Por donde se mire, es realmente incomprensible y enervante cómo, dentro del Estado de derecho, se sigue permitiendo la acción extorsionadora y criminal de las mafias del sector construcción.
De acuerdo con un contundente informe de nuestro suplemento económico Día_1, estas bandas delictivas actúan a la vista de todos en Lima, Callao y otras ciudades del país para exigir cupos a diestra y siniestra. Y si las empresas constructoras se niegan a pagar, atacan las obras y generan tal clima de amenazas, violencia y zozobra que, en lo que va del año, han causado ya ocho muertos y centenares de heridos.
Al final, algunas empresas terminan cediendo y, además de contratar a los allegados de los mafiosos como personal de obra en porcentajes realmente absurdos, hasta la mitad de la planilla, colocan a los cabecillas como elementos de seguridad fantasmas que cobran sin trabajar.
Esta situación es tan escandalosa como insostenible, pues aparte de constituir un reiterado atentado a la integridad y la vida de las personas, afecta gravemente el derecho al empleo y desnaturaliza totalmente la libertad de contratación.
Los daños no quedan aquí. El sector construcción, que se ve obligado a postergar o incluso a paralizar las obras, tiene que asumir los enormes sobrecostos económicos de estas mafias, que se calculan en por lo menos el 2% del presupuesto total de las obras.
Hoy, cuando el país reclama más inversiones y dinamismo económico, no se puede permitir esta clase de estocadas paralizantes por parte de un grupo de criminales.
Ante esta anómala realidad, llama la atención que el sindicato formal de construcción civil no haya hecho hasta ahora un deslinde total y terminante con estas mafias, pues cuando en esporádicos casos se ha denunciado a dichos cabecillas, estos aparecen luego de un tiempo en mítines y marchas sin que nadie diga o haga nada.
Este esquema no es nuevo. Ya ha sido denunciado antes, por lo que llama la atención lo poco que han hecho el Gobierno y las autoridades policiales, fiscales y judiciales para acabar con estas mafias. ¿Para qué existe el Estado si unos pocos desalmados se burlan impunemente de la ley una y otra vez?
Lo urgente ahora es investigar y capturar a los cabecillas de estas bandas de crimen organizado y denunciarlos como tales, para aplicarles todo el peso de la ley, sin ninguna contemplación. Y, si es necesario, debe revisarse, junto con el Poder Legislativo, todo el marco normativo actual para procesarlos con mayor rigor e incrementar las penas de cárcel.
Ni el país ni las empresas pueden convivir más con estas lacras. Los dirigentes del sindicato formal de construcción civil tienen que colaborar con las autoridades para identificar a estos mafiosos y denunciarlos.
Los empresarios, por su parte, no pueden seguir haciéndose cómplices de estos delincuentes y, antes de ceder a la extorsión, deben más bien coordinar con la Policía Nacional y el Ministerio Público para proceder a la captura y enjuiciamiento de estas bandas criminales.
EL COMERCIO
De acuerdo con un contundente informe de nuestro suplemento económico Día_1, estas bandas delictivas actúan a la vista de todos en Lima, Callao y otras ciudades del país para exigir cupos a diestra y siniestra. Y si las empresas constructoras se niegan a pagar, atacan las obras y generan tal clima de amenazas, violencia y zozobra que, en lo que va del año, han causado ya ocho muertos y centenares de heridos.
Al final, algunas empresas terminan cediendo y, además de contratar a los allegados de los mafiosos como personal de obra en porcentajes realmente absurdos, hasta la mitad de la planilla, colocan a los cabecillas como elementos de seguridad fantasmas que cobran sin trabajar.
Esta situación es tan escandalosa como insostenible, pues aparte de constituir un reiterado atentado a la integridad y la vida de las personas, afecta gravemente el derecho al empleo y desnaturaliza totalmente la libertad de contratación.
Los daños no quedan aquí. El sector construcción, que se ve obligado a postergar o incluso a paralizar las obras, tiene que asumir los enormes sobrecostos económicos de estas mafias, que se calculan en por lo menos el 2% del presupuesto total de las obras.
Hoy, cuando el país reclama más inversiones y dinamismo económico, no se puede permitir esta clase de estocadas paralizantes por parte de un grupo de criminales.
Ante esta anómala realidad, llama la atención que el sindicato formal de construcción civil no haya hecho hasta ahora un deslinde total y terminante con estas mafias, pues cuando en esporádicos casos se ha denunciado a dichos cabecillas, estos aparecen luego de un tiempo en mítines y marchas sin que nadie diga o haga nada.
Este esquema no es nuevo. Ya ha sido denunciado antes, por lo que llama la atención lo poco que han hecho el Gobierno y las autoridades policiales, fiscales y judiciales para acabar con estas mafias. ¿Para qué existe el Estado si unos pocos desalmados se burlan impunemente de la ley una y otra vez?
Lo urgente ahora es investigar y capturar a los cabecillas de estas bandas de crimen organizado y denunciarlos como tales, para aplicarles todo el peso de la ley, sin ninguna contemplación. Y, si es necesario, debe revisarse, junto con el Poder Legislativo, todo el marco normativo actual para procesarlos con mayor rigor e incrementar las penas de cárcel.
Ni el país ni las empresas pueden convivir más con estas lacras. Los dirigentes del sindicato formal de construcción civil tienen que colaborar con las autoridades para identificar a estos mafiosos y denunciarlos.
Los empresarios, por su parte, no pueden seguir haciéndose cómplices de estos delincuentes y, antes de ceder a la extorsión, deben más bien coordinar con la Policía Nacional y el Ministerio Público para proceder a la captura y enjuiciamiento de estas bandas criminales.
EL COMERCIO
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