10.11.09

Donde se pone el dedo...

En días como hoy, llenos de denuncias contra congresistas y vocales supremos, a uno le entra una deprimente sensación de que somos un país sin arreglo. No parece existir poder del Estado que esté exento de escándalo, no importa qué tan bien estemos económicamente o la riqueza que genera el entusiasmo de millones de emprendedores; continuamente nuestros políticos, jueces o funcionarios se las ingenian para desestabilizarnos.

Sin embargo, no debemos tirar la toalla sino tratar de aprender las lecciones de esta situación, que ya lleva muchos años, de un país disfrutando de un creciente bienestar económico y, simultáneamente, un evidente deterioro en toda la marcha del Estado.

La primera lección es que el próximo gobierno no va a poder seguir evadiendo la responsabilidad de implementar una profunda reforma del aparato estatal. Esta debería basarse en forzar a toda entidad pública a cumplir con indicadores de eficiencia y en obligar a una total transparencia en todas las instancias del Estado.

Este último punto es fundamental, ya que la credibilidad de la clase política nunca ha estado más baja y eso se debe al continuo descubrimiento de que le han mentido al electorado, como el congresista Espinoza o la parlamentaria Malpartida, solo para citar los dos últimos casos.

También golpea tremendamente a la población el conocer que tienen una agenda paralela a su función, como el asesoramiento que al menos dos congresistas le brindan a una universidad que financia viajes por doquier: vocales supremos a París para recordar a Vallejo o parlamentarios oficialistas a Finlandia para conversar sobre enseñanza. ¿Quién sabe cuántos más de estos generosos ofrecimientos existen y qué es lo que realmente están buscando con ellos?

Así que en el caso del Congreso la solución pasa por una hoja de vida detallada para los candidatos y un registro obligatorio de todos los intereses –comerciales, académicos, profesionales o políticos– que mantienen los parlamentarios. En ambos casos la omisión o la mentira deben ser causa de expulsión de inmediato.

En lo que se refiere al Poder Judicial la situación es más compleja ya que si un ex presidente de la Corte Suprema no tiene el criterio para darse cuenta de que no debe aceptar obsequios de esa naturaleza, entonces solo nos queda jubilar a todos los vocales supremos y reconstruir la corte invitando a juristas de renombre.


PERU 21

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