Por increíble que parezca todavía hay personajes mediáticos (por fortuna son poquísimos, en concreto dos) que defienden –directa o indirectamente– lo indefendible en relación con la sinuosa actuación de la empresa Petro-Tech. Para estos “comunicadores” la referida petrolera –recientemente vendida a través de una jugada astuta y maquiavélica– es víctima del gobierno, del Estado y acaso de la opinión pública. Y en cuanto a las sospechas que el país tiene sobre Petro-Tech en el sentido que habría financiado el “chuponeo”, este medio sí puede abordar la materia de forma imparcial e independiente, características sagradas del periodismo que las aludidas personas han hipotecado, una por su relación conyugal con uno de los gerentes de Petro-Tech y el otro por una extraña solidaridad con ésta, olvidando practicar el sabio pensamiento que reza “puedo ser muy amigo tuyo, pero soy más amigo de la verdad”.
Pero en fin, aparte de estos detalles éticos, en concreto ahora se tienen elementos que describen las fallas en el origen mismo de la participación de Petro-Tech en el país, las que deberían conducir a todo periodista responsable a investigar en profundidad y a dar información veraz sobre el particular. Es más, así esa petrolera haya sido vendida en una plaza bursátil de los Estados Unidos y que, tal como ha señalado el ministro de Economía, Luis Carranza, debió pagar impuestos al Perú por esa transacción, no puede dejarse de lado fiscalizar todo lo que hicieron sus directivos en los últimos años en aras de la transparencia y del respeto de las leyes peruanas, y de encontrarse que las infringieron entonces deberá estudiarse qué tipo de sanciones merecen.
Por ejemplo, en cuanto se refiere a las conclusiones de la Contraloría General de la República (Nº 173-2007-CG/SP), que revelan que el contrato entre Petro-Tech y Petroperú sobre exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote Z-2B, ubicado en el Zócalo Continental del noroeste peruano, nunca contó con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y que esa “aprobación” se introdujo a modo de contrabando en el D.S. 044-93-EM.
El informe de la CGR también señala que “teniendo en consideración lo establecido en la primera parte del artículo 128 de la Constitución Política se ha identificado responsabilidad administrativa de los señores Daniel Hokama Tokashiqui, ex ministro de Energía y Minas; y de Jorge Camet Dickman, ex ministro de Economía y Finanzas, al haber refrendado el Decreto Supremo 044- 93-EM con el cual se aprueba el Contrato de Operaciones de Exploración y Explotación por Hidrocarburos del Lote Z-2B a celebrarse con la empresa Petro-Tech Peruana S.A, no obstante que la contratación con dicha empresa devenía en irregular por cuanto no cumplía con las condiciones establecidas en el proceso del Concurso Internacional Nº CNTR-001-92.”
Estamos pues ante una monumental ilegalidad que es la que habría servido de marco a las relaciones entre Petro-Tech Peruana y Petroperú. ¿Podrá el Congreso de la República, sobre la base del informe de la CGR, fiscalizar profundamente este caso y el sistema judicial sancionar a los responsables administrativos de tamaño escándalo?
EXPRESO
Pero en fin, aparte de estos detalles éticos, en concreto ahora se tienen elementos que describen las fallas en el origen mismo de la participación de Petro-Tech en el país, las que deberían conducir a todo periodista responsable a investigar en profundidad y a dar información veraz sobre el particular. Es más, así esa petrolera haya sido vendida en una plaza bursátil de los Estados Unidos y que, tal como ha señalado el ministro de Economía, Luis Carranza, debió pagar impuestos al Perú por esa transacción, no puede dejarse de lado fiscalizar todo lo que hicieron sus directivos en los últimos años en aras de la transparencia y del respeto de las leyes peruanas, y de encontrarse que las infringieron entonces deberá estudiarse qué tipo de sanciones merecen.
Por ejemplo, en cuanto se refiere a las conclusiones de la Contraloría General de la República (Nº 173-2007-CG/SP), que revelan que el contrato entre Petro-Tech y Petroperú sobre exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote Z-2B, ubicado en el Zócalo Continental del noroeste peruano, nunca contó con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y que esa “aprobación” se introdujo a modo de contrabando en el D.S. 044-93-EM.
El informe de la CGR también señala que “teniendo en consideración lo establecido en la primera parte del artículo 128 de la Constitución Política se ha identificado responsabilidad administrativa de los señores Daniel Hokama Tokashiqui, ex ministro de Energía y Minas; y de Jorge Camet Dickman, ex ministro de Economía y Finanzas, al haber refrendado el Decreto Supremo 044- 93-EM con el cual se aprueba el Contrato de Operaciones de Exploración y Explotación por Hidrocarburos del Lote Z-2B a celebrarse con la empresa Petro-Tech Peruana S.A, no obstante que la contratación con dicha empresa devenía en irregular por cuanto no cumplía con las condiciones establecidas en el proceso del Concurso Internacional Nº CNTR-001-92.”
Estamos pues ante una monumental ilegalidad que es la que habría servido de marco a las relaciones entre Petro-Tech Peruana y Petroperú. ¿Podrá el Congreso de la República, sobre la base del informe de la CGR, fiscalizar profundamente este caso y el sistema judicial sancionar a los responsables administrativos de tamaño escándalo?
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