22.7.10

Terroristas y reparación civil

Paralelamente a la atinada decisión de expresar formalmente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestras reservas a las reparaciones en las sentencias en materia de terrorismo, tal como lo ha anunciado el primer ministro Javier Velásquez Quesquén, el Poder Judicial debe disponer en el acto que los terroristas liberados que no han pagado reparación civil retornen de inmediato a la cárcel, porque su presencia en las calles –como lo ha señalado en múltiples ocasiones este diario– no hace más que mellar la moral de las nación.

A la vista de los escandalosos casos que la opinión pública ha conocido, el Estado peruano debe reaccionar con firmeza y coherencia, sintonizando, además, con la opinión pública que, como un solo puño, se ha unido para condenar esa liviandad que permite a terroristas –que tanto daño le hicieron al país– salir libres por la aplicación irresponsable de beneficios sin que nadie se haya preocupado de confirmar si cumplieron o no –este último es el caso– con pagar la reparación civil fijada en sus sentencias. Una inacción a todas luces imperdonable, condenable.

La lógica más simple exige una respuesta de todas las instancias judiciales. Los terroristas son un peligro mayor para la sociedad porque plantean su destrucción. Y es bajo esa óptica que debe verse y aplicarse la legislación y acción punitiva del Estado, como lo han hecho otros países. Sólo para citar el reciente caso de algunos liberados de la banda terrorista ETA en España, estos elementos accedieron al beneficio de la excarcelación tras hacer expresa renuncia a su organización, a la ve que condenar –y renunciar a– la violencia que propiciaron. En el Perú, se sabe que ningún terrorista que ha salido con el beneficio en libertad ha hecho algo similar; por el contrario, no han perdido ocasión para demostrar que no tienen un ápice de arrepentimiento.

Los procuradores del Estado deben impulsar de inmediato una estrategia para llevar a los penales a los terroristas libres que no han pagado reparación civil, contando para el efecto con la decidida colaboración de las instancias jurisdiccionales. Por su parte las instituciones, en especial los partidos políticos representados en el Congreso, deben alzar su voz reclamando coherencia para decidir una medida como la planteada.

El país necesita señales claras antiterroristas de sus entes políticos y judiciales. No se debe bajar la guardia frente al fenómeno subversivo. No se debe ceder. No debemos dejarnos apabullar por la prédica de la izquierda progre –y la de sus adláteres– que ya bastante daño le han hecho a la verdadera reconciliación nacional. Una de esas señales es que la ciudadanía vea que el terrorismo no paga y que quienes lo ejercieran con alevosía, premeditación y ventaja, reciben todo el peso de la ley, expresión que no debe ser sólo una metáfora.

Observar las reparaciones a los terroristas de la Corte IDH es defender la auténtica soberanía del Perú, de la misma forma que lo es exigir que vuelvan a la cárcel mientras no paguen el íntegro de sus reparaciones civiles.


EXPRESO

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