El Perú es un mendigo sentado en un banco de gas. Esa frase que parodia la que Antonio Raimondi aplicó al México colonial, podría definir la realidad de un país, el nuestro, donde los gobernantes han dispuesto del gas al antojo de empresas extranjeras.
Hace treinta años me informaron que el mayor especialista del mundo en exploración gasífera había detectado enormes yacimientos en casi todo el Perú, sobre todo en la selva. Una gran compañía petrolera estadounidense había pagado al técnico una suma fabulosa para que ocultara el descubrimiento.
A los consorcios les interesa cualquier materia prima que en un momento garantice grandes ganancias. El desarrollo nacional no figura en sus cálculos.
Ahora que se ha confirmado la existencia en nuestro subsuelo de enormes depósitos de ese hidrocarburo, las transnacionales se han lanzado a la conquista de una exportación que les asegura sobreganancias exorbitantes, tan exorbitantes que les permiten comprar funcionarios, ministros y más arriba aún.
Esta corrupción es la única explicación posible de modificaciones como la que se introdujo para permitir la exportación del gas del lote 88, que una ley de mayor rango destinaba al mercado interno.
Esa alteración ilegítima ocurrió, cierto es, bajo el régimen de Alejandro Toledo, en acuerdo con un taimado defensor de intereses foráneos, Jaime Quijandría Salmón, entonces ministro de energía y Minas.
La culpa principal recae, sin embargo, en el régimen de Alan García, quien prometió revisar esa modificación, y, por supuesto, no ha cumplido.
En lugar de declarar la nulidad del texto irregularmente modificado, García ha preferido una negociación que no va a conducir a nada, o, en el mejor de los casos, sólo mitigará los daños de lo que puede ser considerado una estafa.
En esta edición se encontrarán los datos de un faenón transnacional. Ahí se ve que Repsol compra al estado peruano gas del lote 56 a 53 céntimos de dólar por millón de unidades térmicas británicas (British Termic Unities: expresión inglesa que se simplifica en las siglas BTU). Ese gas que compró a precio de remate, Repsol lo vende afuera a 11 dólares por millón de BTU.
A los consumidores locales el gas del lote 57 lo vende a $3.8 por millón de BTU.
Se trata de un negocio jugoso.
Otrosí. El papel lacayuno de nuestros gobernantes se refleja en su recurso al artículo 62 de la Constitución, para afirmar que los contratos no pueden ser modificados. Esa referencia es un bumerán: el artículo dice: “La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos del contrato no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”. (Subrayado nuestro).
Que se respete, pues, el contrato original de Camisea.
la primera
Hace treinta años me informaron que el mayor especialista del mundo en exploración gasífera había detectado enormes yacimientos en casi todo el Perú, sobre todo en la selva. Una gran compañía petrolera estadounidense había pagado al técnico una suma fabulosa para que ocultara el descubrimiento.
A los consorcios les interesa cualquier materia prima que en un momento garantice grandes ganancias. El desarrollo nacional no figura en sus cálculos.
Ahora que se ha confirmado la existencia en nuestro subsuelo de enormes depósitos de ese hidrocarburo, las transnacionales se han lanzado a la conquista de una exportación que les asegura sobreganancias exorbitantes, tan exorbitantes que les permiten comprar funcionarios, ministros y más arriba aún.
Esta corrupción es la única explicación posible de modificaciones como la que se introdujo para permitir la exportación del gas del lote 88, que una ley de mayor rango destinaba al mercado interno.
Esa alteración ilegítima ocurrió, cierto es, bajo el régimen de Alejandro Toledo, en acuerdo con un taimado defensor de intereses foráneos, Jaime Quijandría Salmón, entonces ministro de energía y Minas.
La culpa principal recae, sin embargo, en el régimen de Alan García, quien prometió revisar esa modificación, y, por supuesto, no ha cumplido.
En lugar de declarar la nulidad del texto irregularmente modificado, García ha preferido una negociación que no va a conducir a nada, o, en el mejor de los casos, sólo mitigará los daños de lo que puede ser considerado una estafa.
En esta edición se encontrarán los datos de un faenón transnacional. Ahí se ve que Repsol compra al estado peruano gas del lote 56 a 53 céntimos de dólar por millón de unidades térmicas británicas (British Termic Unities: expresión inglesa que se simplifica en las siglas BTU). Ese gas que compró a precio de remate, Repsol lo vende afuera a 11 dólares por millón de BTU.
A los consumidores locales el gas del lote 57 lo vende a $3.8 por millón de BTU.
Se trata de un negocio jugoso.
Otrosí. El papel lacayuno de nuestros gobernantes se refleja en su recurso al artículo 62 de la Constitución, para afirmar que los contratos no pueden ser modificados. Esa referencia es un bumerán: el artículo dice: “La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos del contrato no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”. (Subrayado nuestro).
Que se respete, pues, el contrato original de Camisea.
la primera
No hay comentarios:
Publicar un comentario