UNA PROPUESTA INESPERADA
Por: Samuel B Abad Y Constitucionalista
Uno de los graves problemas de nuestra débil institucionalidad democrática es la escasa legitimidad de nuestras instituciones. El Congreso es una prueba de ello. De ahí que no le falte razón al presidente al proponer reformas constitucionales. Sin embargo, la renovación por mitades del Congreso no aporta en este esfuerzo.
¿Cuáles son los objetivos de esta nueva propuesta presidencial? Según el mensaje “dar más oportunidad a la opinión del pueblo”; brindar “mayor estabilidad al sistema”, conectando “al régimen con el pueblo” y permitir “al presidente gobernar de manera compartida” si no tuviera mayoría en el Congreso (El Comercio, 31 de julio). Además, reduciría “las tensiones” acumuladas en cinco años (“Correo”, 3 de agosto).
Como se recordará, durante la campaña electoral el partido de Gobierno planteó volver a la Constitución de 1979, firmada por Víctor Raúl Haya de la Torre, la cual no permitía la renovación parcial del Congreso. Tampoco hubo mención alguna al respecto.
Para dar mayor estabilidad al sistema, gobernar de manera compartida y reducir tensiones, no basta con reformar al Congreso. Lo importante es evaluar el régimen político en su conjunto que involucra al propio Poder Ejecutivo. Y es que en el Perú tenemos un presidente con mucho poder y poco control. No hay que olvidar que a lo largo de nuestra historia se ha pretendido introducir instituciones parlamentarias para limitar el inmenso poder presidencial, sin que ello fuera posible. Por tanto, la propuesta no incide en el tema de fondo: determinar cuál debe ser el rol y los límites del presidente de la República y cómo se definen sus relaciones con el Congreso. Ese tema merecería un detenido estudio y una propuesta estructural.
Si se trata de dar mayores espacios a la opinión pública, debería evaluarse la mejor manera de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Un ejemplo reciente es la necesidad de desarrollar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Además, la representatividad del Congreso no se resuelve cambiando cada dos años y medio a la mitad de sus integrantes, pues ella presenta un déficit de representación: en 1980 teníamos 60 senadores y 180 diputados, ahora solo 120 congresistas y nuestra población electoral es mucho mayor. Retornar a la bicameralidad sería una propuesta de fondo, pero carece de respaldo popular.
El Perú ya ha tenido renovaciones parciales, sin éxito, por ejemplo en la Constitución de 1823 (art. 55). Víctor Andrés Belaunde afirmaba que “los defectos del Parlamento se deben, en parte, a las renovaciones parciales”. Por ello proponía la renovación total al finalizar el período pues en tal momento “la influencia presidencial es menor” (“La crisis presente”, 1914). Pedro Planas afirmaba que la renovación parcial fortalecía a los partidos tradicionales, pues su estructura les permitía mantener presencia en los sucesivos Congresos, afectando, en cambio, a los nuevos partidos (“Rescate de la Constitución”, 1992).
Finalmente, solo hay dos caminos para viabilizar esta reforma constitucional: ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta de sus miembros (61 votos) y luego ratificada mediante referéndum; o en dos legislaturas sucesivas con una votación superior a los dos tercios (80) del número legal de congresistas. No hay un tercer camino para la reforma.
En definitiva, estamos ante una propuesta inesperada e innecesaria. Habría que debatir las reformas constitucionales estructurales, que son precisamente las más difíciles de abordar.
EL COMERCIO
Por: Samuel B Abad Y Constitucionalista
Uno de los graves problemas de nuestra débil institucionalidad democrática es la escasa legitimidad de nuestras instituciones. El Congreso es una prueba de ello. De ahí que no le falte razón al presidente al proponer reformas constitucionales. Sin embargo, la renovación por mitades del Congreso no aporta en este esfuerzo.
¿Cuáles son los objetivos de esta nueva propuesta presidencial? Según el mensaje “dar más oportunidad a la opinión del pueblo”; brindar “mayor estabilidad al sistema”, conectando “al régimen con el pueblo” y permitir “al presidente gobernar de manera compartida” si no tuviera mayoría en el Congreso (El Comercio, 31 de julio). Además, reduciría “las tensiones” acumuladas en cinco años (“Correo”, 3 de agosto).
Como se recordará, durante la campaña electoral el partido de Gobierno planteó volver a la Constitución de 1979, firmada por Víctor Raúl Haya de la Torre, la cual no permitía la renovación parcial del Congreso. Tampoco hubo mención alguna al respecto.
Para dar mayor estabilidad al sistema, gobernar de manera compartida y reducir tensiones, no basta con reformar al Congreso. Lo importante es evaluar el régimen político en su conjunto que involucra al propio Poder Ejecutivo. Y es que en el Perú tenemos un presidente con mucho poder y poco control. No hay que olvidar que a lo largo de nuestra historia se ha pretendido introducir instituciones parlamentarias para limitar el inmenso poder presidencial, sin que ello fuera posible. Por tanto, la propuesta no incide en el tema de fondo: determinar cuál debe ser el rol y los límites del presidente de la República y cómo se definen sus relaciones con el Congreso. Ese tema merecería un detenido estudio y una propuesta estructural.
Si se trata de dar mayores espacios a la opinión pública, debería evaluarse la mejor manera de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Un ejemplo reciente es la necesidad de desarrollar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Además, la representatividad del Congreso no se resuelve cambiando cada dos años y medio a la mitad de sus integrantes, pues ella presenta un déficit de representación: en 1980 teníamos 60 senadores y 180 diputados, ahora solo 120 congresistas y nuestra población electoral es mucho mayor. Retornar a la bicameralidad sería una propuesta de fondo, pero carece de respaldo popular.
El Perú ya ha tenido renovaciones parciales, sin éxito, por ejemplo en la Constitución de 1823 (art. 55). Víctor Andrés Belaunde afirmaba que “los defectos del Parlamento se deben, en parte, a las renovaciones parciales”. Por ello proponía la renovación total al finalizar el período pues en tal momento “la influencia presidencial es menor” (“La crisis presente”, 1914). Pedro Planas afirmaba que la renovación parcial fortalecía a los partidos tradicionales, pues su estructura les permitía mantener presencia en los sucesivos Congresos, afectando, en cambio, a los nuevos partidos (“Rescate de la Constitución”, 1992).
Finalmente, solo hay dos caminos para viabilizar esta reforma constitucional: ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta de sus miembros (61 votos) y luego ratificada mediante referéndum; o en dos legislaturas sucesivas con una votación superior a los dos tercios (80) del número legal de congresistas. No hay un tercer camino para la reforma.
En definitiva, estamos ante una propuesta inesperada e innecesaria. Habría que debatir las reformas constitucionales estructurales, que son precisamente las más difíciles de abordar.
EL COMERCIO
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