A las normas legales que ya ha depurado la comisión del Congreso encargada del ordenamiento legislativo, se van a sumar otras miles más, de manera que en breve podamos librarnos de unas 20 mil leyes identificadas como normas fuera de uso, cuya eliminación formal deviene en indispensable.
Esa es la plausible meta que se ha propuesto la citada comisión, un esfuerzo que merece ser relevado porque, finalmente, el país contará con un acervo legal libre de normas duplicadas o que enervaban leyes posteriores, trabando la actividad del Estado.
En ese sentido, el servicio de información que se prestará a la ciudadanía será clave. La sociedad dispondrá de dos ventanas virtuales: la de las normas vigentes y de las no vigentes. Con ese dato básico, sus trámites en todo orden tendrán la orientación pertinente. De la misma forma, los operadores jurídicos ya no van a perder tiempo escudriñando en una gran maraña legal para saber si determinado dispositivo está o no vigente. Igualmente, tendrán más seguridad en sus gestiones, pues sabrán que la ley que invocan pertenece al ordenamiento jurídico en curso. Como efecto, esta seguridad se extenderá a la colectividad con la que los operadores alternan diariamente. En idéntico sentido, esta información permitirá que ningún juez aplique en una sentencia, como desgraciadamente sucede, una ley derogada o enervada por una tercera.
El orden es anterior a todo. Sin él no hay diagnóstico cabal ni solución acertada. El caos es la antítesis de civilización y eso se refleja en todos los campos de la vida pública. Y al ordenar nuestro panorama legal se establece nada menos que una base sólida para la reforma del Estado. Algo que el país aspira a conseguir hace décadas. De otro lado, este trabajo ayudará significativamente a los congresistas en su labor legislativa y repercutirá directamente en el ciudadano común. En ese contexto, es de destacar que asimismo se haya previsto la simplificación del lenguaje de las normas legales para que cualquier ciudadano pueda entenderlas.
Terminar este trabajo a la brevedad y con la consistencia requerida, es imperativo. Con él culminará un esfuerzo estadístico de 20 años pero al cual nunca le siguió un afán ordenador. Además, recoge las opiniones ciudadanas personales e institucionales llegadas a la comisión a partir del 17 de diciembre del año pasado, fecha en la que se hizo la primera prepublicación de las normas en lisa.
En suma, un esfuerzo con antecedentes que se evalúan y aprovechan, rigor metodológico para plantear el problema y sus alternativas de solución, vocación política para concretarlo, continuidad en el tiempo y participación ciudadana. Mérito que hay que reconocerle sin ambages a la Comisión del Congreso que impulsó esta gruesa tarea.
EXPRESO
Esa es la plausible meta que se ha propuesto la citada comisión, un esfuerzo que merece ser relevado porque, finalmente, el país contará con un acervo legal libre de normas duplicadas o que enervaban leyes posteriores, trabando la actividad del Estado.
En ese sentido, el servicio de información que se prestará a la ciudadanía será clave. La sociedad dispondrá de dos ventanas virtuales: la de las normas vigentes y de las no vigentes. Con ese dato básico, sus trámites en todo orden tendrán la orientación pertinente. De la misma forma, los operadores jurídicos ya no van a perder tiempo escudriñando en una gran maraña legal para saber si determinado dispositivo está o no vigente. Igualmente, tendrán más seguridad en sus gestiones, pues sabrán que la ley que invocan pertenece al ordenamiento jurídico en curso. Como efecto, esta seguridad se extenderá a la colectividad con la que los operadores alternan diariamente. En idéntico sentido, esta información permitirá que ningún juez aplique en una sentencia, como desgraciadamente sucede, una ley derogada o enervada por una tercera.
El orden es anterior a todo. Sin él no hay diagnóstico cabal ni solución acertada. El caos es la antítesis de civilización y eso se refleja en todos los campos de la vida pública. Y al ordenar nuestro panorama legal se establece nada menos que una base sólida para la reforma del Estado. Algo que el país aspira a conseguir hace décadas. De otro lado, este trabajo ayudará significativamente a los congresistas en su labor legislativa y repercutirá directamente en el ciudadano común. En ese contexto, es de destacar que asimismo se haya previsto la simplificación del lenguaje de las normas legales para que cualquier ciudadano pueda entenderlas.
Terminar este trabajo a la brevedad y con la consistencia requerida, es imperativo. Con él culminará un esfuerzo estadístico de 20 años pero al cual nunca le siguió un afán ordenador. Además, recoge las opiniones ciudadanas personales e institucionales llegadas a la comisión a partir del 17 de diciembre del año pasado, fecha en la que se hizo la primera prepublicación de las normas en lisa.
En suma, un esfuerzo con antecedentes que se evalúan y aprovechan, rigor metodológico para plantear el problema y sus alternativas de solución, vocación política para concretarlo, continuidad en el tiempo y participación ciudadana. Mérito que hay que reconocerle sin ambages a la Comisión del Congreso que impulsó esta gruesa tarea.
EXPRESO
No hay comentarios:
Publicar un comentario