Por: Hugo Guerra
Querido lector, si queremos paz interna es indispensable potenciar la propuesta presidencial respecto a incluir al pueblo de modo más directo en la gestión del presupuesto y las obras públicas.
Centrarse en los llamados núcleos ejecutores —pese a la justa polémica que han despertado— es ocioso. Esa es, apenas, una forma participativa primaria en un contexto en el cual urgen mecanismos de integración para reducir las crecientes y peligrosas tensiones sociales.
Con pocos altibajos el crecimiento económico lleva ya casi 19 años continuos, pero persiste una inquietante polarización. Los vínculos más sólidos con el mundo globalizado se concentran en la costa (caso de los TLC), mientras sierra y selva se mantienen relegadas por ausencia de políticas territorializadas del desarrollo.
No se ha logrado consolidar una nueva clase media que retroalimente el sistema; el ahorro interno es insuficiente para sustituir los menores flujos de capital productivo internacional; dependemos excesivamente de la exportación de materias primas; el empleo formal es muy reducido; no se han contemplado salidas creativas para paliar la menor movilidad social tanto interna como hacia el exterior; y casi no se trabaja la organización popular con fines democráticos, dejando el espacio abierto para la agitación extremista. Por ello aun cuando la pobreza siga disminuyendo la convulsión social se mantendrá.
La historia de las guerras distributivas indica que el pueblo no aprecia el progreso material ni la democracia si no siente que se está integrando de manera homogénea a la nueva realidad. Así, por ejemplo, mientras más baja el analfabetismo, mayor es la conciencia de la desigualdad.
El libre mercado ha sido la clave para salir del desastre económico y fiscal que prevaleció en la década de 1980, pero hasta hoy no se logra superar la herencia fujimorista de haber crecido con una espantosa asimetría social. Situación que no pudo revertirse bajo el toledismo y tampoco en los primeros años del aprismo actual.
Por eso hoy, cuando hay recursos pero no pueden aplicarse rápida y eficazmente, el reto crucial ya no es solo reducir la cantidad de pobres, sino combatir la exclusión y la marginalidad.
Corresponde al Estado superar su tradicional incapacidad y administrar la nueva riqueza con eficiencia. Pero la tarea deben asumirla, además del Gobierno Central, los gobiernos regionales y municipales en los que se concentra la mayor parte del presupuesto operativo del país.
Dado que no pueden cambiarse de la noche a la mañana ni la incompetencia de la burocracia nacional ni el demencial marco regulatorio que nos rige, entonces resultan interesantes propuestas como la del presidente García para que la población se incorpore en la gestión del desarrollo básico del país porque eso reduce la tensión social.
Aunque, claro, la forma final de los mecanismos de participación popular debe ser diseñados por todos, oficialismo, oposición y sociedad civil para que sean fruto de una auténtica voluntad nacional que dure en el tiempo y no sea producto de la aislada iniciativa de un jefe de Estado.
EL COMERCIO
Querido lector, si queremos paz interna es indispensable potenciar la propuesta presidencial respecto a incluir al pueblo de modo más directo en la gestión del presupuesto y las obras públicas.
Centrarse en los llamados núcleos ejecutores —pese a la justa polémica que han despertado— es ocioso. Esa es, apenas, una forma participativa primaria en un contexto en el cual urgen mecanismos de integración para reducir las crecientes y peligrosas tensiones sociales.
Con pocos altibajos el crecimiento económico lleva ya casi 19 años continuos, pero persiste una inquietante polarización. Los vínculos más sólidos con el mundo globalizado se concentran en la costa (caso de los TLC), mientras sierra y selva se mantienen relegadas por ausencia de políticas territorializadas del desarrollo.
No se ha logrado consolidar una nueva clase media que retroalimente el sistema; el ahorro interno es insuficiente para sustituir los menores flujos de capital productivo internacional; dependemos excesivamente de la exportación de materias primas; el empleo formal es muy reducido; no se han contemplado salidas creativas para paliar la menor movilidad social tanto interna como hacia el exterior; y casi no se trabaja la organización popular con fines democráticos, dejando el espacio abierto para la agitación extremista. Por ello aun cuando la pobreza siga disminuyendo la convulsión social se mantendrá.
La historia de las guerras distributivas indica que el pueblo no aprecia el progreso material ni la democracia si no siente que se está integrando de manera homogénea a la nueva realidad. Así, por ejemplo, mientras más baja el analfabetismo, mayor es la conciencia de la desigualdad.
El libre mercado ha sido la clave para salir del desastre económico y fiscal que prevaleció en la década de 1980, pero hasta hoy no se logra superar la herencia fujimorista de haber crecido con una espantosa asimetría social. Situación que no pudo revertirse bajo el toledismo y tampoco en los primeros años del aprismo actual.
Por eso hoy, cuando hay recursos pero no pueden aplicarse rápida y eficazmente, el reto crucial ya no es solo reducir la cantidad de pobres, sino combatir la exclusión y la marginalidad.
Corresponde al Estado superar su tradicional incapacidad y administrar la nueva riqueza con eficiencia. Pero la tarea deben asumirla, además del Gobierno Central, los gobiernos regionales y municipales en los que se concentra la mayor parte del presupuesto operativo del país.
Dado que no pueden cambiarse de la noche a la mañana ni la incompetencia de la burocracia nacional ni el demencial marco regulatorio que nos rige, entonces resultan interesantes propuestas como la del presidente García para que la población se incorpore en la gestión del desarrollo básico del país porque eso reduce la tensión social.
Aunque, claro, la forma final de los mecanismos de participación popular debe ser diseñados por todos, oficialismo, oposición y sociedad civil para que sean fruto de una auténtica voluntad nacional que dure en el tiempo y no sea producto de la aislada iniciativa de un jefe de Estado.
EL COMERCIO
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