Confirmando que se avanza cuando hay interés en lo más alto para hacer algo, ha sido encomiable la velocidad con la que el Gobierno está actuando en seguridad ciudadana luego de cuatro años de haberla ignorado.
Así tenemos que, en pocos días, se han transferido a labores de patrullaje cerca de tres mil efectivos y se han propuesto la meta de doblar, para fin de año, el número de policías a nivel nacional cumpliendo con lo que debería de ser su función principal: Proteger al ciudadano.
Para ello, están recurriendo tanto al apoyo del Ejército, para la protección de instalaciones, como a un manejo más eficiente y razonable de sus propios recursos humanos para permitir que más policías retornen a cuidar vecindarios.
Ojalá el Gobierno no pierda el entusiasmo, especialmente cuando la atención de la opinión pública se haya desviado, porque sin duda encontrarán una fuerte oposición interna en la Policía. Solo basta ver el sobrepeso en la multitud que existen de mayores y coroneles –la mayoría de los cuales nos recuerdan al sargento García de El Zorro– para darse cuenta de que existe una tendencia hacia el trabajo burocrático. Incluso, uno tiene la impresión de que si un ladrón sale corriendo del Ministerio del Interior no serían muchos los que estarían en condiciones de perseguirlo y menos aun de atraparlo.
Por otro lado, sería también importante consolidar estos cambios y que no sean simplemente una respuesta a la coyuntura para, luego, ser cancelados. Consideramos que la pésima distribución de los efectivos policiales se debe a dos motivos. El primero es la falta de modernización de los sistemas administrativos. Los recursos que se requieren para solucionarlo no deben de ser muy altos y un sector que recibe S/.5 mil millones al año debería encontrarlos. El problema es que no hay voluntad de cambio ya que, cuanto más burocrático es el trámite, más fácil es negociarlo. Con la modernidad hay transparencia y menos posibilidad de llegar a un arreglo.
El otro es el regalo de seguridad que reciben entidades del Estado pese a que es un servicio que debería pagarse como cualquier otro. No tenemos duda que si la Ley de Presupuesto obliga a ministros u otros funcionarios a pagar de su presupuesto a la Policía por la protección, aplicando el precio que cobra el sector privado, la insaciable demanda del burócrata por más guardaespaldas como símbolo de estatus simplemente desaparecerá.
PERU 21
Así tenemos que, en pocos días, se han transferido a labores de patrullaje cerca de tres mil efectivos y se han propuesto la meta de doblar, para fin de año, el número de policías a nivel nacional cumpliendo con lo que debería de ser su función principal: Proteger al ciudadano.
Para ello, están recurriendo tanto al apoyo del Ejército, para la protección de instalaciones, como a un manejo más eficiente y razonable de sus propios recursos humanos para permitir que más policías retornen a cuidar vecindarios.
Ojalá el Gobierno no pierda el entusiasmo, especialmente cuando la atención de la opinión pública se haya desviado, porque sin duda encontrarán una fuerte oposición interna en la Policía. Solo basta ver el sobrepeso en la multitud que existen de mayores y coroneles –la mayoría de los cuales nos recuerdan al sargento García de El Zorro– para darse cuenta de que existe una tendencia hacia el trabajo burocrático. Incluso, uno tiene la impresión de que si un ladrón sale corriendo del Ministerio del Interior no serían muchos los que estarían en condiciones de perseguirlo y menos aun de atraparlo.
Por otro lado, sería también importante consolidar estos cambios y que no sean simplemente una respuesta a la coyuntura para, luego, ser cancelados. Consideramos que la pésima distribución de los efectivos policiales se debe a dos motivos. El primero es la falta de modernización de los sistemas administrativos. Los recursos que se requieren para solucionarlo no deben de ser muy altos y un sector que recibe S/.5 mil millones al año debería encontrarlos. El problema es que no hay voluntad de cambio ya que, cuanto más burocrático es el trámite, más fácil es negociarlo. Con la modernidad hay transparencia y menos posibilidad de llegar a un arreglo.
El otro es el regalo de seguridad que reciben entidades del Estado pese a que es un servicio que debería pagarse como cualquier otro. No tenemos duda que si la Ley de Presupuesto obliga a ministros u otros funcionarios a pagar de su presupuesto a la Policía por la protección, aplicando el precio que cobra el sector privado, la insaciable demanda del burócrata por más guardaespaldas como símbolo de estatus simplemente desaparecerá.
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