Pertinente, oportuna y necesaria deviene a estas alturas y dados los antecedentes, la fiscalización a las encuestadoras que ha anunciado el presidente de la Comisión de Constitución, Aurelio Pastor. Señaló que las medidas con este propósito dejarán de ser parte del reglamento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y tendrán rango de ley con lo cual habrá sanciones a las empresas que no entreguen informes sustentados de los trabajos de campo con los que sustentan sus predicciones.
La fiscalización anunciada implicará modificaciones a la ley electoral que deberán ser materia de un amplio debate. Pastor anunció que uno de estos ajustes exigirá a las encuestadoras entregar al JNE información sucinta pero completa de las encuestas, indicando los nombres de los encuestados y otros datos relevantes. El objetivo: transparentar al máximo esta práctica para que recupere la confianza de las instituciones y de la ciudadanía.
La opinión pública ha sido testigo del bochornoso espectáculo brindado por empresas que en tan sólo días de diferencias entregaban información contraproducente y contradictoria dando la sensación de que su objetivo no era registrar una tendencia definida sino orientar al electorado hacia determinada opción. Eso no puede volver a repetirse y para ello la normatividad debe ser clara reduciendo al mínimo la posibilidad de manipulación. Con información precisa de las personas cuya opinión se registra se dará un paso en ese sentido, el mismo que con otras modificaciones consensuadas y efectivas nos proporcionará un marco normativo y operativo para regular apropiadamente la actividad de las encuestadoras.
La estadística como ciencia proporciona los elementos suficientes como para que esta labor sea transparente y eficiente. Sin embargo, hay que cuidar –como en todo proceso productivo– la calidad y para ello es menester supervisar al detalle la información que la empresa entrega para poder contrastarla y para que la ciudadanía pueda acceder a ella sin ninguna cortapisa.
El proceso electoral que se avecina debe fortalecer –qué duda cabé- la institucionalidad democrática del país generando confianza no sólo en los entes reguladores y conductores sino en los procedimientos. En ese gran objetivo, normar la actividad de las encuestadoras es importante porque las predicciones electorales forman ya parte indesligable de la experiencia electoral. El pleno del Congreso deberá sopesar las modificaciones a la ley electoral que sean apropiadas para que la gran meta de la transparencia sea alcanzada en todos los niveles y en todos los aspectos directa e indirectamente relacionados con los comicios del año entrante. Así no sólo se eliminarán suspicacias y reclamos sino que se enriquecerá el proceso electoral en sí y su valor como componente clave de la democracia representativa.
Queda a la ciudadanía y a los medios de comunicación ahora que asistimos al despegue de la carrera electoral, mantenerse vigilantes de este debate para alcanzar los objetivos propuestos y afinar nuestros procedimientos electorales.
La fiscalización anunciada implicará modificaciones a la ley electoral que deberán ser materia de un amplio debate. Pastor anunció que uno de estos ajustes exigirá a las encuestadoras entregar al JNE información sucinta pero completa de las encuestas, indicando los nombres de los encuestados y otros datos relevantes. El objetivo: transparentar al máximo esta práctica para que recupere la confianza de las instituciones y de la ciudadanía.
La opinión pública ha sido testigo del bochornoso espectáculo brindado por empresas que en tan sólo días de diferencias entregaban información contraproducente y contradictoria dando la sensación de que su objetivo no era registrar una tendencia definida sino orientar al electorado hacia determinada opción. Eso no puede volver a repetirse y para ello la normatividad debe ser clara reduciendo al mínimo la posibilidad de manipulación. Con información precisa de las personas cuya opinión se registra se dará un paso en ese sentido, el mismo que con otras modificaciones consensuadas y efectivas nos proporcionará un marco normativo y operativo para regular apropiadamente la actividad de las encuestadoras.
La estadística como ciencia proporciona los elementos suficientes como para que esta labor sea transparente y eficiente. Sin embargo, hay que cuidar –como en todo proceso productivo– la calidad y para ello es menester supervisar al detalle la información que la empresa entrega para poder contrastarla y para que la ciudadanía pueda acceder a ella sin ninguna cortapisa.
El proceso electoral que se avecina debe fortalecer –qué duda cabé- la institucionalidad democrática del país generando confianza no sólo en los entes reguladores y conductores sino en los procedimientos. En ese gran objetivo, normar la actividad de las encuestadoras es importante porque las predicciones electorales forman ya parte indesligable de la experiencia electoral. El pleno del Congreso deberá sopesar las modificaciones a la ley electoral que sean apropiadas para que la gran meta de la transparencia sea alcanzada en todos los niveles y en todos los aspectos directa e indirectamente relacionados con los comicios del año entrante. Así no sólo se eliminarán suspicacias y reclamos sino que se enriquecerá el proceso electoral en sí y su valor como componente clave de la democracia representativa.
Queda a la ciudadanía y a los medios de comunicación ahora que asistimos al despegue de la carrera electoral, mantenerse vigilantes de este debate para alcanzar los objetivos propuestos y afinar nuestros procedimientos electorales.
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