Amplia ha sido la polémica que han generado dos de las propuestas del presidente Alan García en su mensaje por Fiestas Patrias: la renovación por mitades del Congreso y la instauración de la segunda vuelta para la elección de autoridades regionales en los próximos comicios.
Estamos ante dos asuntos medulares —y largamente postergados, como en el caso de la renovación del Parlamento—, para mejorar los niveles de representación y lograr una participación ciudadana acorde con las expectativas del país.
En ambos casos, sin embargo, es indispensable un profundo debate de fondo, pues se trata de cambios que deben formar parte de un plan de reforma constitucional más amplio, que incluya otras iniciativas para que funcione y por lo cual el Congreso debe asumir su responsabilidad.
Veamos. En cuanto a los proyectos enviados recientemente por el Ejecutivo hay que considerar que la renovación por mitades implicaría que la población elija a 120 congresistas en momentos diferentes: uno sería en cada elección general, cada cinco años; y otro, cada dos años y medio. Esto garantizaría una rotación en el Congreso a mitad de gobierno, aunque cada parlamentario mantendría su mandato cinco años, como sucede hoy.
No obstante esta renovación no es revocatoria, que es un tema que debe considerarse en el futuro mediato para encauzar la fiscalización ciudadana. En otros países este tema está vinculado al sistema uninominal en el que la nación se divide en circunscripciones que eligen a sus propios representantes, a los que fiscalizan y deciden si les renuevan o no la confianza.
El problema de fondo aquí es el tipo de representación del parlamentario que, si bien debe obedecer al partido, se debe más a los electores que le delegan su mandato.
Adicionalmente, si queremos mejores actores políticos, deben instituirse elecciones primarias supervisadas por la ONPE, para que los futuros congresistas no lleguen a esa posición por la contribución económica a las campañas o por ser nombrados a dedo dentro de cada agrupación. También debe suprimirse el voto preferencial que, en la práctica, origina el ingreso a la representación congresal de algunos personajes cuestionables, elegidos simplemente por el efecto arrastre de cada lista.
En cuanto a la segunda vuelta regional, se trata de una iniciativa importante entrampada desde mayo último. El proyecto, que ha sufrido varias modificaciones, establece el adelanto de las elecciones regionales para el primer domingo de octubre, una valla electoral del 30% de los votos válidamente emitidos para el triunfo electoral y una segunda vuelta en caso de que ningún candidato alcance ese porcentaje previsto.
¿Y qué sucederá con la lista de consejeros que acompaña al candidato a la presidencia regional. ¿También pasará a la segunda vuelta junto con su líder? Actualmente, la ganadora obtiene la mitad más uno del consejo regional.
Luego, debe verificarse si el Estado está en capacidad administrativa de adelantar los comicios regionales en los plazos señalados y evaluar los costos económicos de una segunda vuelta que podría repetirse en todos los departamentos del país. Recordemos que en las elecciones regionales del 2006 solo 12 de los 25 actuales presidentes regionales superaron el 30% de los votos.
Como podemos colegir, desde una perspectiva más amplia, estas reformas no son suficientes para afirmar la institucionalidad. Sigue pendiente, por ejemplo, llenar los vacíos que existen en la ley de partidos, de modo que estos se fortalezcan y se constituyan en puntales del sistema democrático; no como ahora que, con pocas excepciones, se presentan como entidades débiles, desorganizadas, improvisadas y movidas por el voluntarismo de ciertos caudillos.
Asimismo, tendrían que afrontarse, esta vez sí seriamente, los temas de la bicameralidad y la eliminación del voto preferencial, de modo que se devuelva coherencia y reflexión al debate y la producción legislativa, y se afirme la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos.
Hay, pues, mucho por debatir, ampliar y corregir. Las buenas intenciones tienen aún que ser plasmadas en proyectos que generen consenso entre las bancadas democráticas, sobre todo cuando se trata de cambiar la mecánica de elección de los mismos congresistas, lo que puede generar resistencias absurdas.
Los congresistas tienen que entender que, de lo que se trata, finalmente, es de asegurar la gobernabilidad y mejorar la calidad de nuestro sistema político, aún obsoleto, ineficiente y muchas veces ajeno a las preocupaciones de los ciudadanos, que demandan más y mejor representación, legitimidad y participación.
EL COMERCIO
Estamos ante dos asuntos medulares —y largamente postergados, como en el caso de la renovación del Parlamento—, para mejorar los niveles de representación y lograr una participación ciudadana acorde con las expectativas del país.
En ambos casos, sin embargo, es indispensable un profundo debate de fondo, pues se trata de cambios que deben formar parte de un plan de reforma constitucional más amplio, que incluya otras iniciativas para que funcione y por lo cual el Congreso debe asumir su responsabilidad.
Veamos. En cuanto a los proyectos enviados recientemente por el Ejecutivo hay que considerar que la renovación por mitades implicaría que la población elija a 120 congresistas en momentos diferentes: uno sería en cada elección general, cada cinco años; y otro, cada dos años y medio. Esto garantizaría una rotación en el Congreso a mitad de gobierno, aunque cada parlamentario mantendría su mandato cinco años, como sucede hoy.
No obstante esta renovación no es revocatoria, que es un tema que debe considerarse en el futuro mediato para encauzar la fiscalización ciudadana. En otros países este tema está vinculado al sistema uninominal en el que la nación se divide en circunscripciones que eligen a sus propios representantes, a los que fiscalizan y deciden si les renuevan o no la confianza.
El problema de fondo aquí es el tipo de representación del parlamentario que, si bien debe obedecer al partido, se debe más a los electores que le delegan su mandato.
Adicionalmente, si queremos mejores actores políticos, deben instituirse elecciones primarias supervisadas por la ONPE, para que los futuros congresistas no lleguen a esa posición por la contribución económica a las campañas o por ser nombrados a dedo dentro de cada agrupación. También debe suprimirse el voto preferencial que, en la práctica, origina el ingreso a la representación congresal de algunos personajes cuestionables, elegidos simplemente por el efecto arrastre de cada lista.
En cuanto a la segunda vuelta regional, se trata de una iniciativa importante entrampada desde mayo último. El proyecto, que ha sufrido varias modificaciones, establece el adelanto de las elecciones regionales para el primer domingo de octubre, una valla electoral del 30% de los votos válidamente emitidos para el triunfo electoral y una segunda vuelta en caso de que ningún candidato alcance ese porcentaje previsto.
¿Y qué sucederá con la lista de consejeros que acompaña al candidato a la presidencia regional. ¿También pasará a la segunda vuelta junto con su líder? Actualmente, la ganadora obtiene la mitad más uno del consejo regional.
Luego, debe verificarse si el Estado está en capacidad administrativa de adelantar los comicios regionales en los plazos señalados y evaluar los costos económicos de una segunda vuelta que podría repetirse en todos los departamentos del país. Recordemos que en las elecciones regionales del 2006 solo 12 de los 25 actuales presidentes regionales superaron el 30% de los votos.
Como podemos colegir, desde una perspectiva más amplia, estas reformas no son suficientes para afirmar la institucionalidad. Sigue pendiente, por ejemplo, llenar los vacíos que existen en la ley de partidos, de modo que estos se fortalezcan y se constituyan en puntales del sistema democrático; no como ahora que, con pocas excepciones, se presentan como entidades débiles, desorganizadas, improvisadas y movidas por el voluntarismo de ciertos caudillos.
Asimismo, tendrían que afrontarse, esta vez sí seriamente, los temas de la bicameralidad y la eliminación del voto preferencial, de modo que se devuelva coherencia y reflexión al debate y la producción legislativa, y se afirme la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos.
Hay, pues, mucho por debatir, ampliar y corregir. Las buenas intenciones tienen aún que ser plasmadas en proyectos que generen consenso entre las bancadas democráticas, sobre todo cuando se trata de cambiar la mecánica de elección de los mismos congresistas, lo que puede generar resistencias absurdas.
Los congresistas tienen que entender que, de lo que se trata, finalmente, es de asegurar la gobernabilidad y mejorar la calidad de nuestro sistema político, aún obsoleto, ineficiente y muchas veces ajeno a las preocupaciones de los ciudadanos, que demandan más y mejor representación, legitimidad y participación.
EL COMERCIO
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