Ayer desfilaron miles de víctimas de la guerra interna, venidas sobre todo de Ayacucho, en son de reclamo. Pedían reparaciones individuales. Eran víctimas o familiares de muertos o desaparecidos, y mujeres que sufrieron violación. En un cartel enarbolado por campesina se leía: “Señor gobierno: queremos justicia”.
Un discapacitado, solo en la multitud, exhibía su propio letrero: “Sufrí daño físico y sipscológico”. (Error ingenuo, doloroso).
Es una demanda reveladora. Hace tres años, el presidente Alan García reconoció la justicia del pedido y prometió satisfacerlo en 2009. En vez de eso, los voceros oficiales han escamoteado la obligación afirmando que en reparaciones colectivas se ha invertido 156 millones de nuevos soles.
No es eso lo que se reclama. Lo que el Estado llama reparaciones colectivas son gastos asignados a comunidades. Pero esto no es reparación individual. Reparar un puente no repara una muerte o una mutilación. Construir una escuela no borra las letras donde nació la pena. Eso es, en todo caso, atención a obligaciones permanentes. No mitiga el dolor y el desamparo de las víctimas.
Hay, por cierto, un Consejo de Reparaciones que, pese a limitaciones presupuestarias, ha establecido un Registro Único de Víctimas. Pero eso resulta un simple certificado de dolor –y olvido–, no un acto reparador.
Las 35 mil fichas de víctimas sobrevivientes comprenden 1,338 poblaciones que padecieron matanzas y otras formas de violencia, ejercida tanto por las fuerzas del orden como por los grupos armados de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Un problema metodológico, pero ilógico, es que algunas autoridades consideran que para otorgar las reparaciones se debe esperar a que se concluya el registro de víctimas. Esto puede resultar el cuento (o la cuenta) de nunca acabar. Muchos de los afectados emigraron a otros lugares. ¿Cuándo y cómo se podría ubicar al último de ellos?
Más razonable resulta que se vaya atendiendo a las víctimas probadas. Hay pueblos enteros que padecieron las atrocidades de la guerra: ellos no se han movido de su sitio. El régimen sabe cuáles son y quienes padecieron allí.
Cálculos severos indican que atender los reclamos no tendría un costo elevado. Su efecto sería, sin embargo, de grandes consecuencias: abriría un camino hacia la tranquilidad de amplios sectores rurales, cerraría el paso a maniobras de los violentistas y contribuiría a la reconciliación nacional.
Por todas esas razones, no sólo a las víctimas conviene que se acceda a las peticiones expresadas ayer en calles de Lima. Daniel Roca, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política, condensó las demandas en un pedido: que se cree una Comisión de Reparaciones Individuales
LA PRIMERA
Un discapacitado, solo en la multitud, exhibía su propio letrero: “Sufrí daño físico y sipscológico”. (Error ingenuo, doloroso).
Es una demanda reveladora. Hace tres años, el presidente Alan García reconoció la justicia del pedido y prometió satisfacerlo en 2009. En vez de eso, los voceros oficiales han escamoteado la obligación afirmando que en reparaciones colectivas se ha invertido 156 millones de nuevos soles.
No es eso lo que se reclama. Lo que el Estado llama reparaciones colectivas son gastos asignados a comunidades. Pero esto no es reparación individual. Reparar un puente no repara una muerte o una mutilación. Construir una escuela no borra las letras donde nació la pena. Eso es, en todo caso, atención a obligaciones permanentes. No mitiga el dolor y el desamparo de las víctimas.
Hay, por cierto, un Consejo de Reparaciones que, pese a limitaciones presupuestarias, ha establecido un Registro Único de Víctimas. Pero eso resulta un simple certificado de dolor –y olvido–, no un acto reparador.
Las 35 mil fichas de víctimas sobrevivientes comprenden 1,338 poblaciones que padecieron matanzas y otras formas de violencia, ejercida tanto por las fuerzas del orden como por los grupos armados de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Un problema metodológico, pero ilógico, es que algunas autoridades consideran que para otorgar las reparaciones se debe esperar a que se concluya el registro de víctimas. Esto puede resultar el cuento (o la cuenta) de nunca acabar. Muchos de los afectados emigraron a otros lugares. ¿Cuándo y cómo se podría ubicar al último de ellos?
Más razonable resulta que se vaya atendiendo a las víctimas probadas. Hay pueblos enteros que padecieron las atrocidades de la guerra: ellos no se han movido de su sitio. El régimen sabe cuáles son y quienes padecieron allí.
Cálculos severos indican que atender los reclamos no tendría un costo elevado. Su efecto sería, sin embargo, de grandes consecuencias: abriría un camino hacia la tranquilidad de amplios sectores rurales, cerraría el paso a maniobras de los violentistas y contribuiría a la reconciliación nacional.
Por todas esas razones, no sólo a las víctimas conviene que se acceda a las peticiones expresadas ayer en calles de Lima. Daniel Roca, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política, condensó las demandas en un pedido: que se cree una Comisión de Reparaciones Individuales
LA PRIMERA
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