Llama la atención que el Ministerio de Vivienda, y puntualmente la titular de ese sector, Nidia Vílchez, impulse una ley que, lejos de resolver el problema de las invasiones de terrenos, terminará por promoverlas y extenderlas más de lo que ya lo están.
Por ello, es necesario que el presidente Alan García reevalúe la mencionada Ley de Expropiación de Predios y no la promulgue, pese a que ha sido aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, más aun siendo inconstitucional.
Como informa hoy nuestro Diario, no es la primera vez que en el país se han dado normas para legitimar algún tipo de invasión. El denominador común ha sido casi siempre atender una “necesidad pública”, aunque en el fondo se ha pretendido ganar votos en épocas electorales o simplemente elevar la popularidad de los regímenes de turno. Así, bajo la premisa “un invasor, un voto”, se ha consagrado una práctica demagógica que, en realidad, legaliza un hecho delictivo: la invasión de una propiedad pública o privada por parte de terceros.
Por ello preocupa que este Gobierno no haga la diferencia y, lo peor, dé una norma demasiado abierta y laxa que ordena expropiar todo terreno privado que haya sido invadido antes del 2004, a fin de que pase a ser propiedad de sus ilegales ocupantes.
Además, el Ejecutivo y también el Legislativo han pasado por alto el artículo 70 de la Constitución, cuando reconoce que el derecho a la propiedad es inviolable y nadie —y menos el Estado— puede privar de su propiedad a una persona, a menos que existan razones de seguridad nacional o de necesidad pública.
Nos preguntamos qué pasará con los cientos de demandas judiciales, presentadas en los últimos años, de quienes han sido despojados de sus propiedades, generalmente, por grupos de invasores a su vez engañados o no por traficantes de terrenos que hoy deben estar celebrando la dación de esta polémica ley de expropiación.
Haría bien el Gobierno en explicar con base en qué recursos abonará a los verdaderos propietarios de los terrenos expropiados el pago del justiprecio correspondiente. En principio, en el Ministerio Público hay 1.588 denuncias por invasiones y, según la Corte Superior de Lima, al año se apelan unos 80 juicios para definir la posesión de un predio.
El Ministerio de Vivienda tendrá que explicar también qué entiende por “necesidad pública”, cuando más bien tendría que reconocer que una de las urgencias nacionales es que el Gobierno cumpla con los programas de vivienda económica para sectores de escasos recursos.
Asimismo, es necesario que diferencie entre asentamientos humanos informales y predios invadidos. Y es que, si bien la ley de expropiación podría ser válida en algunos casos excepcionales, en otros se convertirá en una peligrosa generalización, pues determinaría que incluso las tugurizadas casonas del Centro de Lima puedan ser expropiadas en beneficio de invasores.
Finalmente, habrá que medir los efectos que esta norma puede tener en la industria de la construcción, cuyo desarrollo en el país casi siempre se ha visto frenado por la falta de saneamiento de la propiedad.
Por ello, es necesario que el presidente Alan García reevalúe la mencionada Ley de Expropiación de Predios y no la promulgue, pese a que ha sido aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, más aun siendo inconstitucional.
Como informa hoy nuestro Diario, no es la primera vez que en el país se han dado normas para legitimar algún tipo de invasión. El denominador común ha sido casi siempre atender una “necesidad pública”, aunque en el fondo se ha pretendido ganar votos en épocas electorales o simplemente elevar la popularidad de los regímenes de turno. Así, bajo la premisa “un invasor, un voto”, se ha consagrado una práctica demagógica que, en realidad, legaliza un hecho delictivo: la invasión de una propiedad pública o privada por parte de terceros.
Por ello preocupa que este Gobierno no haga la diferencia y, lo peor, dé una norma demasiado abierta y laxa que ordena expropiar todo terreno privado que haya sido invadido antes del 2004, a fin de que pase a ser propiedad de sus ilegales ocupantes.
Además, el Ejecutivo y también el Legislativo han pasado por alto el artículo 70 de la Constitución, cuando reconoce que el derecho a la propiedad es inviolable y nadie —y menos el Estado— puede privar de su propiedad a una persona, a menos que existan razones de seguridad nacional o de necesidad pública.
Nos preguntamos qué pasará con los cientos de demandas judiciales, presentadas en los últimos años, de quienes han sido despojados de sus propiedades, generalmente, por grupos de invasores a su vez engañados o no por traficantes de terrenos que hoy deben estar celebrando la dación de esta polémica ley de expropiación.
Haría bien el Gobierno en explicar con base en qué recursos abonará a los verdaderos propietarios de los terrenos expropiados el pago del justiprecio correspondiente. En principio, en el Ministerio Público hay 1.588 denuncias por invasiones y, según la Corte Superior de Lima, al año se apelan unos 80 juicios para definir la posesión de un predio.
El Ministerio de Vivienda tendrá que explicar también qué entiende por “necesidad pública”, cuando más bien tendría que reconocer que una de las urgencias nacionales es que el Gobierno cumpla con los programas de vivienda económica para sectores de escasos recursos.
Asimismo, es necesario que diferencie entre asentamientos humanos informales y predios invadidos. Y es que, si bien la ley de expropiación podría ser válida en algunos casos excepcionales, en otros se convertirá en una peligrosa generalización, pues determinaría que incluso las tugurizadas casonas del Centro de Lima puedan ser expropiadas en beneficio de invasores.
Finalmente, habrá que medir los efectos que esta norma puede tener en la industria de la construcción, cuyo desarrollo en el país casi siempre se ha visto frenado por la falta de saneamiento de la propiedad.
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