Por: Wilfredo Ardito Vega Abogado
“¿Por qué no se pone el cinturón de seguridad?” —le pregunto a un chofer en Tumbes.
-Para qué, si es domingo —me responde. Los policías no controlan hoy.
Cuando un limeño viaja por el Perú, puede tener la sensación de que aún las normas más elementales son desconocidas fuera de la capital. En Lambayeque, en plena carretera Panamericana, se trasladan siete u ocho escolares sobre un mototaxi. En las cercanías de Abancay, cuatro estudiantes viajan en la maletera de un vehículo que, además, está abierta. En Pucallpa, los cascos parecen no ser obligatorios para los motociclistas.
Los fenómenos que llamamos accidentes no se deben a que la casualidad o el destino se ensañen contra algunos lugares del país, sino de una confluencia de conductas u omisiones humanas: exceso de velocidad, mala señalización, imprudencia de peatones, consumo de bebidas alcohólicas, falta de revisiones técnicas o prolongadas jornadas de trabajo de los choferes de transporte público.
Los países con menos accidentes son aquellos donde los ciudadanos asumen que determinadas conductas, como manejar e ingerir licor, implican riesgos y hacen lo posible por minimizarlos. Los pocos individuos díscolos son corregidos o sancionados por el Estado. En cambio, en el Perú, no existe una cultura de prevención y la intervención estatal es escasa o más bien selectiva.
Quienes nos quejamos del tráfico limeño, debemos reconocer que en buena parte de la ciudad no pueden circular mototaxis, que existe un proceso de revisiones técnicas y hay algunas restricciones para la venta y consumo de licor, todo lo cual en el resto del país parece todavía ciencia ficción.
Mientras pocos choferes limeños se atreverían a manejar un vehículo que no tuviera SOAT, el último ómnibus que cayó a un abismo en Chumbivilcas no había pagado ningún seguro y, pese a ello, logró pasar el control del Ministerio de Transportes en Arequipa. Llevaba decenas de pasajeros de pie, pero la Policía de Carreteras lo dejó seguir su camino y circulaba, además, por una pista en pésimas condiciones. Situaciones similares han generado que en los últimos días, más de 80 peruanos mueran trágicamente.
Los mismos choferes que conducen sin respetar ninguna norma son muy escrupulosos para dar un sol a cada policía que encuentran. Lo he visto en la Carretera Central y en las rutas entre Ayacucho y Huanta, y Chimbote y Casma.
La aplicación selectiva de las normas de tránsito tiene un carácter discriminatorio: se interviene menos cuando quienes se movilizan son personas pobres. De hecho, en las últimas semanas murieron en varios accidentes 20 campesinos que viajaban sobre la carga de camiones, sin que ninguna autoridad se empeñara en impedirles circular.
Una de las mejores formas de luchar contra la discriminación es asegurar para todos los peruanos el derecho a no morir en accidentes viales, dejando el fatalismo de que los peruanos pobres están predestinados a sufrir.
“¿Por qué no se pone el cinturón de seguridad?” —le pregunto a un chofer en Tumbes.
-Para qué, si es domingo —me responde. Los policías no controlan hoy.
Cuando un limeño viaja por el Perú, puede tener la sensación de que aún las normas más elementales son desconocidas fuera de la capital. En Lambayeque, en plena carretera Panamericana, se trasladan siete u ocho escolares sobre un mototaxi. En las cercanías de Abancay, cuatro estudiantes viajan en la maletera de un vehículo que, además, está abierta. En Pucallpa, los cascos parecen no ser obligatorios para los motociclistas.
Los fenómenos que llamamos accidentes no se deben a que la casualidad o el destino se ensañen contra algunos lugares del país, sino de una confluencia de conductas u omisiones humanas: exceso de velocidad, mala señalización, imprudencia de peatones, consumo de bebidas alcohólicas, falta de revisiones técnicas o prolongadas jornadas de trabajo de los choferes de transporte público.
Los países con menos accidentes son aquellos donde los ciudadanos asumen que determinadas conductas, como manejar e ingerir licor, implican riesgos y hacen lo posible por minimizarlos. Los pocos individuos díscolos son corregidos o sancionados por el Estado. En cambio, en el Perú, no existe una cultura de prevención y la intervención estatal es escasa o más bien selectiva.
Quienes nos quejamos del tráfico limeño, debemos reconocer que en buena parte de la ciudad no pueden circular mototaxis, que existe un proceso de revisiones técnicas y hay algunas restricciones para la venta y consumo de licor, todo lo cual en el resto del país parece todavía ciencia ficción.
Mientras pocos choferes limeños se atreverían a manejar un vehículo que no tuviera SOAT, el último ómnibus que cayó a un abismo en Chumbivilcas no había pagado ningún seguro y, pese a ello, logró pasar el control del Ministerio de Transportes en Arequipa. Llevaba decenas de pasajeros de pie, pero la Policía de Carreteras lo dejó seguir su camino y circulaba, además, por una pista en pésimas condiciones. Situaciones similares han generado que en los últimos días, más de 80 peruanos mueran trágicamente.
Los mismos choferes que conducen sin respetar ninguna norma son muy escrupulosos para dar un sol a cada policía que encuentran. Lo he visto en la Carretera Central y en las rutas entre Ayacucho y Huanta, y Chimbote y Casma.
La aplicación selectiva de las normas de tránsito tiene un carácter discriminatorio: se interviene menos cuando quienes se movilizan son personas pobres. De hecho, en las últimas semanas murieron en varios accidentes 20 campesinos que viajaban sobre la carga de camiones, sin que ninguna autoridad se empeñara en impedirles circular.
Una de las mejores formas de luchar contra la discriminación es asegurar para todos los peruanos el derecho a no morir en accidentes viales, dejando el fatalismo de que los peruanos pobres están predestinados a sufrir.
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