Sentencia condenatoria

La Justicia del Perú se pronunció sobre un caso que concitó la atención del país. Sin embargo, la situación judicial del ex presidente Alberto Fujimori no ha terminado y seguirá siendo motivo de interés de la opinión pública, máxime cuando este político –tras recibir la sentencia que lo condena a 25 años de prisión– ha interpuesto recurso de nulidad. Además porque deberá responder ante el Poder Judicial por otros cargos que se le imputan, como el de la indemnización millonaria a Vladimiro Montesinos (peculado). De modo que hay tela que cortar. Por ello cabe hacer un llamado especial a aquella gente que se siente beneficiada por la condena del ex mandatario Fujimori. Lo mismo que a aquellas personas que quieren verlo libre. Lamentablemente ambas partes no cejan en su intento de politizar los procesos abiertos contra Alberto Fujimori, y hasta juegan sus mejores cartas para derivar los asuntos judiciales hacia el tema electoral. Por fortuna, el comportamiento de la judicatura ha evitado que se utilice su desempeño como pretexto para que –unos u otros– pateen el tablero del estado de derecho. Pero, ante posibles ánimos crispados, instamos a mantener la ecuanimidad a quienes ahora dicen haber sepultado a Fujimori como a quienes señalan que el fallo judicial sólo hará que la hija del ex presidente, Keiko Fujimori, lidere las encuestas.

La nación pasa por desafíos muy grandes –la urgencia de unidad frente al período recesivo que vive el mundo- como para generar más ruidos o choques políticos entre fujimoristas y antifujimoristas. Los “antis” le hacen daño al país, como antes ocurrió con el pierolismo y el antipierolismo, el civilismo y el anticivilismo, el leguiísmo y el antileguiísmo, el aprismo y el antiaprismo. A esas facciones politizadas hay que decirles que no olviden que en medio está la gran mayoría de peruanos, especialmente en este momento complejo en que se ha conocido la sentencia condenatoria impuesta a un ex presidente de la República.

Ello implica que asimismo el grueso de la población independiente se haga escuchar, rechazando cualquier apasionamiento por politizar la agenda nacional en función a electorerismos subalternos. Separemos las cosas, ya que en torno a los procesos contra el líder del fujimorismo de ningún modo debe estar en juego ideología alguna. Nos encontramos ante graves acusaciones –aunque la defensa del ex mandatario considera que no están suficientemente probadas– que todo régimen democrático debe ventilar en el órgano jurisdiccional competente, en este caso la Corte Suprema que esperemos demuestre absoluta independencia e imparcialidad.

En consecuencia, lo mejor es que la mayoría de peruanos haga lo posible por evitar excesos, como llegar a la violencia conforme se caliente el clima electoral. No asentemos la política sobre temas de tribunales o penitenciarías, sino sobre programas de desarrollo y sobre planes de gobierno coherentes y responsables. No caigamos en el caudillismo ni en el clisé de los “candidatos naturales”. Las consecuencias podrían ser catastróficas.


EXPRESO

Martes de oprobio

La argolla mediática de la progresía, las ONG derechohumanistas y todo el caviaraje podrán decir que ayer se hizo justicia y el resto de clichés con los que nos bombardearán por años. Pero algún día, cuando el odio visceral hacia Fujimori haya quedado atrás, el martes siete de abril de 2009 será visto como un día de oprobio en la historia peruana.
Ni los más encarnizados enemigos del ex presidente esperaban una sentencia de esta naturaleza. La Sala superó sus pretensiones más afiebradas con un fallo aberrante, dando calidad de “prueba” a recortes periodísticos, libros escritos por felones que así tratan de borrar su pasado de fujimoristas rabiosos, el sesgado informe de la nefasta CVR, testimonios de oídas, y declaraciones de “colaboradores eficaces” capaces de decir que la Tierra es cuadrada y que el Sol sale de noche con tal de obtener una reducción de su condena.


Como bien escribió anoche una anónima cibernauta en la página web de El Comercio: “todo esto tendría sentido y sería un buen precedente de la justicia peruana si Alan García ya hubiese sido condenado por las violaciones de derechos humanos que sí se cometieron en su primer mandato, y si antes de que hubiese muerto Belaúnde se le hubiera enjuiciado y metido preso por lo mismo. La CVR concluyó que la mayoría de matanzas se hicieron en los gobiernos de Belaúnde y García. ¿Por qué ellos no fueron juzgados? ¿Por qué ellos no han pagado aún y por qué sí Fujimori?”.

La respuesta a estas preguntas es muy sencilla. Belaúnde y García no ganaron la guerra contra el terror. Fujimori sí. Había, en consecuencia, que darle una lección inolvidable, para que en el futuro ningún gobernante (y de paso, ningún militar, en el fondo por ahí va la cosa) se atreva a combatir con firmeza un nada descartable rebrote terrorista. Porque el premio que le espera a quien lo haga es la ignominia y la cárcel. Ese es el mensaje central de esta persecución implacable contra Fujimori. Y mucha razón tiene el congresista Raffo cuando sostiene que con este fallo se le ha dado la más grande de las victorias a Sendero. Abimael Guzmán, añadimos, debe haber estado de jarana anoche.

Como le consta a los lectores de esta columna, desde el día que el ex presidente fue extraditado sostuvimos que la suya era la crónica de una condena anunciada. Ciertamente, no nos alegra que se haya cumplido el pronóstico. Esperamos no equivocarnos tampoco al sostener, ahora, que tras lo de ayer Keiko Fujimori tiene abiertas las puertas de Palacio en 2011, gracias a la cooperación de quien se ha convertido en su involuntario jefe de campaña: César San Martín.


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LA RAZON

La Lima de Fuentes

Por Mirko Lauer

Hernán Fuentes, presidente de la región Puno, sigue haciendo un triste tipo de noticia. En una semana de intensa actividad, se trasladó sorpresivamente a Lima para evitar encontrarse con una marcha de protesta contra él; en Lima plantó a un grupo de congresistas que lo había citado, y lanzó su campaña electoral con un polícromo afiche donde se declara “esperanza de los cholos”.

Los medios puneños califican el desplazamiento de Fuentes a Lima como nada menos que una fuga frente a una marcha de protesta de los habitantes de Yunguyo y Melgar a Puno: dejó cerrado el local de la presidencia y, hace notar el diario Los Andes, los trabajadores tuvieron que dedicarse a “deambular por los alrededores sin preocuparse por atender al público”.

En Lima Fuentes se dedicó a pegar afiches (algunos ya adornan la Vía expresa), pero no a presentarse ante el Congreso que lo ha citado. Su argumento: los congresistas se encuentran por debajo de los presidentes regionales y, por tanto, carecen de autoridad alguna para citarlos a rendir cuentas. Los congresistas han respondido pidiendo a la contraloría auditar Puno. En realidad Genaro Matute tiene un año investigando la gestión de Fuentes sin sombra de un resultado.

En el fondo la declaración de Fuentes sobre jerarquías políticas es parte de la respuesta que siguen esperando los congresistas puneños liderados por Aldo Estrada: la anticonstitucional denominación Región Federal Autónoma Quechua-Aymara es parte de un proyecto de moralización (en el sentido de Evo Morales) de este controvertido político.

Los Andes da por sentado que los flamantes afiches etnopolíticos del Frente Amplio Peruano son parte de una campaña por llegar a la Presidencia de la República. Pero no descartemos que el blanco sea simplemente reelegirse en casa, a la vez que oculta sus incapacidades e inconductas administrativas bajo el manto de una campaña polémica y permanente hasta el 2010. Además una campaña alejada de Puno todo lo que sea posible.

El círculo de los críticos de Fuentes es cada vez más amplio, y está cada vez más exasperado. Incluye a su vicepresidente, a su hermano, a sus consejeros regionales, y ciertamente a buena parte de la población. Pero todo eso solo ha servido para reafirmar a Fuentes en su particular estilo, y ahora lanzarlo a la escena nacional.

Fuentes es una excepción entre los presidentes regionales. Con uno que otro leve hipo, ellos han demostrado, cada uno dentro de sus capacidades personales, real preocupación por cumplir adecuadamente su encargo político. El modelo regionalizador es bastante perfectible, pero la buena voluntad cívica de sus protagonistas es real.

LA REPUBLICA

El continuismo del fujimorismo económico

Por Humberto Campodónico

La condena a 25 años de prisión a Alberto Fujimori hace justicia a las víctimas de hace 17 años. Es, indudablemente, un gigantesco paso adelante del Perú como nación, pues indica que sí se puede hacer frente a los crímenes, no importa cuán alta sea la investidura del que los comete. También es un gran paso adelante del Poder Judicial, lo que debe consolidarse en una implacable lucha contra la corrupción.

Dicho esto, también hay que tener en cuenta que bajo Fujimori-Montesinos hubo una enorme corrupción económica la que, quizá, tuvo sus hitos más altos en el robo de los dineros de la privatización para la compra de armas. Centenares de millones de dólares fueron a parar a cuentas secretas, bajo la sola firma de los funcionarios de turno. Para muestra un botón: el ex comandante general del Ejército Nicolás Hermoza admitió la apropiación ilícita de nada menos que US$ 20 millones.

En el terreno económico, el régimen de Fujimori acabó con la descentralización y desmanteló el aparato del Estado, creando en su lugar instituciones como Pronamachcs, Infes y Foncodes (en un segundo momento) con las que realizaba inversiones por las cuales aún es ampliamente recordado en el país. Así, el caudillo neoliberal regalaba colegios, computadoras, postas médicas y bolsas de alimentos. Esta política fue apuntalada por el Banco Mundial y el BID, con préstamos de US$ 3,100 y US$ 2,640 millones, respectivamente, de 1991 a 1999.

Pero quizá el legado económico más negativo de Fujimori consiste en pensar que el desarrollo se logra con la apertura irrestricta a la inversión extranjera, complementada con una política de desprecio hacia el capital nacional y el mercado interno (rebajas unilaterales de aranceles) y la ignorancia acerca del rol de las empresas estatales en sectores estratégicos, planteando su remate en el menor tiempo posible.

Esto se plasmó en el régimen económico de la Constitución de 1993, que consagra la “igualdad de trato” entre el capital extranjero y el nacional (Art. 63), lo que no está en ninguna Constitución de América Latina, ni de EEUU, ni de Europa. Al otorgar graciosamente la igualdad de trato, se entrega también el mercado interno.

Lo mismo sucede con los contratos de estabilidad jurídica (Art. 62), que no pueden siquiera ser modificados por el Congreso, sino solo por “acuerdo entre las partes”. Invocando esta “santidad de los contratos”, no se aplicó el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras por el alza extraordinaria de precios y no se recaudaron miles de millones de dólares.

También está la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado (Art. 60). Por eso en el Perú ya murieron y/o languidecen las empresas públicas peruanas, pero florecen las extranjeras: ISA de Colombia (torres eléctricas), ENAP de Chile (grifos Primax), Sonatrach de Argelia (Camisea), Petrobrás (en Talara), Ecopetrol de Colombia (en Talara), las chinas Sapet (en Talara, el Lote 8 y el 1AB) y Shougang (en Marcona).

La cuestión de fondo es el modelo neoliberal de los 90 que afirma que el “libre mercado” soluciona todos los problemas económicos. Lo que ha hecho en realidad es propiciar un crecimiento económico que beneficia a unos pocos, acaba con los derechos laborales, a la vez que disminuye la capacidad recaudadora del Estado, ahonda las desigualdades y fractura al país, sobre todo a los sectores rurales más pobres.

Por eso, el reto económico que nos trae la crisis económica mundial –provocada por las mismas políticas de libre mercado y desregulación total– solo puede ser superado dejando de lado el economicismo puro del neoliberalismo para avanzar en un nuevo equilibrio entre el rol del mercado y el del Estado, consolidando la descentralización y la participación ciudadana.

El problema es que en lo económico, el continuismo neoliberal ha sido la norma en los gobiernos de Toledo y de García. A eso se debe, seguramente, la simpatía de sectores empresariales por Fujimori: quieren mantener el statu quo que se puso en marcha bajo su gobierno. He allí un problema que no se soluciona con la justa condena de Fujimori


LA REPUBLICA

No matarás

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Una condena histórica que es un himno a la vida

El fundamento contundente de la sentencia que condenó a Alberto Fujimori a veinticinco años de prisión por hallarlo culpable en todas las acusaciones por violación de derechos humanos es un hecho histórico y un legítimo motivo de orgullo para los peruanos, pero, antes que eso, es un homenaje a la vida que genera la esperanza de que esto no ocurra más en el Perú.

Por ello, el país les debe un sincero y profundo agradecimiento a los vocales César San Martín, Hugo Príncipe y Víctor Prado, quienes condenaron a Fujimori por los asesinatos en La Cantuta y Barrios Altos por parte de un comando paraestatal que –como demostró el fallo y no se debe olvidar– se organizó con la participación crucial del entonces presidente.

La justicia peruana condenó a Fujimori por ese motivo. No por sus políticas ni por venganza, como aducen sus partidarios, sino, para decirlo de un modo claro y directo, por asesinato.

Por ello, más que la cara compungida del condenado cuando le leían su sentencia, la imagen con la que debe recordarse este momento histórico en el futuro debe ser el rostro sereno y tranquilo de Gisela Ortiz y Raida Cóndor.

Gracias al esfuerzo valiente, prolongado e inagotable de mucha gente como ellas, para que los asesinatos de su hermano y de su hijo por el ‘grupo Colina’ de Fujimori no quedaran impunes, los futuros gobernantes ahora están advertidos de que deben respetar la vida de todos los ciudadanos y de que no pueden asesinar –ni encargárselo a alguien– por más poderosos que se sientan o más ‘justificada’ que sea su causa.

Algunas expresiones luego de la condena, sin embargo, reflejan que va a persistir la creencia de que el fin justifica los medios. No solo en los fujimoristas, hoy con sangre en el ojo y sed de venganza, sino en otras tiendas políticas. Lourdes Alcorta del PPC –para quien “Barrios Altos fue una lamentable casualidad”– o Luis Giampietri, el vicepresidente del Apra, son solo dos ejemplos. Como ellos, varios creen que la sentencia de San Martín reivindica al terrorismo, cuando no es otra cosa que el rechazo al terror como forma de combatir al terror, el triunfo de la justicia sobre la impunidad.

¿Esta sentencia beneficia o perjudica el futuro electoral de Keiko Fujimori? ¿Podrá Alberto Fujimori recibir un indulto? ¿Alguien que no sea su hija tendría el desparpajo de dárselo?

Eso no importa en este momento. Al margen de lo que ocurra después, y de lo que consiga la componenda oscura, el título de condenado a veinticinco años por asesinato no se lo quitará nadie a Alberto Fujimori. Y, en poco tiempo, el proceso que empezará por corrupción seguramente le añadirá el cartel del ladrón.

LA REPUBLICA

¡Oh, democracia, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!

Por: Martha Chávez Fujimorista

La expresión, parafraseada, de la girondina Madame Roland sirve para condensar no solo sentimientos personales sino reflexiones políticas luego de escuchar el “resumen” de la sentencia condenatoria emitida hoy contra el ex presidente Alberto Fujimori.

Los fujimoristas estamos acostumbrados a andar cuesta arriba o por caminos empedrados; si no fuera así, el desastre de país que en 1990 heredó el ingeniero Fujimori de la “democracia” de los años 80 no se habría convertido en el Perú con futuro que hoy tenemos, pese a los gobernantes que lo sucedieron.

Luego de la sentencia, y si ella no fuere enmendada por la sala superior, el futuro del Perú y de los peruanos se presenta sombrío. En efecto, bastará un ejercicio teórico con toda la apariencia de legalidad y coherencia y basado en medias verdades para que cualquiera de nosotros resulte responsable del crimen más atroz.

En un maniqueísmo repulsivo, que cual pitoniso ayer mismo ensayara el presidente Alan García y hoy ha sido fundamento de la sentencia (¿mera coincidencia?), se llega a afirmar que la verdad y consecuencias sobre un hecho ocurrido en “democracia” son diferentes si se trata de una dictadura o un régimen autoritario. Por ello, los crímenes de la década de los 80, como Putis, Soccos, Accomarca, Cayara, El Frontón, la fuga de emerretistas en junio de 1990, con decenas de veces más muertos y millones de afectados que los de Barrios Altos y La Cantuta, no son punibles porque estábamos en “democracia”. García termina como simple testigo, mientras se condena a Fujimori.

Valga recordar que “dictadura” fue la que el Congreso Constituyente de 1824 instituyó al suspender la Constitución vigente y disolviéndose a sí mismo, a favor de Bolívar en una hora crucial para el Perú y con el propósito de consolidar la independencia nacional. No es por tanto medida ni razón para establecer inocencias o culpabilidades penales.

La condena sin pruebas al presidente que libró a 25 millones de peruanos de la pena de muerte que los terroristas —¡no subversivos!— de Sendero Luminoso y del MRTA habían decretado y que ya habían aplicado a 25 mil compatriotas, termina por enviar un mensaje muy claro a quienes como agentes del Estado, porque solo el Estado tiene el privilegio del uso de la fuerza, están encargados de combatir al delito.

¿Habrá policía o militar que se atreva a combatir al terrorismo vinculado desde siempre al narcotráfico? ¿Qué pensarán las fuerzas del orden desplegadas hoy en el valle del Ene y Apurímac? Quizás piensen que sería mejor hacerse de la vista gorda y recibir cupos de los narcoterroristas y no enfrentarlos, porque cualquier error, cualquier exceso, cualquier acto desquiciado que pudiera cometer uno de sus miembros los convertiría a todos en una maquinaria criminal destinada a matar inocentes.

Alan García cree que ha comprado tranquilidad nombrando a una marxista en el Comité de Reparaciones, en un cargo público remunerado a la hermana de una víctima de La Cantuta —frustrada congresista y ex funcionaria del despacho congresal de un fujimorista— o haciéndose comparsa de las maniobras póstumas de la malvada Comisión de la Verdad. No se ilusione, doctor García, más temprano que tarde, y también en nombre de la “democracia”, vendrán por usted, porque quienes creen en el odio y la lucha de clases, como motor de la historia, no perdonan jamás a quienes no hacen parte de ellos.

El fin de la arbitrariedad

Por: Francisco Miró Quesada Director

Quienes desde el primer momento nos opusimos al golpe que, desde Palacio, dio Alberto Fujimori, estamos satisfechos con su condena, porque se ha hecho justicia. Precisamente, la justicia es no arbitrariedad, a diferencia de la injusticia, a diferencia de la fuerza bruta, quinta esencia de la arbitrariedad.

Dar un golpe de Estado es un delito, no solo porque rompe la normativa constitucional y atenta contra unas autoridades elegidas legítimamente, sino porque priva al pueblo de ejercer libremente sus derechos ciudadanos. Lo priva de su libertad y sabemos que un hombre sin libertad es incapaz de decidir por sí mismo qué autoridad le conviene elegir para gobernar una nación; no podrá opinar porque será perseguido por sus ideas o porque se opone a la autoridad que ya es ilegítima al romper todo pacto que garantice nuestra libertad.

La doctrina explica que todo ciudadano tiene derecho de insurgir contra una autoridad ilegítima. Este principio está considerado en la mayoría de las constituciones. Por eso muchos peruanos insurgimos, unos primero, otros después. Si no hubiera sido por esta insurgencia, hasta ahora Fujimori estaría libre, como si en su gobierno no hubieran ocurrido los feroces asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, como si en su gobierno no se hubieran perseguido, judicializado y enjuiciado a sus adversarios. Como si en su gobierno no se hubieran copado las instituciones, corrompido funcionarios, políticos e incluso algunos dueños de medios de comunicación.

Este fue el objetivo, la meta que se buscó desde que el pueblo lo eligió, el terrorismo sirvió de un extraordinario pretexto para conseguir el apoyo de una población temerosa y luego manipulada, en la mayoría de los casos, para apoyar su proyecto autoritario.

Decimos esto porque la ruptura del orden jurídico es la razón de ser para la destrucción de valores e imponer un régimen basado en el voluntarismo del líder, sus seguidores y ese entorno de adulones serviles que siempre existen detrás de los poderosos.

Sus partidarios sostenían que nadie podía gobernar mejor que él, porque nos había salvado del monstruoso terrorismo, lo que fue falso, porque después han gobernado otros, con sus defectos y aciertos, pero en libertad.

Fujimori en lugar de reconocer y ponderar al verdadero captor de Abimael Guzmán, al general Antonio Ketín Vidal, lo cambió del cargo que había dirigido con eficiencia y se atribuyó ese triunfo.

La insurgencia fue también de unos dignos militares encabezados por el general Jaime Salinas Sedó, en ese momento ya en el retiro, lo que adquiere aun mayor valor por los principios que salió a defender y por lo arriesgado de la decisión.

La sentencia del Tribunal Superior es correcta en todos sus extremos; es ejemplar, marca un hito en la historia de nuestra patria y nos enseña que nadie, por más poderoso que sea, puede estar por encima de la ley.

Los peruanos podemos empezar a confiar en la justicia. Recordemos que la dictadura, por ser arbitraria y asimétrica, es la forma de gobierno más despreciable.


el comercio

Una sentencia justa y severa que debe acatarse

PENA MÁXIMA SIENTA PRECEDENTE HISTÓRICO

Con la sentencia de ayer concluye la primera parte del largo e histórico proceso de enjuiciamiento a un ex presidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori, que llegó al poder por la vía democrática, pero que, por decisión propia, se convirtió en dictador.

El histórico fallo es, ante todo, producto de un proceso judicial que oportunamente las partes (civil, defensa, Ministerio Público y Estado) consideraron impecable. Por lo mismo, la resolución de ayer debe entenderse no solo como legítima, sino también acorde a derecho y justa.

Sobre la legitimidad, es absolutamente claro que el tribunal, presidido por el doctor César San Martín e integrado por los doctores Hugo Príncipe y Víctor Prado, reunía todas las condiciones que, sobre las garantías constitucionales, establece la Carta Magna de 1993, promulgada durante el gobierno de Fujimori. Estos magistrados han sido jueces naturales, vocales de la Corte Suprema a quienes correspondía el enjuiciamiento de un ex mandatario.

La defensa de Fujimori, por su parte, ha podido presentar los descargos y pruebas previstos en el Código de Procedimientos Penales. Asimismo, no fue coartado el derecho del acusado a hacer su propia defensa y alegato final.

Abona también a la legitimidad del proceso el que haya sido público, con presencia de observadores nacionales e internacionales, familiares y hasta partidarios.

Sin embargo, el proceso no ha concluido aún, pues, como lo ha pedido el propio acusado, corresponde dar trámite al pedido de nulidad ante la Corte Suprema.

Desde la perspectiva del Derecho, al ex presidente Fujimori se le ha juzgado por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, lo que ha quedado demostrado por la teoría de autoría mediata y de dominio de hecho, tipificada en el corpus penal.

Y la única mención que se ha hecho de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es para señalar que sus aportes sirven para la contextualización, mas no para el juicio en sí mismo.

Esta probidad de los jueces, que no se han apartado del espíritu de la norma ni de la recta interpretación de conciencia, demuestra que la justicia peruana no se ha guiado por aquello que, con error y grosería, la defensa ha llamado “juicio mediático”.

Desde el punto de vista de la justicia, la conclusión es clara: la involución de un ex presidente cuyo mandato nace de las ánforas, para convertirse en autócrata, luego en dictador y después, como lo dice la sentencia, en asesino, exigía sanción ejemplar.

Esta se ha dado, en lo judicial, por la vía penal, pero también en lo ético y en lo moral, pues la prisión dictada marca un precedente de que la violación de los derechos humanos no debe quedar impune.

Pero, la dimensión de la justicia se da también en otros niveles. A Fujimori se le reconoció el derecho a ser precalificado por la Corte Suprema de Chile, con lo que el Estado Peruano debió soportar un complejo proceso de extradición, por el cual muchos delitos no han podido ser procesados acá.

Ahora bien, la aplicación de la justicia no se restringe solo a Fujimori. La sentencia precisa que fueron él y un grupo de funcionarios, así como militares corruptos y desvirtuados, los responsables de los crímenes. Esto significa que no fueron las instituciones de las Fuerzas Armadas las responsables. Entender esto es vital para promover la recuperación del respeto que los peruanos debemos a las instituciones tutelares.

En cuanto a las reacciones, tal como hemos dicho ya, lo que corresponde ahora, pese a quien le pese, es acatar la sentencia y respetar el procedimiento final de la petición de nulidad que ha planteado la defensa.

Por supuesto, es comprensible que en la dimensión humana los familiares y seguidores de Fujimori puedan sentirse dolidos e incómodos. Pero, aun entendiendo eso, nada justifica que pretendan desconocer lo actuado y menos que convoquen a manifestaciones y actos violentos.

Peor todavía si la hija del ex dictador, Keiko Fujimori, es congresista y pretende ser candidata presidencial. Si ella alienta actos de rebeldía, inmediatamente se descalifica como demócrata y como ciudadana respetuosa de la ley. Frente a un fallo judicial producido en un régimen democrático, quien no lo acate se convierte, en términos políticos, en cómplice del sentenciado.

Finalmente, no deja de ser paradójico que la defensa de Fujimori anuncie que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, a esa misma instancia que fue desconocida por el régimen fujimorista cuando los deudos de las víctimas acudían a la jurisdicción internacional con la esperanza, ni siquiera de encontrar justicia, sino de plantear medidas cautelares que preservaran sus vidas.

EL COMERCIO

Las noticias según Federico

Buenos Días, soy Federico Salado y esto es América Televisión; estas son las principales noticias: “Se necesita una firma en cemento fresco para culpar a Fujimori por la masacre de La Cantuta y Barrios Altos” –si es posible, enmarcado, pulido y resaltando el DNI del oriental-. Pasa a comerciales. Regresa la señal: “Son exactamente las 9 a.m. del martes 7 de abril y soy amiguísimo de Bayly, de los últimos días de la prensa, por eso los dos vamos por Keiko y alineamos ahora rico”; respira hondo, se sostiene en su pechito fuyitatuaje y prosigue: “Ese diablo nos tienta’ fue mi última columna escrita en La República; pero me referí a esa legalidad tipo Valle Riestra, con un poquito de Saravá y las dos marthas bien ahí”; (Más comerciales; patrocinadores de alto vuelo en la mano callosa de Plural TV); ahora blande amenazadoramente su tabique contra el atemorizado camarógrafo: “Cualquier interpretación de los jueces, respecto a la culpabilidad de Fujimori, es menos válida que un arroba de Nakazaki”; “Ah, no, no se vale la acusación al chainis del ex jefe nominal del SIN, Julio Salazar Monroe”- opina; se agrandó-; “tampoco la de Gorriti; menos el Dyer”. “Y el cabecilla del Grupo Colina, Martin Rivas, se retractó”; por último: “Durante la década de la infamia vengo siendo el presentador de noticias más sintonizado; bajo los Crousillat, los mismos que recogieron con lampa miles de dólares que regaló Montesinos; pero yo presentaba nomás, a mí no me digan nada, aunque este recordatorio (esta columna) también sea Museo de la Memoria”. Y más: “En la dictadura me quedé siempre calladito y ahora hablo como descosido”. “Estas fueron las noticias del día de hoy, en mañanero sepulcral, con ustedes, fue Federico Salado; será hasta el día de mañana, donde seguramente tendré un televidente menos por opinar ‘legalmente’ a la manera de los noventas”.

Sentencia condenatoria

Heriberto Manuel Benítez Rivas


El Estado Constitucional de Derecho y la democracia se fortalecerán, siempre y cuando, el Poder Judicial dicte una sentencia condenatoria respecto a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Barrios Altos y La Cantuta, donde existe una evidente responsabilidad penal del ex jefe de Estado, Alberto Fujimori. En ese sentido, es necesario precisar que al acusado no se le imputa ser autor inmediato, ni haber efectuado disparos con arma de fuego, ni que haya clavado un puñal a las víctimas, ni que haya realizado algún tiro de gracia; tampoco, se afirma que haya rociado el combustible en los restos humanos y prendido fuego, ni que haya realizado las excavaciones para ocultar los cuerpos, menos aún, que conducía alguno de los vehículos que incursionó en el campus universitario, en horas de la madrugada y secuestró a nueve alumnos y un profesor de la Universidad Nacional “Enrique Guzmán y Valle”.

Alberto Fujimori es acusado por ser autor mediato de graves delitos. Esta figura está descrita en el Código Penal como él que realiza un hecho punible, por medio de otro o sea lo ejecutan terceros pero con su aceptación, autorización verbal y pleno conocimiento; por ello, debe ser condenado. Item más, ofrece impunidad a los autores directos, la realización de un falso proceso sumario en el fuero castrense, un breve tiempo de reclusión militar con beneficios, garantizándose el olvido y perpetuo silencio de lo acontecido. Todo se cumplió ad pedem litterae. Pero como no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, la coartada criminal de Fujimori se destruyó y derrumbó; al verse descubierto, huyó cobardemente hacía Japón, renunció al cargo por medio de un fax, abandonó a sus seguidores, buscó protección mafiosa, extrañamente contrajo nupcias y hasta pretendió ser parlamentario nipón. Tuvo que ser capturado en Chile y extraditado para ser juzgado; nunca se puso a derecho. Ahora está recluido y procesado; su alegato lo convirtió en un mensaje a la Nación, lanzando la candidatura de su heredera como postulante a Palacio de Gobierno, para recibir la posta de Alan García, tal como ocurrió en 1990.

La población espera una sanción ejemplar; todo está en manos de la Sala Penal Suprema que se ha comportado de manera impecable, respetando el debido proceso legal y las garantías judiciales. El Ministerio Público, como titular de la acción penal pública y defensor de la sociedad, ha solicitado 30 años de prisión; sin embargo, es necesario recordar que legalmente sólo se puede aplicar las normas vigentes al momento que sucedieron los hechos criminales. En 1991, el artículo 29º del Código Penal establecía que la “pena privativa de libertad tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de veinticinco años”. Aquel cuerpo legal aún no incluía la circunstancia agravante por la condición de funcionario público del autor, que faculta al juzgador a incrementar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado.

De película

La cultura de la coca y el tarantinismo sin regulación alguna han logrado que en Estados Unidos se mate tanto en la vida real como en las películas.

Matan en los cines donde hay gente viendo matar y entran los maridos desalentados al dormitorio, donde la mujer está viendo una película en la que se mata sin cesar, y mata a la mujer y mata a la película y se mata él mismo en un gesto de redundancia pero también de plenitud.

Las pantallas no paran de mostrar gente que mata por placer y en las calles los operadores de la muerte que clonan al cine creen estar filmando su propia película, editada a balazos y terminada para siempre. Matar a muchos es la inmortalidad de los canallas. Pero ese “heroísmo” depravado es un préstamo tomado de la pantalla.

Pier Paolo Pasolini decía que la muerte funcionaba como edición porque con su llegada todos los fotogramas de la vida encontraban el orden que habían estado buscando y cada episodio ocupaba el lugar que le correspondía.

Ahora esa intuición genial del italiano se está cumpliendo de la manera más brutal en el país que ha hecho del culto de la muerte un rubro de exportación de seis mil millones de dólares.

Matan en las películas y matan en la TV. En las películas matan tan bien y con tanto detalle y tantos muñones que las muertes parecen de verdad. Y la televisión publica tanta muerte de veras que ya parece mentira.

Estados Unidos manda matar para prevenir que otros maten y dice que así lucha contra el terrorismo. Y cuando los israelíes, tan aliados y a veces tan asesinos, matan en Gaza con la ira de Dios en las cacerinas y el grito de la tierra prometida en cada cohete, parece que se tratara de la misma función: el continuum de una sola muerte en versión de Cecil B. de Mille, lunes entradas 2x1.

En las películas de hoteles jaqueados por un asesino serial la muerte llega tan de sorpresa como cuando un desempleado del medio oeste entra a la que fue su oficina y mata a nueve con la precisión de Steven Seagal y las movidas felinas de Jean Claude Van Damme.

Y cuando el cable se ensaña mostrando mil veces, casi en cada corte promocional, a una gacela derribada por un león hambriento no es que nos quiera enseñar ciencias naturales. Lo que quiere es que hociquemos y caigamos vencidos ante el manjar irresistible de la muerte.

Ningún país ha amado la muerte tanto como los Estados Unidos. Y nadie ha hecho tanto por el prestigio de la muerte y la alabanza del asesinato, como Hollywood.

Me dirán algunos que calumnio a los Estados Unidos diciendo esto. No lo creo.

Es cierto que Wilson fue aislacionista al comienzo de la primera guerra mundial. Pero miren qué bien lo hizo cuando se animó. Y ya no hablemos de la faena estadounidense en la segunda guerra mundial –para no recordar la matanza de Virginia en la guerra de secesión-.

Y, claro, están los tres millones de vietnamitas. Y la creación, por responsabilidad mediata, de Pol Pot, que jamás habría llegado al poder si los Estados Unidos no le hubiesen mostrado a los camboyanos el infierno del napalm y el poder desertificador del agente naranja.

Como sea, Estados Unidos ya parece una película B, un reality hemorrágico, un thriller en tiempo real, un episodio de su política en el medio oriente, un rodaje donde el encargado de las armas ha puesto balas de verdad, un contrapicado de huesos, un cementerio para youtube, una pesadilla en la que un hombre mata a sus cinco hijos y el otro fulmina un cumpleaños y un tercero se deshace del mal recuerdo matando a la familia entera de su ex suegra, vaya terapia radical.

De continuar las cosas así, las fronteras estadounidenses serán esas cintas amarillas que dicen crime scene. Y la Casa Blanca se mudará a Los Ángeles.


cesar h.

Crimen con castigo

En el país y en el mundo se espera con expectación la sentencia que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema debe dictar hoy contra Alberto Fujimori por algunos de los muchos crímenes que cometió antes de renunciar, por fax y en refugio seguro, a la presidencia de la República.

Una amplia mayoría de peruanos considera que Fujimori es culpable de violación de los derechos humanos y de actos graves de corrupción. Esa es la percepción colectiva, que se refleja en reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica.

La encuesta, que se realizó en Lima Metropolitana el 27 y el 28 de marzo, revela que la vasta campaña mediática a favor de Fujimori, que ha tenido desvergonzados voceros en Canal 7 -el Canal del Estado- y en casi todos los grandes medios, no ha perturbado el juicio de los ciudadanos.

Nunca hubo en el Perú un proceso como éste.

Podría encontrarse un paralelo con el de Augusto Bernardino Leguía, cuando fue despojado de la presidencia por el golpe militar del comandante Luis M. Sánchez Cerro.

Ese derrocamiento fue impulsado por un vasto rechazo a la dictadura del gobernante de las reelecciones sucesivas, culpable de prisiones, torturas, destierros y represión despiadada contra los opositores y los sindicatos. Leguía era, por añadidura, servil frente al amo imperialista y apañador de la corrupción de su entorno, en particular su insaciable hijo Juan.

Pero el trato que padeció el ex dictador, gravemente enfermo, fue cruel.

Distinta ha sido la conducta con Fujimori. Ha gozado de una suerte de residencia palaciega, donde, como lo demostró nuestro diario, recibía visitas de familiares, conmilitones y ciertas amistades hasta la medianoche.

La defensa de Fujimori no ha podido ser más libre y amplia. No sólo César Nakazaki, su abogado, se ha despachado a su gusto. La autodefensa del ex dictador ha sido transmitida por una cadena universal, los entrevistadores de radios y TV se han esforzado en su oficio de cajas de resonancia del hombre que se enriqueció en el poder.

Nunca, nunca, en lo que va de la historia de la TV y la radio en el Perú, ha habido campaña como ésta, en favor de un hombre que destruyó instituciones, mancilló a las Fuerzas Armadas, vilipendió a la prensa opositora y favoreció los negocios narcos de Montesinos.

El hombre que ocultó la venta de armas chilenas a Ecuador durante el conflicto del Cenepa, el que malbarató la propiedad pública e hizo esfumarse los dineros de esos negociados, el que aumentó la pobreza y despojó a millones de derechos laborales, no merecía trato tan cortés.

Merece, sí, la complicidad abierta de la cúpula aprista.

Pero, en fin, ha sonado la hora de que la justicia lo condene por los crímenes que ordenó a través de su fiel portavoz y secuaz, Vladimiro Montesinos.

Camarón que se duerme...no crece

Es seguro que, luego de que se dicte sentencia hoy en el juicio a Fujimori, el debate político será dominado por el caso durante un buen rato. Por ello, antes de que eso ocurra, sería bueno recordar el tema económico para no olvidarlo, dado que continúan siendo decepcionantes los resultados en lo que va del año.

Para empezar, el crecimiento del primer trimestre ha sido bastante más bajo que lo esperado y es probable que no haya llegado ni a 3%. Las causas de la desaceleración fueron una inversión privada deprimida por la gravedad de la recesión en el exterior y por la frenada en el gasto público que se aplicó en la segunda mitad del año. Para contrarrestarla, el Gobierno anunció un plan anticrisis, que buscaba revertir la caída en las expectativas empresariales y aplicar un estímulo fiscal. Sin embargo, en algunos sectores parece que existiera letargo y, hasta el momento, no han logrado implementarlo. La baja ejecución de la inversión en las entidades del Estado, a marzo, es una confirmación de que, pese a la preocupación por acelerar el gasto, este continúa trabado. Una manera de acelerarlo sería agilizar el mecanismo de pago de impuestos en obras, para lo cual habría que simplificar el engorroso reglamento que se ha publicado.

Pero no solo se requiere aumentar el gasto público. Es necesario también mantener los niveles de consumo privado, al ser poco probable que en el próximo par de años haya utilidades para aumentar los salarios. En la mesa, esta semana, hay dos propuestas: una para aumentar en 750 soles mensuales el monto no tributable de los salarios y, la otra, para retornar el IGV al nivel de 18% que se tuvo durante muchos años. De las dos, ya que el Fisco no podría soportar el impacto de ambas medidas ante la caída en la recaudación, yo me inclinaría por aumentar el monto a partir del cual empieza a tributar el trabajador. Incluso, esta propuesta tiene la ventaja de poder ser implementada en etapas para ir, gradualmente, aumentando la disponibilidad de recursos para el asalariado. Con ello no solo se aumenta el consumo sino también se haría justicia, ya que sería la primera vez, en muchos años, que el sufrido contribuyente que está en planilla vería reducida su carga tributaria, con lo cual la medida ayudaría no solo a la reactivación sino que, también, haría más atractiva la formalización.

Pueblo fujimorista rechazará condena en todos los terrenos

Aguinaga advierte que tribunal se ha sometido a poder mediático

El pueblo fujimorista no aceptará una condena de prisión efectiva contra el ex presidente Alberto Fujimori y responderá la injusta medida del tribunal en todos los terrenos, denunciando a los vocales supremos por el delito de prevaricato en las instancias legales, las calles y los foros internacionales, dijo el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga.

El legislador lamentó que los magistrados del megajuicio hayan cedido a las presiones de las llamadas ONG de derechos humanos y determinados medios de comunicación que conforman el llamado poder mediático y estarían condenando a Fujimori a por lo menos 15 años de prisión efectiva.
Aguinaga remarcó que, según fuentes confidenciales, que se excusó de identificar, el colegiado de vocales a cargo de la sentencia, conformada por César San Martín Castro, presidente, y los vocales Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, en el texto de sentencia se habrían apartado del mandato de la sentencia de extradición que ordena el juzgamiento de Fujimori por homicidio calificado en los casos de Barrios Altos y La Cantuta para condenarlo por el delito de omisión.

“También se estarían apartando del texto mismo de la acusación del Ministerio Público, que literalmente denuncia al ex mandatario Fujimori de ser autor de una guerra sucia, haber dirigido el llamado grupo Colina y haber dado las órdenes para la ejecución de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, es decir por homicidios y en ninguna parte del texto aparece la mención de homicida por omisión”, dijo.

Recordó que la denuncia fiscal contra Fujimori fue en un comienzo evaluada por el abogado César Azabache, quien oportunamente escribió que la Fiscalía se había impuesto una valla imposible de cumplir al acusar a Fujimori de la comisión de homicidio, porque se trataba de un cargo, a su criterio, imposible de probar.

“Pero ahora este articulista reconoce que ha sido imposible de probar la comisión directa, por lo que corresponde sentenciar por homicidio por omisión, negándose a reconocer que este no es el cargo por el que se le extraditó de Chile a Fujimori y tampoco es el cargo por el cual está denunciado por el Ministerio Público”, acotó.

Seguidamente advirtió que el megajuicio, como ningún otro proceso judicial de la historia peruana, ha experimentado una grosera intervención de las llamadas ONG de derechos humanos internacionales, convertidas en las verdaderas instigadoras y financiadoras del megajuicio, correspondiéndole a la Aprodeh cumplir el papel de coordinador local, con el agravante de que todo esto ha sido permitido por los vocales de la sala penal suprema que ha juzgado a Fujimori.

La prueba, agregó, de que esta intervención se ha producido está en el reconocimiento que acaba de hacer en Lima el coordinador para América Latina de Amnistía Internacional (AI), Hugo Relva, al admitir que AI contribuyó económicamente con la parte civil en el proceso contra el ex presidente Alberto Fujimori.

“El pueblo peruano ha sido testigo de cómo supuestos peritos internacionales, que han intervenido en juicios de etnocidio y genocidio en países africanos, y en el procesamiento de la junta militar argentina, fueron traídos con gastos pagados por las ONG locales para decirle al colegiado de San Martín Castro cómo deben sentenciar al ex presidente y esto lo han hecho a vista y paciencia de todo el mundo”, subrayó.

A la hora señalada...

A la hora que usted lea estas líneas ya se habrá producido el desenlace en esa farsa llamada megajuicio, que, como apuntó con acierto José Luis Sardón en su columna de Perú21, a nada bueno conducirá porque se juzga lo ocurrido solo a la luz de principios jurídicos de pretendida validez universal, ignorando el contexto histórico en el que dichos hechos ocurrieron.
Inútil pues a estas alturas especular o dárselas de vidente. Mejor, mientras el caviaraje prepara su fiesta, reproducir algunos comentarios de anónimos cibernautas, colocados ayer en la página web de RPP. Reflejan lo que siente el ciudadano de a pie al respecto, y que está a años-luz de los tópicos de la progresía.


Dice uno: “Qué impotencia me da saber que el hombre que salvó al Perú va a ser condenado por defendernos, y todo promovido por la misma gente que hundió al país y no hizo nada cuando las papas quemaban. Le agradezco a Fujimori el ya no tener que andar a partir de las 11 p.m. con la luz prendida dentro del carro a 20 km por hora y ondeando mi calzoncillo por la ventana como bandera blanca debido al toque de queda”.

Otro: “Es lamentable que los peruanos no tengan memoria. Yo tengo 35 años, viví en carne propia la necesidad de hacer cola para tener un kilo de azúcar, cómo en los cerros estaban las banderas rojas de Sendero y en la universidad las ‘aulas populares’. ¿Quién ponía remedio a eso? Nadie. El Perú se estaba perdiendo en el más profundo abismo”.

Y siguen: “Las nuevas generaciones deben saber quién fue el responsable de acabar con esa lacra del terrorismo. Tenía amigos de mi edad que eran hijos de policías y veía cómo eran muertos cobardemente por esos terroristas, quién se acuerda de ellos que son miles de miles, quién hace justicia con ellos. Ahora el que fue el autor de la pacificación está siendo juzgado. Es de Ripley, lamentablemente. A mis hijos les hablaré lo que fue realmente la historia de mi país, no como lo ilustran en los libros. Y la Historia va otorgarle a Fujimori el pedestal de honor que se merece por todo lo que hizo por el Perú”.

Y finalmente otro más (que de paso critica las declaraciones de ayer de Alan García y coincide con el pronóstico de esta columna): “No debe olvidarse que luego de ungir a San Román como presidente, todos los grupos políticos, incluido el APRA, lo abandonaron. Luego, que hubo elecciones al mal llamado Congreso Constituyente Democrático avaladas por la OEA. Y elecciones libres en 1995. Con observadores internacionales y todo. García ya perdió los reflejos y lo que debe hacer es prepararse para cuando lo lleven a él, sin pruebas, a la celda que compartirá, de darse un fallo aberrante, con el presidente Fujimori”.


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Se abre más la boca del cocodrilo

El INEI acaba de colgar en su portal internet las Cuentas Nacionales del 2007. Y los resultados confirman que el crecimiento económico de 45% del PBI del 2002 al 2007 ha continuado concentrando el ingreso nacional.

En efecto, en ese periodo, los salarios disminuyeron del 25% del PBI en el 2002 (cuando comienza el boom) al 21.9% del PBI en el 2006, cifra que no mejoró en el 2007. O sea que los salarios han perdido 3.1% del PBI en estos años.

El exacto inverso le pasó al excedente de explotación (1), que del 2002 al 2006 aumentó de 58.7% a 61.9% del PBI y el 2007 llegó a 62.1%. La ganancia del excedente de explotación fue 3.4% del PBI. A esto le hemos llamado las tijeras de la desigualdad o “boca de cocodrilo” (ver “Salarios y PBI 2006”, www.cristaldemira.com, 12/11/2007).

En valor monetario, la pérdida salarial es inmensa: el PBI del 2007 fue S/. 410,939 millones. Con el 30.1% (como en 1991) los trabajadores habrían recibido S/. 123,700 millones. En cambio, con el 21.9% del 2007 solo reciben S/. 90,000 millones, es decir, S/. 33,700 millones menos. Pero los empresarios en el 2007 reciben S/. 38,600 millones más en el 2007 que en el 2001 por su 3.4% del PBI adicional.

Esto no sucede en otros países de América Latina, donde el crecimiento económico aumenta la participación de la masa salarial en el PBI. En Argentina y Brasil, este aumento –que es sinónimo de mayor igualdad– es un objetivo de la política económica.
Pero en el Perú la participación de los salarios en el PBI viene bajando desde hace 30 años. El “gran hachazo” lo dio la hiperinflación del primer gobierno de García: los salarios quedaron en solo 32% del PBI. Después, el fujishock de agosto de 1990 produjo otro agudo bajón de 1991 a 1993.

Durante los años de crecimiento económico se prometió a la población que ya venía el “chorreo”, que había que ser “pacientes y tolerantes”. Mientras tanto, se mantenían invariables las leyes antilaborales promulgadas después del autogolpe del 5 de abril del 92: allí nacieron los “services”, se anularon muchos derechos laborales y se hizo casi imposible la sindicalización.

Esta legislación proempresarial continuó bajo Toledo y ahora, el Decreto Legislativo 1086 (Ley Mypes) del 2008 amplía la definición de pequeña empresa, la misma que tiene un régimen laboral más “flexible”: así, una gran cantidad de trabajadores ya no percibe 14 sueldos y se recorta la gratificación y las vacaciones. A lo que se agrega que no se quiere aplicar el gatillo del salario mínimo vital de apenas S/. 27/mes ni, menos, elevarlo de S/. 550 a 750/mes para reactivar la economía, como pide la CGTP.

¿Qué se puede esperar? Peor de lo mismo: en el 2008 continuará la concentración del ingreso. La consultora Gerens nos dice que la rentabilidad empresarial fue 16.6% en el 2008 (muy superior a los otros países de la región), mientras que los salarios siguieron estancados. En el 2009, con la crisis económica internacional han comenzado los despidos masivos y no hay seguro de desempleo para los 200,000 desempleados de mayo-junio que anuncia el propio García.

No queda duda de que el fujimorismo económico “recargado” de este gobierno seguirá ensanchando la boca del cocodrilo.

(1) Según el INEI, el Excedente de Explotación comprende las ganancias empresariales y el ingreso de los independientes por el trabajo por cuenta propia.

El porvenir de la pesadilla fujimorista

Por Mirko Lauer

La defensa política de Alberto Fujimori y varios de sus seguidores se ha centrado en la presentación de sus 10 años como un tiempo pasado en que todo fue mejor. Además han apuntado a un porcentaje de los encuestados que piensa más o menos así. Lo cual abre la cuestión de qué sucederá con el fujimorismo en las próximas elecciones.

Para que ese proyecto prospere se necesitaría algo más que las simpatías actuales, ubicadas por debajo del 20% de la intención de voto. Se necesitaría que la derecha, la electoral y la económica, se convenza de la conveniencia de un gobierno criptogolpista, con un discurso autoritario y un ánimo revanchista contra pueblos, partidos e instituciones.

Pues el fujimorismo en las actuales condiciones representa una división de la derecha, entre un pensamiento liberal y un pensamiento autoritario. En uno de los escenarios posibles los candidatos de cada tendencia competirán por ser el que intente frenar al candidato de la protesta social en la segunda vuelta.

Sin embargo no todos los actuales votos del fujimorismo están en la derecha, en un sentido amplio, sino dispersos por todo el archipiélago de las ideologías formales. Keiko Fujimori en abstracto sin duda representa hoy una narración mediática más atractiva que las demás. Falta saber todavía cuán política puede ser esa narración.

En otras palabras, ¿puede la Sra. de Villanella recuperar los votos que el fujimorismo perdió a manos de Ollanta Humala en las pasadas elecciones? Una parte depende de Humala y su planteamiento de un frente de izquierda para el 2011. La otra parte depende de los hábitos del electorado, y su conocido gusto por reelegir o por elegir candidatos nuevos.

Las perspectivas del fujimorismo no son tan rosadas rosado como ellos las pintan. Su candidata está en el grupo de punteros, pero es la única que está haciendo campaña en serio y con recursos económicos serios. Una campaña con el suelo parejo probablemente revelaría rápido las profundas diferencias de capacidad entre el papá y la hija.

El fervor fujimorista de estas semanas está directamente vinculado a la lucha por la libertad de su líder, una tarea que siempre se presenta en blanco y negro. Pero qué piensan hacer en un país donde SL ahora no es una amenaza tan grande y no hay hiperinflación es un misterio, y ese hueco negro no dejará de reflejarse en una campaña electoral.

Luego está el tema, ya mencionado en esta columna, de si el fujimorismo puede garantizar una conducta democrática desde el gobierno. No parece tener muchas ganas de hacerlo, y por el momento ni siquiera está garantizando que Vladimiro Montesinos no vuelva a hacerse del control de la Fuerza Armada y del Poder Judicial.

Momento histórico

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Todos debemos respetar la sentencia de hoy

La foto de hoy en la Diroes, cuando el magistrado César San Martín lea la sentencia frente a Alberto Fujimori sentado en el banquillo del acusado, dará la vuelta al mundo inmediatamente en la web, mañana será portada de todos los diarios nacionales, de varios de otros países, y ningún peruano podrá olvidarla.

No habrá momento más crucial ni con más implicancias políticas futuras, en todos los juicios de Fujimori, que el de esta mañana. Las partes podrán apelar el fallo, pero es difícil imaginar que la siguiente instancia vaya a modificar su sentido, convirtiendo una condena en absolución o viceversa.

El fallo de hoy corresponde a uno de los tres juicios que se le sigue a Fujimori, dentro de los límites fijados por la extradición de la justicia chilena, pero este será, por su naturaleza vinculada a derechos humanos, es decir, a la vida, el más importante y con mayor incidencia local e internacional.

Todas las fases del procesamiento judicial de Fujimori son importantes, además, pues están permitiendo a los peruanos una catarsis de los turbulentos años noventa. Pero ninguno lo será como el de esta mañana. Hoy es, por tanto, un momento histórico que se recordará mucho tiempo después, y que los libros de historia consignarán de manera destacada.

Lo más probable es que –con toda justicia– hoy Fujimori será condenado. Este hecho será otra característica fundamental de la sentencia de esta mañana, pues transmitirá un mensaje claro a los poderosos que, como siempre en el país, les gusta ejercer sus cargos con arrogancia, prepotencia y poco cuidado por la gente, creyéndose intocables. El mensaje de que esto puede empezar a cambiar será lanzado esta mañana.

Asimismo, los peruanos hemos tenido la oportunidad singular de asistir a un juicio ejemplar llevado con mucha profesionalidad. Desde el tribunal de César San Martín, Hugo Príncipe y Víctor Prado; los fiscales –José Peláez y especialmente Avelino Guillén, quien tuvo un papel descollante–; los abogados de la parte civil –Ronald Gamarra, Carlos Rivera y Gloria Cano–; y el de la defensa, César Nakazaki, quien dio un ejemplo de cómo hacer una defensa profesional sin contaminarse del carácter político de su cliente, pues siempre pareció un abogado, no un fujimorista. Fue un gran juicio.

Debo confesar que, cuando Fujimori estaba en Japón, hubiera apostado, a ojos cerrados, a que este día nunca llegaría. Pero todo tiene su final. El proceso fue largo, pero los peruanos podemos estar orgullosos de haber tenido un juicio ejemplar. Ojalá que hoy tengamos una gran conclusión cualquiera sea la sentencia. El fallo debe ser respetado por todos, nos guste o no nos guste.

Museo en Ayacucho

Nos corresponde, como medio de prensa crítico, fiscalizador, democrático e independiente, vigilar que el denominado museo de la memoria no sea –en forma o fondo– utilizado por la misma elite politizada que lo proyectó hace años bajo el empaque de “reparaciones simbólicas”, como figura en la conclusión 167 del informe final de la CVR.

Si bien los autores intelectuales del museo de marras aducen que existen similares museos en Japón o Alemania –para recordar a sus visitantes las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, y lo propio quieren para el país, por supuesto equivocadamente porque existen enormes diferencias entre la guerra de un Estado contra otro y los ataques terroristas sin enemigo identificado que vivió nuestro país–, la lógica aconseja que el lugar más adecuado para los fines de una fuente del recuerdo de lo que fue ese período negro de nuestra historia, es la ciudad de Ayacucho, tierra que fue donde se originó la acción subversiva y sufrió la reacción de quienes quisieron combatirlo.

En esa ciudad apareció la ILA (inicio de la lucha armada) de Sendero Luminoso, y más precisamente, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga anidó en la década de los sesenta y setenta el conjunto más ideológico, fanático y fundamentalista de nuestra vida republicana. Por tanto, el museo de la memoria debería ser testimonio vital para que nunca más los habitantes de Ayacucho presten oídos o su concurso a ningún plan –armado o no– para tomar el poder. Es más, recordemos que la cúpula pequeño-burguesa de Sendero Luminoso fue ayacuchana. Y que fue allí donde los ciudadanos, comuneros y ronderos rechazaron en forma ejemplar la doctrina genocida del llamado “presidente Gonzalo”.

Además, en la edición de EXPRESO del 1 de abril recogimos las declaraciones del presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina, quien a pocas horas de conocerse la conformación de una Comisión de Alto Nivel del Museo de la Memoria, exhortó a que éste se construya en su región, pues considera –con justicia– que allí se registró la mayor cantidad de víctimas de la violencia terrorista nacional. Una semana después, comprobamos que esa propuesta ha encontrado eco entre los ciudadanos, ex militares, ex policías, ex miembros del Poder Judicial ayacuchanos. Es decir, de gente que vio de cerca la insania terrorista que la agredió criminalmente, incluyendo a alcaldes, regidores, gobernadores, dirigentes políticos, quienes fueron sus primeras víctimas. También hay congresistas que han mostrado su conformidad con la instalación de aquel museo en Ayacucho.

Confiamos entonces que en el seno del grupo de personas responsables del proyecto haya eco frente a este pedido. Porque no se trata de imponer la ubicación del museo de la memoria en Lima. Hacerlo sería una visión centralista, costeña y citadina que en nada contribuiría a los objetivos supuestamente buscados. Asimismo, no hacerlo sería desconocer que se requiere de una presencia directa y fuerte del todo el país en la sociedad ayacuchana, ya que allí fue donde –por su lejanía y olvido de la capital– los senderistas –quizá el más letal de los grupos terroristas del mundo– vieron que se reunían las condiciones para ser el terreno ideal de sus ideas trasnochadas y criminales.

Responsabilidad del G-20

Este 2 y 3 de abril se reunieron en Londres los gobernantes del denominado G-20, es decir los mandatarios de los 20 países con las economías más grandes del planeta. Pero como suele suceder en toda cumbre, los discursos protocolares, las sesiones fotográficas y las expectativas son generalmente más ruidosas que la voluntad política para encontrar alternativas viables y duraderas frente a los problemas globales, en especial a la recesión que se cierne por doquier. Y si bien no ha sido malo el resultado –inyección de 1 billón de dólares a organismos multilaterales para aumentar líneas de crédito, impulsar el comercio exterior e imponer sanciones a los paraísos fiscales que rehúsen dar información clara a los gobiernos–, hubiese sido mejor no olvidar temas complejos que, lamentablemente, las principales potencias acostumbrar soslayar. Por ejemplo, un compromiso para evitar llevar al mundo a aventuras militares, invadiendo naciones; o alentar industrias militares que listan sus acciones en bolsa, y que para ello estimulan conflictos armados –existentes o eventuales– como mercados de la muerte. En ese sentido, foros como el G-20 deberían ser espacios menos hipócritas, con mayor razón ahora que estamos en circunstancias críticas. No basta pues que el presidente de la nación más poderosa del mundo, quizá alicaída pero no exangüe, dijera que la cumbre de Londres ha sido un “hito” en la lucha contra la crisis económica si se siguen inflando sospechas para justificar nuevas incursiones bélicas multimillonarias como las de Afganistán e Iraq. Para nadie es un secreto que esas guerras tienen un altísimo costo que, en rigor, hipotecan a las generaciones futuras.

EE UU es gran responsable de la crisis actual del mundo. Comenzó gastando cerca de un millón de millones de dólares en las aventuras de Iraq y Afganistán. Y acaso por ello –en adición al asunto de los “activos tóxicos” generados a partir de los créditos hipotecarios subprime– es que el presidente Obama dijo tras llegar de Londres, Inglaterra, a Estrasburgo, Francia, que EE UU había actuado en forma “arrogante al no reconocer el liderazgo mundial de Europa”. En ese sentido, ese tipo de foros debería servir más bien para que sus miembros evalúen críticamente las aristas del crack mundial y amonesten a toda nación enfrascada en pulseos bélicos. Por ejemplo cuando Rusia reclama a EE UU su afán por instalar un sistema de defensa antimisil en República Checa y en Polonia. O cuando algunas potencias protagonizan jugadas calculadas para hacer ingresar a la OTAN a países que histórica y geográficamente jamás estuvieron enclavados en Europa. O cuando Moscú anuncia que potenciará su industria militar a gran escala, a la que lógicamente se suman otras fricciones como las de Corea del Norte con Corea del Sur y Japón.

Es necesario hacer un llamado a los principales Estados que lo componen para que actúen con madurez. Porque los mercados, en especial los bursátiles, necesitan tranquilidad y confianza. No se trata de decir, por un lado, que el G-20 declaró la muerte al “consenso de Washington”, o de afirmar que ha quedado reestructurado el sistema financiero mundial. Es imperativo que las naciones que integran ese cenáculo den un paso adelante en relación a sus verdaderas intenciones de cara al porvenir. De lo contrario sólo habremos salido, por hoy, de los “activos tóxicos” pero no acabado con otra causas de la desconfianza y del déficit económico como son las guerras.

¿A la tercera va el contralor?

Por: Mariella Balbi Periodista

La política peruana cuenta con varios cotos de caza que se repiten a lo largo de la historia: el ya resuelto conflicto con el Ecuador ocupó ¡más de 50 años nuestra atención! Opiniones, muchísimas páginas de publicaciones, comentarios y enervamientos acompañaron la vida nacional. Ahora queda el impasse con Chile sobre los límites marítimos, todos esperamos que tenga el mismo final que lo ocurrido con el vecino del norte. Internamente, la marcha azarosa y deficiente del Poder Judicial y del Congreso son temas recurrentes, es inevitable no ocuparse de ellos. Cuando se tuvo que nombrar al defensor del Pueblo, la falta de consenso fue un karma, el Parlamento baloteó y maltrató a varios candidatos. Igual pasa con la necesaria designación de un nuevo contralor.

La pequeña historia enseña que sin un acuerdo previo cualquier candidato saldrá bien chamuscado. En estas circunstancias se puede comprender la desconfianza y la aprehensión parlamentaria: la primera candidata mintió como le vino en gana. Trasladar esto al segundo candidato, Edmundo Beteta, resulta injusto y políticamente no rentable, porque los argumentos caen en la pequeñez y la vendetta política, lo que deja de lado el bosque: la transparencia en el manejo de los dineros públicos. Valgan verdades, el Apra y el Ejecutivo han contribuido a desdibujar la imagen de la contraloría al presentarla como un obstáculo para las inversiones y despreciar el consenso se han disparado a los pies. El tiro es doble con la propuesta del Ejecutivo de modificar algunas competencias de la contraloría, lo que la deja sin autoridad.

El ex contralor ha pedido que le señalen un solo caso en el que la institución haya demorado o paralizado una inversión, añadiendo que en Brasil la contraloría sí puede hacerlo. En el Perú esta solo interviene antes cuando se trata de compras militares y cuando el Estado participa con las “platitas” de los peruanos, lo que suena lógico porque cuando se firma un contrato no se puede ni debe deshacer. El control posterior (ex post) es una suerte de auditoría, detecta problemas pero no paraliza. Si la inversión pública es lenta es porque no hay gerentes en el Estado; el sueldo es bajo. No tener contralor es ponernos al nivel de países africanos (con el perdón de la hermosa África), deteniendo lo que se quiere: la inversión extranjera. O tal vez —como señalan los malpensados— el Gobierno no quiere tener un contralor. De ser cierto, ese tercer disparo sería mortal.

Sí al voto electrónico

UNA HERRAMIENTA AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA


Por: Jorge Yrivarren

La ONPE viene desarrollando la propuesta de voto electrónico desde 1996 y, al día de hoy, ya tenemos la solución tecnológica, elaborada íntegramente por informáticos peruanos, lo que debe ser un motivo de orgullo para el país. El software ha sido diseñado en la ONPE con el aporte de los otros organismos electorales, los partidos políticos, instituciones del Estado como la PCM y organizaciones de la sociedad civil como Transparencia y el Instituto Nacional Demócrata. Los partidos políticos que han realizado elecciones internas con el voto electrónico de la ONPE son: Apra, Somos Perú, PPC, Acción Popular, Perú Posible y el Partido Nacionalista Peruano.

El voto electrónico es 100% seguro y garantiza el secreto del voto. No habría manera de saber qué elector votó por qué candidato, ya que la máquina de los miembros de mesa en la que se identifica al elector no tiene ninguna relación con la cabina de voto electrónico. Son máquinas que se llaman “stand alone”; es decir máquinas independientes, sin ninguna relación una con otra, lo que impide cualquier intento de enlazar la información de los votos emitidos con los electores registrados. Por lo tanto, es una falacia señalar que el voto electrónico permite identificar qué elector votó por qué candidato. Las unidades en las que se almacenan los votos tienen un sistema de doble candado: la información está encriptada y, además, posee una firma digital. Es decir, en el supuesto negado de que esas unidades fueran robadas, no le servirían de nada a quien lo hiciera.

¿Cuáles son las ventajas del voto electrónico, aparte de su seguridad? El mayor beneficio va a ser la eliminación de las actas observadas por error material o ilegibilidad. De un promedio histórico de 30% de actas con errores causados por la impericia de los miembros de mesa y su falta de destreza en la lectoescritura y las operaciones matemáticas se pasaría a 0%. Si tenemos en cuenta que hay un promedio de 90.000 mesas de votación en todo el país, estamos hablando de casi 27.000 actas que no pueden entrar al escrutinio por estos errores y que tienen que ser derivadas a los jurados electorales especiales.

El propósito del voto electrónico en el Perú es optimizar el día de la jornada electoral, desde la instalación de la mesa, hasta el sufragio, el escrutinio y la transmisión de resultados. Los mayores beneficiados serán los miembros de mesa, ya que todo el proceso del escrutinio les tomará como máximo 15 minutos. Los electores ya no tendrán que hacer colas inmensas para poder sufragar porque la votación será muy rápida y fácil. Los personeros de los partidos políticos tendrán la copia del acta al instante. Por último, el país saldrá beneficiado, porque tendrá resultados casi inmediatos. De allí que los objetivos del voto electrónico sean sencillez, rapidez y resultados inmediatos e incuestionables.

GERENTE DE INFORMÁTICA ELECTORAL DE LA ONPE

Los actos fallidos de Alberto Fujimori

LLEGÓ LA HORA DE LA SENTENCIA


Por: Enrique Bernales Jurista

A veces una autodefensa termina en confesión de parte. En términos freudianos, el inconsciente traiciona a la conciencia y eso fue lo que le ocurrió a Alberto Fujimori en su pretendida defensa. Olvidó su plañido reclamo de “inocencia” de los primeros días. El “yo no sabía nada” se convirtió en “yo me involucré directa y personalmente”. Si la estrategia de defensa insistió siempre en aparentar desconocimiento por parte de Fujimori de lo que hacía el grupo Colina, sus palabras actuales advierten de alguien que comandaba, que “estaba al tanto y se interesaba”.

Son los hechos los que determinan ante cualquier diversidad de significantes, el significado concreto, real y mensurable de las palabras. “Disolver”, “eliminar”, “intervenir”, “comandar”, etc., son en el circuito de la comunicación solo lo que la realidad refiere. “Disolver” el Congreso, por ejemplo, como parte de la coyuntura, fue eso y no “dilución”. No hay significante divorciado de su significado si los hechos sirven como factor de vinculación entre uno y otro.

¿Qué reveló Fujimori en su alegato? “Me precio de ser un hombre de retos y decisiones”. Con esta frase sugestiva sostuvo Fujimori que tomaba decisiones, y quien toma decisiones no se mantiene al margen o se pierde en la desinformación sobre temas que constituyen esos retos de los que él mismo habla. “Mi escenario de trabajo es resolver los problemas imposibles”. La actitud no es la de un gobernante alejado de los problemas, sino de un sujeto protagónico en la solución de los mismos.

¿Y cómo solucionaba los problemas Fujimori? Él lo dice: “Mi línea era el pragmatismo”. Esto es, la adopción de comportamientos privados de toda ética y cuyo único fin es lograr un resultado. En su perspectiva, “pragmatismo” fue, por ejemplo, asumir “una lucha sin cuartel” frente al terrorismo. En términos castrenses, “sin cuartel” es lo mismo que “todo vale” y “todo vale” es la sentencia que mejor precisa el pensamiento de un pragmático.

En la lógica pragmática, “el fin justifica los medios”. Esta es la expresión más cabal de la ausencia de barreras éticas. En un país que parecía descomponerse y en el que, para algunos como Fujimori, el mal debía ponerse al servicio del “bien” en una situación extrema, cualquier acto se hacía válido. Él reconoce al Perú en el fondo de un pozo que validaba toda opción: “El Perú que yo heredé era un desastre”. Por eso quizás, y creyendo en la legitimidad y “necesidad” de sus actos, no había lugar para el arrepentimiento: “Mi estrategia de pacificación fue la correcta y no me arrepiento”.

Vista su defensa a la luz de todo el proceso, Fujimori podría finalmente morderse la cola y exclamar: “Yo no hice nada, pero les juro que no me arrepiento”.

Todos debemos acatar el fallo de la justicia

No es correcto que los fujimoristas ni los antifujimoristas se enfrasquen en un abierto enfrentamiento ante el fallo que en transcurso del día emitirá la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el proceso a Alberto Fujimori. Lo cierto es que si en algo están todos de acuerdo es en que el juicio ha sido conducido esencialmente de manera imparcial y ejemplar por los doctores César San Martín Castro, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga.

Lo que corresponde ahora es acatar el fallo con que hoy concluye esta fase del proceso en la que el tribunal, después de 16 meses de labor ininterrumpida y pública, cumplió con la lectura de las pruebas, la presentación de los peritos y de los testimonios de los involucrados, y permitió a las partes exponer sus alegados, incluyendo al propio inculpado. Sea condenatoria o absolutoria, la fiscalía así como los abogados de la defensa y los de las víctimas pueden, como se prevé, impugnar la sentencia y acudir a la segunda instancia.

Por eso, resulta insólito que la defensa y el entorno de Fujimori —que en más de una ocasión reconocieron la eficiencia del tribunal y el tratamiento justo dado al caso para garantizar el debido proceso— pretendan a última hora desestimar no solo la idoneidad de los jueces sino la validez indiscutible de sus fallos en los cargos que se imputan al ex presidente por la siniestra participación del grupo Colina en Barrios Altos y La Cantuta, así como en los secuestros en los sótanos del SIN del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

Desde el momento mismo en que Fujimori fue detenido, en noviembre del 2005, y fue sometido a la competencia de la extradición en setiembre del 2007, sabía perfectamente que habría una sentencia que podrá ser apelada, pero que lo involucra —según el Ministerio Público— como autor mediato por dominio de un aparato de poder que perpetró delitos contra los derechos humanos.

Lo que no puede hacer el fujimorismo es alentar la confusión. Solo la incoherencia e intolerancia pueden ocasionar que amenace nervioso, compulsivo y visceralmente con salir a las calles para protestar en caso la sentencia le sea adversa. “No aceptaremos un fallo prevaricador que condene a Fujimori”, han expresado miembros de la bancada fujimorista, montando un circo mediático que, durante el proceso judicial, atribuyeron a la fiscalía.

También acusaron a la prensa de encabezar un juicio mediático, como si los medios fueran tribunales y no voceros de una opinión pública que, como señalan las encuestas, ya tiene una posición formada. Estas críticas reflejan poco respeto a esa democracia que más bien tocó a los medios defender en el autogolpe del 5 de abril de 1992.

Un comportamiento de este tipo resulta descabellado e inconcebible, más aun en congresistas que, en lugar de acatar las decisiones judiciales, juegan al proselitismo o soliviantan a las masas, las cuales, como tales, pueden protagonizar conatos de violencia con resultados reservados. De cualquier modo, son ellos los que asumirán la responsabilidad por esos hechos.

Las movilizaciones a favor o en contra del inculpado son explicables, pero resultan inadmisibles cuando atentan contra los derechos de los demás, o cuando pretenden boicotear los fundamentos jurídicos, plenamente sustentados por la fiscalía, en un proceso que muchos pretendieron politizar infructuosamente.

Nuestro país estará hoy más que nunca en el ojo de la atención internacional. Permitamos que la justicia peruana, tantas veces cuestionada, demuestre su imparcialidad e independencia.

Responsabilidades de tres gobiernos

La primera responsabilidad de Belaunde en temas de derechos humanos, puede remitirse a la idea de que envió a las Fuerzas Armadas, contra su opinión, a intervenir en una guerra a ciegas, a aniquilar en el menor tiempo posible a un enemigo que no tenían identificado, lo que derivó en un altísimo costo social. La segunda tiene que ver con el encubrimiento de los abusos militares, porque consideraba que toda admisión de actos violatorios de derechos afectaba su objetivo.

La responsabilidad del primer García en este mismo campo es más compleja y se mueve desde la inconsecuencia para detener la guerra sucia en el campo que había criticado desde el Congreso y en la campaña electoral había ofrecido cambiar (caso Accomarca), hasta la complicidad grosera y encubridora de masacres como las de Cayara; se refiere a la actuación del comando “Rodrigo Franco” como escuadrón de la muerte de la policía y el partido de gobierno, y específicamente a sus decisiones durante los hechos de los penales en 1986. García ha eludido a la justicia porque siempre contó con jueces y fiscales a su servicio y si la causa de “El Frontón” no ha muerto es porque existen normas internacionales que impiden la prescripción de los delitos de lesa humanidad.

La responsabilidad de Fujimori, finalmente, tiene sus propias especificidades: (a) creó una estructura de poder paralelo (que no podía haber existido sin su intervención directa), encabezada por Montesinos, con fuerza operativa y recursos económicos propios, con la deliberada intención de tener capacidad de actuar fuera de todos los controles y verificación de responsabilidades; (b) permitió (probablemente alentó) la existencia y la acción de grupos de asesinato selectivo dirigidos a eliminar lo que identificaban como redes sociales de la subversión, colaboradores o personas que supuestamente les hacían el juego (el “Grupo Colina” fue sólo uno entre tantos otros, y fue descubierto circunstancialmente, ante todo por la notoriedad de algunas de sus acciones); (c) actuó contra la investigación legal de los asesinatos, permitiendo que las Fuerzas Armadas amenacen al Congreso y al Poder Judicial, forzó un falso juicio militar contra los miembros del “Grupo Colina”, amnistió a todos los oficiales comprometidos en hechos de guerra sucia, etc.; (d) ordenó la matanza del penal “Castro Castro” y dispuso que no hubieran sobrevivientes del MRTA en la casa del embajador de Japón; (e) militarizó el Estado y estableció una legislación antiterrorista violatoria de los derechos humanos.

Cuando Fujimori dice que a través de esta estrategia “nos salvó”, da ganas de preguntarse y ahora quién nos salvará del Estado fujimorizado desde los 90, con el poder militarista y empresarial que se mueve por fuera de la democracia formal imperante, con espías y chuponeadores por todas partes, con Giampietri, Kuori y Rey alardeando de poder político, con Keiko en los medios y en las encuestas, con el país cada día más entregado al extranjero.

RAUL WIENER

LA PRIMERA

Sinfonía del nuevo mundo

El ex director del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato, que es un conservador inteligente e ilustrado (¡los hay!), acaba de decir que esta no es una crisis cíclica sino un cambio en el modelo de la globalización, el parto doliente de nuevas reglas de juego en un panorama social distinto y la marcha hacia una economía que tendrá que interpretar los cambios de la sociedad.

Muchos economistas han estado pensando lo mismo pero nadie lo había dicho tan claramente como Rato.

Si lo que Rato dice es cierto -y todo indica que sí asistimos al nacimiento de un modelo donde el mercado dejará de ser el único referente- entonces sí podremos entender lo que, a primera vista, resulta incomprensible: cómo es que unas hipotecas empaquetadas, por más tóxicas que fuesen, han podido llevar a la quiebra técnica a General Motors y han obligado a todas las economías importantes del mundo a resignarse al crecimiento cero y aun a la deflación y a la reducción de sus productos brutos.

Pasar de la opulencia a la poquedad en muy pocas semanas puede ser explicable sólo si abordamos el asunto con una mirada que no sea la de los economistas resignados y cómplices que nos quieren dorar la píldora. Y esa mirada tiene que partir de la ética y del deber ser, palabras exiliadas por los discípulos de Friedman.

Y es que el capitalismo se convirtió en una mafia internacional. El código de esa mafia imponía reglas que hubiesen producido un soponcio a Adam Smith: el dinero se desvincularía de la realidad y se multiplicaría mágicamente gracias a la pura especulación, los apalancamientos financieros serían más importantes que la producción de bienes, los arreglos bajo la mesa valdrían más que el intercambio libre de mercancías, los precios oligopólicos serían dictados por carteles internacionales y la dependencia respecto de los combustibles fósiles se prolongaría por el interés exclusivo de la industria automotriz.

Todo esta impostura, por supuesto, necesitaría de la narcotización de las masas y del statu quo cretino que intenta hacernos creer que hay países-sirvientes y naciones-líderes y que las injusticias gigantescas del comercio internacional son no sólo inexorables sino también imprescindibles.

La caída del comunismo por implosión alentó la creencia de que el capitalismo debía abandonar cautelas y reglas. Es ese capitalismo omnipotente y encharcado en prácticas gansteriles el que se está muriendo.

Y es el calumniado Estado, el maldito Estado, el demonizado Estado el que sale ahora a salvar náufragos y a rescatar sobrevivientes. Con la plata de sus víctimas, claro está.

Gran lección para los idiotas liberales de estas tierras: Citigroup con la mano tendida, AIG en la cola de la sopa pobre, Merril Lynch vendiéndose a precio de ganga. No es que el capitalismo sea un fracaso: es que el capitalismo a lo Reagan, salvaje y sin escrúpulos, se ha terminado y es hoy un montón de escombros y un eco de plumíferos a sueldo diciendo que la culpa es de terceros.

Nadie puede saber qué será lo que se edificará en los próximos años. Lo que ya nadie con dos dedos de frente discute es que lo que vendrá no podrá ser el mundo que Dick Cheney defendió con todas las bombas y todas las mentiras posibles.

Ese mundo en ruinas que sedujo a Alan García, ese hundimiento que García ha convertido en utopía, no da para más.

Porque la paradoja triste de la historia es que cuando Bill Gates, auténtico y genial pionero de la nueva riqueza de las naciones, dominaba la escena, Alan García parecía anticapitalista. Y ahora, a la hora del crepúsculo, cuando Bernie Maddof está en el centro de las luces, es cuando García, voluntarista extremo, decide defender lo indefendible.

Que no se preocupe Mirko Lauer. No vamos a decir que su doctor García está loco. Defender al capitalismo mafioso y sus inercias no es un gesto de locura. En el caso de García se trata del programa máximo del Apra modelo 2009. Pura cordura y pura coherencia.

El capitalismo distinto y ojalá medio verde y ecológico que habrá de construirse si no queremos seguir haciendo el dos en la cocina, pasará como un tren ajeno ante los ojos de García. García está en el andén de las vejeces ideológicas. Junto a Pepe Graña.



CESAR H.

El golpe bajo de Fujimori

A las 10:36 de la noche del 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori anunció que había consumado un golpe de Estado, en unión de la cúpula militar.

Para evitar que “el terrorismo tome el control del poder y destruya la democracia”, el golpista demolió la democracia.

Entre otras medidas, disolvió el Congreso, reorganizó el Poder Judicial y reestructuró la Contraloría General de la República.

Trabajaba yo en esa época en Antena Uno Radio (hoy CPN, radioemisora de la gran minería). Acababa de acostarme, cuando Cecilia Laca, directora de la radio, me telefoneó para decirme:

-Don César, Fujimori acaba de anunciar un golpe. Ha disuelto el Congreso y reorganizado el Poder Judicial. ¿Podría usted hacer un comentario?

Mi respuesta salió de inmediato al aire:

-Éste es un golpe militar que lleva como mascarón de proa al presidente. Detrás está el sector castrense comprometido con el narcotráfico y la violación de los derechos humanos. Es una mala noticia para el pueblo y una buena noticia para los grandes empresarios.

Pocos instantes después, la radio era clausurada. En otras radioemisoras, la fuerza pública se limitó a ocupar espacios. Antena Uno Radio cometió, a la mañana siguiente, la temeridad de reabrir sus estudios. Iniciamos una campaña frontal contra el golpe, con entrevistas a los líderes de la oposición. Nos ganamos una segunda clausura y la prisión del gerente de la empresa.

En todo caso, acerté en el diagnóstico. Al día siguiente del cuartelazo, desde un balcón del Palacio de Justicia se lanzaban a la plataforma de un camión legajos y legajos judiciales. Todos extraídos de los juzgados que procesaban a narcotraficantes.

En el primer momento, una mayoría de ciudadanos aprobó el pronunciamiento.

El 8 de abril, en conferencia de prensa, los empresarios anunciaron su apoyo al golpe.

Después vino lo previsible. Desapariciones en masa, ejecuciones extrajudiciales y fosas comunes, encarcelamiento de inocentes, torturas criminales. El Poder Judicial se convirtió en agencia del gobierno y en benefactor de narcos.

Al mismo tiempo, el golpismo eliminó los derechos laborales.

El dúo Fujimori-Montesinos se convirtió en amo de las Fuerzas Armadas, cuyas cúpulas se degradaron a niveles de traición nacional (robo de millones de dólares destinados a gastos de Defensa).

La concentración del poder se convirtió en centralización del latrocinio.

El Perú se hizo siervo del Fondo Monetario Internacional y acató la orden de privatizar todo lo posible.

La alianza de Fujimori y Montesinos era estrecha en todos los campos. Esa fraternidad delictiva explica por qué crímenes como los de “Barrios Altos” y “La Cantuta” tuvieron que ser cometidos por el dúo indisoluble.

Por eso mismo, conforme a la ley del hampa, Fujimori calla ahora respecto a su secuaz permanente.

LA PRIMERA

Los jinetes del apocalipsis

Debido a la profundidad de la recesión internacional que debe durar por lo menos un año más, era siempre un riesgo que hicieran su reaparición en la escena mundial los jinetes del apocalipsis, tal como lo han hecho en depresiones en el pasado y que tanto daño han causado. El nacionalismo económico, que siempre cabalga acompañado del proteccionismo comercial y del intervencionismo estatal, está nuevamente poniéndose en boga debido a la magnitud de la crisis que vienen sufriendo muchos países. Es casi hepática la reacción de algunos –cuando las cosas no marchan– de refugiarse en la autarquía y en la expropiación, ya que con ello retrasan aún más la recuperación. Debemos evitar por todos los medios caer en el facilismo del populismo y la intervención.

Felizmente, el Gobierno ha demostrado temple y no ha cedido ante la primera tentación que le mostraron. El caso de Doe Run era para muchos, incluso al más alto nivel gubernamental, una apetitosa manzana para demostrar la capacidad y voluntad de la intervención estatal. Con una ligereza, bordeando en criminal negligencia, se consideraba que el Estado, es decir todos los peruanos, podíamos con facilidad asumir el complejo manejo de una fundición minera en una de las ciudades más contaminadas del planeta y, voilà, asunto solucionado. Incluso la corriente a favor de la intervención clamaba que de esa manera evitaban tanto el riesgo al programa de mejora ambiental como la amenaza de desempleo en Cerro de Pasco. Estoy seguro de que, de haber prosperado esa tendencia, el resultado hubiera sido todo lo contrario.

Para empezar, basta evaluar el desempeño de las empresas públicas, todas las cuales son más ineficientes que sus pares o competidoras en el sector privado. Por tanto, no había justificación alguna para considerar seriamente que el manejo de esa operación en manos públicas hubiera mejorado. Más aun, debemos recordar que el problema de la contaminación en esa ciudad se agravó tremendamente durante los 25 años de Centromín, empresa estatal, la cual en todas sus operaciones dejó un enorme pasivo ambiental. No tengo duda de que, si el Estado entraba, la situación hubiera empeorado y todos los peruanos íbamos a tener que pagar la cuantiosa cuenta de una inevitable quiebra con los espantosos problemas sociales y ambientales que se hubieran generado.

Por ello, el acuerdo final que se ha logrado ha sido muy adecuado y el Estado ha cumplido exitosamente con su rol mediador, buscando influenciar y acercar posiciones para que se pongan de acuerdo los privados. Es función del Gobierno el asegurar, dentro de lo posible, que se mantenga el nivel de empleo e inversión. Por tanto, si un accionista no puede cumplir con su obligación, debe –a través de los procesos de insolvencia o simplemente vía su poder de persuasión– tratar de lograr que sea reemplazado por otro en mejor situación.


PERU 21

Juristas piden que sentencia a Fujimori se dicte después de Semana Santa

Le recuerdan a tribunal que está procesando a un ex presidente

El ex decano del Colegio de Abogados de Lima, Marcos Ibazeta, expresó que el tribunal que juzga al ex presidente Fujimori por supuestas violaciones a los derechos humanos debe tomarse un poco más de tiempo para emitir su fallo, sobre todo porque por primera vez se procesa a un ex jefe de Estado.

Ibazeta si bien aclaró que procesalmente es posible y razonable que la sala emita su fallo final el martes, tras haber culminado hace unos días los alegatos finales, señaló que la lectura de sentencia debe postergarse por unos días más para que no se despierte suspicacias.
“Procesalmente es posible y razonable, pero creo que debió ser mejor tomarse un poco más de tiempo, precisamente porque es un proceso que en el Perú recién se da y el tribunal debió presentar una imagen de paciencia, serenidad, también para el lapso que se emite la sentencia, porque después de tantos alegatos solo le quedan dos días útiles para dictar un fallo, evidentemente esto va a servir para todo, para interesados en la lectura de sentencia”, anotó.

El también ex presidente de la Sala Penal contra el Terrorismo recalcó que la sentencia al ex mandatario por los casos de Barrios Altos y La Cantuta debió esperarse pasada Semana Santa.

Aclaró que normalmente la sentencia se va elaborando en el transcurso del proceso judicial y en cada acto procesal va incorporando hipótesis que fundamenten el fallo final.

“Por lo tanto, en cada sesión se va incorporando premisas de modo que en el último alegato no quede nada y eso tiene que reflejarse en el texto del fallo, como he dicho procesalmente es posible, pero todo lo que se ha dicho debe estar reflejado en la argumentación y la fundamentación, claro que despierta suspicacias, pero es el manejo del tribunal, normalmente no se tiene que esperar que se termine el último acto procesal de las partes para recién empezar a leer el expediente y dictar fallo”, acotó.

Por su parte, el constitucionalista Francisco Chirinos Soto consideró que el Tribunal se ha apresurado al establecer como fecha de emisión de su fallo el martes, dado que por la complejidad e importancia del proceso debieron demorarse un poco más.

“(El Tribunal) se ha apresurado un poco, ha debido tomarse los cinco días útiles, ha podido aplazar su fallo hasta la próxima semana, debido a la importancia del caso”, aseveró.

Aunque expresó que desde ningún punto de vista se puede señalar que la premura con la que ha decidido la sala emitir la sentencia sea sospechosa.

Estimó que “la sentencia debe ser absolutoria, por la carencia de pruebas que involucran a Alberto Fujimori con las matanzas”.

Recordó que el presidente del Tribunal, César San Martín, ha sostenido que el fallo será netamente jurídico.

Si jueces condenan a Fujimori, lo convertirán en mártir político

El tribuno, jurista y congresista Javier Valle-Riestra expresó que un fallo condenatorio contra el ex presidente Alberto Fujimori, en un momento en que en el país hay una enorme desazón e insatisfacción política en las masas populares, tendrá un efecto contrario al buscado por los enemigos del ex mandatario, pues emergerá de este desaguisado judicial como un líder político y un mártir de la justicia pervertida que impera en el país, con posibilidades de acceder de nuevo al poder político.
“Los magistrados San Martín, Prado y Príncipe con un fallo condenatorio están construyendo en un plazo mediato a nueva figura política, no al Fujimori que conocimos en los años 90 o al Fujimori del 5 de abril de 1992, sino a un líder con estatura política que emergerá en un momento de grave desazón e insatisfacción política en el país, con características de un mártir del sistema fiscal totalitario que hemos heredado de la Inquisición, la Colina y los Torquemadas locales”, dijo.

Valle-Riestra agregó que los perseguidores no han calculado los efectos de los argumentos de su defensa jurídica y el alegato de autodefensa del ex mandatario, porque, aunque al comienzo los medios audiovisuales le dieron la espalda, en los tramos finales tuvo una cobertura por tres canales, nunca antes brindado, y ha conseguido refutar convincentemente las absurdas acusaciones de haber dirigido al grupo Colina, ordenado los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y haber secuestrado a Samuel Dyer y Gustavo Gorriti.

“Cuidado –advirtió- que el candidato a la presidencia del fujimorismo no sea Keiko Fujimori, sino el propio ex presidente Alberto Fujimori”, puntualizo.