A raíz de la presentación de una propuesta, respaldada por las firmas ciudadanas correspondientes, para que se convoque a un referéndum sobre el voto facultativo, la oposición hizo lo propio en el Congreso con una moción en la cual exhorta al gobierno a “respetar la institucionalidad democrática y evitar fomentar su debilitamiento y deslegitimación social” además a abstenerse de influir en la ciudadanía para alterar la estabilidad del sistema democrático. Al respecto el congresista Jorge del Castillo ha señalado, con pertinencia, que ninguna moción puede recortar el derecho de los ciudadanos de decidir en un referéndum cualquier propuesta de reforma constitucional. La Carta Magna otorga ese derecho y si se cumplen las formalidades especificadas, toda oposición es absurda. En todo caso, lo que corresponde, es que los sectores que se opongan a la iniciativa realicen campaña para que la ciudadanía convocada escuche sus argumentos y se exprese así en las urnas.
Precisamente, nuestra Constitución prevé esa facultad ciudadana en caso de que ciertas reformas no se puedan realizar con el voto parlamentario. El mecanismo de consulta popular es claro y totalmente legal: un grupo de ciudadanos reúne las firmas requeridas para que su solicitud sea viable y el pueblo decide finalmente. ¿Qué se puede objetar?
El pueblo es la fuente del poder democrático y a él hay que recurrir en asuntos que la propia Constitución de nuestro país señala. La figura del referéndum o consulta popular es recogida por todas las constituciones democráticas del mundo. El gobierno puede apelar a ella para dirimir cuestiones que considera afectan la vida política, económica o social de la nación y los ciudadanos organizados de la misma manera. El ejercicio de un derecho no puede tener, en consecuencia, cortapisas de ninguna clase. Así sucede en naciones con una larga tradición democrática y en aquellas otras que la están forjando con empeño y celo. Esta consulta al pueblo no desestabiliza el sistema sino al contrario, lo fortalece, ni tampoco obedece a ningún otro fin que el taxativamente señalado. Es un derecho y el derecho se ejerce.
Debe la oposición reflexionar sobre la moción presentada y retirarla. Así sería consecuente con sus electores. Y en vez de exhortar con argumentos demagógicos al Ejecutivo para que desista de su iniciativa, debería celebrarla e inmediatamente iniciar su propia campaña proselitista para conseguir los votos que respalden su posición. De otra manera, le estaría haciendo el juego a los grupos antisistema que no desperdician oportunidad para jaquear desde adentro el sistema democrático. Y recortar un derecho ciudadano, es sumarse a ese jaque que podría tener imprevisibles consecuencias.
EXPRESO
Precisamente, nuestra Constitución prevé esa facultad ciudadana en caso de que ciertas reformas no se puedan realizar con el voto parlamentario. El mecanismo de consulta popular es claro y totalmente legal: un grupo de ciudadanos reúne las firmas requeridas para que su solicitud sea viable y el pueblo decide finalmente. ¿Qué se puede objetar?
El pueblo es la fuente del poder democrático y a él hay que recurrir en asuntos que la propia Constitución de nuestro país señala. La figura del referéndum o consulta popular es recogida por todas las constituciones democráticas del mundo. El gobierno puede apelar a ella para dirimir cuestiones que considera afectan la vida política, económica o social de la nación y los ciudadanos organizados de la misma manera. El ejercicio de un derecho no puede tener, en consecuencia, cortapisas de ninguna clase. Así sucede en naciones con una larga tradición democrática y en aquellas otras que la están forjando con empeño y celo. Esta consulta al pueblo no desestabiliza el sistema sino al contrario, lo fortalece, ni tampoco obedece a ningún otro fin que el taxativamente señalado. Es un derecho y el derecho se ejerce.
Debe la oposición reflexionar sobre la moción presentada y retirarla. Así sería consecuente con sus electores. Y en vez de exhortar con argumentos demagógicos al Ejecutivo para que desista de su iniciativa, debería celebrarla e inmediatamente iniciar su propia campaña proselitista para conseguir los votos que respalden su posición. De otra manera, le estaría haciendo el juego a los grupos antisistema que no desperdician oportunidad para jaquear desde adentro el sistema democrático. Y recortar un derecho ciudadano, es sumarse a ese jaque que podría tener imprevisibles consecuencias.
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