TABOADA: LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
Por: Juan Francisco Raffo*
El pasado 25 de julio nos enteramos por el propio presidente de la República de que la contraloría no había encontrado ninguna irregularidad en el proceso de concesión de la planta de tratamiento de aguas servidas de Taboada, tal como era previsible dada la calidad de los funcionarios involucrados en el proceso. Con ello (y la ratificación posterior del presidente en su discurso el 28 de julio), se dio por superado el incidente que, mediante la emisión de un decreto de urgencia, puso en riesgo la seguridad jurídica del país, la continuidad de Pro Inversión y la posibilidad de cualquier nuevo proceso de concesión.
En lo que a obras se refiere, el proceso es importante porque permitirá, por fin, mejorar la calidad de agua del litoral limeño, tarea fundamental y durante mucho tiempo postergada innecesariamente. Con este proyecto, se tratará alrededor del 60% de las aguas residuales de Lima. Pero este no es el único beneficio derivado de la decisión: la empresa que ganó la licitación en febrero pasado es la española ACS. Para darnos una idea, el grupo ACS destaca en los ránkings globales de obras de infraestructura y se encuentra entre las 500 mayores compañías del mundo, según el último ranking de “Forbes”, con ingresos por US$33.825 millones.
Recordemos el peligro al que se expuso al Perú. Sin previa reunión de Consejo de Pro Inversión, el citado decreto desestimó la decisión de la buena pro ya otorgada a la empresa española y le entregó el proceso al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Este solo hecho iba a hacernos desandar todo un camino de trabajo duro por la estabilidad del país y por convencer a la inversión, tanto extranjera como local, de apostar por él. Nos iba a presentar como un país incapaz de respetar las reglas, ahuyentando a potenciales inversionistas (y de gran talla, como ACS), reduciendo la competencia en futuros procesos de concesión y, por ende, la probabilidad de obtener mejores condiciones para los usuarios. Por si fuera poco, íbamos a faltar a las reglas con inversión procedente de nuestra principal fuente de inversión extranjera directa, España, que representa casi el 24% de nuestro stock total. Y el grado de inversión podría haber estado a punto de pasar al olvido.
Contradictoria, aunque afortunadamente, se emitió de inmediato otro decreto dejando sujeta la decisión al informe de la contraloría. Y, felizmente, como ya hemos visto, en esta entidad primó el criterio técnico. Esperamos que lamentables episodios como este no se repitan, especialmente en una coyuntura en la que atraer inversión, particularmente de grandes dimensiones, no es tarea fácil.
(*) Presidente de Cómex Perú
EL COMERCIO
Por: Juan Francisco Raffo*
El pasado 25 de julio nos enteramos por el propio presidente de la República de que la contraloría no había encontrado ninguna irregularidad en el proceso de concesión de la planta de tratamiento de aguas servidas de Taboada, tal como era previsible dada la calidad de los funcionarios involucrados en el proceso. Con ello (y la ratificación posterior del presidente en su discurso el 28 de julio), se dio por superado el incidente que, mediante la emisión de un decreto de urgencia, puso en riesgo la seguridad jurídica del país, la continuidad de Pro Inversión y la posibilidad de cualquier nuevo proceso de concesión.
En lo que a obras se refiere, el proceso es importante porque permitirá, por fin, mejorar la calidad de agua del litoral limeño, tarea fundamental y durante mucho tiempo postergada innecesariamente. Con este proyecto, se tratará alrededor del 60% de las aguas residuales de Lima. Pero este no es el único beneficio derivado de la decisión: la empresa que ganó la licitación en febrero pasado es la española ACS. Para darnos una idea, el grupo ACS destaca en los ránkings globales de obras de infraestructura y se encuentra entre las 500 mayores compañías del mundo, según el último ranking de “Forbes”, con ingresos por US$33.825 millones.
Recordemos el peligro al que se expuso al Perú. Sin previa reunión de Consejo de Pro Inversión, el citado decreto desestimó la decisión de la buena pro ya otorgada a la empresa española y le entregó el proceso al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Este solo hecho iba a hacernos desandar todo un camino de trabajo duro por la estabilidad del país y por convencer a la inversión, tanto extranjera como local, de apostar por él. Nos iba a presentar como un país incapaz de respetar las reglas, ahuyentando a potenciales inversionistas (y de gran talla, como ACS), reduciendo la competencia en futuros procesos de concesión y, por ende, la probabilidad de obtener mejores condiciones para los usuarios. Por si fuera poco, íbamos a faltar a las reglas con inversión procedente de nuestra principal fuente de inversión extranjera directa, España, que representa casi el 24% de nuestro stock total. Y el grado de inversión podría haber estado a punto de pasar al olvido.
Contradictoria, aunque afortunadamente, se emitió de inmediato otro decreto dejando sujeta la decisión al informe de la contraloría. Y, felizmente, como ya hemos visto, en esta entidad primó el criterio técnico. Esperamos que lamentables episodios como este no se repitan, especialmente en una coyuntura en la que atraer inversión, particularmente de grandes dimensiones, no es tarea fácil.
(*) Presidente de Cómex Perú
EL COMERCIO


