El escándalo comenzó en febrero de 2009, cuando la prensa reveló declaraciones de ex detectives en torno a las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales.
La Fiscalía vinculó al proceso a los cuatro últimos directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto), organismo que depende directamente de la Presidencia.
Las autoridades capturaron hace unas semanas a Alberto Lagos, Fernando Tabares, ambos ex jefes de Inteligencia del DAS, Bernardo Murillo, Germán Ospina y Luz Marina Rodríguez, contra quienes la Fiscalía presentó cargos por concierto para delinquir, abuso de autoridad y prevaricato.
También fue capturado otro ex jefe de Inteligencia del servicio secreto, Gian Carlo Auque, quien estuvo en el cargo cuando el director del DAS era Jorge Noguera, un antecesor de Hurtado que también está siendo investigado por este caso y por relaciones con los grupos paramilitares de ultraderecha.
Dos de los implicados, Alberto Lagos y Fernando Tabares, habían declarado hace varios meses que el servicio secreto buscó información financiera de miembros de la Corte Suprema en momentos en que se presentaba una fuerte tensión entre el gobierno y ese tribunal.
Asimismo, dijeron que hablaron de ese tema en la Casa de Nariño (sede de gobierno) con los secretarios de la Presidencia y de Prensa, Bernardo Moreno y César Mauricio Velásquez, respectivamente.
Espionaje colombiano
Calos Arzayús, ex director de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto), dijo en un interrogatorio que existían reglajes, “chuponeo” y vulneración de la privacidad financiera, digitados por gobierno de Uribe.
Esto fue revelado por el fiscal Misael Rodríguez, quien aseguró que Arzayús también reveló que la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado (también investigada), le dijo a altos funcionarios del organismo que había que hacer seguimientos contra los magistrados porque se trataba “de un requerimiento de la Casa de Nariño”.
Rodríguez hizo la revelación en el marco de una audiencia para legalizar la captura de cinco ex funcionarios del DAS que fueron arrestados el viernes pasado.
Ante estos hechos, el abogado colombiano Ramiro Bejarano afirmó que el espionaje del servicio secreto a magistrados y líderes de la oposición es algo sin precedentes en su país, solo comparable con lo ocurrido en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, mediante el asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
“Aquí lo que se está destapando es una de las ollas podridas más gigantescas de las que se haya tenido noticia”, dijo Bejarano, mencionado como una de las víctimas del espionaje y abogado de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, que también fue objeto de escuchas ilegales.
Los ‘chuponeados’
Entre las declaraciones de los ex funcionarios resalta el espionaje contra dirigentes de la oposición como el candidato presidencial izquierdista Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, y la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal.
Según el magistrado Valencia, una de las víctimas de estas interpretaciones telefónicas, desde la Casa de Nariño “no solamente se daba la orden, sino que se dirigían estos actos abiertamente ilícitos y criminales”.
El gobierno colombiano respondió recordando que el presidente Álvaro Uribe presentó una denuncia penal contra Valencia por el presunto delito de injuria y calumnia.
Sin embargo, los implicados manifestaron firmes que el espionaje incluyó seguimientos físicos, interceptaciones telefónicas e investigaciones de movimientos financieros.
Al final, solo queda la pregunta: ¿Hay un Vladimiro Montesinos en Colombia, donde también estalló un escándalo por interceptaciones ilegales de llamadas y correos electrónicos a líderes de la oposición, periodistas, magistrados y funcionarios del gobierno?
“Es claro que hubo seguimientos sistemáticos, ya se sabe a quién y cuándo, lo que no se conoce es quién los ordenaba y recibía los informes. Esto no era un asunto de mandos medios, se necesita saber quién es el Montesinos colombiano”, afirmó el precandidato liberal Rafael Pardo
La Republica
La Fiscalía vinculó al proceso a los cuatro últimos directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto), organismo que depende directamente de la Presidencia.
Las autoridades capturaron hace unas semanas a Alberto Lagos, Fernando Tabares, ambos ex jefes de Inteligencia del DAS, Bernardo Murillo, Germán Ospina y Luz Marina Rodríguez, contra quienes la Fiscalía presentó cargos por concierto para delinquir, abuso de autoridad y prevaricato.
También fue capturado otro ex jefe de Inteligencia del servicio secreto, Gian Carlo Auque, quien estuvo en el cargo cuando el director del DAS era Jorge Noguera, un antecesor de Hurtado que también está siendo investigado por este caso y por relaciones con los grupos paramilitares de ultraderecha.
Dos de los implicados, Alberto Lagos y Fernando Tabares, habían declarado hace varios meses que el servicio secreto buscó información financiera de miembros de la Corte Suprema en momentos en que se presentaba una fuerte tensión entre el gobierno y ese tribunal.
Asimismo, dijeron que hablaron de ese tema en la Casa de Nariño (sede de gobierno) con los secretarios de la Presidencia y de Prensa, Bernardo Moreno y César Mauricio Velásquez, respectivamente.
Espionaje colombiano
Calos Arzayús, ex director de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto), dijo en un interrogatorio que existían reglajes, “chuponeo” y vulneración de la privacidad financiera, digitados por gobierno de Uribe.
Esto fue revelado por el fiscal Misael Rodríguez, quien aseguró que Arzayús también reveló que la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado (también investigada), le dijo a altos funcionarios del organismo que había que hacer seguimientos contra los magistrados porque se trataba “de un requerimiento de la Casa de Nariño”.
Rodríguez hizo la revelación en el marco de una audiencia para legalizar la captura de cinco ex funcionarios del DAS que fueron arrestados el viernes pasado.
Ante estos hechos, el abogado colombiano Ramiro Bejarano afirmó que el espionaje del servicio secreto a magistrados y líderes de la oposición es algo sin precedentes en su país, solo comparable con lo ocurrido en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, mediante el asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
“Aquí lo que se está destapando es una de las ollas podridas más gigantescas de las que se haya tenido noticia”, dijo Bejarano, mencionado como una de las víctimas del espionaje y abogado de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, que también fue objeto de escuchas ilegales.
Los ‘chuponeados’
Entre las declaraciones de los ex funcionarios resalta el espionaje contra dirigentes de la oposición como el candidato presidencial izquierdista Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, y la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal.
Según el magistrado Valencia, una de las víctimas de estas interpretaciones telefónicas, desde la Casa de Nariño “no solamente se daba la orden, sino que se dirigían estos actos abiertamente ilícitos y criminales”.
El gobierno colombiano respondió recordando que el presidente Álvaro Uribe presentó una denuncia penal contra Valencia por el presunto delito de injuria y calumnia.
Sin embargo, los implicados manifestaron firmes que el espionaje incluyó seguimientos físicos, interceptaciones telefónicas e investigaciones de movimientos financieros.
Al final, solo queda la pregunta: ¿Hay un Vladimiro Montesinos en Colombia, donde también estalló un escándalo por interceptaciones ilegales de llamadas y correos electrónicos a líderes de la oposición, periodistas, magistrados y funcionarios del gobierno?
“Es claro que hubo seguimientos sistemáticos, ya se sabe a quién y cuándo, lo que no se conoce es quién los ordenaba y recibía los informes. Esto no era un asunto de mandos medios, se necesita saber quién es el Montesinos colombiano”, afirmó el precandidato liberal Rafael Pardo
La Republica
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