El repudiable y cobarde ataque contra la base de la Dinoes en San José de Secce (cerca de Huanta, Ayacucho), que dejó tres policías y dos civiles muertos, no puede ser considerado un atentado más.
Esta vez no se trató simplemente de despejar la ruta de la droga o robar armamento de guerra, sino de un acto de fuerza osado, una especie de pulseo que es a la vez un mensaje claro y directo al Gobierno y a la democracia: la amenaza del terrorismo, mucho más peligroso y envalentonado cuando se alía al narcotráfico, sigue vigente contra la paz social y el Estado de derecho.
Dicha constatación, dolorosa pero realista, tiene que llevarnos a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, así como a redefinir la estrategia antiterrorista.
Hay que desterrar aquel concepto simplista de que se trata de remanentes terroristas y que no representan ninguna amenaza contra el Estado, como absurdamente lo sostuvo el líder nacionalista Ollanta Humala. En verdad se trata de bandas organizadas y reconstituidas después de la captura de Abimael Guzmán en 1992 que, bajo un elemental ropaje ideológico comunista y radical, actúan prioritariamente llevadas por un frío afán de dominación y de lucro, así como de alcanzar el poder malamente.
Su vinculación al narcotráfico no se limita a la simple protección de estas lacras sino que se han convertido ellos mismos en “firmas” que procesan y comercializan droga.
Aparte de ello hay factores adicionales que no pueden soslayarse en la estrategia del Estado, que debe ser firme, coherente e integral: su enorme capacidad económica les permite contar con armas sofisticadas para matar a policías y militares, sino que por su alianza con el narcotráfico, se convierten en eje económico de extensas zonas.
No podemos ser ingenuos. Es tiempo ya de que, legítimamente, el Gobierno implemente una estrategia integral, que fortalezca los servicios de inteligencia así como el equipamiento de las fuerzas militares y policiales en el VRAE y otras zonas infestadas por el terrorismo y el narcotráfico. Si hay que ampliar el presupuesto para instalar más bases, pues eso debe merecer atención prioritaria.
Esto implica no solo crear un comando único para darle unidad a la estrategia y evitar la dispersión de esfuerzos, sino también afirmar la presencia del Estado en las zonas donde operan estas mafias asesinas. Aparte de brindar educación, seguridad y salud, debe seguirse apoyando los programas de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos, así como promover allí inversiones con un marco legal específico y adecuado.
A más de ello, tiene que renovarse la confianza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que han actuado con gran heroicidad en esta dura y a veces desigual lucha. El respeto de los derechos humanos —principio y condición indispensable del sistema democrático que todos debemos respetar— no puede ser usado como un arma de amenaza y de presión para amedrentar y maniatar a quienes defienden el orden, la paz y la democracia. Si hay excesos, por supuesto que tienen que ser investigados y sancionados, pero lo que no puede hacerse es generalizar y acusar sin fundamento.
Los peruanos, que ya hemos vivido la cruenta y devastadora experiencia del terrorismo en los 80, tras la dictadura militar, que costó muchas vidas y destruyó la economía, no podemos equivocarnos ahora en esta lucha. Hoy, las condiciones son distintas, el país sigue esforzándose por asentar la democracia y puede exhibir notables resultados económicos que generan enorme expectativa.
En tales circunstancias, el reto sigue siendo identificar al enemigo terrorista y vencerlo y erradicarlo, no invocando fantasmas de gobiernos autoritarios que solo crean más confrontación y abusos, sino con las armas que nos provee la democracia, con pleno cumplimiento de la ley y de los derechos humanos.
EL COMERCIO
Esta vez no se trató simplemente de despejar la ruta de la droga o robar armamento de guerra, sino de un acto de fuerza osado, una especie de pulseo que es a la vez un mensaje claro y directo al Gobierno y a la democracia: la amenaza del terrorismo, mucho más peligroso y envalentonado cuando se alía al narcotráfico, sigue vigente contra la paz social y el Estado de derecho.
Dicha constatación, dolorosa pero realista, tiene que llevarnos a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, así como a redefinir la estrategia antiterrorista.
Hay que desterrar aquel concepto simplista de que se trata de remanentes terroristas y que no representan ninguna amenaza contra el Estado, como absurdamente lo sostuvo el líder nacionalista Ollanta Humala. En verdad se trata de bandas organizadas y reconstituidas después de la captura de Abimael Guzmán en 1992 que, bajo un elemental ropaje ideológico comunista y radical, actúan prioritariamente llevadas por un frío afán de dominación y de lucro, así como de alcanzar el poder malamente.
Su vinculación al narcotráfico no se limita a la simple protección de estas lacras sino que se han convertido ellos mismos en “firmas” que procesan y comercializan droga.
Aparte de ello hay factores adicionales que no pueden soslayarse en la estrategia del Estado, que debe ser firme, coherente e integral: su enorme capacidad económica les permite contar con armas sofisticadas para matar a policías y militares, sino que por su alianza con el narcotráfico, se convierten en eje económico de extensas zonas.
No podemos ser ingenuos. Es tiempo ya de que, legítimamente, el Gobierno implemente una estrategia integral, que fortalezca los servicios de inteligencia así como el equipamiento de las fuerzas militares y policiales en el VRAE y otras zonas infestadas por el terrorismo y el narcotráfico. Si hay que ampliar el presupuesto para instalar más bases, pues eso debe merecer atención prioritaria.
Esto implica no solo crear un comando único para darle unidad a la estrategia y evitar la dispersión de esfuerzos, sino también afirmar la presencia del Estado en las zonas donde operan estas mafias asesinas. Aparte de brindar educación, seguridad y salud, debe seguirse apoyando los programas de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos, así como promover allí inversiones con un marco legal específico y adecuado.
A más de ello, tiene que renovarse la confianza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que han actuado con gran heroicidad en esta dura y a veces desigual lucha. El respeto de los derechos humanos —principio y condición indispensable del sistema democrático que todos debemos respetar— no puede ser usado como un arma de amenaza y de presión para amedrentar y maniatar a quienes defienden el orden, la paz y la democracia. Si hay excesos, por supuesto que tienen que ser investigados y sancionados, pero lo que no puede hacerse es generalizar y acusar sin fundamento.
Los peruanos, que ya hemos vivido la cruenta y devastadora experiencia del terrorismo en los 80, tras la dictadura militar, que costó muchas vidas y destruyó la economía, no podemos equivocarnos ahora en esta lucha. Hoy, las condiciones son distintas, el país sigue esforzándose por asentar la democracia y puede exhibir notables resultados económicos que generan enorme expectativa.
En tales circunstancias, el reto sigue siendo identificar al enemigo terrorista y vencerlo y erradicarlo, no invocando fantasmas de gobiernos autoritarios que solo crean más confrontación y abusos, sino con las armas que nos provee la democracia, con pleno cumplimiento de la ley y de los derechos humanos.
EL COMERCIO
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