Una vez más un escandaloso incidente en los penales da lugar a que los políticos pidan declarar en reorganización al Inpe, como si sólo ello bastara para resolver o, por lo menos, enfrentar la situación. En efecto, el descubrimiento del crimen perpetrado en San Pedro (ex Lurigancho) por un interno que escondió el cadáver de una mujer en su propia celda sin que nadie lo detectara, ha vuelto a colocar el tema de la administración y vigilancia en las cárceles del país en la agenda pública. Hace sólo unos días, mientras los ministros de Justicia y Salud realizaban una visita conjunta, un interno del mismo penal fue filmado por un canal de televisión hablando por celular, cuando ello está absolutamente prohibido.
Es evidente que el problema es álgido y complejo. Lurigancho alberga a 11,500 presos, cuando solo tiene una capacidad para 2,500. Este hacinamiento favorece no sólo la desorganización sino la anarquía que estimula la corrupción. Casos como los descritos se han vuelto corrientes, dándole a los penales del país un carácter lóbrego y un panorama desolador. La vieja discusión sobre cómo deben resolverse los viejos temas de la seguridad e inmoralidad se reedita permanentemente, mientras para nadie es un secreto que en los recintos penitenciarios se organizan fiestas, se venden alcohol y drogas e impera la ley de la selva al amparo de sistemas de “protección” gangsteril a cargo de las propias mafias de los reos.
La declaratoria de emergencia no resuelve el problema. Lo que hace falta es voluntad política e institucional para afrontar el problema con decisión, consensuando los puntos de vista y tomando acciones de inmediato. Aquí confluyen, sin duda, acciones de gobierno, entre las que deben destacarse las relacionadas al Inpe que hasta hoy no logra, pese a los constantes cambios en su administración, estructurar una política de administración de penales eficiente. Porque de eso se trata. De promover una gestión que ofrezca resultados desde un primer momento con medidas de pronto simples pero en cuya aplicación no se debe titubear.
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Rolando Sousa, ha planteado retirar a la Policía del penal de Lurigancho y al mismo tiempo reducir la población del presidido, en el marco de una política penitenciaria y de rehabilitación adecuada a las necesidades del país. Sobre lo primero ya se ha insistido en otras ocasiones sin reparar en que es el sistema, al margen de los hombres, el que falla y que debería canalizarse el esfuerzo corrector en ese sentido. Sobre lo segundo, es menester reiterar una vieja fórmula que puede bosquejar una solución: trabajo y estudio. Es decir, promover al máximo el trabajo de los internos a través de la capacitación y formación de microempresas, exhortándolos en la práctica a ser productivos pese a su condición. De la misma forma, es menester estimular el estudio en los penales de tal suerte que los internos puedan completar su secundaria o acceder a estudios de carreras técnicas o manuales que se complementen a su vez con trabajo productivo y organizado.
Es evidente que el problema es álgido y complejo. Lurigancho alberga a 11,500 presos, cuando solo tiene una capacidad para 2,500. Este hacinamiento favorece no sólo la desorganización sino la anarquía que estimula la corrupción. Casos como los descritos se han vuelto corrientes, dándole a los penales del país un carácter lóbrego y un panorama desolador. La vieja discusión sobre cómo deben resolverse los viejos temas de la seguridad e inmoralidad se reedita permanentemente, mientras para nadie es un secreto que en los recintos penitenciarios se organizan fiestas, se venden alcohol y drogas e impera la ley de la selva al amparo de sistemas de “protección” gangsteril a cargo de las propias mafias de los reos.
La declaratoria de emergencia no resuelve el problema. Lo que hace falta es voluntad política e institucional para afrontar el problema con decisión, consensuando los puntos de vista y tomando acciones de inmediato. Aquí confluyen, sin duda, acciones de gobierno, entre las que deben destacarse las relacionadas al Inpe que hasta hoy no logra, pese a los constantes cambios en su administración, estructurar una política de administración de penales eficiente. Porque de eso se trata. De promover una gestión que ofrezca resultados desde un primer momento con medidas de pronto simples pero en cuya aplicación no se debe titubear.
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Rolando Sousa, ha planteado retirar a la Policía del penal de Lurigancho y al mismo tiempo reducir la población del presidido, en el marco de una política penitenciaria y de rehabilitación adecuada a las necesidades del país. Sobre lo primero ya se ha insistido en otras ocasiones sin reparar en que es el sistema, al margen de los hombres, el que falla y que debería canalizarse el esfuerzo corrector en ese sentido. Sobre lo segundo, es menester reiterar una vieja fórmula que puede bosquejar una solución: trabajo y estudio. Es decir, promover al máximo el trabajo de los internos a través de la capacitación y formación de microempresas, exhortándolos en la práctica a ser productivos pese a su condición. De la misma forma, es menester estimular el estudio en los penales de tal suerte que los internos puedan completar su secundaria o acceder a estudios de carreras técnicas o manuales que se complementen a su vez con trabajo productivo y organizado.
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