La comunidad nacional e internacional tienen derecho a recibir verdades en torno al desempeño institucional de la ONG Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), y acerca de la gestión (sinuosa, no cabe duda) de quien fue su mandamás: Alberto Pizango, hoy fugado del país a través de su absurdo asilo otorgado por Nicaragua, aquel satélite que gira en torno a la órbita chavista. Pues bien, una de esas verdades es que la democracia peruana accedió al asilo en aras a una vieja institución jurídica y a principios que demuestran al mundo que acá existe democracia y transparencia. Corresponderá, en su oportunidad, al Poder Judicial gestionar la extradición del referido ciudadano para que rinda cuentas aquí en el Perú.
Pero en otros ámbitos también es necesario dar a conocer verdades. Por ejemplo en cuanto a los resultados de la fiscalización realizada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), entidad técnica cuyas funciones se enmarcan en la Constitución y en la ley, por lo que descartamos cualquier viso de persecución o mala fe contra Aidesep o el tal Pizango. Y las conclusiones a las que ha llegado la APCI señalan que la ONG Aidesep “ha cometido faltas graves y muy graves”. De modo que en esta labor técnica y especializada de supervisión no vale considerar venganza alguna de por medio, pese a que es evidente la enorme responsabilidad que toca a Pizango y a la ONG de marras en el desenlace fatal del 5 de junio último en Bagua, lugar donde perdieron la vida 34 peruanos.
La APCI ha concluido pues con la fiscalización de oficio que realizó, precisamente a partir de las denuncias de los propios miembros de Aidesep, quienes hicieron pública su preocupación por supuestos malos manejos económicos en las que esa ONG habría incurrido, los que de por sí obligarían, una vez terminada la etapa del debido proceso administrativo, a imponerle multas y hasta a determinar su suspensión temporal o permanente. Y no cabe otra opción, cuando en siete de nueve proyectos ejecutados existen faltas graves y muy graves, como ocultar información; entregar documentación falsa en la declaración anual; decir que sus recursos son de fuente privada cuando son de fuente pública; ocultar información en el mismo acto de la fiscalización; o pagar los gastos de alojamiento, viáticos y alimentación a alcaldes por su asistencia a supuestos eventos, cuando en realidad esas autoridades nunca asistieron a tales compromisos.
Otra verdad a tener en cuenta es que, no por tratarse de nativos o dirigentes aborígenes van a tener estos peruanos corona para evitar se les aplique la ley. Obviamente respetamos a todos los ciudadanos, sea cual fuere su condición social, cultural o económica. Y si bien esto no tiene por qué estar en discusión, de lo que se trata es que algunos compatriotas sí abusan de su pertenencia a comunidades selváticas para burlar las normas a las que todos los peruanos estamos obligados. En ese sentido, nadie puede estar por encima del estado de derecho ni invocar el desconocimiento de los dispositivos legales para inhibir las sanciones que le corresponden ni esperar que se les pase por agua tibia las irregularidades cometidas. Indudablemente que en Aidesep queda mucha tela por cortar.
EXPRESO
Pero en otros ámbitos también es necesario dar a conocer verdades. Por ejemplo en cuanto a los resultados de la fiscalización realizada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), entidad técnica cuyas funciones se enmarcan en la Constitución y en la ley, por lo que descartamos cualquier viso de persecución o mala fe contra Aidesep o el tal Pizango. Y las conclusiones a las que ha llegado la APCI señalan que la ONG Aidesep “ha cometido faltas graves y muy graves”. De modo que en esta labor técnica y especializada de supervisión no vale considerar venganza alguna de por medio, pese a que es evidente la enorme responsabilidad que toca a Pizango y a la ONG de marras en el desenlace fatal del 5 de junio último en Bagua, lugar donde perdieron la vida 34 peruanos.
La APCI ha concluido pues con la fiscalización de oficio que realizó, precisamente a partir de las denuncias de los propios miembros de Aidesep, quienes hicieron pública su preocupación por supuestos malos manejos económicos en las que esa ONG habría incurrido, los que de por sí obligarían, una vez terminada la etapa del debido proceso administrativo, a imponerle multas y hasta a determinar su suspensión temporal o permanente. Y no cabe otra opción, cuando en siete de nueve proyectos ejecutados existen faltas graves y muy graves, como ocultar información; entregar documentación falsa en la declaración anual; decir que sus recursos son de fuente privada cuando son de fuente pública; ocultar información en el mismo acto de la fiscalización; o pagar los gastos de alojamiento, viáticos y alimentación a alcaldes por su asistencia a supuestos eventos, cuando en realidad esas autoridades nunca asistieron a tales compromisos.
Otra verdad a tener en cuenta es que, no por tratarse de nativos o dirigentes aborígenes van a tener estos peruanos corona para evitar se les aplique la ley. Obviamente respetamos a todos los ciudadanos, sea cual fuere su condición social, cultural o económica. Y si bien esto no tiene por qué estar en discusión, de lo que se trata es que algunos compatriotas sí abusan de su pertenencia a comunidades selváticas para burlar las normas a las que todos los peruanos estamos obligados. En ese sentido, nadie puede estar por encima del estado de derecho ni invocar el desconocimiento de los dispositivos legales para inhibir las sanciones que le corresponden ni esperar que se les pase por agua tibia las irregularidades cometidas. Indudablemente que en Aidesep queda mucha tela por cortar.
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