Al margen del mayúsculo pleito entre dos ministros de Alejandro Toledo –que han dado dos versiones opuestas de la sesión del Gabinete de la época que decidió otorgar diversos beneficios a los terroristas–, lo cierto es que los beneficios se dieron durante el toledato. Aunque todos quieran ahora, en estampida, tomar distancia de ellos, porque se han revelado como gravemente perjudiciales para el país.
Es evidente, ante tales circunstancias, que la responsabilidad de esa política concesiva y blandengue frente al terrorismo, corresponde al ex presidente Toledo y a su socio, Fernando Olivera, quien ocupó importantes cargos; entre ellos, ministro de Justicia, además de decidir los principales asuntos de gobierno con su aliado de la Casa de Pizarro. Consciente de esa responsabilidad, Olivera –quien no regresa al Perú porque alega que existe una orden de captura– subestima la inteligencia y la memoria de los peruanos al declarar que “tanto él como el gobierno de Toledo en su conjunto trazaron una línea de dureza frente al terrorismo”.
Testimonios, declaraciones y, lo más importante, hechos concretos –como la liberación de terroristas que se acogieron a las normas expedidas en el toledato, –además de millonarias indemnizaciones para los genocidas–, desmienten esa presunción. Por más que intenten, no hay manera de que escondan las temerarias excarcelaciones y los escandalosos pagos millonarios hechos a terroristas en virtud del absoluto y vergonzante allanamiento de Toledo y compañía a las sentencias de la Corte IDH. ¿Esto es, acaso, trazar una línea dura frente al terrorismo? Todo lo contrario. Es transigir, ceder, por una mezcla letal de la banalidad, frivolidad, temeridad e irresponsabilidad que caracterizó al régimen que gobernó al Perú entre el 2001 y el 2006.
Algo más que es clave. Fue el gobierno de Toledo el que desarmó material y moralmente a las Fuerzas Armadas y Policiales expoliadas antes por el montesinismo y desarticuló los servicios de inteligencia. Con miopía y sed de venganza –azuzadas por la progresía caviar que copó aquel régimen desde un primer momento– el toledato no aquilató el rol de las FF AA ni el de la PNP, así como soslayó su proyección en la paz nacional. Mucho menos aceptó su actuación valerosa frente al espanto del terrorismo, en los duros años de la lucha contra sus huestes sanguinarias y –ellas sí– genocidas que trataron de destruir el Perú causando miles de muertes y miles de millones de soles en pérdidas materiales.
Ante este panorama simple de nuestra reciente historia, ¿quién puede dudar de que fue el régimen toledista el que flexibilizó las penas y las condiciones de carcelería para liberar a los terroristas?,¿quién puede no darse cuenta de cuál fue la verdadera –aunque siempre disimulada– orientación política del toledismo frente al terrorismo?
Sus ministros se enfrentan ahora porque todo el país ha tomado conciencia de esa política concesiva y humillante para los intereses nacionales. Si fue Olivera o si fue Kuczynski quien patrocinó –o para el efecto, toleró la intromisión y vigencia de esa política– no es lo fundamental. Lo medular en este caso es que la responsabilidad es de Alejandro Toledo, una mancha negra de la que jamás podrá rehuir.
EXPRESO
Es evidente, ante tales circunstancias, que la responsabilidad de esa política concesiva y blandengue frente al terrorismo, corresponde al ex presidente Toledo y a su socio, Fernando Olivera, quien ocupó importantes cargos; entre ellos, ministro de Justicia, además de decidir los principales asuntos de gobierno con su aliado de la Casa de Pizarro. Consciente de esa responsabilidad, Olivera –quien no regresa al Perú porque alega que existe una orden de captura– subestima la inteligencia y la memoria de los peruanos al declarar que “tanto él como el gobierno de Toledo en su conjunto trazaron una línea de dureza frente al terrorismo”.
Testimonios, declaraciones y, lo más importante, hechos concretos –como la liberación de terroristas que se acogieron a las normas expedidas en el toledato, –además de millonarias indemnizaciones para los genocidas–, desmienten esa presunción. Por más que intenten, no hay manera de que escondan las temerarias excarcelaciones y los escandalosos pagos millonarios hechos a terroristas en virtud del absoluto y vergonzante allanamiento de Toledo y compañía a las sentencias de la Corte IDH. ¿Esto es, acaso, trazar una línea dura frente al terrorismo? Todo lo contrario. Es transigir, ceder, por una mezcla letal de la banalidad, frivolidad, temeridad e irresponsabilidad que caracterizó al régimen que gobernó al Perú entre el 2001 y el 2006.
Algo más que es clave. Fue el gobierno de Toledo el que desarmó material y moralmente a las Fuerzas Armadas y Policiales expoliadas antes por el montesinismo y desarticuló los servicios de inteligencia. Con miopía y sed de venganza –azuzadas por la progresía caviar que copó aquel régimen desde un primer momento– el toledato no aquilató el rol de las FF AA ni el de la PNP, así como soslayó su proyección en la paz nacional. Mucho menos aceptó su actuación valerosa frente al espanto del terrorismo, en los duros años de la lucha contra sus huestes sanguinarias y –ellas sí– genocidas que trataron de destruir el Perú causando miles de muertes y miles de millones de soles en pérdidas materiales.
Ante este panorama simple de nuestra reciente historia, ¿quién puede dudar de que fue el régimen toledista el que flexibilizó las penas y las condiciones de carcelería para liberar a los terroristas?,¿quién puede no darse cuenta de cuál fue la verdadera –aunque siempre disimulada– orientación política del toledismo frente al terrorismo?
Sus ministros se enfrentan ahora porque todo el país ha tomado conciencia de esa política concesiva y humillante para los intereses nacionales. Si fue Olivera o si fue Kuczynski quien patrocinó –o para el efecto, toleró la intromisión y vigencia de esa política– no es lo fundamental. Lo medular en este caso es que la responsabilidad es de Alejandro Toledo, una mancha negra de la que jamás podrá rehuir.
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