Con el exitoso antecedente de la evaluación al magisterio, el gobierno acaba de anunciar el inicio del proceso de evaluación para los trabajadores del Estado, a la par que un necesario reordenamiento de la escala de remuneraciones basada –como corresponde– en la meritocracia.
El primer examen de esta etapa se realizará el próximo 25 y se prevé que, para fines de febrero, habrá un diagnóstico integral de las 10 mil personas que laboran, a nivel nacional, en el sistema de inversión pública, área con la que se empezará este renovador programa.
No es nueva esta idea de evaluar y capacitar a la burocracia estatal. Lo que quiere decir que ha habido intentos, pero sin resultados en la práctica. Por ello este nuevo empeño debe sopesar lo realizado y poner énfasis en dos cosas: la calidad del programa –que incluye al personal que lo integra– así como la metodología y la perseverancia para culminarlo, superando las dificultades y oposiciones de experiencias anteriores.
En tal sentido, es bueno que se haya previsto empezar el programa con un área tan estratégica como la de la burocracia que maneja las inversiones del Estado, rubro en el que hay mucha crítica por la lentitud e inoperancia de las distintas instancias públicas. Los primeros en ser evaluados van a ser por ello 984 funcionarios encargados de preparar los expedientes técnicos para el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) y que tienen a su cargo el 80% de la inversión pública en el Perú. Luego se hará lo propio con quienes realizan las adquisiciones y contrataciones. Una evaluación en esta área tendrá repercusiones inmediatas en la capacidad estatal de ejecutar los presupuestos y aprovechar los recursos.
Con la evaluación que se inicia y la capacitación que le seguirá, el Estado debe dar un vuelco positivo. No sólo porque se eliminarán cuellos de botella en los procesos administrativos del aparato público, sino porque se introducirá, esperemos definitivamente, el concepto de meritocracia tantas veces anunciado pero nunca aplicado con rigor y sosteniblidad. El más capacitado y el más eficiente debe ganar más. Eso es lo justo. Como también es justo que sea el propio sector estatal el que se beneficie de la capacitación que brinda a sus servidores, y no resulte que el funcionario emigre al sector privado, que sí le reconoce su capacidad y profesionalismo.
Los trabajadores del Estado deben entender que la modernización es indispensable y que el programa piloto, ahora en marcha, no intenta despidos masivos ni nada que se le parezca. Quienes sinceramente crean en ello, que miren lo que ha pasado en el magisterio nacional en donde grupúsculos ultras de incapaces y mediocres intentó frenar la evaluación docente con ese argumento. Aplicada ésta, ahora se tiene cada vez más maestros que quieren capacitarse para tener mejores remuneraciones.
EXPRESO
El primer examen de esta etapa se realizará el próximo 25 y se prevé que, para fines de febrero, habrá un diagnóstico integral de las 10 mil personas que laboran, a nivel nacional, en el sistema de inversión pública, área con la que se empezará este renovador programa.
No es nueva esta idea de evaluar y capacitar a la burocracia estatal. Lo que quiere decir que ha habido intentos, pero sin resultados en la práctica. Por ello este nuevo empeño debe sopesar lo realizado y poner énfasis en dos cosas: la calidad del programa –que incluye al personal que lo integra– así como la metodología y la perseverancia para culminarlo, superando las dificultades y oposiciones de experiencias anteriores.
En tal sentido, es bueno que se haya previsto empezar el programa con un área tan estratégica como la de la burocracia que maneja las inversiones del Estado, rubro en el que hay mucha crítica por la lentitud e inoperancia de las distintas instancias públicas. Los primeros en ser evaluados van a ser por ello 984 funcionarios encargados de preparar los expedientes técnicos para el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) y que tienen a su cargo el 80% de la inversión pública en el Perú. Luego se hará lo propio con quienes realizan las adquisiciones y contrataciones. Una evaluación en esta área tendrá repercusiones inmediatas en la capacidad estatal de ejecutar los presupuestos y aprovechar los recursos.
Con la evaluación que se inicia y la capacitación que le seguirá, el Estado debe dar un vuelco positivo. No sólo porque se eliminarán cuellos de botella en los procesos administrativos del aparato público, sino porque se introducirá, esperemos definitivamente, el concepto de meritocracia tantas veces anunciado pero nunca aplicado con rigor y sosteniblidad. El más capacitado y el más eficiente debe ganar más. Eso es lo justo. Como también es justo que sea el propio sector estatal el que se beneficie de la capacitación que brinda a sus servidores, y no resulte que el funcionario emigre al sector privado, que sí le reconoce su capacidad y profesionalismo.
Los trabajadores del Estado deben entender que la modernización es indispensable y que el programa piloto, ahora en marcha, no intenta despidos masivos ni nada que se le parezca. Quienes sinceramente crean en ello, que miren lo que ha pasado en el magisterio nacional en donde grupúsculos ultras de incapaces y mediocres intentó frenar la evaluación docente con ese argumento. Aplicada ésta, ahora se tiene cada vez más maestros que quieren capacitarse para tener mejores remuneraciones.
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