un terreno donado al Estado ex profesamente para ese fin. El Estado no puede desconocer la voluntad de medio millón de peruanos que donaron aquel terreno –sacrificando sus bienestar personal– para comprar más de 64 ha. a fin de destinarlas –de manera exclusiva– a la aviación civil de nuestra nación.

Por ello, al margen de la taxativa que prohíbe su venta para otros fines, con el remate del terreno de Collique el Estado resulta perjudicado puesto que entrega una costosísima pista de aterrizaje –además de una zona estratégica para construir un gran parque nacional– a precio de terreno rústico, supuestamente para que un consorcio chileno-peruano construya 20 mil viviendas económicas. Si el gobierno quiere dinamizar la construcción de este tipo de locales, existen millones de metros cuadrados disponibles, por ejemplo, en los arenales de Piedras Gordas, en plena Panamericana Norte.

Al respecto, sostenemos que la democracia tiene herramientas para lograr que la sensatez prime sobre los caprichos oficiales. Y así como ocurrió en el caso del denominado “Pentagonito”, consideramos indispensable que el presidente Alan García ponga las cosas en orden. Debe evitar un grave encontronazo con la legalidad, luego que su ministro de Vivienda rematara un inmueble cuya titulación impide venderlo para cualquier otro fin que no sea el indicado. El Ejecutivo está pues obligado a anular la subasta de Collique. Mejor que lo haga ahora, antes de verse forzado a hacerlo en circunstancias en que dañen aún más la gobernabilidad, por presión del Congreso y otros estamentos que representan a la sociedad.

Amenaza intolerable

Lento pero seguro las ONG políticas, y en particular el Instituto de Defensa Legal IDL, vienen perdiendo terreno en la batalla entre el derecho versus la persecución judicial contra militares y policías que combatieron dentro de ley al terrorismo.

Resulta que –por razones que deberán ser aclaradas por tres miembros del Tribunal Constitucional TC– el IDL logró introducir por la ventana del TC una demanda bajo la figura del agravio constitucional. El objetivo fue deshacer el hábeas corpus que el marino Teodorico Bernabé ya había ganado en segunda –y última– instancia en el Poder Judicial, tratando desesperadamente de evitar la prescripción de supuestos delitos cometidos en la intervención en el penal “El Frontón” hace más de 22 años. Ante esta jugarreta, en la cual el IDL participó bajo la taimada figura del amicus curiae, el TC ha marcado una definición jurídica firme y razonable al declarar improcedente la queja de la ONG IDL.

Pero el IDL, creyéndose como es su costumbre la máxima instancia del país en todo orden de ideas, intenta cuestionar y desacreditar el fallo el TC. Pero los lobbies de esta ONG política –y sus insolentes presiones mediáticas sobre la máxima magistratura constitucional– ya no funcionan como antes. De ahí que ahora el IDL quiera avasallar la sólida doctrina del derecho penal, desfigurándola bajo el capricho de trasvolar al pasado figuras jurídicas contemporáneas, como en el caso de los delitos de lesa humanidad, figura instituida en 1986, aunque nunca estuvo legislada positivamente. El objetivo enfermizo del IDL en éste –como en muchísimos otros casos– es perseguir a los uniformados, sin reparar un ápice en la justicia ni en los principios del debido proceso de sus perseguidos.

Señalar que la lucha contra la impunidad implica sentenciar o castigar a todas las personas que lucharon por la paz de la que hoy gozan 27 millones de peruanos –como en el colmo de la arbitrariedad reitera el IDL– significa poner la carreta delante de los caballos. Según la ONG IDL, sólo habrá “justicia” en la medida que los tribunales hagan oídos sordos a la Constitución y procedan sin miramientos a encarcelar a todos los soldados y policías que, en nombre de la democracia y de la ley, restablecieron el orden y la autoridad en los penales en junio de 1986, precisamente cuando Sendero Luminoso y en MRTA habían convertido las penitenciarías peruanas en “luminosas trincheras de combate”. Recordemos que las ONG políticas no distinguen entre uniformados buenos y aquel ínfimo número de malos militares o policías que sobrepasaron órdenes superiores. Para ellas todos son asesinos. Todos deben ser sentenciados.

Queda en evidencia la artera intención del IDL de extorsionar al Tribunal Constitucional para que fallara sobre el fondo del caso “El Frontón”, a pesar de que aquello es jurisdicción exclusiva del Poder Judicial. Ahora bien, como el IDL vive del pingüe negocio de los dd hh, sus directivos amenazan con recurrir a la Corte IDH. Estaremos atentos a cualquier intento de connivencia entre los togados de San José de Costa Rica y la ONG política IDL.

Costa Verde

Quizá el principal mérito del primer mandatario, Alan García, que se desprende de las visitas que hizo el último fin de semana a uno de los distritos ribereños del Océano Pacífico, ha sido llamar la atención de la Gran Lima para que despierte de cara a su costa, cuyas dimensiones la convierten en una de las bahías más grandes de Sudamérica.


Así en varias oportunidades el jefe de Estado ha propuesto acelerar las obras de infraestructura en la llamada Costa Verde, con la sana intención de generar un atractivo turístico por excelencia; para contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en la capital; o para que lleguen a ella más visitantes del interior del país o del extranjero. Pero existe la Autoridad Autónoma del Proyecto Costa Verde en manos de la Municipalidad Provincial de Lima, entidad que mediante la estrecha coordinación con los distritos limeños que limitan con las playas (son seis) es la responsable de ejecutar un proyecto integral y moderno en esa interesante zona de las costas limeñas.

En ese sentido, muy aparte del plausible entusiasmo presidencial o de la buena voluntad de algunos alcaldes distritales, tiene razón el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, cuando precisa que sí existen proyectos y estudios a ejecutar. También tiene asidero la opinión del teniente alcalde, Marco Parra, cuando señala que se debe respetar la institucionalidad y el trabajo de los órganos especializados en la administración de la Costa Verde. Pero esto tampoco cierra la posibilidad de recibir sugerencias e ideas que enriquezcan precisamente esa visión que se tiene sobre nuestras costas, como por ejemplo la mejor forma de extender la vía principal a otros distritos ribereños más al norte.

Es más, ya que el presidente de la República indica que actualmente la Costa Verde tiene cinco kilómetros en uso –y habilitados 11, aunque bien podría hacerse lo concerniente a su ampliación en 6 kilómetros más– habría que pensar en nuevas soluciones ante el crecimiento del parque automotor. Esto significa conectar los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar y San Miguel (actualmente en ampliación) con el Callao. Todo ello se puede alcanzar si se trabaja en orden y cooperativamente bajo el liderazgo de la Autoridad Autónoma del Proyecto Costa Verde.

De modo que, a la sana recreación veraniega, se podrían sumar otros usos como la recuperación de una zona costeña para todas las temporadas del año, como ganar espacio para promover deportes náuticos, brindar nuevas alternativas turísticas y, sobre todo, descongestionar, por ejemplo, la Vía Expresa costera. Entonces, manos a la obra que en todo esto no ha estado tampoco ausente la intención presidencial por aumentar más puestos de trabajo en la Gran Lima

“Pachocha” en el sur

A 28 meses de gobierno del presidente Alan García, en el sur del Perú poco es lo avanzado en materia de programas sociales, planes de inversión pública y reformas estatales. Y los que aparecen como tales no logran cuajar en resultados concretos que sean realmente percibidos –y sobre todo recibidos– por las poblaciones más pobres de regiones como Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, a las que hay que sumar Ica –que luego del devastador terremoto del 15 de agosto hasta la fecha no ha podido reconstruir ni la mitad de su infraestructura–.

La clase política en general, y en especial aquella que tiene en sus manos la conducción del Estado, debería implementar medidas conducentes a generar estabilidad y desarrollo sostenido en las circunscripciones sureñas más pauperizadas. Esta es la mejor fórmula para prevenir conflictos, que suelen agudizarse cuando hay fallas administrativas regionales, corrupción, inseguridad ciudadana o cuando la incertidumbre aumenta a consecuencia de los efectos negativos que provienen de la crisis internacional originada en los países desarrollados.

No olvidemos que la pobreza e inmoralidad son las causas que más impulsan la ebullición social, la que puede ser más grave cuando después del próximo verano lleguen los complejos resultados de la crisis económica mundial. Hasta ahora el gobierno ha tenido mucha “pachocha” frente a lo que pueda incubarse en el sur a partir de la reducción de la demanda internacional de productos, de la contracción de nuestras exportaciones, del cierre de grandes industrias del exterior que nos compran y cuya recesión lógicamente repercutirá en nuestra economía y empleo. Es el momento de poner más atención al sur. No esperemos que pase más tiempo o que este gobierno tome medidas cuando ya está de salida. No esperemos que todo el peso de la crisis nos caiga encima para recién actuar, peor aún si actualmente existen estudios e informes que dan cuenta de la insatisfacción que se vive en zonas urbanas y rurales del sur.
Es decir cuando hay poblaciones enteras en Arequipa, Cusco o Puno, por ejemplo, que no confían en los gobiernos locales, en las comisarías, en los juzgados, ni siquiera en los hospitales o postas médicas, no dejemos que estas debilidades institucionales se conviertan en más frustración y en más violencia política. Por tanto, en base al análisis realizado, todos debemos contribuir a impulsar en el corto plazo cambios concretos en el sur a fin de que sus pobladores más necesitados sientan que el Estado y la inversión privada también llegan a ellos.

Sólo así se ganará la total confianza de la ciudadanía con miras a construir un futuro mejor y más próspero. De manera que los recursos anticrisis deben gastarse adecuadamente, y una forma de hacerlo es poniendo una mirada especial en las regiones sureñas de nuestro país.

Juntémonos

Por: Richard Webb

Uno de cada cinco peruanos es más un lugareño que un peruano. Su mundo es una aldea, una de las 90.000 desparramadas por la vastedad de nuestra sierra y selva. Persiste una imagen romántica de la vida rural, pero la dispersión y el aislamiento son sinónimos de pobreza extrema y terca. En las ciudades grandes e intermedias, los niveles de vida han mejorado con la bonanza de los últimos años, pero en las aldeas siguen casi igual.


La dispersión tiene varias desventajas. Un limitante es que el poblador no tiene acceso a un mercado para sus productos. Otro es que carece de servicios porque no se justifica construir un camino o sistema de agua potable, poner una posta médica o llevar electricidad para solo diez o cuarenta familias.


Una tercera desventaja es que donde vive no hay una masa crítica de productores para aprovechar la asociatividad. Una cuarta es que las posibilidades tecnológicas se encuentran limitadas por la enorme variabilidad geográfica del territorio. La Revolución Verde que se dio en Asia fue posible por que cientos de millones de agricultores trabajan allí en zonas geográficamente homogéneas, facilitando la aplicación de tecnologías estandarizadas. Finalmente, el fraccionamiento, las distancias y la falta de comunicación, todos conspiran contra el poder político. Cuando grita el pastor en la puna, ¿quién lo escucha? La integración nacional, la igualdad de oportunidades y la reducción de la pobreza, todos son objetivos que lograremos en la medida en que nos juntemos. Para empezar, se requiere menos dispersión geográfica de la población. Felizmente se trata de un proceso que se viene dando gradualmente con la emigración de la población rural hacia los pueblos. Al mismo tiempo, la ciudad se está acercando a las aldeas, con la construcción de caminos rurales, la telefonía rural y con una expansión de los servicios rurales de salud y de educación. Pero además de la mayor cercanía física, se requiere una mayor cercanía emocional y de identificación humana. Ser más juntos significa ser menos tolerantes con las diferencias económicas, y ser más solidarios.


Un instrumento poderoso para juntarnos en todos esos sentidos es precisamente el recién creado programa estatal Juntos, que reparte cien soles mensuales a cerca de medio millón de las familias más alejadas y pobres del país, pero solo si la familia cumple con ciertos requisitos de cuidar su salud y de asistencia escolar. El programa es mejorable, pero saludo la iniciativa.

Veinte peruanos del siglo XX

Por: Alfredo Torres Guzmán. Ipsos Apoyo

Alguna vez le preguntaron a un ex presidente del Perú a qué personaje peruano admiraba y contestó, sin inmutarse, que a ninguno. El libro que acaba de publicar la UPC, "Veinte peruanos del siglo XX", compilado por Pedro Cateriano, debería ayudar a que futuros dirigentes no incurran en semejante demostración de soberbia y crasa ignorancia.


El libro incluye ensayos sobre la vida de Manuel González Prada, Francisco García Calderón, Víctor Andrés Belaunde, José de la Riva Agüero y Osma, César Vallejo, Honorio Delgado, José Luis Bustamante y Rivero, Pedro Beltrán, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, José María Arguedas, Fernando Belaunde Terry, Luis Bedoya Reyes, Fernando de Szyszlo, Blanca Varela, Luis Banchero Rossi y Mario Vargas Llosa.


Toda selección de esta naturaleza es controversial pero, en mi opinión, la lista conformada acierta al presentar un conjunto de peruanos que no solo tuvieron gran influencia sino que sus conductas fueron igualmente dignas de admiración. Podría cuestionarse que en la lista figure solo una mujer --yo habría incluido a Chabuca Granda-- pero la realidad es que las mujeres ingresan de manera significativa a la actividad pública nacional recién en los últimos lustros del siglo XX.


Uno de los elementos comunes que destaca cuando uno recorre el siglo pasado a través de la vida de estos peruanos es su cosmopolitismo. Desde García Calderón, que escribe en 1907 en francés su gran obra "Le Pérou Contemporaine", hasta Vargas Llosa, el peruano más universal, la mayoría de estas personalidades ha vivido algún tiempo fuera del país y casi todos han pasado por París. Dicen que el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando y la vida de estos peruanos notables es una prueba de ello: todos han sido patriotas, en el sentido de que han amado al Perú, pero sus ideas nunca fueron excluyentemente nacionalistas, sino abiertas al mundo.


Otra cualidad que comparten estos veinte peruanos es su integridad. El sentido del honor y la palabra empeñada, la voluntad de ser escrupulosamente honestos y la sensibilidad hacia el prójimo aparecen nítidamente a lo largo de sus vidas. Lo que no les impidió ser mordaces cuando era necesario. Por ejemplo, cuando Fernando Belaunde fue detenido por su actividad política, en 1956, y la policía le increpó: "Diga si es verdad que lo encontraron disfrazado con un poncho", el arquitecto respondió: "El poncho no es un disfraz en el Perú, es el uniforme de las mayorías nacionales. Entiendo, sin embargo, que lo desprecien los hombres del gobierno, pues es la única prenda de vestir que carece de bolsillos".


Las reflexiones de Jorge Basadre ilustran bien la actitud ética que compartieron estos ilustres peruanos, incluyendo sin duda a quienes continúan en actividad. Decía Basadre: "A la larga, lo que importa en la vida y en la obra es ser leal consigo mismo, proceder de acuerdo con el fondo insobornable que todos llevamos dentro [...] Y lo más importante de todo: buscar y tratar de mantener la paz interior como algo de mayor valía que cualquiera de los títulos mundanos, es decir, una conciencia tranquila".

¿Plan anticrisis?

Por Daniel Córdova. Decano de Economía de la UPC


Políticos y economistas suelen utilizar el lenguaje con descuido. Los unos, presionados por estar vigentes, cometen inevitables 'gaffes'. Los otros, buscando aparentar ser científicos, generan términos que pocos entienden y son víctimas de consensos analíticos que, con frecuencia, son errados. El plan anticrisis es un producto de esa simbiosis entre una desacertada manera de comunicar con un pobre análisis de la situación del Perú, de cara a la crisis que atraviesa el mundo desarrollado.


El uso del término "crisis" para calificar la situación de la economía peruana no pudo ser más infeliz. No cabe duda de que la economía peruana acusará un golpe debido a la recesión en EE.UU. y Europa, sobre todo en aquellos sectores vinculados al crecimiento global. Pero de ahí a calificar de crisis a nuestra situación hay un paso muy largo que dar. El Perú viene experimentando un acelerado crecimiento hacia adentro. No aquel basado en barreras arancelarias y prohibiciones, que propugnaban antaño los sociólogos de la Cepal. Se trata de la penetración de la lógica capitalista. De una frenética actividad económica basada en la propiedad privada y la búsqueda legítima de lucro de pequeños, medianos y grandes empresarios. Son los centros comerciales cada vez más modernos en provincias, Lima Norte y Lima Sur. Es la expansión de la vivienda de calidad y a bajos precios para los sectores C y D.


Este año cerraremos con 9% de crecimiento en promedio. Dicho proceso no se detendrá el próximo año. Solo se desacelerará .¿A quién en sus cabales se le ocurrió hablar de crisis? ¿No nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo es un proceso de desarrollo y no un simple crecimiento?


Luego viene aquello de 'anti'. Solo un genio de las comunicaciones debe haberle susurrado al oído al presidente: "Escuche a los empresarios alarmados, haga como todos, saque su plan anticrisis". Lo que necesita a gritos el país es un programa para favorecer el progreso y la confianza, no un plan 'anti' algo. En efecto, una de las características de la crisis actual en los países desarrollados ha sido la crisis de confianza. Nadie cree en nadie en el mercado interbancario. Los bancos desconfían de empresas rentables. Los inversionistas desconfían de los gestores de fondos. Lógico. ¿No era Lehmann Brothers uno de los bancos con más prestigio? ¿No era Citigroup un gigante invencible? ¿No era Bernard Madoff el gestor de inversiones de mayor reputación en Nueva York? En el Perú no se han venido dando las burbujas norteamericanas. No cabe pues hablar de "crisis" para el caso peruano, como ya lo repiten, sobreexcitados con la mala nueva, economistas, líderes gremiales y periodistas de lo económico. Es que es noticia. Es motivo para salir en los medios. El problema es que a punta de repetir la palabreja de marras, terminemos por hacer realidad lo que para el peruano humilde --con las excepciones mencionadas-- es hasta el momento una ficción.


Finalmente viene aquello de "plan", como si en una economía de mercado el Estado pudiese, a partir de un plan, reactivar la economía. Esta ficción es compartida por políticos del mundo entero y sorprende que haya economistas que todavía se la crean. ¿No nos acordamos que cuando se ha intentado un plan desde el Estado lo que ha seguido en la historia es una catástrofe? ¿Hemos estudiado historia? Lo único que puede hacer el Estado es generar condiciones para que las empresas salgan adelante y generen más riqueza. No se trata sin duda de quedarse cruzados de brazos. No somos ortodoxos del 'laissez faire'. Pero identifiquemos dónde están las cuerdas de la generación de confianza y del impulso al desarrollo empresarial y, por ende, social. Y, por favor, actuemos.


Concluyamos con tres ideas: 1) Una política monetaria más agresiva de reducción de encajes e interés a fin de dejarle a los bancos regulados la capacidad para no aumentar innecesariamente sus tasas de interés; 2) Una reforma acelerada para reducir las múltiples trabas a la inversión de una burocracia asustada, arrogante o inepta, como aquella que insiste en la "ingeniería social" para aprobar iniciativas privadas (y que se arroga mayor capacidad que el sector privado para tomar iniciativas), o aquella que no le otorga permisos de aguas a proyectos agroindustriales listos para ejecutarse; y 3) Seguir fortaleciendo lo bueno, como lo único rescatable del "plan", a saber, los programas de subsidio directo a la vivienda (otorgados a través del sector financiero privado y sobre la base de proyectos ejecutados por privados).


"Al ministro le falta calle", me decía un banquero amigo. Cierto. Si uno nunca ha interactuado en su vida con el riesgo empresarial, difícilmente podrá comprender las claves para promover el progreso.

La revocatoria debe ampliarse a congresistas

Todo indica que los peruanos son hoy más conscientes de las enormes posibilidades que la democracia les garantiza para, por ejemplo, revocar antes de que concluyan su mandato a aquellas autoridades locales, regionales e incluso parlamentarias que defraudaron la confianza asignada en las urnas.


Prueba de ello es que el 68% aprueba la revocatoria de alcaldes y presidentes regionales, y un importante 75% considera que esa institución debe ampliarse a los congresistas, según revela la última encuesta nacional de El Comercio, elaborada por Ipsos Apoyo y difundida ayer por nuestro Diario.


Estos resultados ofrecen varios puntos de interés. En primer lugar, reflejan que el país ha entendido que tenemos dos formas distintas pero perfectamente compatibles de ejercer la democracia: la representativa, o la que ejercen los políticos y gobernantes; y la directa o participativa, aquella que ejercen los ciudadanos sin intermediación política, a través del referéndum, la iniciativa popular en la formulación de las leyes, remoción de funcionarios, rendimiento de cuentas y las revocatorias.


Por eso en el país se han realizado ya siete procesos revocatorios. El último, convocado a mediados de este mes para que los electores ejerzan su derecho de remover a alcaldes y autoridades regionales, fue un éxito. Allí la función de la ONPE fue cumplida a cabalidad, pero sobre todo los ciudadanos dieron validez a una consulta que en nuestro país debería ser más frecuente para hallar salidas a todo tipo de conflictos sociales, desde los mineros como el producido en Sicuani, hasta los vecinales, como el de San Borja.


En segundo lugar, los resultados de la encuesta representan una fuerte llamada de atención a los parlamentarios por parte de quienes exigen mayor eficiencia y honestidad en la función pública. Se trata de peruanos vigilantes que quieren que el Congreso demuestre que no defiende intereses particulares, sino que cumple sus funciones constitucionales, de dar las leyes que el país necesita y de fiscalizar el manejo de los recursos públicos.


El Legislativo haría bien en reaccionar ante este balance negativo y la mejor manera de hacerlo es que asuma la postergada reforma constitucional para, entre otras tareas, instaurar la renovación por mitades. De introducirse este procedimiento, en adelante los congresistas podrían ser cambiados antes de concluir su mandato, lo cual sería también una forma de revocatoria indirecta.


No olvidemos que ya en la encuesta de setiembre, que difundió nuestro Diario, la ciudadanía exigió que el Parlamento aprobase esta reforma constitucional y cerca del 80% se pronunció a favor de la renovación de la mitad del Congreso cada dos años y medio, y no cada cinco, como sucede en nuestro país. Hasta la fecha, nada se ha hecho al respecto.


Recordemos que de todos los sistemas políticos, la democracia es el menos imperfecto. Sin embargo, es tarea de políticos y ciudadanos contribuir a su desarrollo.

Costa Verde

Quizá el principal mérito del primer mandatario, Alan García, que se desprende de las visitas que hizo el último fin de semana a uno de los distritos ribereños del Océano Pacífico, ha sido llamar la atención de la Gran Lima para que despierte de cara a su costa, cuyas dimensiones la convierten en una de las bahías más grandes de Sudamérica.


Así en varias oportunidades el jefe de Estado ha propuesto acelerar las obras de infraestructura en la llamada Costa Verde, con la sana intención de generar un atractivo turístico por excelencia; para contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en la capital; o para que lleguen a ella más visitantes del interior del país o del extranjero. Pero existe la Autoridad Autónoma del Proyecto Costa Verde en manos de la Municipalidad Provincial de Lima, entidad que mediante la estrecha coordinación con los distritos limeños que limitan con las playas (son seis) es la responsable de ejecutar un proyecto integral y moderno en esa interesante zona de las costas limeñas.

En ese sentido, muy aparte del plausible entusiasmo presidencial o de la buena voluntad de algunos alcaldes distritales, tiene razón el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, cuando precisa que sí existen proyectos y estudios a ejecutar. También tiene asidero la opinión del teniente alcalde, Marco Parra, cuando señala que se debe respetar la institucionalidad y el trabajo de los órganos especializados en la administración de la Costa Verde. Pero esto tampoco cierra la posibilidad de recibir sugerencias e ideas que enriquezcan precisamente esa visión que se tiene sobre nuestras costas, como por ejemplo la mejor forma de extender la vía principal a otros distritos ribereños más al norte.

Es más, ya que el presidente de la República indica que actualmente la Costa Verde tiene cinco kilómetros en uso –y habilitados 11, aunque bien podría hacerse lo concerniente a su ampliación en 6 kilómetros más– habría que pensar en nuevas soluciones ante el crecimiento del parque automotor. Esto significa conectar los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar y San Miguel (actualmente en ampliación) con el Callao. Todo ello se puede alcanzar si se trabaja en orden y cooperativamente bajo el liderazgo de la Autoridad Autónoma del Proyecto Costa Verde.

De modo que, a la sana recreación veraniega, se podrían sumar otros usos como la recuperación de una zona costeña para todas las temporadas del año, como ganar espacio para promover deportes náuticos, brindar nuevas alternativas turísticas y, sobre todo, descongestionar, por ejemplo, la Vía Expresa costera. Entonces, manos a la obra que en todo esto no ha estado tampoco ausente la intención presidencial por aumentar más puestos de trabajo en la Gran Lima

“Pachocha” en el sur

A 28 meses de gobierno del presidente Alan García, en el sur del Perú poco es lo avanzado en materia de programas sociales, planes de inversión pública y reformas estatales. Y los que aparecen como tales no logran cuajar en resultados concretos que sean realmente percibidos –y sobre todo recibidos– por las poblaciones más pobres de regiones como Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, a las que hay que sumar Ica –que luego del devastador terremoto del 15 de agosto hasta la fecha no ha podido reconstruir ni la mitad de su infraestructura–.

La clase política en general, y en especial aquella que tiene en sus manos la conducción del Estado, debería implementar medidas conducentes a generar estabilidad y desarrollo sostenido en las circunscripciones sureñas más pauperizadas. Esta es la mejor fórmula para prevenir conflictos, que suelen agudizarse cuando hay fallas administrativas regionales, corrupción, inseguridad ciudadana o cuando la incertidumbre aumenta a consecuencia de los efectos negativos que provienen de la crisis internacional originada en los países desarrollados.

No olvidemos que la pobreza e inmoralidad son las causas que más impulsan la ebullición social, la que puede ser más grave cuando después del próximo verano lleguen los complejos resultados de la crisis económica mundial. Hasta ahora el gobierno ha tenido mucha “pachocha” frente a lo que pueda incubarse en el sur a partir de la reducción de la demanda internacional de productos, de la contracción de nuestras exportaciones, del cierre de grandes industrias del exterior que nos compran y cuya recesión lógicamente repercutirá en nuestra economía y empleo. Es el momento de poner más atención al sur. No esperemos que pase más tiempo o que este gobierno tome medidas cuando ya está de salida. No esperemos que todo el peso de la crisis nos caiga encima para recién actuar, peor aún si actualmente existen estudios e informes que dan cuenta de la insatisfacción que se vive en zonas urbanas y rurales del sur.
Es decir cuando hay poblaciones enteras en Arequipa, Cusco o Puno, por ejemplo, que no confían en los gobiernos locales, en las comisarías, en los juzgados, ni siquiera en los hospitales o postas médicas, no dejemos que estas debilidades institucionales se conviertan en más frustración y en más violencia política. Por tanto, en base al análisis realizado, todos debemos contribuir a impulsar en el corto plazo cambios concretos en el sur a fin de que sus pobladores más necesitados sientan que el Estado y la inversión privada también llegan a ellos.

Sólo así se ganará la total confianza de la ciudadanía con miras a construir un futuro mejor y más próspero. De manera que los recursos anticrisis deben gastarse adecuadamente, y una forma de hacerlo es poniendo una mirada especial en las regiones sureñas de nuestro país.

Por Teletón transparente

A ver, las cosas tienen que ser claras y el chocolate espeso. En editorial anterior, publicado el martes 9 de los corrientes, bajo el título “San Juan de Dios”, señalamos lo siguiente sobre la Teletón: “EXPRESO se suma a este sano propósito. Y por ello apela a sus queridos lectores a participar activamente desde el inicio en la Teletón 2008 que, repetimos, empezará a las 9 de la mañana del 21 de diciembre, cuando el cardenal, Monseñor Juan Luis Cipriani, celebre una misa a manera de apoyo y ayuda espiritual.”

En principio, no cabe duda que esta casa periodística está en pro de la Teletón y de su rotundo éxito. Sin embargo nadie puede ser tan naif como para no exigir transparencia en esta colecta y sobre todo reclamar que las cuentas que se han venido manejando y se manejarán invocando la solidaridad de la comunidad, estén acordes con la honradez y con las normas contables a fin de garantizar que todo lo que ocurre detrás de los muros del Hogar Clínica San Juan de Dios (HCSJD) esté como Dios manda.

En otros términos, con buena fe y suma seriedad decimos que no estaría mal practicar en el referido nosocomio una auditoría con el objeto de que ningún malentendido empañe en el presente o futuro el desenvolvimiento financiero de un instituto médico tan emblemático en la asistencia a los niños discapacitados. De modo que los esclarecimientos prestos e inmediatos deberían de ser una constante de cara a la ciudadanía, que viene respaldando por décadas la labor del HCSJD. Y con mayor razón se justifica cuando existen hechos dudosos que exigen rápida definición, en especial aquellos que han sucedido a partir de la administración de Isidro Vásquez y Billy Gutiérrez, Hermanos de la Congregación Hospitalarios, así como de Carmen Rosa Gutiérrez, quienes reportaron en el 2007 que existía un superávit de S/. 1'504,759. Aunque posteriormente, y no obstante ello, en carta notarial remitida a 103 despedidos del HCSJD, argumentaron para favorecer el cese colectivo de sus labores que la mencionada institución está “en emergencia administrativa, económica y financiera”. Entonces, cabe preguntarnos: ¿se creó una artificial situación deficitaria y precaria para despedir personal? ¿Esto no contrasta acaso cuando es conocido que el HCSJD incluso tiene invertidos S/. 17 millones en el mercado bursátil?

EXPRESO ha dado cuenta de estos hechos a partir de testimonios de los denunciantes que precisamente han trabajado por años en el referido hospital, y que lo conocen muy bien. Por eso la gran interrogante es: ¿existe un manejo administrativo y económico profesional y honesto en el HCSJD? Pero hay más. Las personas que hacen las denuncias también indican que este nosocomio, faltando a sus propias normas internas, prestó dinero a una clínica de Caracas (Venezuela) el año 2002, cuyo monto hasta la fecha no ha sido devuelto. Esperamos pues que todo lo cuestionado sea absuelto positivamente por quienes ahora detentan la conducción del HCSJD y den una explicación convincente sobre lo que han actuado en los últimos dos años.

Un solo puño

Ante el capricho oficial que busca vender más de 16 hectáreas del terreno de la Comandancia General del Ejército –también conocido como “Pentagonito”–, se justifica que la Municipalidad de San Borja, encabezada por su alcalde, los comités vecinales de este distrito, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Arquitectos, miles de militares en situación de retiro, congresistas y ciudadanos comunes y corrientes se organicen en un bloque a fin de hacer entrar en razón a las autoridades del Ejecutivo que han ingresado en una loca carrera vendedora de los bienes ligados a los institutos militares.



No estamos contra la construcción ni el deseo del régimen por incrementar la oferta de viviendas populares. Pero lo cierto es que no se puede construir ejerciendo un evidente abuso de autoridad. Dicho sea de paso, en vez de descongestionar la capital de la República, con esas pretensiones el gobierno está dando señales que alentarán el interés de miles de peruanos del interior del país por continuar migrando a una sobresaturada Lima. También se está favoreciendo la tugurización en San Borja, la reducción de sus áreas verdes por habitante, e impulsando la contaminación por ruido y polución producto de la combustión automovilística. Aunque también se está agraviando a los vecinos de zonas adyacentes a la Comandancia General del Ejército, quienes ven cómo se atenta contra sus propiedades al depreciarse el rango residencial de las mismas.

Pero más allá de la calidad de los habitantes de un distrito importante de la ciudad, hay otra razón de peso que EXPRESO hizo de conocimiento público en su edición de ayer. Esa venta atenta contra la defensa nacional pues el Cuartel General se creó como una unidad estratégica para contribuir al desarrollo cuantitativo y cualitativo del Ejército del Perú. Así se diseñó toda su infraestructura que debía darse en una secuencia de etapas que tomaron años de ejecución. Ello comenzó, en primer lugar, con la estructuración del Cuartel General desde el Estado Mayor. De allí pasó a la edificación de las unidades de apoyo. Luego a los órgano de seguridad. Y a continuación a los servicios propios de la institución. Por último se avanzó en el diseño de un búnker antibombas para albergar no solo a los militares encargados de la dirección de combate sino incluso a altas autoridades de gobierno.

En otros términos, el terreno que se quiere vender conforma una red de instalaciones subterráneas proyectada para servir –en caso de un conflicto externo– hasta para proteger al presidente de la República, que constitucionalmente, sería el conductor de una guerra, así como para los órganos estratégicos de apoyo. Hay pues argumentos que deben tomarse en cuenta y que, sólo en función a ellos, el Ejecutivo debería retroceder ante su ansioso proyecto vendedor. Por lo demás, ya bastante daño se ha hecho a un distrito como San Borja. Hace 22 años se construyeron pilotes y muros de concreto que desfiguraron la avenida Aviación dizque para que corriera por esa vía el llamado Tren Eléctrico

Áncash-Huánuco-Ucayali

Somos convencidos de la macrorregionalización como camino único al éxito de la descentralización. Por eso congratulamos a las autoridades de tres regiones (Áncash, Huánuco y Ucayali) al haber dado un paso trascendental a través de la conformación de una primera macrorregión piloto. En ese sentido no exageró el presidente de la República, Alan García Pérez, cuando el pasado miércoles 10 de diciembre afirmó en Palacio de Gobierno –durante la ceremonia por la firma del acuerdo para crear la referida macrorregión– que “estamos ante un día histórico”.

En efecto, iniciativas de este tipo constituyen decisiones maduras en pro de una verdadera política descentralista, esas que nacen espontáneamente desde el seno de las mismas poblaciones y de las convicciones de sus representantes democráticos. Adicionalmente a estas positivas manifestaciones, que se originan de abajo arriba, ha sido oportuna la intervención del premier Yehude Simon –quien también participó en la ceremonia– al señalar como derrotero al 2011 la implementación de doce macrorregiones; aun cuando consideramos que aquel número tal vez sea exagerado respecto a las necesidades del Perú y coherentes con la realidad modernizadora en la que nos encontramos abocados.

Un reducido número de circunscripciones regionales permitirán superar cualitativamente los defectos burocráticos e improductivos que provienen de esa artificialidad legisladora que se produjo durante el toledismo, al recurrir a la improvisación y al facilismo de convertir los anteriores departamentos en regiones. Por eso desde EXPRESO apoyaremos a todas aquellas regiones que, en función a intereses comunes, su disposición a desarrollar megaproyectos, y su conformación geográfica y socioeconómica, deseen fusionarse y con ello mejorar las condiciones del proceso de regionalización en nuestro país. De manera que estamos decididos a fomentar el debate y discusión sobre tema tan puntual, esperando que las ideas, aportes y propuestas que se formulen con este propósito despierten la conciencia descentralista que es elemento fundamental de un proyecto histórico nacional.

En suma, la descentralización no es sólo una tarea a realizar desde el gobierno central, sino fundamentalmente responsabilidad de las instituciones del interior del país y de las poblaciones maduras y comprometidas con el desarrollo nacional. Estamos convencidos de que el Perú estará cerca de cumplir su destino histórico –y ese liderazgo que le viene como rico legado del pasado incásico e hispánico–, cuando más se estrechen sus regiones y sus pobladores para adoptar decisiones racionales que les competen directamente. Abrigamos la esperanza porque la macrorregión piloto Nor Centro Oriente, conformada por Áncash-Huánuco-Ucayali, sea exitosa y ejemplo inspirador para otras circunscripciones del interior.

Áncash-Huánuco-Ucayali

Somos convencidos de la macrorregionalización como camino único al éxito de la descentralización. Por eso congratulamos a las autoridades de tres regiones (Áncash, Huánuco y Ucayali) al haber dado un paso trascendental a través de la conformación de una primera macrorregión piloto. En ese sentido no exageró el presidente de la República, Alan García Pérez, cuando el pasado miércoles 10 de diciembre afirmó en Palacio de Gobierno –durante la ceremonia por la firma del acuerdo para crear la referida macrorregión– que “estamos ante un día histórico”.

En efecto, iniciativas de este tipo constituyen decisiones maduras en pro de una verdadera política descentralista, esas que nacen espontáneamente desde el seno de las mismas poblaciones y de las convicciones de sus representantes democráticos. Adicionalmente a estas positivas manifestaciones, que se originan de abajo arriba, ha sido oportuna la intervención del premier Yehude Simon –quien también participó en la ceremonia– al señalar como derrotero al 2011 la implementación de doce macrorregiones; aun cuando consideramos que aquel número tal vez sea exagerado respecto a las necesidades del Perú y coherentes con la realidad modernizadora en la que nos encontramos abocados.

Un reducido número de circunscripciones regionales permitirán superar cualitativamente los defectos burocráticos e improductivos que provienen de esa artificialidad legisladora que se produjo durante el toledismo, al recurrir a la improvisación y al facilismo de convertir los anteriores departamentos en regiones. Por eso desde EXPRESO apoyaremos a todas aquellas regiones que, en función a intereses comunes, su disposición a desarrollar megaproyectos, y su conformación geográfica y socioeconómica, deseen fusionarse y con ello mejorar las condiciones del proceso de regionalización en nuestro país. De manera que estamos decididos a fomentar el debate y discusión sobre tema tan puntual, esperando que las ideas, aportes y propuestas que se formulen con este propósito despierten la conciencia descentralista que es elemento fundamental de un proyecto histórico nacional.

En suma, la descentralización no es sólo una tarea a realizar desde el gobierno central, sino fundamentalmente responsabilidad de las instituciones del interior del país y de las poblaciones maduras y comprometidas con el desarrollo nacional. Estamos convencidos de que el Perú estará cerca de cumplir su destino histórico –y ese liderazgo que le viene como rico legado del pasado incásico e hispánico–, cuando más se estrechen sus regiones y sus pobladores para adoptar decisiones racionales que les competen directamente. Abrigamos la esperanza porque la macrorregión piloto Nor Centro Oriente, conformada por Áncash-Huánuco-Ucayali, sea exitosa y ejemplo inspirador para otras circunscripciones del interior.

Olvidados de la RA

Como parte del plan anticrisis presentado por el Ejecutivo –una inyección de 10 mil millones de soles a la economía–, la opinión pública ha conocido cómo se ha dado un paso trascendental para pagar la deuda de la Oficina Nacional Previsional que mantiene con más de cien mil cesantes y jubilados por concepto de devengados.

De modo que es positivo que el Estado haya decidido asumir y honrar ese compromiso. Pero así como a los jubilados, muchos de ellos octogenarios y nonagenarios, se les reconoce lo que es justo, también debería pensarse en aquellos compatriotas –y en sus familias– que sufrieron el despojo de sus haciendas cuando en 1969 la dictadura de Juan Velasco emprendió una reforma agraria (RA) vengativa, odiosa, que al final el más castigado resultó ser el pueblo, afectado por sus catastróficos resultados de miseria, improductividad e ineficiencia.

Han pasado cuatro décadas de aquella confiscación, y en vez de justiprecio los prósperos productores agrarios de entonces
–que mantenían vergeles en costa, sierra y selva– sólo recibieron bonos no reajustables, sin intereses, cuyo capital a la fecha no existe por culpa de un Estado cleptómano manejado por el neosocialismo de la cúpula velasquista. En los años setenta el importe total de esos bonos fue 15 mil millones de soles; no obstante esa cifra ha cambiado debido a inflaciones y devaluaciones. Sólo las de finales de la década del ochenta pulverizaron cualquier expectativa. Tampoco existe un inventario actualizado del número, nombre y monto de los tenedores de aquellos bonos. Por supuesto no todos los propietarios de entonces viven ahora. Unos fallecieron, otros negociaron por pesetas sus bonos, o algunos los han extraviado y no tienen cómo acreditarlos. Pero todavía existe otro tanto que sí los tiene y a quienes el Estado debe resarcir, para no mimetizarse con ese Estado del perro muerto impuesto por un puñado de militares que tomó el poder el 3 de octubre de 1968 y se aventuró a quebrar el espinazo productivo como si fuese su chacra.

Según cálculos recientes, el número de tenedores de bonos es aproximadamente 3,500 y el monto a pagarles asciende a diez mil millones de soles. Sin duda los demagogos se escandalizarán frente a esta propuesta. Pero hay que decir que la democracia y el estado de derecho no hacen distingos. Ha llegado el momento de reconocer a aquellos peruanos despojados de sus bienes agrarios, otrora fundos productivos, muchos que hoy vemos enterrados en absoluto abandono. De las carreteras se divisan vetustas casas-haciendas y rancherías en medio de páramos que sirven de testigos de la funesta RA. Testigos –en medio de la nostalgia y la improductividad– del esfuerzo de sus antiguos que contemplan sus propiedades convertidas en escombros, donde antes producía frutas, menestras, verduras, algodón, azúcar, etc., que salían del Perú a los mercados más exigentes del mundo.

En virtud del respeto a la Constitución y la ley, pero sobre todo en aras de la justicia, hay que atender a estos peruanos que llevan más de cuatro décadas expoliados. A los propietarios y herederos de unidades agrarias se les debe indemnizar. Tienen derecho.

Reacción airada

Una cosa es que el gobierno de Chile exija al Perú que remueva al Comandante General de su Ejército, y otra es que nuestro Canciller opine sobre un problema mundial y regional como es el armamentismo. El ministro de RR EE del Perú, José Antonio García Belaunde, declaró a un medio de prensa sobre diversos temas y, entre ellos, cortésmente respondió a la pregunta del periodista que lo entrevistó que al clima de la región le haría bien que Chile no siga asignando a gastos bélicos el 10 por ciento de sus ingresos por la venta del cobre. A ello el ministro peruano de Exteriores respondió con un enfático "claro que sí".

Situemos la respuesta en un contexto de real preocupación por contribuir civilizadamente a la paz regional, sobre todo en momentos en que se expande la crisis internacional afectando a todos los continentes. Allí entonces la reacción oficial de Chile ha sido airada, desproporcionada y altanera, y no contribuye a la distensión de las relaciones peruano-chilenas, que hace poco sufrieron un impasse a propósito de un video –registrando un hecho de hace casi doce meses– del cual un infeliz legislador peruano se encargó de enviar copia a un grupo de sus pares chilenos, multiplicando el efecto de unas declaraciones en privado que agraviaron a Chile y por las cuales el Perú expresó las disculpas del caso.

El Perú debió protestar formalmente por la impertinencia chilena de demandar el pase a retiro de nuestra más alta autoridad militar. No obstante, no lo hizo. Y ahora la cancillería chilena pretende sembrar la versión que nuestro Canciller se inmiscuye en asuntos internos del país vecino al hablar sobre una ley como aquella que impulsa el financiamiento de compras de armamento para las fuerzas armadas de Chile en función a la explotación de su cobre. Absurdo por los cuatro lados. La respuesta sosegada de nuestro ministro de RR EE se refería a aquella provocadora ecuación que demuestra que el armamentismo chileno está dirigido contra el Perú, pues en la actualidad existe completa tranquilidad geopolítica de parte de Chile con sus otros vecinos, Argentina y Bolivia.

Por tanto, resulta fuera de la realidad imaginar que el jefe de la diplomacia peruana hiciera pública su preocupación sobre un tema espinoso como es el armamentismo, en este caso unilateralmente chileno. Es más, la pregunta del periodista local nació espontánea en mente de cualquier ciudadano del mundo que ama la paz: ¿Por qué se arma tanto Chile? Se refiere a un aspecto íntimamente relacionado a la estabilidad regional. Inclusive cuestionamientos de esta naturaleza son práctica usual entre funcionarios de organismos multilaterales desde la ONU, la OEA o la Comunidad Sudamericana de Naciones, etc.

Resulta pues absurda e inconsecuente la reacción de la diplomacia chilena, ante un comentario acomedido de nuestro Canciller respecto a un hecho que atenta contra el desarme mundial y las buenas relaciones entre países vecinos. Acaso, ¿no sería más sensato y coherente hablar claro en cuanta ceremonia oficial bilateral exista –o en citas cumbres a las que acuden diversas naciones– sobre esta ley armamentista que promueve exageradas compras bélicas fuera del presupuesto regular, en vez de seguir produciendo declaraciones líricas que insisten en mantener un statu quo negativo que empobrece más a los ciudadanos de esta parte del planeta y sólo enriquece a los vendedores de los juegos de guerra?

Venta y marcha atrás

Por: Abelardo Sánchez León

Vender parte del Pentago-nito a inversionistas chilenos era una iniciativa pacifista y desconcertante, además de ser la noticia bomba de la semana. Hace algunos meses se vendió el aeropuerto de Collique a otros inversionistas chilenos, o quizá a los mismos, no lo sabemos, pero siempre chilenos, esa es la gracia del asunto, con fines urbanizadores. El aeropuerto de Collique pudo haber sido una excelente alternativa, mediante viajes en avioneta, para fomentar el comercio con el norte chico. Lo más interesante del Pentagonito no es solo el espacio generoso que lo rodea. Ver a la gente trotar por su alrededor emociona y nos hace sentirnos en Washington; ver los domingos a familias enteras volcarse a esos espacios verdes no va de la mano con el ambiente belicoso de la mole del medio, es decir, con la casa de la dupla de oro, la casita de campo de la familia Fujimori-Montesinos, sin Susana, lamentablemente, porque ella estaba recluida en otros ambientes. El valor del Pentagonito ahora se cotiza por la zona donde se encuentra: una verdadera mina unipersonal.


El 'boom' de la construcción le tiene fobia al color verde: parques, colinas, jardincitos, deben salir de la vista de los que han decidido densificar la ciudad. En el espacio generoso que rodea al Pentagonito se pensaba recibir una docena, al menos, de edificios, lo que hubiera expulsado a esos trotadores con guachimanes mucho más adustos que los militares que ahora lo habitan. En Santiago de Surco, distrito vecino de San Borja, también se ha desatado la construcción de edificios, ya no solo en las esquinas, como antes, sino al interior de las manzanas para que todas las ventanas indiscretas se fisgoneen unas a otras.


En Surco amenazan con levantar un conjunto residencial en lo que fue El Trigal. Y a Magdalena del Mar la han convertido en un Manhattan sin un Central Park. Es una fiebre desatada de departamentos cada vez más pequeños, atosigándose en una ciudad donde los espacios públicos equivalen a verdaderas tierras de nadie. Los espacios públicos son menos seguros que los privados y los privados se enclaustran en apartamentos enanos.


El Pentagonito tiene un aire bucólico y pacifista, pero si se vendiera parte del terreno, va a estar encajonado y reducido a su mínima expresión. En lugar de nuevos intentos de vender esa área deberían tapiar los sótanos, los pasillos lóbregos, las salas de tortura de aquellos tiempos.

Al rescate de los ineptos

Por: Sergio Muñoz Bata. Periodista

En 1952, Charles Wilson, presidente de General Motors, asombró al mundo al declarar que lo que era bueno para General Motors lo era también para Estados Unidos. A más de medio siglo de distancia, las arrogantes palabras de Wilson no solo se han vuelto proféticas sino que en la globalización han ampliado su significado.


Esta semana, el Congreso y el Ejecutivo estadounidense dispondrán del dinero de los contribuyentes para hacer un rescate de la industria automotriz que no resolverá los problemas del largamente anunciado fracaso de las tres grandes plantas de vehículos, y cuyas repercusiones se sentirán directa e indirectamente no solo en EE.UU. sino en México, Colombia, Brasil, Alemania, Francia, España, China y Australia, entre otros países.


Del cuarto de millón de empleados que trabajan en la General Motors, 152 mil laboran fuera de EE.UU. Y mientras que en este país las ventas de automóviles y camiones de GM han bajado un 24% en los últimos tres años, en el resto del mundo muestran un crecimiento del 28%.


Las causas de la declinación de la industria en Estados Unidos son muchas, aunque habría que resaltar su probada inhabilidad para producir vehículos que satisfagan las preferencias de los consumidores y su consecuente incapacidad para competir con vehículos de importación en precio, eficiencia y confort. El alto costo del seguro médico a sus empleados; las restrictivas leyes que rigen el otorgamiento de franquicias; los elevados salarios de sus obreros y las descomunales compensaciones que reciben sus ineptos ejecutivos.


En el 2007, por ejemplo, el presidente de la Ford Motor Company, Alan Mulally, recibió unos 22 millones de dólares, mientras que Rick Wagoner, de General Motors, se embolsó aproximadamente 16 millones de dólares. La compensación total de Robert Nardelli, el presidente de Chrysler, solo la conocen él, sus contadores y los miembros de la junta de directores de su compañía.


De sus testimonios ante el Congreso lo que se desprende es una vaga sensación de que a pesar de que este grupo de privilegiados debería sentir el agua en el cuello, a la fecha siguen sin producir un plan que muestre que entienden por dónde va la solución a los problemas de una industria en bancarrota. Abogando por el rescate, su argumento principal ha sido muy semejante al utilizado por Charles Wilson en 1952 y consiste en subrayar que el costo de no rescatarlos sería catastrófico para el país.


Así las cosas, lo más terrible del caso es que para el ciudadano común y corriente el alegato se ha vuelto rutina en un escenario en el que lo único que cambia es el elenco de inútiles y sinvergüenzas. Hoy actúan los directores de la industria automotriz, ayer eran los de los bancos, anteayer los de las instituciones financieras, y un poco antes los de la industria hipotecaria.

La necesidad de control

Alejandro Indacochea (*). Analista


El recientemente plan anticrisis anunciado por el Gobierno es una señal positiva de que se van a tomar medidas para afrontar la peor crisis global desde los años 30.


Los países, sean desarrollados o en desarrollo, vienen adoptando diversas medidas fiscales (denominadas contracíclicas): como la reducción de impuestos, el mayor gasto social, apoyo al sector exportador y principalmente inversión en infraestructura.


Es importante tener en cuenta que la intensidad y el fin de la crisis se desconocen y no hay forma de saber si lo peor ya pasó.

Con este panorama lo más prudente es planificar el uso de los recursos para períodos que pueden resultar siendo más complicados.


Las recientes cifras a noviembre del 2008 dejan mucho que decir en lo que la ejecución presupuestal se refiere; el Gobierno Central utilizó el 46,2 % de su presupuesto de inversión, los gobiernos regionales el 35% y los gobiernos locales el 48,8%. El hecho de que ninguna instancia del Gobierno haya ejecutado el 50% de lo que se tenía proyectado evidencia que hay una gran brecha entre el presupuesto aprobado, usualmente el que se anuncia políticamente y el que realmente se ejecuta.


El problema sigue siendo la capacidad real del Gobierno en sus diversas instancias de poder para gastar adecuadamente. Es decir, si bien se cuenta con los recursos, no hay la capacidad de gestión en sus instituciones para poder hacer un uso eficiente (calidad del gasto) de los mismos.


Por otro lado en el último reporte del Doing Business del Banco Mundial se evidencia que las trabas burocráticas, principalmente en el ámbito de los gobiernos locales, siguen siendo un problema para poder hacer negocios en el país. Si bien varios países han adoptado la denominada ventanilla única para hacer trámites y el denominado gobierno electrónico (e-govermet) es una realidad, en el caso del Perú el avance es mínimo.


En lo que al sistema de control en todo el país se refiere, la manera en que este ha venido funcionando deja mucho que desear ya que gran parte de las acciones son a posteriori y a destiempo, usualmente cuando los actos prescriben. Gran parte de estas acciones son resultado principalmente de las denuncias periodísticas o el escándalo político.


Tampoco se debe responsabilizar a los mecanismos de control de todos los males por la no ejecución de los proyectos de inversión, proponiendo reducir facultades o minimizar el sistema de control. Dada la magnitud de los recursos destinados al plan anticrisis lo más adecuado es relanzar el sistema, a fin de que sea mucho más gerencial y efectivo, dirigido a un adecuado control previo, que sea oportuno y focalizado en lo verdaderamente relevante para el país. Para todo ello es importante la elección de un contralor que sea verdaderamente independiente.


Destinar los 10.000 millones de soles sin tener garantizado un adecuado sistema de control es verdaderamente riesgoso para el país y el propio gobierno; si no recordemos lo que sucedió en el pasado con el proceso de privatización y la ausencia de un sistema de control.


Todo esto nos pone de manifiesto un problema mucho más de fondo: la necesidad de una verdadera reforma y modernización del Estado que incluya la consolidación de las instituciones y no la desarticulación de las mismas.




* CENTRUM-PUCP

Saludable rectificación en terrenos del Pentagonito

Ha concluido, como empezó, la agria polémica sobre la venta de algunos terrenos del Cuartel General del Ejército, conocido como el Pentagonito.

Voceros del Poder Ejecutivo, que hace pocos días defendían a capa y espada la iniciativa, ahora dan marcha atrás expresando que no habrá venta y que los terrenos se usarán para construir centros de capacitación o de convenciones.


Saludamos tal decisión pero, al mismo tiempo, debemos preguntarnos: ¿Había necesidad de promover tanta confrontación en una coyuntura como la actual?


El acalorado debate involucró no solo a líderes políticos de diversas bancadas, representantes de la oficialidad y ex comandantes generales del Ejército, sino también a miles de vecinos, sobre todo de San Borja.


Estos últimos salieron a las calles a expresar su disconformidad con una decisión improvisada, carente de estudios técnicos y de compatibilidad de uso, cuya concreción podía afectar su entorno y hasta su seguridad. De allí que la rectificación gubernamental podría considerarse como un triunfo de la democracia vecinal, que pide diálogo para hacer valer sus derechos.


Por lo demás, tampoco se habían hecho evaluaciones de zonificación residencial, con lo cual era necio anunciar el uso que podría darse a los terrenos cuando ni siquiera se tenía el visto bueno de la municipalidad, cuyas razonables atribuciones constitucionales sobre la materia no podían ser ignoradas y menos conculcadas.


Otro ángulo más intangible, pero no por ello menos importante, es el simbólico. Poner en venta, así sin más, aunque sea en parte, terrenos del Cuartel General del Ejército, resiente valores nacionales, sobre todo cuando se hace sin explicación de contexto ni necesidad, y no se sabe quién los compraría.


Yendo al fondo del asunto, si bien no estamos de acuerdo con la manera en que se trató el tema de los terrenos del Pentagonito, sí propugnamos que el Estado y los institutos militares se deshagan de activos, pero siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones , de carácter normativo y procesales.


Antes que nada tendría que hacerse un estudio de costo- beneficio, que como en el caso del cuartel San Martín pondere, por un lado, la significativa revaluación comercial del terreno y las desventajas logísticas y operativas de mantener un cuartel en una zona residencial. Y , por otro lado, los ingentes recursos que se podrían generar y el uso específico de los mismos para determinados objetivos de mejora tecnológica o de otros ítems dentro de la política de modernización y reforma castrense.


Esperamos que, por el bien del país, se zanje definitivamente este debate. Pero, para evitar que se repitan exabruptos como estos, debería retomarse seriamente la reforma castrense que este Gobierno consideró al inicio con tanta prolijidad.


Dentro de ello cualquier decisión sobre venta de activos debe ser parte de un estudio técnico que la ciudadanía tiene derecho a conocer con la debida antelación, a través de consultas previas, tal como lo establece la Ordenanza 1063 del Concejo Provincial de Lima. No más improvisación, globos de ensayo ni innecesaria confrontación