Acabamos de recordar el dieciocho aniversario del bárbaro atentado de la calle Tarata en Miraflores, cuyo salvajismo y vesania no pudo, sin embargo, doblegar la moral de los limeños, quienes, junto a todos los compatriotas del país y con la protagónica y heroica participación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lograron derrotar al terrorismo. Veinticinco muertos, 155 heridos y una calle arrasada y un distrito dañado que después floreció, son la expresión viva de que la violencia subversiva no pasó ni pasará en el Perú. Sólo quedará ésta como aspiración de la izquierda históricamente violentista.
Por ello, rechazamos la iniciativa de construir en Miraflores una ermita –llamada Museo de la Memoria–, donde la izquierda pretende obligar a la población a rendir homenaje, por igual, a los terroristas y a sus víctimas. Esta iniciativa descabellada –pues no caben “museos” ni “memorias” cuando el terrorismo está redivivo en las universidades y en regiones del país– fue sin embargo abrazada por el alcalde de Miraflores, Manuel Masías Oyanguren, presumiblemente en su afán por codearse con la progresía siempre glamorosa. Pero flaco favor le ha hecho este funcionario al distrito que juró servir.
La maoísta marcha del campo a la ciudad que los subversivos de Sendero Luminoso empezaron a poner en práctica con el alevoso atentado de Tarata, tuvo en él su expresión más simbólica, aunque estratégicamente no significara mucho. Lo que quería Sendero era infundir terror en la población limeña, y por ello atentaron contra el corazón de uno de sus distritos más simbólicos. No olvidemos que, según las publicaciones de la época, la secta terrorista Sendero Luminoso era considerada capaz de acceder al poder por la violencia armada.
La policía llegó a la conclusión de que la barbarie del 16 de julio en Miraflores fue planificada y ejecutada por los destacamentos especiales 12, 15 y 18 de la Dirección Zonal Centro de Sendero Luminoso, y, se logró identificar y detener a la mayoría de los terroristas responsables del atentado. La Justicia sentenció a los senderistas responsables de la masacre. Hoy, sin embargo, apelando a concesiones otorgadas por la progresía –el gobierno de Alejandro Toledo sucumbió ante la presión de esta izquierda de salón– los condenados exigen libertad y, además, que el Estado los indemnice.
Tarata es historia, pero historia siempre presente. Es la señal que el terrorismo puede amenazar pero no vencer, ni menos convencer a la democracia. Para graficarlo, la emblemática calle se renovó por completo y sus gentes, lejos de amilanarse, cada año marchan en rechazo al senderismo genocida. Entre esos marchantes que corean las palabras paz y democracia, está Vanessa Quiroga, joven de 22 años que se convirtió en símbolo de esta tragedia al sobrevivir pese a su grave lesión.
Pero los peruanos no aprendemos la lección. No obstante que Vanessa Quiroga fue víctima del terrorismo el Estado aún no la ha indemnizado; sin embargo sí lo ha hecho con los terroristas a quienes, además, ha dejado libres por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Peor aún, los senderistas ya libres no han pagado la indemnización a la sociedad que les impuso la Justicia y se pasean sin problema por las calles; los terroristas que siguen encarcelados claman libertad e indemnización apoyados por las ONG, la CIDH y la izquierda mediática; y, paradójicamente, el Municipio de Miraflores –donde queda la calle Tarata– apoya esa necedad llamada Museo de la Memoria que la progresía insiste en erigir allí para “hermanar” a los terroristas con sus víctimas.
EXPRESO
Por ello, rechazamos la iniciativa de construir en Miraflores una ermita –llamada Museo de la Memoria–, donde la izquierda pretende obligar a la población a rendir homenaje, por igual, a los terroristas y a sus víctimas. Esta iniciativa descabellada –pues no caben “museos” ni “memorias” cuando el terrorismo está redivivo en las universidades y en regiones del país– fue sin embargo abrazada por el alcalde de Miraflores, Manuel Masías Oyanguren, presumiblemente en su afán por codearse con la progresía siempre glamorosa. Pero flaco favor le ha hecho este funcionario al distrito que juró servir.
La maoísta marcha del campo a la ciudad que los subversivos de Sendero Luminoso empezaron a poner en práctica con el alevoso atentado de Tarata, tuvo en él su expresión más simbólica, aunque estratégicamente no significara mucho. Lo que quería Sendero era infundir terror en la población limeña, y por ello atentaron contra el corazón de uno de sus distritos más simbólicos. No olvidemos que, según las publicaciones de la época, la secta terrorista Sendero Luminoso era considerada capaz de acceder al poder por la violencia armada.
La policía llegó a la conclusión de que la barbarie del 16 de julio en Miraflores fue planificada y ejecutada por los destacamentos especiales 12, 15 y 18 de la Dirección Zonal Centro de Sendero Luminoso, y, se logró identificar y detener a la mayoría de los terroristas responsables del atentado. La Justicia sentenció a los senderistas responsables de la masacre. Hoy, sin embargo, apelando a concesiones otorgadas por la progresía –el gobierno de Alejandro Toledo sucumbió ante la presión de esta izquierda de salón– los condenados exigen libertad y, además, que el Estado los indemnice.
Tarata es historia, pero historia siempre presente. Es la señal que el terrorismo puede amenazar pero no vencer, ni menos convencer a la democracia. Para graficarlo, la emblemática calle se renovó por completo y sus gentes, lejos de amilanarse, cada año marchan en rechazo al senderismo genocida. Entre esos marchantes que corean las palabras paz y democracia, está Vanessa Quiroga, joven de 22 años que se convirtió en símbolo de esta tragedia al sobrevivir pese a su grave lesión.
Pero los peruanos no aprendemos la lección. No obstante que Vanessa Quiroga fue víctima del terrorismo el Estado aún no la ha indemnizado; sin embargo sí lo ha hecho con los terroristas a quienes, además, ha dejado libres por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Peor aún, los senderistas ya libres no han pagado la indemnización a la sociedad que les impuso la Justicia y se pasean sin problema por las calles; los terroristas que siguen encarcelados claman libertad e indemnización apoyados por las ONG, la CIDH y la izquierda mediática; y, paradójicamente, el Municipio de Miraflores –donde queda la calle Tarata– apoya esa necedad llamada Museo de la Memoria que la progresía insiste en erigir allí para “hermanar” a los terroristas con sus víctimas.
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