Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Una tragedia que se quiere olvidar sin aprender
El reclamo planteado por los deudos de los policías masacrados en Bagua repuso en la agenda nacional a esta tragedia ocurrida hace dos meses, pero cada día que pasa hay más interesados en no recordarla ni en aprender las lecciones de este fracaso.
Los familiares de los policías asesinados en la curva del diablo y en la estación 6 plantearon dos tipos de reclamos. El primero es por incumplimiento de compensaciones económicas por fallecimiento en servicio. Al margen de cada caso específico, la explicación ofrecida ayer sobre este pedido por el jefe de la PNP, el general Miguel Hidalgo, parece razonable.
La respuesta al segundo tipo de reclamos es más compleja, pues estos se dirigen a la determinación de las responsabilidades de las autoridades que, por acción u omisión, enviaron a 26 policías al matadero. Parece claro que, en efecto, hubo una grave irresponsabilidad que produjo descoordinaciones y, finalmente, muertes lamentables de policías, como también lo son las de los indígenas fallecidos en el enfrentamiento.
Pero lo que profundizó la indignación de los policías y de sus familiares fue la condecoración que Mercedes Cabanillas se hizo poner en las postrimerías de su gestión como ministra.
La muerte de un policía en el cumplimiento del deber siempre deber ser motivo de profundo pesar pues, con frecuencia, su presencia constituye la expresión más cercana del Estado para el ciudadano. Un policía muere por cuidarnos a todos.
En otros lugares, esto es un evento de profundo pesar, y en los entierros siempre participan las principales autoridades, como el alcalde en Nueva York, o la familia real en España. En el Perú, en cambio, la muerte de un policía es un hecho cotidiano y a su entierro nunca va el presidente y, a veces, como con los policías muertos en Bagua, ni el ministro del sector. Hoy, muchos en el gobierno quieren voltear la página de la identificación de responsabilidades por la muerte de los policías.
Lo mismo está sucediendo con la interpretación gubernamental del proceso social ocurrido en la Amazonía hace dos meses, lo que se expresa en la insistencia, como lo hizo en Ginebra el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, en la teoría de la conspiración y en culpar únicamente a los indígenas por la tragedia, un absurdo sin pies ni cabeza que es una lavada de manos y que ya se demostró que carece de fundamento.
En este contexto, debe saludarse el gesto de ayer del presidente Alan García de recibir en Palacio de Gobierno al alcalde de Santillana, el distrito recientemente atacado por Sendero Luminoso, un acto de solidaridad que él debería repetir en el futuro con más frecuencia, al igual que sus ministros. Por ejemplo, con los familiares de todas las víctimas de Bagua.
LA REPUBLICA
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Una tragedia que se quiere olvidar sin aprender
El reclamo planteado por los deudos de los policías masacrados en Bagua repuso en la agenda nacional a esta tragedia ocurrida hace dos meses, pero cada día que pasa hay más interesados en no recordarla ni en aprender las lecciones de este fracaso.
Los familiares de los policías asesinados en la curva del diablo y en la estación 6 plantearon dos tipos de reclamos. El primero es por incumplimiento de compensaciones económicas por fallecimiento en servicio. Al margen de cada caso específico, la explicación ofrecida ayer sobre este pedido por el jefe de la PNP, el general Miguel Hidalgo, parece razonable.
La respuesta al segundo tipo de reclamos es más compleja, pues estos se dirigen a la determinación de las responsabilidades de las autoridades que, por acción u omisión, enviaron a 26 policías al matadero. Parece claro que, en efecto, hubo una grave irresponsabilidad que produjo descoordinaciones y, finalmente, muertes lamentables de policías, como también lo son las de los indígenas fallecidos en el enfrentamiento.
Pero lo que profundizó la indignación de los policías y de sus familiares fue la condecoración que Mercedes Cabanillas se hizo poner en las postrimerías de su gestión como ministra.
La muerte de un policía en el cumplimiento del deber siempre deber ser motivo de profundo pesar pues, con frecuencia, su presencia constituye la expresión más cercana del Estado para el ciudadano. Un policía muere por cuidarnos a todos.
En otros lugares, esto es un evento de profundo pesar, y en los entierros siempre participan las principales autoridades, como el alcalde en Nueva York, o la familia real en España. En el Perú, en cambio, la muerte de un policía es un hecho cotidiano y a su entierro nunca va el presidente y, a veces, como con los policías muertos en Bagua, ni el ministro del sector. Hoy, muchos en el gobierno quieren voltear la página de la identificación de responsabilidades por la muerte de los policías.
Lo mismo está sucediendo con la interpretación gubernamental del proceso social ocurrido en la Amazonía hace dos meses, lo que se expresa en la insistencia, como lo hizo en Ginebra el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, en la teoría de la conspiración y en culpar únicamente a los indígenas por la tragedia, un absurdo sin pies ni cabeza que es una lavada de manos y que ya se demostró que carece de fundamento.
En este contexto, debe saludarse el gesto de ayer del presidente Alan García de recibir en Palacio de Gobierno al alcalde de Santillana, el distrito recientemente atacado por Sendero Luminoso, un acto de solidaridad que él debería repetir en el futuro con más frecuencia, al igual que sus ministros. Por ejemplo, con los familiares de todas las víctimas de Bagua.
LA REPUBLICA
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