La ineficacia del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)

Hace cinco días, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) me notificó la Resolución Nº 305-2009-CNM mediante la cual, por mayoría, resuelve declarar infundada la nulidad que presentamos contra la negativa de aquella Institución para destituir al magistrado Robinson Gonzáles Campos, quien suscribió una ejecutoria suprema (2005), permitiendo la ilegal excarcelación de los hermanos Alex y Moisés Wolfenson (involucrados en delitos contra la administración pública) y resistiéndose a cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaraba que “ningún juez o magistrado de la República puede aplicar el precepto impugnado, por haber cesado en sus efectos”.

La denuncia se presentó en base al inciso segundo del artículo 31º de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que determina la procedencia de la destitución de un magistrado por “la comisión de un hecho grave que, sin ser delito o infracción constitucional, compromete la dignidad del cargo y la desmerezca en el concepto público”; lo sucedido encajaba perfectamente. El juez Robinson Gonzáles, una vez más, favoreció a los responsables de corrupción, no acataba una sentencia de cumplimiento obligatorio y se resistía a revocar su fallo. Todo esto originó una protesta masiva de la población, hubo una concentración popular en la puerta del Palacio de Justicia donde miles de ciudadanos indignados se reunieron con las manos pintadas de blanco, rechazando la decisión de la Corte Suprema; expertos en materia penal rechazaban la norma legal y criticaban duramente el fallo judicial. Algunos legisladores pedían disculpas públicas por haber votado a favor de dicha Ley.

El tema está referido a la vergonzosa Ley Nº 28568 que modificaba el artículo 47º del Código Penal y que fue, sospechosamente, aprobada por el Poder Legislativo, sin debate alguno; sólo existe una breve sustentación efectuada por un integrante de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA) y la votación. El ex jefe de Estado, Alejandro Toledo, no la observó, ni la promulgó y el Presidente del Congreso ordenó la divulgación. Ante ello, un grupo de parlamentarios, interpusimos una acción de inconstitucionalidad que fue declarada fundada y logramos que cuatro miembros de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema revocaran su propio fallo y dispongan el encarcelamiento de los indebidamente liberados; sin embargo, Robinson Gonzáles, se resistió y por eso fue denunciado ante la Institución competente, la cual se negó a cumplir sus obligaciones constitucionales y decidió derivar lo actuado al propio Poder Judicial (PJ), para que la Corte Suprema le aplique una sanción menor. Algo realmente escandaloso.

Todos sabemos que la máxima instancia judicial, legalmente, no puede hacer nada, ya que no existe un proceso establecido para aquellas pesquisas; ítem más, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), ni el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) tienen facultades para investigar jueces supremos o sea la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) termina siendo el triunfo de la impunidad.

LA PRIMERA

Para no pagar la factura

Los cuatro hijos de Alberto Fujimori: Keiko, Hiro, Sachi y Kenji cursaron estudios universitarios en los Estados Unidos, mientras oficialmente su padre ganaba dos mil soles mensuales. ¿Alguien duda, entonces, que lo hicieron con dinero mal habido? ¿Acaso no dio suficiente muestra de rapiña, apenas iniciado su gobierno, al robar por intermedio de su familia ropa usada, donada para pobres por el Japón, por valor de un millón de dólares? ¿Alguien puede dudar todavía de ello ahora cuando sabemos que la banda de ladrones que lideraba (al menos quince de sus ministros o están presos o con orden de captura) hurtó del Estado más de dos mil millones de dólares? Fijémonos, por tanto, en otro aspecto de lo antes mencionado, que tiene un alto contenido simbólico, sobre el cual, sin embargo, poco se comenta: que mientras ponderaba la calidad educativa supuestamente lograda bajo su gobierno (ahora sabemos que la condujo al colapso), enviaba sin rubor a todos sus hijos a educarse fuera del país, como huyendo de una peste. Ese solo hecho, reiterado por los políticos de turno en el poder, dice más que cualquier discurso, sobre el tratamiento efectivo dado a la educación en nuestro país, y adquiere mayor significación aún, tratándose de quien mediante la emisión del decreto legislativo 882, el año 1996, impuso la privatización de la universidad en el Perú, dejándola a merced de la lógica del lucro, sin garantía alguna de la calidad de sus servicios; con lo cual, puestos sus hijos a buen recaudo, pulverizaba la credibilidad de los grados y títulos emitidos por la mayor parte de universidades, sobre todo en el sector privado que desde entonces mercantilizó el acceso a ellos en una lógica de acumulación salvaje de capital que involucra a más de un aspirante a la presidencia de la República, que ha hecho jugosos negocios con la legítima aspiración de la población a la educación superior de sus hijos.

El panorama es similar en los servicios de mayor impacto social: Como quienes gobiernan no se atienden en hospitales públicos, ni usan servicios de transporte público, ni colegios o universidades públicas, nos lanzan floridos discursos, convenientemente maquillados con falaces cifras estadísticas, ponderando la mejora sustantiva de aquellos servicios. Que lo hecho por Fujimori con la educación de sus hijos y los nuestros sirva de lección. Repasemos bien la cuenta, para no pagar otra vez la factura.

Mientras ponderaba la calidad educativa supuestamente lograda bajo su gobierno (ahora sabemos que la condujo al colapso), enviaba sin rubor a todos sus hijos a educarse fuera del país, como huyendo de una peste.

LA PRIMERA

Un canalazo

García no necesita arrebatar licencias ni cancelar concesiones. Le basta la falta de escrúpulos y la Sunat, su banda de saqueadores propia, para hacerse con un canal de televisión.

El operativo de ayer ha sido al más puro estilo chavista. Veremos si el gran novelista que se enfrenta al protodictador boliviariano dice algo al respecto.

Examinemos el asunto. Hace años que Panamericana Televisión, con Genaro a la cabeza, le debía a la Sunat decenas de millones de soles. He sido de los pocos que, tercamente, ha exhibido, en la TV y en cuanto foro me ha tocado hablar, los documentos respectivos.

Genaro debía y debía y la Sunat no cobraba. No cobraba porque no tenía la orden de García. Y porque Panamericana era el bazar noticioso del Apra y la megafonía de ese silencio que al gobierno aprista le agrada tanto.

La Sunat ha podido embargar a Genaro hace cuatro años, cuando su deuda ya sobrepasaba los 40 millones de soles. O en enero del 2009, cuando ya estaba en los 104 millones.

Pero no lo hacía porque Genaro seguía “ganando” en ese poder judicial en el que se movía como piraña en agua sucia. Cautelar tras cautelar, juez tras juez, volando del cono norte a una sala civil previamente aceitada, Genaro producía amparos como si fueran telenovelas de clase B.

Y por eso es que la Sunat no lo embargaba. Porque si lo embargaba, lo quebraba. Y el asunto era que Genaro tenía que seguir administrando el Canal 5. Porque con él y con su rabo de paja kilométrico, García se aseguraba un contenido piadoso, mentiroso o resbaloso (marque usted la X).

¿Por qué ha esperado la Sunat hasta el lunes 1 de junio del 2009?

Porque el viernes 29 de mayo, el decimo-segundo juzgado civil había terminado con la administración de Genaro Delgado Parker. Y era inminente el retorno a la situación previa al 2003, el año en el que Genaro, alegando que el Canal estaba en manos corruptas, entró al Canal para “administrarlo judicialmente”.

Seis años ha durado esa “administración judicial”. Durante este sexenio, Genaro ha quebrado y saqueado la empresa que originalmente fundara. Y ahora, previo trato bajo la mesa, se va tranquilo a su casa. Le deja el Canal a García (o sea a la Sunat) y a los señores Roque Benavides, compañero de pachanga y de impuestos no cobrados, Pablo Cateriano, lobista de almas tomar, y Alberto Cabello, de quien podría decirse, robándole palabras a Vallejo, que es lóbrego mamífero y se peina.

Los tres, juntos y revueltos en el caldo de Sunat que se ha cocinado en Palacio, son el nuevo banquete de García. Con ellos está virtualmente garantizado el retorno, por lo más empinado de sus altas cualidades, de Chichi Valenzuela, archiamiga de Roque Benavides y publicista del presidente de la República.

Lo más grave de todo esto es que el zarpazo de ayer invade los fueros del poder judicial y se interpone, de un modo legicida, en medio de un proceso que ha durado seis largos años y había sido resuelto nada menos que en la Corte Suprema.

Si García amase la ley podía haber esperado el cese de la gestión de Delgado Parker, la transferencia en orden a la administración señalada por los jueces y, luego, la intervención de la Sunat. Eso habría sido burdo y apenas legal. Lo de ayer ha sido chusco y repulsivo.

La pregunta es ahora por qué la Sunat no embarga y administra a Frecuencia Latina, que le debe 54 millones de soles que se niega a pagar desde hace más de cinco años.

No lo hará porque Frecuencia Latina ya está alineada con el fujimorismo, aliado penal de García. Y porque esto no es un asunto de impuestos sino de conveniencia política.

Conozco muy bien al flamante administrador Alberto Cabello. Fue el gerente que me dijo, en su oficina de Canal 2, que me rescindían el contrato por no “estar afiatado” con el resto de los programas periodísticos de la emisora. Y sólo porque me negué a la idea de integrarme al coro ultraconservador que, en enero del 2006, empezaba a ser unánime en la televisión “del sistema”.

Cabello es un operador eficaz de quien sea. En este caso, para pena de su biografía, lo será de Nava y Chirito, de García y de Nores, de Cornejo y de Kouri, de Ventanilla y los Rodríguez Banda.

Cuando América TV entró en insolvencia y se sometió a un proceso concursal, también le debía millones de soles a la SUNAT. Fueron, sin embargo, los diarios “El Comercio” y “La República” los que se hicieron dueños del canal. En el peor de los casos, esa habría sido una salida bastante menos mafiosa que la elegida por García.

Y si el apellido Schutz está manchado –y lo está- y no era dable que Panamericana pasara de Carita a Tirifilo, ¿por qué entonces el gobierno de García no licitó esa licencia? ¿Por qué no se la retiró a Genaro, visitador de Montesinos y solicitante de favores en la salita del SIN?

Quizá no lo hizo porque nadie podía garantizar, ciento por ciento, a qué manos iría a parar Canal 5 tras una puja limpia y convenientemente supervisada por algún organismo neutral.

Si los Schutz no huelen a rosas sino a maletín de deportes y a avaricia sudada y a suizo bamba, ¿a qué huele lo perpetrado ayer?

Huele a García. Recordando a Tennessee Williams: huele a mendacidad. A fajo metido en el sobaco. Huele otra vez a “canalazo” comprado entre sombras.


LA PRIMERA

Fuera de la ley

La maniobra canalizada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) respecto a Canal 5 coloca a ese medio directamente en manos del presidente Alan García.

Así lo demuestra el hecho de que Alberto Cabello, ex gerente del Canal 2 de Baruch Ivcher, haya sido nombrado como nuevo administrador de la televisora.

El Canal 5 era ya, por supuesto, adicto al régimen. La novedad es que ahora va a convertirse en una especie de Canal 7, es decir, en órgano de propaganda del ególatra que nos gobierna.

No se requieren facultades adivinatorias para prever que la pantalla se llenará allí de imágenes de García y programas de propaganda, calumnias e insultos. Tampoco resulta imprevisible que el canal pase, al cabo de un tiempo, a la Universidad San Martín de Porres, del ministro José Antonio Chang. Los trabajadores del canal lanzados a la calle seguirán allí.

La medida sobre Panamericana había sido anunciada, sin tapujos, por el jefe del Estado el sábado, cuando dijo que la Sunat “haría bien en cobrar la deuda tributaria”. “Sea quien sea el que esté allí, hay que cobrar, si no ¿hasta cuándo?”.

Se dijo y se hizo.

Significativa es la interrogación, porque diversos sectores de la opinión y de la prensa, en particular La Primera, han señalado durante meses la complacencia con que la Sunat trataba al gran evasor de tributos, Genaro Delgado.

Ahora, cuando la decisión judicial estaba ad portas, la Sunat se torna veloz y hasta draconiana.

La inspiración es patentemente política y palaciega.

Toca a los juristas analizar el caso para establecer si la Sunat tiene entre sus atribuciones la de asumir la administración de una empresa privada.

Si entre sus finalidades figura ésa, hay que preguntarse por qué entonces no interviene en otros negocios, y les nombra administradores gubernamentales. Varios medios de comunicación serían pasibles de esa medida coercitiva.

Por supuesto que, en la medida en que esos medios desempeñan la mayordomía mediática de Palacio, no los van a tocar ni con el pétalo de un dólar. La coerción, con cierre abrupto, sólo se ejerce contra pequeños negocios. La ley del embudo en todo su esplendor.

La medida adoptada por la Sunat a instancias del Ejecutivo es una arbitrariedad sin atenuantes, y un precedente amenazador.

Será interesante ver la reacción de quienes se proclaman defensores de la libertad de expresión.

¿Lo que hace Hugo Chávez respecto a una televisora cuya licencia se había vencido es condenable; pero lo que García acaba de ejecutar es legítimo?

Entra en juego aquí el doble estándar de la derecha sobre el derecho.

La maniobra capitaneada por García fue preparada, es evidente, en combinación con Genaro Delgado Parker. Los frutos de esa alianza no prometen nada bueno para la democracia y la libertad.

LA PRIMERA

Pepe el Vivo

Hace 30 años, en la primera campaña en los medios para tratar de crear conciencia tributaria, se creó el personaje de 'Pepe el vivo’, el estereotipo del evasor. En ese entonces, el temor a ser encarcelado aumentó la recaudación. Similar resultado se tuvo a inicios de los 90, aunque en esa ocasión se logró gracias a un intenso tratamiento mediático de los operativos sorpresa en los mercados.

Luego de ello, la Sunat se dedicó a transferirle sus obligaciones y responsabilidades al sector privado vía retenciones y detracciones, así como a través del cobro del ITF por parte de los bancos. Esta pasiva tendencia se profundizó con el boom de las mineras, ya que la Sunat actuaba como accionista de ellas y parecía vivir, sin mayor esfuerzo, de sus rentas.

Ahora, el embargo ejecutado a Panamericana, uno de sus principales deudores, marca lo que podría ser el inicio de un radical cambio de posición. Se estaría pasando de la cómoda posición de tratar de incrementar la recaudación –aumentando la carga de trabajo del contribuyente sin siquiera darle las gracias u ofrecerle retribución– a una actitud de remangarse las mangas y tomar acción.

Más aún, la crisis internacional va a causar una caída de 3 mil millones de dólares en los ingresos fiscales, así que toda deuda al Tesoro debería ser objeto de recuperación. Por ello, esperamos que lo visto ayer se repita a lo largo del país, y en todos los sectores de la economía, en una campaña nacional contra la evasión. Después de todo, somos un país donde 15 mil contribuyentes –de más de tres millones registrados– representan el 90% de la recaudación del Impuesto a la Renta; en el Perú, el pagar tributos es la excepción y no la regla.

Sin embargo, existe el riesgo de que algunos encuentren atractivo dirigir un importante medio de comunicación. Por lo tanto, es fundamental apurar el paso y que se pague la deuda, ya sea por parte de los actuales accionistas, a través de la venta de la empresa, o con la Sunat, subastando sus acreencias. Incluso, el plazo de seis meses que esta se tomará solo para evaluar parece desproporcionado. Más bien, el gobierno debería garantizar que saldrá del medio, a más tardar, el primer trimestre del próximo año. Si para esa fecha no ha logrado recuperar lo adeudado, entonces solo le queda liquidarlo, ya que sería inaceptable que controle el canal durante el proceso electoral.

PERU 21

Short Message Service

Uri Ben Schmuel
uribs@larazon.com.pe


Justo cuando le damos vuelta al tema de esta columna, en uno de esos días que sufrimos el síndrome de la página (o, mejor dicho, del monitor) en blanco, recibimos en el celular un mensaje de texto de un amigo. Describe con precisión, en una docena de palabras, el actual escenario: “Nativos aullando, Evo rebuznando y Chile gruñendo: la situación no pinta bien”.
Perfecta y sucinta manera de graficar el desmadre interno a causa de Pizango y su pandilla y el externo por Bachelet y el sacasillas boliviano. Nuestra respuesta es breve y un tanto escatológica: “Sí, estamos en deep sh.t”.

El amigo envía otro SMS: “¿AGP prepara otro giro inesperado? Creo que a Simon se le acabó el carrete. Parece el Burro al terminar su premierato”.

Como el amigo tiene contactos con círculos muy próximos al poder, le soltamos: “¿Meche? ¿LAC? ¿Quién?”.

Responde: “Creo que un apro traería más problemas que soluciones. ¿Un Yehude distinto?”.

El amigo sabe pero se hace el loco. Insistimos: “¿Quién?”.

Y su respuesta: “No sé. Un duro bruto podría terminar de fregarlo todo. Un caviar ni hablar. ¿Quién sería un duro inteligente?”.


Mala costumbre esa de responder una pregunta con otra. Le seguimos el juego con una provocación. “No sé. ¿Donayre entra en la categoría de duro inteligente? Imagínate si lo nombran premier y además le dan la cartera de Defensa y a Ántero lo rotan a Justicia”.

El amigo se toma su tiempo para responder. Y luego: “Sorry, sé que aprecias a Donayre, pero lo veo en la categoría clown”.

Son las seis de la tarde, tenemos que escribir una columna y obviamente no pertenecemos a la generación que envía SMS a la envidiable velocidad de la luz. Más bien somos torpes en esos agotadores menesteres. Así que nos irritamos un poco. “Ya pues, no juegues al ‘garganta profunda’ que no soy Woodward ni Berstein. Deja de darme preguntas y suelta respuestas”.

El amigo se pone dicharachero. “Sabes que nunca me hago el cojo por no marchar. Todo esto es solo un pálpito”.

Hacemos un último intento antes de desistir. “Ponle un nombre a tu pálpito o deja de fregar con tus acertijos”.

Diez minutos después, cuando como decía Dante lasciate ogni speranza de obtener una respuesta, llega otro SMS. “Alex Kouri. Inteligente, duro y con calle”.

Vaya que se las trae el amigo. Ya con la yema del dedo pulgar enrojecida de tanto apretar las diminutas teclas del celular, le mandamos un último mensaje: “Bingo. Tengo columna para mañana. Voy a reproducir este intercambio de SMS”.

LA RAZON

Chile ha conseguido poner a Bolivia contra el Perú

Para gobernantes chilenos, país altiplánico es una de las creaciones más artificiales de Sudamérica

En marcha proyecto de “Polonización de Bolivia” diseñado por general Pinochet

General PNP (r)
Juan Gonzales Sandoval
En política exterior Chile ha exhibido siempre una posición más realista que el Perú. Y es que para el Estado chileno no cuentan los amores, sino los intereses. Eso le permite sostener, cuando las circunstancias le son propicias, una excelente relación con Bolivia y más aún, darse el lujo de poner a este país contra nosotros.

Hoy estamos alejados de un país al que debiera unirnos el amor fraterno y, además, los intereses. Importa poco en este sentido el signo ideológico de los gobernantes bolivianos de turno; más trascendente que todo ello, es el irrenunciable vínculo histórico que une lo que fue el Alto y Bajo Perú y, desde luego su evidente complementación geopolítica.
El futuro de Bolivia concierne al Perú y toda crisis boliviana, como la que se está incubando, entraña un peligro para nuestro país.

Nunca se vio tan claramente la posibilidad de la desintegración territorial de Bolivia como a mediados de 2008. Entonces una polarización política extrema hizo temer lo peor. Por un lado el discurso oficialista que ha llegado a usar los términos, calificativos y consignas típicos de una desembozada ideología socialista y por otro el discurso, también típico y previsible del secesionismo y separatismo regionalistas. Y del dicho se ha pasado al hecho, al enfrentamiento violento, armado, entre las facciones.

Gesto inútil
En setiembre del año pasado fue convocada en Santiago de Chile la cumbre de emergencia de la Unión de Naciones Sudamericanas. La reunión fue propuesta por la presidenta chilena Michelle Bachelet en su calidad de presidenta temporal de la UNASUR. Esta cumbre que emitió una resolución de respaldo a Evo Morales ha sido un gesto inútil. La crisis continúa y prueba de ello es el conflicto que ha escalado hasta producirse un intento de asesinar a Morales, en el que probadamente han estado implicados mercenarios. Todo apunta a Santa Cruz.

Se han ensayado múltiples interpretaciones para explicarse cómo llegó Bolivia a esta crisis política tan delicada. Quienes apenas se han apartado de la superficie del problema han hablado de un divorcio cultural entre el occidente y el oriente bolivianos, entre los “collas” y “los cambas”.

Sin duda esta es una de las expresiones más visibles de la crisis, pero no la explica íntegramente. En la génesis de la actual crisis de Bolivia, en el fondo de este asunto están, asimismo, los reales y concretos intereses foráneos. Algunos de esos intereses no son de ahora, son añejos, y la historia sudamericana registra de qué modo ellos precipitaron más de una guerra.


Detrás Chile
Chile tiene una geopolítica concreta desde los tiempos de la constitución de Diego Portales (1830) y que encarna en la visión de Pinochet acerca de la “Polonización de Bolivia” (Tesis del oficial Augusto Pinochet Ugarte).

En concordancia con esa tesis, Joaquín Fontbona M., editorialista del principal diario de negocios de Chile, Estrategia, ha escrito que Bolivia es “una de las creaciones más artificiales que surgieron desde la Independencia de Sudamérica”.

Los intereses chilenos trabajaron en el siglo XIX por impedir la consumación y viabilidad de la Confederación Perú-Boliviana, que precisamente hubiera devuelto la “artificial Bolivia” al seno de lo que era su madre patria. Pero aprovechando las absurdas y personalistas luchas intestinas de los caudillos peruanos y bolivianos nuestro vecino del Sur destruyó la posibilidad de un Gran Perú (que habría tenido, si tomamos en cuenta la extensión territorial de Perú y Bolivia actuales 2,383,800 kilómetros cuadrados) territorialmente más grande que México.

Chile puso al tarapaqueño Ramón Castilla contra Andrés de Santa Cruz, quien sería más tarde un gran presidente peruano. Y más tarde aprovecharon los chilenos la prolongación de la anarquía, la ineptitud e imprevisión de la clase política peruana y la candidez bochornosa de su diplomacia, para desmembrar al Perú.

Algunos historiadores chilenos tienen respecto del destino de la Confederación una visión distinta y abrumadoramente cínica. Ellos sostienen nada menos que un siniestro Santa Cruz quiso conquistar el Perú, y que Chile tuvo que venir en auxilio nuestro.

Canción de Yungay
Como se sabe las fuerzas chilenas derrotaron a los confederados en la batalla de Yungay el 20 de enero de 1839. Esta batalla ha sido considerada como una de las más sangrientas en los anales de la historia americana.

Para celebrar la victoria los chilenos mandaron a componer la “Canción de Yungay”, en honor de las tropas del general Bulnes: Cantemos la gloria /del triunfo marcial / que el pueblo chileno / obtuvo en Yungay./ Del rápido Santa / pisando la arena, / la hueste chilena /se avanza a la lid. /Ligera la planta, /serena la frente, /pretende impaciente triunfar o morir./ Oh, patria querida,/ que vidas tan caras, ahora en tus aras/ se van a inmolar! / Su sangre vertida /te da la victoria; /su sangre, a tu gloria /da un brillo inmortal! /Al hórrido estruendo /del bronce terrible, /el héroe invencible / se lanza a lidiar. /Su brazo tremendo /confunde al tirano,/ y el pueblo peruano /cantó libertad./ Desciende Nicea, /trayendo festiva, /tejida en oliva, /la palma triunfal. /Con ella se vea / ceñida la frente / del héroe valiente / del héroe sin par.

Hoy la “Canción de Yungay”, es un himno nacional chileno. Probablemente en 1839 hubo en el Perú algunos tontos de capirote que no creyeron en la posibilidad de una agresión futura contra nuestro país. No pensaron que las “generosas” huestes chilenas que nos habían librado de un mal como Santa Cruz, pudieran destruir Lima, Chorrillos y Miraflores de la forma como lo hicieron.

Y pudo ser peor de no mediar Du Petit Thouars. No imaginaron que la soldadesca chilena iría a limpiarse el trasero con las páginas de libros valiosísimos de nuestra Biblioteca Nacional, para llevarse luego lo que no sirvió de papel higiénico y además estatuas y otros tesoros muebles.

La destrucción de la Confederación Perú-Boliviana por parte de Chile y el curso que tomaron la Guerra de 1879 y la post guerra, confirmaron el espíritu irreductiblemente expansionista de nuestro vecino del Sur.

Esto no es mera especulación pretendidamente histórica. Los propios historiadores chilenos han dejado impresa su huella, la huella del delito al hablar de los años previos al fatídico 1879: “Este plan se realizará dentro del más profundo disimulo, obrando siempre en nombre del interés chileno, pactando con las facciones todo lo que éstas deseen, halagando las aspiraciones de cada una y empujándolas a destrozarse entre sí, exactamente como ha procedido en el Perú”. (Francisco Encina, Historia de Chile) Es justamente lo que hace hoy día la socialchovinista Bachelet y la mayoría de los políticos chilenos: halagar las aspiraciones bolivianas a una salida al mar y empujar a que los actuales gobiernos de Perú y Bolivia se destrocen entre sí.

Chile se arma para invadir países vecinos

Desde Canadá advierten a Perú, Bolivia y Argentina

El Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG, por sus siglas en inglés de Centre for Research on Globalisation), con sede en Canadá, publicó un extenso informe donde advierte que Chile ha decidido armarse “hasta los dientes” para convertirse en una potencia militar hegemónica en América Latina, a fin de defender sus intereses económicos en sus países vecinos y, a través de conflictos armados contra Perú, Argentina y Bolivia, buscaría ampliar su territorio.

El documento refiere que en contraposición a la actitud de sus vecinos Perú, Bolivia y Argentina, de mantener un reducido nivel de gasto bélico, “Chile se ha estado armando hasta los dientes con armas de Estados Unidos y otras naciones de la OTAN”.
“Durante los últimos años, Chile ha estado acumulando un formidable arsenal de armas avanzadas que han alarmado a sus vecinos Argentina, Bolivia y Perú. Y más de una justificación suficiente tienen los tres países para estar nerviosos, sobre todo teniendo en cuenta las adquisiciones desarrolladas desde finales de 2005: 200 tanques alemanes Leopard, 60 tanques franceses AMX-30, 60 tanques americanos M-41, 10 aviones F-16 a EE.UU., 18 F-16 utilizados en los Países Bajos, 4 naves holandesas y 3 destructores británicos, así como 2 submarinos Scorpene franceses”, detalla el texto.

Agrega que el ex comandante general de la Fuerza Aérea chilena, Osvaldo Sarabia, “dijo que los F-16 serían estacionados en el norte de la ciudad portuaria de Iquique, cerca de Perú y Bolivia”.

Rick Rozoff, autor del informe, indica que “los analistas de Relaciones Exteriores han dicho que el objetivo de Chile es ser una potencia militar hegemónica en América Latina con respecto a Perú, Argentina y Bolivia para defender los intereses económicos chilenos en esos países y, a través de conflictos armados, buscaría ampliar su territorio en la forma en que lo ha hecho en el pasado”.

En este contexto, recuerda la Guerra del Pacífico de 1879-1884, donde Chile derrotó a Bolivia y Perú y logró anexarse parte de sus territorios, “dejando a Bolivia sin litoral”.

Comenta que el Consejo sobre Asuntos Hemisféricos, el 8 de agosto del 2007, subrayó que “las compras de armas militares ofensivas de Chile son alarmantes para la región, en particular para Bolivia, Perú y Argentina”.

“A pesar de que Chile no ha participado en un conflicto con otro país desde la Guerra del Pacífico, los militares chilenos han efectuado agresivas compras de armas en los últimos años”, acota.

LA RAZON

¿El retorno de los señores de horca y cuchillo?

Por Mirko Lauer

Como hay un paro indígena, una cumbre internacional de dirigentes indígenas, y un vecino indígena dedicado a lanzar invectivas contra el Perú, algunos comentaristas están con muchas ganas de que aparezcan las diligencias y los soldados para armar una cowboyada sangrienta. No es la primera vez que se invita a la democracia peruana al suicidio por esa vía.

No todo indígena tiene la razón por el solo hecho de serlo. La huelga que conduce Alberto Pizango tiene aspectos más bien discutibles, y las normas del Estado que quiere derogar son perfectibles. Por eso hay en curso una negociación, como suele suceder con todas las huelgas en la democracia capitalista y liberal, y no una guerra civil.

Que los indígenas andan atrasados en cuanto a derechos es algo reconocido en toda América. Hay derechos que no logran obtener, y derechos que han obtenido, pero solo sobre el papel. Remediar esto no es algo que pueda darse de la noche a la mañana, pero sí es importante no perder de vista la equidad mínima que supone una nacionalidad común.

Que la huelga indígena ya dure 50 días no debería asustar a nadie, muchas han durado bastante más. Que los congresistas del Apra le serruchen el piso al principal negociador del gobierno, Yehude Simon, no debería sorprender a nadie. Que un sincronizado congreso mundial indígena apoye a sus anfitriones está en la lógica de la política.

Las organizaciones indígenas tienen derecho constitucional a hacer todas las huelgas que quieran. En cambio las movidas para tratar de interferir con el gasoducto han sido más bien infelices, y le podrían abrir la puerta a acusaciones de sabotaje a Aidesep. Algo que no podemos creer que esté dentro de la lógica de la directiva Pizango.

El Perú está más que maduro para una reevaluación serena del legado, la presencia y el futuro de la porción indígena (no solo amazónica) de la nacionalidad. La globalización le está dando a nuestro lado indígena cada vez más protagonismo en la vida nacional, y esto está creando acres resistencias entre algunos sectores.

El trato burlón a figuras indígenas en la política y los medios, expresión de un pensamiento pre-reforma agraria, no es sino la señal de alerta que emite en estos días un sentimiento profundo de desprecio ancestral. Hay quienes quisieran que el Perú indígena se mantuviera como una suerte de decorado pasivo del negocio turístico, pero es evidente que esa hora ya ha pasado.

Es sintomático que Mario Vargas Llosa haya elegido como tema de su próxima novela la masacre de decenas de miles de indígenas huitotos llevada adelante por caucheros peruanos a comienzos del siglo XX. ¿Qué piensan los 92 contratistas petroleros actuales sobre quienes fomentan la represión de los pueblos que son y seguirán siendo los vecinos de su inversión?

LA REPUBLICA

No sucedió en el Perú

Por Humberto Campodónico

El escándalo de los petroaudios hace buen tiempo que duerme en el Poder Judicial, lo que motiva la protesta de algunos medios y la indignación de la población. Algo parecido pasa con la venta de Petro Tech (que también está implicada en los petroaudios) a la estatal colombiana Ecopetrol y la surcoreana SK. El informe de la Comisión Peralta del Congreso, dado a conocer hace dos semanas, mereció algunas notas periodísticas y artículos de opinión y ahí quedó la cosa. No se sabe cuándo se debatirá en el Pleno del Congreso.

Una de las conclusiones es que la venta de Petro Tech en EEUU por US$ 900 millones no cumplió con lo establecido en el contrato de 1993, por lo cual se debió pagar el impuesto a la ganancia de capital en el Perú. La Comisión Peralta establece que el monto que se debe recibir por ese impuesto es de US$ 270 millones.

Los nuevos dueños de Petro Tech afirman que el pago no procede porque no existe legislación vigente sobre ventas de empresas peruanas en el extranjero. Esto se “demostraría” con la afirmación del ministro Carranza de que recién se va a mandar al Congreso un proyecto de ley para que –la próxima vez– sí se tenga que pagar impuesto a las ganancias de capital en el Perú (son ya varias veces que nos han hecho cholitos, ver www.cristaldemira.com, 28/10/08 y 09/02/09).

Lo que quiere decir que ya no hay nada que hacer y los peruanos tenemos que olvidarnos de esos 270 millones de dólares (la cantidad de hospitales y colegios que se podrían hacer con ese dinero).

Pero no fue eso lo que pasó en Chile en el 2002, con un caso similar. Ese año Exxon Mobil anunció que vendería a Anglo American la mina chilena Disputada de Las Condes en el paraíso financiero del Gran Caimán por un monto de US$ 1,300 millones. Las críticas fueron intensas porque Exxon Mobil no había pagado impuesto a la renta por muchos años.

Como en Chile no existía legislación sobre la venta de empresas en el extranjero, no se pagaría impuesto a la ganancia de capital, el mismo que se estimó en US$ 300 millones. Según una revista chilena, esta fue la reacción del Presidente Lagos: “Yo no puedo aceptar que una mina de nuestro país se venda en una transacción en una islita donde no se pagan impuestos. Eso no lo acepta EEUU tampoco, que es el lugar donde entiendo esta empresa tiene sus oficinas principales. De esta forma, el jefe de Estado mostró la irritación que causó en el gobierno la forma en que se estructuró la venta de Disputada de Las Condes, hoy en manos de Exxon Mobil, la cual fue pensada originalmente para concretarse en el exterior” (1).

Comenzó así una dura batalla de largos meses. Exxon Mobil usó todos sus contactos en EEUU e incluso se llegó a decir que el gobierno de EEUU no seguiría adelante en las negociaciones del TLC con Chile. Pero la posición de Lagos no varió.

Finalmente, en setiembre se llegó a un acuerdo: Exxon Mobil accedió vender Disputada en Chile, con el correspondiente pago de impuesto a la ganancia de capital. En noviembre del 2002, el Congreso de Chile aprobó la Ley 19.840, que en su artículo 1ero establece el impuesto a la ganancia de capital a pagarse en Chile para toda empresa chilena que se venda en el extranjero.

Eso no sucede en el Perú. El señor William Kallop, ex dueño de la Petro Tech super tramposa (cuyo contrato debió ser rescindido, desde nuestro punto de vista, y las instalaciones pasar a Petroperú), que es quien debería pagar el impuesto a la ganancia de capital en el Perú lo ha pagado en EEUU. Aquí, el Presidente no se indigna con la venta (que pudo haber parado, de haber tenido voluntad política) y le pasa la pelota a una Comisión Investigadora de la venta, que después es ignorada.

No solo eso, los defensores criollos de Petro Tech recurren a argumentos legalistas para que no se pague en el Perú el impuesto a las ganancias de capital por US$ 270 millones. Increíble. Por lo expuesto, queda claro que no hay coincidencia con lo sucedido en estos dos países en casos similares. Salvo peor parecer.

LA REPUBLICA

Ceremonia del adiós

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

¿Premier Yehude Simon en la cuerda floja?

Desde el presidente Alan García hasta pesos pesados del partido, todos en el Apra se han preocupado de expresar su deseo de que Yehude Simon siga de premier, pero tanto respaldo ya produce sospecha de que sean esos gestos fingidos con que empieza la tradicional ceremonia política del adiós.

Lo peor que le puede ocurrir a un premier es que crezca la especulación de su salida. Si muchos creen que está en la cuerda floja, el premier pierde influencia pues van a esperar al reemplazante para tomar decisiones. En estas cosas, mucho rumor crea las condiciones de la profecía autocumplida.

El premier Simon ha señalado que ya volteó la página y superado el desaire de la bancada parlamentaria aprista de ‘tirarle arroz’ durante su exposición del nuevo plan VRAE, pero parecería que el problema de su relación con el Apra va más allá de los malos modales.

Los apristas creen que también han volteado la página pero la de los ‘petroaudios’. Por ese motivo se convocó a Simon al gabinete: para superar el mal momento derivado de una denuncia muy grave que puso en entredicho la honestidad del régimen. Superado el mismo, su presencia sería innecesaria.

Asimismo, la sintonía de Simon con el gobierno tiene algunos baches con diferentes grados de relevancia. El último ocurrió este fin de semana: sobre si Mario Vargas Llosa podía o no criticar a Hugo Chávez en Venezuela.

De otro lado, el Apra parece estar entrando –en medio de sus crecientes pugnas internas– en una fase prepotente que puede chocar con el estilo dialogante de Simon. Por ejemplo, el modo como pretenden acusar al congresista Werner Cabrera, quien ya retiró los agravios al presidente García, pero ahora el Apra le pide “disculpas” cuando lo evidente es que solo quieren alargar el debate sobre las normas amazónicas.

Al mismo tiempo, las políticas impulsadas por el premier Simon están demorando en cuajar. Una es el programa anticorrupción que, hasta el momento, solo parece un spot publicitario sin mucho correlato con la realidad. Miren, nomás, el escándalo que significa la manera como el Apra y el Poder Judicial están salvando a la defenestrada Tula Benites, lo que constituye una vergüenza mayúscula para el país.

La otra es el nuevo plan VRAE, el cual no ha conseguido la confianza del Congreso ni de los especialistas. Fernando Rospigliosi cree que ese plan muestra que el gobierno no sabe qué hacer en el VRAE y que el tema no le interesa en absoluto.
Quizá el cambio de las condiciones en que Simon fue llamado al gabinete, en octubre pasado, explique estas señales del inicio de la ceremonia del adiós.

la republica

“Sendero paga 300 soles por llevarse a menores”

TAYACAJA, Huancavelica.– Por Marcela Canales, enviada especial).– La versión sobre el reclutamiento de niños por la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) que fuera mostrada el pasado domingo por un programa de televisión,
fue confirmada ayer por efectivos policiales y autoridades de esta región, las mismas que revelaron que los subversivos pagan hasta 300 soles a los padres de familia para llevarse a sus hijos, aprovechando que la mayoría son campesinos pobres, por lo que aceptan el intercambio. Además, les aseguran que sus vástagos recibirán alimentos y estudios.

La fuente policial precisó a este diario que este “reclutamiento” se hace extensivo también a jóvenes y es una práctica común desde hace mucho tiempo.

“Los padres reciben un beneficio pecuniario por la entrega de sus hijos, que van entre los 100, 200 y 300 soles. Por eso, ellos no denuncian la desaparición de sus vástagos. Nadie denuncia. Ni las mismas autoridades que también saben. Igual les pagan a los jóvenes de 16 y 17 años para que se les unan y trabajen como “mochileros” (que trasladan la droga de un lugar a otro). Los senderistas tienen una buena cantidad de menores”, explicó una fuente policial”, explicó.

Lo saben
“A los jóvenes –continuó– los convencen porque les ofrecen una remuneración y como acá hay un gran desempleo, por la misma necesidad se van. Con tal de que les paguen, a qué no se dedican, pues. Los que hacen ese manejo son los narcoterroristas. Las autoridades de esas zonas saben quiénes son, pero no dicen nada porque sus comerciantes llevan productos en cantidad a esos lugares (donde paran los senderistas) y ahí les compran ropa y alimentos. De esa manera se benefician los pueblos porque ellos son los que les venden”.

Sobre la cantidad de menores reclutados por SL, dijo desconocer la cifra. De los lugares que más se llevan son de la zona nororiental de pampas, Tayacaja. “Pero lo que más domina acá es el narcotráfico. Los narcos captan a los terroristas para que los resguarden y mantengan una zona liberada. Como sucede en Huachocolpa, Tintaypunko, Surquibamba y Salcahuasi, en esas zonas no hay control policial, no se puede llegar ahí”, subrayó la fuente.

El cabecilla de SL, Víctor Quispe Palomino, camarada “José”, y sus huestes, también transitan por esas zonas, pero su base está en Marcavalle, a diez horas de Tayacaja. Los insumos para la droga que pasan por esa zona son llevados principalmente a Huanta y Churcampa. Luego, una vez lista, la droga es llevada hacia Bolivia y Brasil, refirió.

Hay evidencias
El presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc, reconoció la existencia de este grave problema. “Sí, hay evidencias e información de que habría en toda esta zona un reclutamiento de menores. Pero eso sucede desde hace tiempo, creo que lo han hecho siempre. Escogen a los menores que son de las familias más humildes. ¿Qué les ofrecen? Creo que hay una transacción económica con los padres, ellos dan el consentimiento, porque de lo contrario denunciarían la desaparición de sus hijos y no lo hacen”, indicó, tras indicar que se entera de esos hechos por los propios dirigentes y autoridades de la zona.

“No me corresponde”
Al preguntársele si como autoridad ha tomado alguna medida, Huaroc señaló que no les corresponde ese trabajo que es más bien policial y del Ejército. Además, agregó, se sabe bien que la lucha antidrogas se dirige directamente desde Lima. “Pero sí, nosotros conversamos con los alcaldes y dirigentes, en el sentido que ellos tienen que ser conscientes de la gravedad de la situación y que tienen que colaborar para desarrollar una cultura de paz, totalmente distinta, eso es parte de nuestro trabajo. Pero en las reuniones con el Consejo de Seguridad Nacional, con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), hemos expresado nuestras propuestas para mejorar la seguridad en la zona”, recalcó.

Plan VRAE
Sobre la exposición del primer ministro, Yehude Simon, en torno al plan VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene) Huaroc, opinó que en términos generales, es una buena decisión que se planteen los ejes estratégicos en lo político, económico, social y en lo militar, pero que debe ser una sola autoridad, un solo comando, el que dirija esa estrategia. “Creo que hay un reconocimiento de la dimensión del problema, que tiene raíces profundas y tiene que ver con la economía de la zona y el impacto social y político en la región. Pero me parece –y esta es una opinión que comparten otros presidentes regionales–, que hay una situación por definirse, y es que la estrategia del VRAE la debe dirigir una sola autoridad, no puede haber un comando militar y policial por un lado y otro para los temas sociales y económicos”, destacó.

Explotación
Lo que hay es explotación del menor, los vuelven 'mochileros' para el traslado de la droga y les pagan bien. Eso es lo que conviene al narcoterrorismo que haya desorden en la zona para trabajar libremente, comentó por su parte, el alcalde de la provincia de Tayacaja, Jesús Monge. “No sólo he recibido versiones sobre ese reclutamiento, estoy convencido de ello. Por eso con el presidente regional de Huancavelica, Federico Salas, hemos luchado el año pasado, junto con los alcaldes distritales de la zona, para que nos incluyan dentro del VRAE, por eso ahora Tayacaja está incluida”, aseguró, tras destacar como positiva la presencia del Estado en la zona, la que se plasma con la presentación que hizo la ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, del programa “Mi Chacra Productiva”, que beneficiará a unas 7,500 familias de extrema pobreza de seis departamentos.

El dato
La provincia de Tayacaja, Huancavelica, tiene alrededor de 103 mil habitantes, la mayoría de los cuales viven del campo. Este departamento es, junto con Apurímac, uno de los más pobres del país.

EXPRESO

MEM: miope visión

El precio del barril de petróleo trepó lentamente hasta llegar casi a US$ 70. Pese a la crisis, el deseo de la OPEP es llegar dentro de dos años a los niveles que en el 2008 preocuparon a más de uno, cuando el crudo llegó a US$ 150/barril. Pero, por encima de estas especulaciones, todos sabemos que la oferta de petróleo es rígida y que dentro de cuatro décadas el agotamiento del oro negro será una realidad incontrastable. Para entonces necesitamos contar seriamente con otro tipo de fuentes de energía. De todas las alternativas que podrían sustituir al petróleo, llámese –por ejemplo– el carbón –aunque sea muy contaminante– o la energía nuclear –la cual es muy costosa–, son el gas, los biocombustibles y la fuerza eólica las opciones más importantes y más limpias para seguir echando a andar el mundo. Esto, que resulta tan claro, no parece motivar de manera consistente al actual titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) a fin de proyectar sosteniblemente la política energética nacional en el mediano y largo plazo. En el tema de los biocombustibles, el país avanzó mucho en los últimos dos años ya que se promocionó, alentó y defendió a la inversión en etanol, sin embargo ahora se acusa un lamentable desmontaje de los planes orientados a contar con combustibles complementarios al crudo que el Perú importa para satisfacer la demanda interna. Por si acaso aquí en el país el biocombustible no saldría del maíz, como en EE UU, sino de la caña de azúcar, fomentando así el empleo y la producción en este cultivo cuyos precios andan deprimidos en el mercado internacional.

Por otro lado, en este momento en que la administración Obama está replanteando el desaliento de algunos ante los biocombustibles, porque se aducía que se necesitan millones de hectáreas de maíz para producir el carburante, y que por ello se dejarían de lado inmensos campos de cultivo destinados originalmente a la alimentación, lo cierto es que en este momento en laboratorio se ha logrado separar la celulosa del contenido alimentario del maíz, lo cual abre una excelente posibilidad para reconocer que la inversión en biocombustibles no solo es necesaria sino viable. Pese a esta información científica alentadora, en nuestro país se intenta hoy abandonar y tirar por la borda todo lo avanzado últimamente en este rubro que sólo busca acabar con la dependencia del petróleo. Vemos, pues, que hay temas flacos en la actual gestión del MEM.

Igual situación se comprueba en el tema de las energías renovables a través de la fuerza de los vientos (energía eólica) para generar electricidad. ¿De qué sirve que el Estado peruano haya dado el Decreto Legislativo N° 1002 (Ley de promoción de Energías Renovables) y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 050-2008, así como haya anunciado la subasta de 500 MW de fluido eléctrico mediante parques eólicos, convocatoria que ha desatado expectativas y sobre todo inversiones en muchos empresarios nacionales y del extranjero, para que ahora todo se desinfle gracias a la dejadez y a la inexplicable demora de las autoridades competentes del MEM, obligadas a respetar plazos y planes. ¿Para qué se dan normas si el propio Estado no las va a hacer cumplir?

EXPRESO

Hacia un desarrollo sostenible

Por: Jorge Lescano Sandoval Ingeniero

Es necesario que el desarrollo sostenible del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) se defina desde una perspectiva multisectorial, multidisciplinaria y con un plan estratégico que aborde no solo la cuestión de erradicar el narcoterrorismo de esta zona, sino de establecer y ejecutar actividades sociales, económicas, ambientales y de seguridad con un presupuesto real, objetivo, transparente y sin atisbo de corrupción o proselitismo político.

Los objetivos, metas e indicadores deben ser claros y medibles; debe asegurarse que la intervención del Estado esté orientada a la pacificación y el desarrollo humano sostenible de tan importante territorio.

El Gobierno Central, junto con los gobiernos regionales y locales, así como con los actores interesados de la sociedad civil y otras fuerzas políticas del país, deberían establecer la hoja de ruta para el desarrollo sostenible del VRAE. Se requiere de una amplia participación y consenso. En este escenario se hace necesario asegurar la cooperación internacional bilateral y multilateral.

Insistir en pilares de una estrategia basados con mayor énfasis en aspectos policiales-militares o antisubversivos o represivos no es quizá la mejor solución para la zona. El tema de los derechos humanos debe ser un eje importante de cualquier estrategia.

Es urgente comprender la geografía de la zona. En esa dimensión, se podrán identificar factores de integración y desarrollo regional, de tal modo que el potencial natural, las comunicaciones, los flujos sociales y económicos y las necesidades de proteger el ambiente sean una tarea para el Ceplan. Esta institución debería dar sus primeros pasos y rendir una prueba de fuego con respecto al proceso de elaboración y aprobación del Plan Integral de Desarrollo Sostenible para la zona del VRAE (PIDES-VRAE), la misma que debe asegurar una visión estratégica, compartida, complementaria e integrada a otros ejes territoriales o ámbitos regionales relacionados a la zona.

Sin lugar a duda, el VRAE presenta condiciones favorables para su desarrollo sostenible. Existe la posibilidad de una complementación económica entre las diversas actividades productivas a desarrollarse. Existe aún una frágil identidad cultural entre los pobladores, que se debe reforzar, y una alta riqueza en biodiversidad, turismo, agricultura, piscicultura, industria, así como probabilidades de que existan hidrocarburos.

Para lograr el desarrollo sostenible en el VRAE se requiere de una legislación especial y de una administración que impulse la creación de capacidades y asegure la ejecución de proyectos viables y de impacto social, económico, ambiental y de seguridad. Es necesario dar mayor importancia a los actores locales. Sus expectativas y participación son estratégicas para lograr una mejor aceptación en esa conflictiva región. La solución al problema existente en el VRAE requiere de una estrategia a largo, mediano y corto plazo. No hay soluciones inmediatistas o populistas.

Se trata de políticas de desarrollo, aplicadas de manera sostenible, y ello solo será posible si todos los peruanos ponemos el hombro en la gran tarea de convertir este valle en una subregión altamente desarrollada.

EL COMERCIO

Hacia un desarrollo sostenible

Por: Jorge Lescano Sandoval Ingeniero

Es necesario que el desarrollo sostenible del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) se defina desde una perspectiva multisectorial, multidisciplinaria y con un plan estratégico que aborde no solo la cuestión de erradicar el narcoterrorismo de esta zona, sino de establecer y ejecutar actividades sociales, económicas, ambientales y de seguridad con un presupuesto real, objetivo, transparente y sin atisbo de corrupción o proselitismo político.

Los objetivos, metas e indicadores deben ser claros y medibles; debe asegurarse que la intervención del Estado esté orientada a la pacificación y el desarrollo humano sostenible de tan importante territorio.

El Gobierno Central, junto con los gobiernos regionales y locales, así como con los actores interesados de la sociedad civil y otras fuerzas políticas del país, deberían establecer la hoja de ruta para el desarrollo sostenible del VRAE. Se requiere de una amplia participación y consenso. En este escenario se hace necesario asegurar la cooperación internacional bilateral y multilateral.

Insistir en pilares de una estrategia basados con mayor énfasis en aspectos policiales-militares o antisubversivos o represivos no es quizá la mejor solución para la zona. El tema de los derechos humanos debe ser un eje importante de cualquier estrategia.

Es urgente comprender la geografía de la zona. En esa dimensión, se podrán identificar factores de integración y desarrollo regional, de tal modo que el potencial natural, las comunicaciones, los flujos sociales y económicos y las necesidades de proteger el ambiente sean una tarea para el Ceplan. Esta institución debería dar sus primeros pasos y rendir una prueba de fuego con respecto al proceso de elaboración y aprobación del Plan Integral de Desarrollo Sostenible para la zona del VRAE (PIDES-VRAE), la misma que debe asegurar una visión estratégica, compartida, complementaria e integrada a otros ejes territoriales o ámbitos regionales relacionados a la zona.

Sin lugar a duda, el VRAE presenta condiciones favorables para su desarrollo sostenible. Existe la posibilidad de una complementación económica entre las diversas actividades productivas a desarrollarse. Existe aún una frágil identidad cultural entre los pobladores, que se debe reforzar, y una alta riqueza en biodiversidad, turismo, agricultura, piscicultura, industria, así como probabilidades de que existan hidrocarburos.

Para lograr el desarrollo sostenible en el VRAE se requiere de una legislación especial y de una administración que impulse la creación de capacidades y asegure la ejecución de proyectos viables y de impacto social, económico, ambiental y de seguridad. Es necesario dar mayor importancia a los actores locales. Sus expectativas y participación son estratégicas para lograr una mejor aceptación en esa conflictiva región. La solución al problema existente en el VRAE requiere de una estrategia a largo, mediano y corto plazo. No hay soluciones inmediatistas o populistas.

Se trata de políticas de desarrollo, aplicadas de manera sostenible, y ello solo será posible si todos los peruanos ponemos el hombro en la gran tarea de convertir este valle en una subregión altamente desarrollada.

EL COMERCIO

Justicia militar: ¿Volver al pasado?

Por: David Lovatón Palacios*

La prensa informó recientemente que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, declaró que “los efectivos militares y policiales están sujetos a muchas presiones y sometidos, por actuar, a investigaciones fiscales y del Poder Judicial sumamente duras. En el VRAE se está combatiendo y tienen que participar elementos de nuestra justicia militar”. Lamentamos estas declaraciones de un ministro de Defensa, civil y en plena democracia, pues no solo no es verdad lo que ha dicho —tal como lo han demostrado con anterioridad la fiscal de la Nación y el Poder Judicial—, sino que de terminar de plasmarse este planteamiento significaría un serio retroceso para el Estado de derecho: agravar el desacato de las sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema sobre la materia, transgresión de las potestades constitucionales del Poder Judicial y del Ministerio Público y, peor aún, violar la propia Ley de Justicia Militar y Policial (Ley 29182), aprobada por el actual Parlamento y promulgada por este gobierno.

Parece increíble —y lamentable— que a estas alturas se tenga que volver a recordarle al señor ministro que un rasgo básico, elemental, de todo Estado de derecho es que i) los delitos comunes —como las violaciones a los derechos humanos— se ventilan en la justicia ordinaria, ii) que los delitos de función o castrenses se ventilan en la justicia militar y iii) que un delito de función es aquel que afecta bienes jurídicos castrenses, como la disciplina o el honor, pero jamás la vida, la libertad o la integridad física.

Ciertamente, todos apoyamos a las Fuerzas Armadas y policiales en el combate contra el terrorismo y el narcotráfico, pero en un Estado de derecho ello debe hacerse dentro del marco establecido. La declaratoria del estado de emergencia no niega al Estado de derecho sino que lo debería fortalecer y, sin duda, propuestas trasnochadas como que la justicia militar y policial reemplace en el VRAE al Ministerio Público y al Poder Judicial apuntan a debilitar nuestra aún precaria institucionalidad democrática que tanto esfuerzo ha costado reconstruir. Jueces y fiscales no deberían ser vistos como un obstáculo para combatir a Sendero Luminoso o al narcotráfico sino ser vistos como aliados; si hay limitaciones logísticas u operativas por superar aún, las instituciones involucradas —como el Comando Conjunto de las FF.AA.— deberían hacer los esfuerzos de coordinación necesarias para tal fin. Por ejemplo, se ha sugerido que un equipo de fiscales ad hoc —previamente entrenados— pueda acompañar algunas operaciones militares en la zona, en cautela de la legalidad de los mismos. Medidas como esta son las que, en un Estado de derecho, deberían ser anunciadas por autoridades civiles como el ministro de Defensa.

(*) Director del Instituto de Defensa Legal

EL COMERCIO

Buscando otras soluciones

Por: Otto Guibovich*

Partamos de dos premisas: más del 90% de la población del VRAE vive de la coca y, de otro lado, casi todos los agricultores dedicados al cultivo de la hoja de coca son pobres.

La estrategia general del Estado Peruano para el VRAE contempla una acción integral contra el terrorismo, el narcotráfico y una acción social contra la extrema pobreza que, en esta parte de la patria, alcanza niveles alarmantes. Diríamos que el enfoque general es el correcto, a partir del cual deben diseñarse las estrategias en cada uno de los campos y niveles.

Para el éxito en el combate contra el terrorismo, hay cuando menos dos condiciones básicas que alcanzan la categoría de axiomáticas por irrebatibles: hay que ganar el apoyo de la población y se debe generar inteligencia puntual, especialmente de carácter predictiva; en ambos casos la población se constituye en eje principal. Después de todo, en este tipo de conflictos, la población es el campo de batalla. Ahora bien, muchos coincidimos en que es el narcotráfico el verdadero motor logístico de los narcoterroristas, entonces combatirlos se hace prioritario. Pero tengamos en cuenta que el tráfico de narcóticos es casi el final de una cadena que empieza con el agricultor y sus sembríos de hojas de coca. En otras palabras, es el verdadero origen del problema y no el síntoma; con la clara salvedad que el campesino en sí no es narcotraficante, pues no procesa ni trafica droga, simplemente cultiva una planta reaccionando a las fuerzas de la oferta y la demanda. Muchos de ellos también lo hacen por cultura ancestral para el consumo humano.

La erradicación forzada de coca reafirmaría a los cocaleros como parte del problema y sería fácil perder la adhesión de aquellos cercanos a las fuerzas del orden y al Estado, o volcarlas al otro extremo si es que su posición es ambigua o neutra. ¿Cómo entonces dar solución a este dilema?

Creemos además que la estrategia indirecta de estrangulamiento de insumos químicos —que tiene efecto directo sobre el procesamiento y no sobre el cultivo— es comúnmente entendida y aceptada como una vía obligada del Estado, y que tendrá efecto rápido sobre la producción de drogas, es decir, sobre la capacidad de oferta, e indirectamente hará subir el precio de la droga, pero baja el precio de la hoja de la coca, al no haber capacidad de procesamiento. De todas formas, deberán reducirse los campos de cultivo por ser el eslabón inicial de un fenómeno mayor.

La propuesta va en el sentido de que debemos ganar la adhesión de los cocaleros y lograr que sean aliados del Estado. Una solución sería la fórmula que podríamos denominar “subvención por erradicación”. Se trata de un esquema en el que los agricultores puedan autoerradicar los plantíos de coca y recibir durante un período que estimamos en dos años una subvención del Estado, por el trabajo a realizar y por el tiempo que les tome iniciar un nuevo proceso de cultivos alternativos. En esta formula los agricultores tendrían cómo sobrevivir mientras trabajan erradicando la coca y luego reconvierten sus tierras a una producción legal que el Estado apoyaría en la etapa de la comercialización.

Puede ser difícil, pero el camino sería seguro. Recordemos que es esta población la que permitirá la victoria final, como lo hicieron los pueblos liderados por Suzano Mendoza, “Centurión”, “Lagarto”, “Zorro”, “Antonio”, “Cobra” y tantos otros comandos anónimos en jornadas memorables. La formalización de los agricultores cocaleros sería parte de una alianza que logre incorporarlos al sentido del Estado. Permitiría además una visión común de la coca que no puede seguir siendo bendita para algunos y maldita para otros.

Todos, incluyendo los cocaleros, debemos entender por igual el catastrófico efecto de la coca en la sociedad en su conjunto y, peor aún, como sustento de la violencia terrorista que tantas vidas le significa a la nación. Pero la decisión política está tomada. Nos corresponde a quienes tenemos cargos en el Ejecutivo, continuar la búsqueda de alternativas que sean viables y que permitan operativizar las decisiones e intenciones. Esta puede ser una a mediano plazo.

(*) Comandante general del Ejército

EL COMERCIO

La propuesta de una juventud comprometida

Una vez más la CADE Universitaria ha sido un éxito y ha demostrado que cuando los jóvenes se reúnen puedan nacer grandes cosas. La decimoquinta edición, este año, no ha sido la excepción y, entre otras conclusiones, ha reiterado la necesidad de que el Estado, el empresariado y la universidad deben trabajar juntos si queremos que la educación coadyuve al desarrollo del país.

Hasta el momento hay más coincidencias que diferencias entre los objetivos de la formación universitaria y los de las grandes líneas de desarrollo impulsadas desde el Estado Peruano. No obstante, falta mucho para que las propuestas académicas respondan verdaderamente a las demandas del mercado laboral, la innovación y la competitividad, piezas claves en el despegue socioeconómico.

En principio, habría que considerar que el 96% de los jóvenes participantes en la CADE Universitaria apuesta por los proyectos personales, es decir, por convertirse no solo en empresarios, sino en empresarios socialmente responsables. Esta iniciativa supera el esquema tradicional de convertirse en trabajadores dependientes. Pero igual y valioso indicador es que cerca del 50% no descarte la posibilidad de trabajar en el aparato estatal, siempre que este renuncie a sus vicios, asuma el papel que le corresponde como administrador de los recursos públicos y se modernice acorde a una reforma que sigue postergada inexplicablemente.

Los políticos tendrían que tomar en cuenta que los 600 jóvenes asistentes a la CADE de los universitarios demandaron el fomento de una educación de calidad y la ampliación de la cobertura en la salud, pero también exigieron potenciar la lucha contra la corrupción, ese cáncer que mina y perfora incluso los sistemas democráticos más consolidados.

De acuerdo con destacados educadores, la matrícula escolar se incrementará a razón de más de 40 mil alumnos por año. No obstante el reto mayor es atender las demandas del ámbito rural y elevar la calidad de la educación. En cuanto a la salud, según la Defensoría del Pueblo, el 25% de la población aún no tiene acceso a los servicios públicos, lo cual sigue excluyendo a un sector importante de peruanos. Finalmente, la percepción es que si bien hemos avanzado en la lucha contra la pobreza y el desempleo, la corrupción ha aumentado en el aparato estatal.

Se trata de una agenda que no puede pasar desapercibida para el Gobierno ni para el sector privado. Por ello, resulta positivo que voceros de la CADE empresarial hayan participado en la CADE Universitaria, y reconozcan que tan importantes propuestas muchas veces no son asimiladas por los gobiernos. Otro logro es que a partir de este año se comprometan a hacer un seguimiento exhaustivo de las conclusiones adoptadas en este tipo de conferencias, para verificar que tengan eco en las entidades planificadoras del país y en la formulación de las políticas públicas.

EL COMERCIO

La Comunidad Andina

Desde 1980, en el Perú, curiosamente el país con mayores intereses no sólo económicos sino históricos y estratégicos en el proyecto subregional, se viene produciendo un ataque sistemático e ideológico contra la integración andina.

La premisa falsa que denota el extravío nacional de estos análisis es la siguiente: con la globalización los intereses nacionales se diluyen, ya no es “moderno” pensar en proyectos nacionales, subregionales ni regionales, pues todos ellos suponen un voluntarismo que da protagonismo a los estados frente a los mercados. Y como éstos funcionan a escala global, la verdadera integración es con el mercado mundial y eso se obtiene unilateralmente, eliminando los aranceles y los esquemas de integración que para ese objetivo se conciben como un obstáculo.

Este es el pensamiento implícito de quienes desean asistir a los funerales de la comunidad andina. Más allá de ser a nivel teórico un pensamiento del pasado, es una opción contraria a los intereses nacionales del Perú.

Hay en el raciocinio mucho de ideología y poco de objetividad. Se opone falsamente Estado nacional versus liberalización del comercio. Estados Unidos y la Unión Europea son la prueba en contrario, ellos no se desarman arancelariamente de manera unilateral. Negocian la liberalización, en función de intereses nacionales. Como debe hacerse.

Hay también una suerte de mentira sagrada en el análisis de los mercados. Se mitifican los mercados extrarregionales, presentándolos como panaceas universales, desde mercados ciertamente importantes para el Perú, como los de EEUU, la China o Europa, hasta los insignificantes como Corea del Sur, Tailandia o Singapur. El mensaje es: los mercados alejados de la región, de nuestra región, son los valiosos; los nuestros irrisorios.

Pero esa no es la verdad. La realidad dice lo contrario. Según los últimos datos de la Cepal, al 2007 el principal mercado de las dinámicas exportaciones del Perú fue América Latina con 20.6% del total (5,725 millones de dólares), seguido por los EEUU, 19.4 %, y por la Unión Europea 17.1%, muy atrás viene la China con cerca del 8%. El mercado latinoamericano, incluida la Comunidad Andina, a pesar de la política exterior y el discurso ideológico en contra, es el principal socio comercial del Perú.

No es cierto el fracaso económico de la CAN. Se ha consolidado una zona de libre comercio que es muy significativa para los intereses de la economía nacional. El comercio andino es un enorme patrimonio histórico y vale más aún por su alto componente de manufacturas. Otra cosa es que, por culpa de los gobiernos de Fujimori y Alan García, el proyecto de la unión aduanera y el mercado común haya encontrado inviabilidad. Pero aun en ese caso, no veo que los defensores de la extra zona exijan una unión aduanera con Estados Unidos o Europa. La CAN es sin embargo mucho más que el comercio, es para el Perú un factor estratégico de su inserción sudamericana.

LA PRIMERA

Sacando la vuelta

El informe que publicáramos ayer sobre la utilización que hace la Municipalidad de Lima de un organismo internacional en sus licitaciones, y al cual ya le ha encargado 521 millones de soles, levanta una serie de interrogantes.

La primera es la función que cumple una entidad especializada en migraciones en la entrega de contratos y supervisión de la ejecución de obras públicas. Su presencia no puede deberse a su especialidad, sino que el objetivo sería más bien el servir como facilitador de la licitación. Es decir, con su participación se estaría buscando reducir plazos y omitir instancias burocráticas, argumento que sin duda se esgrimirá como explicación. Sin embargo, también a través de ella se está evadiendo controles y fiscalización.

Más aun considerando que en la totalidad de los proyectos que la municipalidad le ha encargado a la Oficina Internacional de Migraciones, la ejecución efectiva del gasto ha superado ampliamente los presupuestos originalmente asignados –lo cual no denota eficiencia ni en el seguimiento del proyecto, ni en el costeo de obras–, sería adecuado conocer la metodología con la cual se ha evaluado y calificado la gestión de esa entidad para justificar el haberle pagado S/.18 millones en honorarios.
Lamentablemente, fiel a su estilo de poca comunicación, el alcalde Castañeda no ha respondido a nuestros requerimientos de aclaración, y solo nos queda esperar que lo haga cuando sea citado al Congreso. Confiamos en que en ese momento este asunto quedará aclarado.

Por otro lado, asumiendo que las explicaciones que dé el burgomaestre sean válidas, habría que eliminar la maraña burocrática que se ha tejido alrededor de las licitaciones públicas, lo cual está obligando a la municipalidad más grande del país a tomar rutas extrañas a fin de poder licitar. Claramente el sistema requiere de simplificación y agilización.

Incluso se ofreció encontrar una solución –desde Perú Compras hasta tercerizar parte de la labor del SNIP–, pero como ha sido el caso en la mayoría de reformas propuestas por este gobierno, se quedaron en el anuncio sin implementación. El riesgo que se corre de no hacer algo no es solo el impedir la ejecución de inversión, sino que los esquemas imaginativos que le sacan la vuelta al sistema terminen, en la práctica, facilitando la corrupción.


PERU 21

Entre el árbol y el bosque

Uri Ben Schmuel
uribs@larazon.com.pe


En The Nerves of Government, Karl W. Deutsch enumera varias características de lo que llama sociedades autodestructivas (self-destructive societies) y las condiciones que llevan a ese despeñadero. Entre ellas, lo que denomina “una condición patológica de falta de respeto por sí misma”. Y afirma: “Ninguna persona, cultura, pueblo o Estado pueden perdurar sin respeto por sí mismos y sin poner un valor positivo en sus propias memorias y en su propio carácter”.
Entre nosotros, ¿qué tenemos hoy en día? Un cargamontón de aquellos que pretenden disolver la tolerancia, descalificar al que piensa diferente e incentivar el odio. En medio de situaciones tan preocupantes como el cerco geopolítico al Perú, el sabotaje económico de Pizango y su pandilla o la muerte de niños en Puno (¡el colmo que el gobierno regional solo haya ejecutado el 3% de los S/24 millones con los que cuenta para inversión en Salud!), los que quieren imponer el pensamiento único dedican todas sus energías a mirar el pasado. A temas tan irrelevantes como, por ejemplo, cuántas personas visitan al ex presidente Fujimori en su celda.


A esta gente, agrupada en las ONG y las argollas mediáticas, no les interesa en absoluto el pueblo en nombre del cual hablan. Estos defensores usan lo “popular” como excusa para dar rienda suelta a su voraz sed de venganza. Son, en el fondo, demoledores de nuestra sociedad y sepultureros de cualquier intento de progreso, incapaces de reconocer complejidades o diferencias, promotores de políticas extraviadas en una falsa idea de justicia. Y si alguien osa contradecirlos, de inmediato sus mastines periodísticos responden como solía hacerlo cierto arzobispo anglicano de Canterbury a su interlocutor católico: pateando piedras a falta de argumentos sólidos.

¿No debería nuestro país ir por fin más allá de esas retóricas para adentrarse en las realidades? ¿En vez de bailar al son de los que dictan su propia agenda no habría que debatir y acordar políticas básicas de Estado para enfrentar a los enemigos internos y externos? ¿No deberíamos dedicarnos a presentar un frente unido ante las maniobras chilenas para aislarnos de nuestros vecinos? ¿No son acaso urgentes medidas severas para restablecer el orden y dejar de ser una democracia bobalicona que tolera sabotajes a las fuentes de energía? ¿Es más importante perseguir a los hermanos de Fujimori o a los militares que ganaron la guerra contra el terror que devolverle al Perú la condición mínima de previsible que está perdiendo a pasos acelerados?

Pero, ay, en estos tiempos cada vez más electorales, los políticos no piensan en nada que no tenga efectos inmediatos para la atracción de votos. Los asuntos antes mencionados quedan relegados, sin mencionar otras cuestiones que preocupan a la vida cotidiana del ciudadano de a pie. Y de este autismo se aprovechan los que se detienen en el árbol, cuando sólo un poco más allá está el bosque, y en él, una serie de emboscadas.

LA RAZON

¡Parar el "golpe blanco"!

Primera vez que de manera sucesiva repito una columna, pero ésta amerita aparecer hoy de nuevo dado lo delicado de la situación: "¿Acaso el gobierno no se da cuenta de que se está aplicando un plan subversivo muy bien diseñado -muy posiblemente desde Caracas y La Paz- tras estas protestas indígenas? ¿Que está en marcha un golpe de Estado "blanco" basado en turbas indígenas, similar al que se tumbó a Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez en Ecuador y a Mesa y Goni en Bolivia? ¿No saben que la izquierda y el chavismo están acudiendo recurrentemente a ese esquema para tirarse abajo a sus rivales, para luego entornillarse al poder con Constituyentes y movidas? ¿García y ese patético señor que lamentablemente tenemos de Premier (¡el timorato "rendición incondicional" y "león de Combayo" de Del Castillo es un sujeto de mucho carácter al lado!) no se dan cuenta de la secuencia tan bien estructurada de estas "protestas"? A estas masas nativas las están direccionando hábilmente. Primero bloquean los accesos a las ciudades. Luego asedian las vitales estaciones 5 y 6 del Oleoducto y así fuerzan el cierre de éste, dejando al país sin flujo de nuestro petróleo de la Selva. Como cereza de la torta, ayer ocupan las instalaciones donde se ubican las válvulas que controlan el envío del gas de Camisea a la Costa. Es decir, alguien les está indicando cuáles son los puntos claves (información que evidentemente ellos no tenían y que no la tiene

cualquiera) y así se está forzando un inminente colapso energético. No sólo estamos a pocos días de entrar en un racionamiento general de gasolina y diesel por el fin de operaciones del Oleoducto, sino también de electricidad, GNV y GLP por un posible cierre de las válvulas de Camisea. Mientras tanto, aquí tenemos al tetelemeque de Yehude Simon arrodillándose ante Pizango, nada menos que un Premier rogándole "diálogo" y aguantándole continuos desplantes a un reyezuelo que ha aparecido de la nada a proclamarse el jefe máximo de la Selva, pasando por encima de presidentes regionales, congresistas, alcaldes y de todo nuestro supuesto sistema legal de repartición del poder a través de elecciones. ¿Alguien ha revisado los padrones de esa ONG Aidesep para constatar que realmente representa a esa cantidad de nativos? ¿Alguien ha supervisado la manera como este Pizango ha llegado a ese puesto? ¿Se sabe fehacientemente de dónde viene el dinero que financia a Aidesep y a estos bloqueos (porque todos sabemos que estas movilizaciones cuestan mucha plata, que sus dirigentes no viven del aire y que se gasta mucho en comunicaciones)? ¿Quiénes están detrás de Pizango?

Es que cada paso legitima la sospecha de que estamos presenciando una conjura desestabilizadora muy bien coordinada y pensada, en la cual también parece querer participar la CGTP -que coincidentemente se pone a agitar las calles en Lima- y los congresistas humalistas (quienes lamentablemente están llevando en sus planes de las narices a los fujimoristas), que buscan derogar decretos que más bien son muy positivos para los intereses de los nativos. ¿No será que se han dado cuenta de que Humala no va a ganar el 2011 y están buscando un atajo para llegar al Palacio de Pizarro? Y cuándo no, un gran sector de curas rojimios y las perversas ONG de siempre también se unen a la comparsa. Para mayor coincidencia, se realiza justo un agitador "Congreso de Pueblos Indígenas" en Puno, donde Morales envía un mensaje sedicioso instando a la "segunda independencia".

Estamos ante una ola golpistoide y eso hay que combatirlo con la máxima energía. Es hora de que las FF.AA. reimpongan el orden en la Selva, con toque de queda incluido".

CORREO

No sucedió en el Perú

Por Humberto Campodónico

El escándalo de los petroaudios hace buen tiempo que duerme en el Poder Judicial, lo que motiva la protesta de algunos medios y la indignación de la población. Algo parecido pasa con la venta de Petro Tech (que también está implicada en los petroaudios) a la estatal colombiana Ecopetrol y la surcoreana SK. El informe de la Comisión Peralta del Congreso, dado a conocer hace dos semanas, mereció algunas notas periodísticas y artículos de opinión y ahí quedó la cosa. No se sabe cuándo se debatirá en el Pleno del Congreso.

Una de las conclusiones es que la venta de Petro Tech en EEUU por US$ 900 millones no cumplió con lo establecido en el contrato de 1993, por lo cual se debió pagar el impuesto a la ganancia de capital en el Perú. La Comisión Peralta establece que el monto que se debe recibir por ese impuesto es de US$ 270 millones.

Los nuevos dueños de Petro Tech afirman que el pago no procede porque no existe legislación vigente sobre ventas de empresas peruanas en el extranjero. Esto se “demostraría” con la afirmación del ministro Carranza de que recién se va a mandar al Congreso un proyecto de ley para que –la próxima vez– sí se tenga que pagar impuesto a las ganancias de capital en el Perú (son ya varias veces que nos han hecho cholitos, ver www.cristaldemira.com, 28/10/08 y 09/02/09).

Lo que quiere decir que ya no hay nada que hacer y los peruanos tenemos que olvidarnos de esos 270 millones de dólares (la cantidad de hospitales y colegios que se podrían hacer con ese dinero).

Pero no fue eso lo que pasó en Chile en el 2002, con un caso similar. Ese año Exxon Mobil anunció que vendería a Anglo American la mina chilena Disputada de Las Condes en el paraíso financiero del Gran Caimán por un monto de US$ 1,300 millones. Las críticas fueron intensas porque Exxon Mobil no había pagado impuesto a la renta por muchos años.

Como en Chile no existía legislación sobre la venta de empresas en el extranjero, no se pagaría impuesto a la ganancia de capital, el mismo que se estimó en US$ 300 millones. Según una revista chilena, esta fue la reacción del Presidente Lagos: “Yo no puedo aceptar que una mina de nuestro país se venda en una transacción en una islita donde no se pagan impuestos. Eso no lo acepta EEUU tampoco, que es el lugar donde entiendo esta empresa tiene sus oficinas principales. De esta forma, el jefe de Estado mostró la irritación que causó en el gobierno la forma en que se estructuró la venta de Disputada de Las Condes, hoy en manos de Exxon Mobil, la cual fue pensada originalmente para concretarse en el exterior” (1).

Comenzó así una dura batalla de largos meses. Exxon Mobil usó todos sus contactos en EEUU e incluso se llegó a decir que el gobierno de EEUU no seguiría adelante en las negociaciones del TLC con Chile. Pero la posición de Lagos no varió.

Finalmente, en setiembre se llegó a un acuerdo: Exxon Mobil accedió vender Disputada en Chile, con el correspondiente pago de impuesto a la ganancia de capital. En noviembre del 2002, el Congreso de Chile aprobó la Ley 19.840, que en su artículo 1ero establece el impuesto a la ganancia de capital a pagarse en Chile para toda empresa chilena que se venda en el extranjero.

Eso no sucede en el Perú. El señor William Kallop, ex dueño de la Petro Tech super tramposa (cuyo contrato debió ser rescindido, desde nuestro punto de vista, y las instalaciones pasar a Petroperú), que es quien debería pagar el impuesto a la ganancia de capital en el Perú lo ha pagado en EEUU. Aquí, el Presidente no se indigna con la venta (que pudo haber parado, de haber tenido voluntad política) y le pasa la pelota a una Comisión Investigadora de la venta, que después es ignorada.

No solo eso, los defensores criollos de Petro Tech recurren a argumentos legalistas para que no se pague en el Perú el impuesto a las ganancias de capital por US$ 270 millones. Increíble. Por lo expuesto, queda claro que no hay coincidencia con lo sucedido en estos dos países en casos similares. Salvo peor parecer.

LA REPUBLICA

Viaje de promoción

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

¿Está perdiendo Hugo Chávez la chaveta?

La visita de Mario Vargas Llosa a Caracas ha servido, por su notoriedad internacional, para recordarle al mundo el deterioro de la democracia en Venezuela pero, también, para obtener elementos suficientes para creer que otro que está experimentando un deterioro en su habilidad política es Hugo Chávez.

Sin su entusiasta participación, el foro Libertad y Democracia organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico por la Libertad (Cedice) no habría tenido un rebote periodístico más allá del usual para este tipo de eventos.

Es decir, despachos notariales de agencia sobre las intervenciones de Mario Vargas Llosa, Jorge Castañeda y Enrique Krauze que se habrían publicado, como notas secundarias, en las páginas internacionales de los diarios.

Pero Chávez se encargó, con hostilidades absurdas como demorar más de lo normal el trámite aduanero de algunos invitados notables, enviar militantes a corear lemas contra el evento –además de la CIA, el antiimperialismo y afines– y despotricar, él mismo, de los invitados del foro y desafiarlos a un duelo de ideas del que, finalmente, se corrió.

Lo inteligente habría sido darle un trato preferente a los invitados e, incluso, invitar a Vargas Llosa, Castañeda y Krauze a conversar en el Palacio de Miraflores –la sede del gobierno venezolano– con el fin de proyectar al mundo una imagen amable y dialogante con quienes discrepa.

En lugar de ello, Chávez se portó como un salvaje y les dio en la yema del gusto a Cedice y a los expositores pues aportó los ingredientes necesarios para que la noticia pase de las notas chiquitas de internacionales al titular principal y a los medios más masivos como la televisión y la radio.

¿Por qué Chávez hizo algo que, en teoría, lo perjudica? Respuesta uno: su problema está, principalmente, en el frente interno y necesita, por tanto, demostraciones de que es atacado desde el exterior por “intelectuales liberales de la contrarrevolución”, es decir, todo un clásico de manual político.

Respuesta dos: Chávez está perdiendo la chaveta. Le hice la pregunta a Ariel Segal el viernes pasado, en RPP, y él explicó que las salidas de José Vicente Rangel y Luis Miquilena del gobierno habían dejado al locuaz comandante sin personas que le pongan algún ‘paralé’ a su incontinencia verbal.

Es lo que le pasa a todo dictador con el paso del tiempo: se mella su conexión con la realidad, se pone más prepotente y su séquito de adulones no se atreve a avisarle cuando está desnudo (en este caso de ideas). Por ello, Vargas Llosa deja Caracas, gracias al propio Chávez, con excelente insumo para su próximo artículo.

PERU 21

Pueblo boliviano

Francamente, las expresiones y actitudes antiperuanas del presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, vienen colmando la paciencia de la ciudadanía peruana. Por eso es tiempo de que se ponga un límite, por el conducto diplomático claro está, a tamañas sandeces que lanza el jefe de un Estado hermano y vecino del Perú.

Llamar a nuestro embajador en consulta, retirarlo definitivamente mientras duren estas interferencias, o mandar una enérgica nota de protesta son algunas de las medidas que deberían aplicarse de inmediato desde nuestra Cancillería. No podemos seguir tolerando y guardando silencio ante tanta provocación y mala fe lanzada por el inquilino de Palacio Quemado.

¿A qué juega –y para quién– el primer mandatario boliviano? No está muy clara la respuesta a esta legítima interrogante pero, por nuestra parte, cada día comprobamos un evidente revés psicológico en la personalidad de Morales Ayma. Recordemos que desde el Editorial publicado el pasado martes 26 de mayo, bajo el título “Bravata en El Alto”, planteamos lo siguiente: “(...), nos preguntamos seriamente si el presidente Morales está en sus cabales o si está transitando por un cortocircuito emocional, pues viene socavando con sus declaraciones la tradicional fraternidad que ha existido entre peruanos y bolivianos, y también se viene inclinando a enfriar la cooperación entre las dos naciones, la que no solo debería mantenerse sino inclusive impulsarse más allá de una simple vecindad dada la estrecha vinculación histórica, cultural y antropológica.“

Ahora, no sabíamos que el señor Evo Morales además de cocalero era adivino. No nos habíamos imaginado que tenía una bola de cristal para hacer predicciones. Esto viene a cuento por las últimas declaraciones que ha expuesto el máximo representante del Ejecutivo boliviano, las que en síntesis señalan que el Perú “sabe que no ganará” la demanda marítima presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). ¿De dónde saca esa afirmación el presidente de Bolivia: que el Perú “va a perder” en el Tribunal de La Haya? Naturalmente, tanto por la forma como por el contenido de lo expresado por la autoridad de un país que nada tiene que ver en un problema bilateral peruano-chileno, la sorpresa no se ha hecho esperar en Lima y Santiago. Es decir, ante tamaña “chabacanería” del dirigente político Evo Morales, no sabemos si sonreír o asombrarnos.

Pero, fuera de ello –y ya con la cabeza fría–, sólo cabe hacer un llamado al pueblo boliviano, al que respetamos y queremos tanto, para que –en primer lugar– nos comprenda y apueste ahora y siempre por vigorizar la hermandad existente entre el Perú y el Alto Perú. En segundo lugar, le pedimos que entienda nuestra posición discrepante frente a su actual presidente, pues éste viene minando esa fraternidad histórica y palpitante que hemos protagonizado a través de los siglos. En ese sentido, nos disculpamos si ofendemos a su presidente al señalar que Morales no está a la altura de ocupar, dignamente, un cargo de Estado como el que hoy detenta. Realmente él no es sólo un imberbe que desconoce y desprecia el destino común de los pueblos peruano y boliviano, sino que es un felón que se comporta como un artero puñal que hiere el corazón de millones de habitantes quechuas y aimaras, quienes por fortuna, al final, están por encima de un personaje efímero y episódico que, como accidente, ha llegado a enconar la rica comunión erigida por nuestros ancestros.

EL COMERCIO

El gran reparto

Por: Richard Webb

Casi mágicamente, en el período comprendido entre el 2006 y el 2008, el bolsillo peruano se ensanchó en un tercio. Se juntaron una mayor producción, inversiones y remesas del extranjero, mayores precios por las exportaciones, una fuerte expansión del crédito y el enriquecimiento en la bolsa, produciendo una ola perfecta de dinero en el país. ¿Pero al bolsillo de quién fue a parar todo esa nueva riqueza?

Las encuestas de niveles de vida que efectúa el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) nos dan una idea de quién se benefició. Como toda encuesta, los datos no son precisos. Hay un margen de error técnico porque de los siete millones de familias peruanas, 26 mil fueron encuestadas, y además hay la posibilidad de errores humanos. Aun así, la calidad de la foto fue certificada como buena por un panel de expertos, y nos dice lo siguiente:

El reparto de esa nueva prosperidad ha llegado a todos los niveles sociales. Si dividimos la población en diez partes iguales, desde los más pobres hasta los más ricos, resulta que cada una de las diez partes se ha beneficiado sustancialmente en los últimos tres años. En el décimo más pobre, el presupuesto familiar creció 15%, y en todos los demás grupos de población, salvo uno, se elevó entre 19% y 23%.

La excepción inesperada es el décimo más rico, que mejoró solo en 8%. También fue balanceado el reparto regional. La mejora del presupuesto familiar fue 16% en Lima, 19% en otras áreas urbanas y 17% en las áreas rurales.

Quizá nunca ha habido tanto reparto o “chorreo” de la capacidad de compra en el país. No obstante, las diferencias sociales siguen siendo enormes. Los del décimo más acomodado aún ganan 20 veces más que los del décimo más pobre.

Una consecuencia ha sido la reducción de la pobreza, de 49 % a 36%. Los programas sociales han contribuido solo marginalmente. Para la población rural, el programa Juntos aportó 2% del ingreso en el 2008, aunque sumando vacunaciones, alimentos y aportes privados la ayuda total alcanzó a ser 19% del presupuesto rural.

Más que subsidio, han sido la creciente productividad y la interconexión nacional las que explicarían el reparto tan difundido de la nueva riqueza.

Sin embargo, la bonanza tuvo algunos elementos reversibles, y no debería sorprender ver retrocesos por efecto de la recesión que se ha iniciado.


EL COMERCIO

Solidaridad en la crisis

LA COOPERACIÓN POPULAR

Por: Pedro Morales M

La dictadura militar (1968-1980) y los gobiernos que le sucedieron desde 1985 —excepto el de transición— sumaron cuotas de mezquindad para eliminar Cooperación Popular (Coopop), el exitoso programa de apoyo social a los pueblos más alejados y pobres del país instaurado por el presidente Belaunde para rescatar la práctica ancestral de la minka y el ayni.

Desconocieron sus bondades, desnaturalizaron sus objetivos y finalmente lo eliminaron. La mezquindad política se antepuso al interés social. Ahora, a la luz de las consecuencias de la crisis, Coopop espera su reivindicación para iniciar su trabajo por el desarrollo y la emancipación de los villorrios, y recobrar la solidaridad y laboriosidad de su cultura, con el apoyo de un mínimo esfuerzo financiero del Estado y la participación municipal.

A diferencia del Foncodes —modelo importado por el fujimorismo— que introduce el dinero como fin del trabajo comunitario, Coopop —un programa con identidad que fomenta la ayuda mutua y la solidaridad— demostró su eficacia en la inclusión social, descentralización y lucha contra la pobreza.

Para la ejecución de la pequeña, pero sustancial obra, el Estado proporciona el material que no hay en la zona y el pueblo los recursos naturales que sirven para la construcción, así como su generosa mano de obra para realizar la infraestructura.

Recordemos: el Coopop logró la participación de jóvenes en apoyo a las comunidades y la presencia de estudiantes de diversas partes del mundo, quienes además vinieron a aprender el sistema, por lo que incentivaron la mística de la juventud para identificarse con los problemas de las zonas más pobres.

De 1963 a 1966, Coopop emprendió 7.000 obras y concluyó 2.800. La inversión fiscal fue de 165 millones de soles; se construyeron 2.700 kilómetros de trocha carrozable y se realizaron 12,5 millones de tareas, lo que demuestra el potencial del esfuerzo voluntario de los pueblos.

Restaurada la democracia (1980-1985), se ejecutaron obras locales valorizadas en 861 millones 930 mil soles. El erario aportó un tercio, los dos restantes la filantropía de los pobres, los pueblos. Se edificaron 11.500 aulas de las 23.000 del período, 350 postas sanitarias que beneficiaron a más de un millón de habitantes, 165 reservorios de agua para regularizar el riego de 350.000 hectáreas, se tendieron más de mil kilómetros de red eléctrica, 20 minicentrales eléctricas, que beneficiaron a 78.000 hogares y a unas 400.000 personas. Es decir, obras que solamente puede lograr el trabajo comunal con el respaldo del Estado.

El Acuerdo Nacional y la Mesa de Lucha contra la Pobreza —espacios de debate, evaluaciones y propuestas sobre descentralización, la lucha contra la pobreza y la solidaridad en la crisis— deben considerar la reivindicación y el retorno de Coopop.

Ex congresista Accion Popular

el comercio

Cuba y las paradojas de la OEA

¿UNA DICTADURA QUE PUEDE SER DEMOCRACIA?

Por: Carlos Montaner Periodista

La batalla diplomática en torno al posible regreso de Cuba a la OEA es un laberinto de paradojas. Venezuela y sus aliados quieren que la isla regrese a la institución de la que fue expulsada en 1962 por su vinculación al marxismo-leninismo. Estados Unidos y Canadá se oponen porque la Carta Democrática, firmada en el 2001 por todos los estados miembros (incluida la Venezuela de Chávez), exige que las naciones miembros gocen de pluralidad política, elecciones libres y se respeten los derechos humanos, panorama muy distante de la realidad estalinista que impera en Cuba.

En el medio de esas fuerzas encontradas, en un papel poco airoso, se encuentra el abrumado chileno José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, quien un día afirma una cosa y al siguiente la contraria, con lo cual no pasará a la historia como un modelo de integridad intelectual, pero sí como el hombre que liquidó el principio de identidad de Parménides: en su novedosa filosofía, una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo. Cuba puede ser una dictadura, como reconoce, y pertenecer a una institución que rechaza las dictaduras, como mandan los papeles de la OEA. ¿Por qué lo hace? Según los mal pensados, porque le debe su cargo a Hugo Chávez. Según sus amigos, porque desde la OEA sería más fácil impulsar los cambios democráticos dentro de la isla.

El gobierno de los Castro no tiene interés en reingresar a la OEA. A lo largo de los años, Fidel la ha llamado “ministerio de colonias”, “prostíbulo de los americanos”, “maloliente” y otras lindezas. No puede olvidarse que Fidel Castro debutó en la vida pública en abril de 1948, cuando estudiaba Derecho, como miembro de una delegación de jóvenes radicales de varios países reunidos en Colombia por invitación y a cuenta de Perón, quien entonces organizó un “congreso antiimperialista internacional” en Bogotá para protestar contra la creación de la OEA en esa ciudad. Han pasado 61 años y Fidel Castro, hombre de ideas fijas, sigue odiando a la OEA.

En todo caso, esta batalla, que tiene cierto costo para el chavismo, tampoco beneficia al gobierno de Cuba, que percibe el conflicto como una suerte de humillación. Todo sucede, además, en el peor momento para los Castro, en medio de una aguda crisis económica de la que pretenden salir con más controles y mayor represión. Ante la ausencia de las “reformas estructurales” prometidas por Raúl Castro, los desmoralizados militantes ya saben que ese sistema y ese gobierno no tienen salvación porque son incapaces de regenerarse.

Este estado de desánimo general se comprobó en la encuesta secreta realizada por el Partido Comunista en la Universidad de La Habana a fines del 2008: en un universo de 30.000 personas, supuestamente simpatizantes, solo el 8% de los profesores y administradores y apenas el 22% de los estudiantes apoyaban al Gobierno. La inmensa mayoría quería poner fin cuanto antes a ese viejo y desacreditado disparate. La encuesta, por cierto, fue una de las causas de la expulsión de su cargo de Juan Vela, ministro de Educación Superior, quien la autorizó, probablemente convencido de que los predecibles resultados servirían como una llamada de atención frente al inmovilismo.

La paradoja mayor, sin embargo, es la relación que se percibe en Cuba entre la supervivencia de Fidel Castro y la creciente deslegitimación de Raúl como su heredero. Mientras más tiempo continúe vivo Fidel, con su terco y congelado estalinismo, más débil y repudiado llegará Raúl al “gran entierro”, y menos posibilidades tendrá de organizar la transmisión de la autoridad dentro de las instituciones comunistas cuando él también decida morirse. Ya lleva casi tres años de gobierno y la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Fidel construyó a su antojo la vida de su hermano Raúl. Ahora le está cavando una fosa profunda e innoble.

© FIRMAS PRESS

Uso de biocombustibles no puede postergarse más

Desde hace ya buen tiempo el mundo camina hacia el manejo responsable de los recursos naturales y, dentro de ello, promueve la inversión para el desarrollo de energías más limpias que sean una alternativa a los combustibles convencionales que contaminan y cada día agravan el problema del calentamiento global.

Por eso, preocupa que el Gobierno diera marcha atrás en estos esfuerzos, al detener la aplicación de normas recientes, como la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles y su reglamento, orientadas a alentar el uso de las llamadas energías renovables en el país, como el biodiésel, el etanol, la energía eólica, geotérmica, solar y biomasa.

En todo caso, el Ministerio de Energía y Minas está obligado a presentar en el plazo más corto un cronograma concreto y real sobre los cambios que piensa aplicar en este terreno, si lo que se quiere verdaderamente es avanzar en la lucha contra la contaminación ambiental y los problemas que esta genera.

Sin duda, toda norma es perfectible, sobre todo tratándose de una legislación que puede cambiar para bien el manejo de los hidrocarburos de manera diametral.

Por ejemplo, según el reglamento actual, se obliga a las empresas generadoras de electricidad a utilizar energías renovables, alrededor de 500 megavatios, que deberán ser producidos con plantas eólicas, geotérmicas o solares. La pregunta, sin embargo, consiste en analizar si es necesario cambiar ahora reglas de juego que fueron establecidas y aprobadas incluso en este gobierno.

Se aduce que la inversión en energías renovables se estaba promoviendo bajo estudios de escasa solidez, que se hicieron por intuición, y que deben ser ajustados para no afectar el sistema energético. También se sostiene que las refinerías peruanas no están preparadas para producir etanol y biodiésel, que tendrían que importarse. Pero tampoco se puede permitir, como informa hoy nuestro Diario, que se continúe consumiendo combustibles con cien veces más contenido de azufre, mientras las refinerías solicitan prórrogas para instalar plantas en las que puedan transformar el producto en otro más limpio.

Eso es grave, y tendrá que investigarse por qué se aprobó un esquema de inversiones si no estaba bien sustentado. En todo caso, lo que el país espera es que esto no signifique flexibilizar ciertas exigencias, como aquella establecida en el reglamento actual que obliga a vender gasolinas con un componente de 10% de etanol a partir del 2010. De acuerdo con lo informado, ahora se dejaría a discreción del sector Energía y Minas la posibilidad de que el diésel tenga un 5% de biodiésel en tres años (actualmente tiene 2%).

Se trata de cautelar el ambiente, pero también de evitar conflictos sociales, sobre todo con las minorías indígenas que, entre otras demandas, reclaman una mayor protección al hábitat y los recursos naturales.

Estas confrontaciones pueden y deben evitarse, más aun cuando se trate de problemas que se producen no solo en el Perú sino en diversos países de Sudamérica. Así lo ha demostrado la última Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, en la que se ha propuesto la creación de un tribunal internacional de justicia ambiental que vigile y garantice la conservación de los recursos naturales y la ecología, una iniciativa que incluso se presentará a las Naciones Unidas.

La política responsable depende de que el Gobierno oriente a la población sobre las desventajas de la contaminación industrial y vehicular, y promueva el uso de energías renovables.

el comercio