Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Hugo Chávez cuece habas. Alan García también.
El frente interno se le debe haber complicado mucho a Hugo Chávez para que se haya puesto más matón que de costumbre y envíe sus hordas a atacar a Globovisión por, supuestamente, practicar ‘terrorismo mediático’ en el marco de su arremetida para liquidar la libertad de expresión en Venezuela.
Luego de que en el año 2007 se negara la renovación de la concesión a RCTV, el fin de semana se cerraron 34 emisoras de radio y televisión, y otros 200 medios están en capilla.
El andamiaje legal del atropello es un proyecto de ley contra el ‘delito mediático’, definido como “las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.
Este himno a la mordaza –que en el Perú suscribirían varios políticos– se extiende en precisiones y sanciones a la divulgación de noticias falsas, manipulación noticiosa, negativa a revelar fuentes y, en general, esas tonterías que cualquier periodista de cualquier país –incluido el nuestro– suele escucharles a los políticos molestos por lo que se publica sobre ellos.
A nadie le gusta que la prensa lo critique, pero la cosa es diferente si se habla de un presidente. Chávez es el latinoamericano que más lejos ha ido en el camino de liquidar la libertad de expresión, pero hay esfuerzos parecidos –aunque adaptados al estilo local– en Ecuador, Bolivia, Nicaragua o Argentina.
No solo ahí, lamentablemente. En el Perú de Alan García, cuya soberbia es muy superior a su vocación democrática, la reacción contra la crítica periodística es más sutil o ruda según el medio. El ‘método suave’ va desde bonificar la actitud positiva con publicidad excesiva –un par de diarios ya parecen ‘El Peruanito’–, hasta ‘conversar’ con el propietario la línea editorial y el retiro de periodistas incómodos a cambio de negocios para el accionista o la vista gorda a la deuda tributaria.
Pero también hay en el gobierno aprista un ‘método rudo’ que se aplica a medios de provincias con cierres arbitrarios que, lamentablemente, no producen en la capital la reacción que sería indispensable, como en el caso de radio La Voz de Bagua Grande, un atentado a las libertades democráticas que es un baldón, no para el presidente García, ya curtido en estos pantanos, sino para alguien que se precia de demócrata como el ex premier Yehude Simon, o su reemplazante Javier Velásquez Quesquén, el cual, sin hacerse ningún problema, acaba de reiterar que dicho medio fue cerrado por sus contenidos.
LA PRIMERA
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Hugo Chávez cuece habas. Alan García también.
El frente interno se le debe haber complicado mucho a Hugo Chávez para que se haya puesto más matón que de costumbre y envíe sus hordas a atacar a Globovisión por, supuestamente, practicar ‘terrorismo mediático’ en el marco de su arremetida para liquidar la libertad de expresión en Venezuela.
Luego de que en el año 2007 se negara la renovación de la concesión a RCTV, el fin de semana se cerraron 34 emisoras de radio y televisión, y otros 200 medios están en capilla.
El andamiaje legal del atropello es un proyecto de ley contra el ‘delito mediático’, definido como “las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.
Este himno a la mordaza –que en el Perú suscribirían varios políticos– se extiende en precisiones y sanciones a la divulgación de noticias falsas, manipulación noticiosa, negativa a revelar fuentes y, en general, esas tonterías que cualquier periodista de cualquier país –incluido el nuestro– suele escucharles a los políticos molestos por lo que se publica sobre ellos.
A nadie le gusta que la prensa lo critique, pero la cosa es diferente si se habla de un presidente. Chávez es el latinoamericano que más lejos ha ido en el camino de liquidar la libertad de expresión, pero hay esfuerzos parecidos –aunque adaptados al estilo local– en Ecuador, Bolivia, Nicaragua o Argentina.
No solo ahí, lamentablemente. En el Perú de Alan García, cuya soberbia es muy superior a su vocación democrática, la reacción contra la crítica periodística es más sutil o ruda según el medio. El ‘método suave’ va desde bonificar la actitud positiva con publicidad excesiva –un par de diarios ya parecen ‘El Peruanito’–, hasta ‘conversar’ con el propietario la línea editorial y el retiro de periodistas incómodos a cambio de negocios para el accionista o la vista gorda a la deuda tributaria.
Pero también hay en el gobierno aprista un ‘método rudo’ que se aplica a medios de provincias con cierres arbitrarios que, lamentablemente, no producen en la capital la reacción que sería indispensable, como en el caso de radio La Voz de Bagua Grande, un atentado a las libertades democráticas que es un baldón, no para el presidente García, ya curtido en estos pantanos, sino para alguien que se precia de demócrata como el ex premier Yehude Simon, o su reemplazante Javier Velásquez Quesquén, el cual, sin hacerse ningún problema, acaba de reiterar que dicho medio fue cerrado por sus contenidos.
LA PRIMERA
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