Oportuna y precisa la aclaración del presidente Alan García de que el Ejecutivo no permitirá el nombramiento de 100 mil trabajadores contratados para el aparato estatal, ni tolerará que bajo alguna fórmula presupuestal encubierta se proceda a incrementar la ya demasiado frondosa burocracia pública. El argumento que ha dado el Presidente es sencillo: no se debe cargar sobre las espaldas del pueblo decisiones que no atacan el mal de fondo: la lentitud e ineficiencia del aparato público, y que sin embargo sí implican distracción de recursos que necesitan dedicarse a las urgentes reformas que requiere el Estado peruano para ser más eficiente y estar más cerca de las necesidades de la ciudadanía.
El principio de austeridad y racionalidad que subyace en la decisión presidencial debe extenderse a todos los ámbitos de la esfera gubernamental, especialmente a aquellos que aún echan mano a viejos artificios para aumentar sus respectivas burocracias, o para incrementar selectivamente los salarios de forma temporal que termina a la postre convertida en indefinida. El criterio presidencial debería ser el referente único y máximo; pero la realidad es otra, debido a que la maraña estatal es tan compleja e inorgánica que deja siempre lugar para la maniobra. Por cierto, ese margen es cada vez menor, aunque aún así es grande y favorece inequidades inexplicables. Por ello, y pese a la voluntad política del Primer Mandatario, la percepción en los medios y en la opinión pública es que no se hace nada o muy poco para dejar de inflar las ya abultadas planillas estatales.
La transparencia juega aquí un rol fundamental y a eso hay que apuntar. Se han dado pasos importantes, en este sentido publicando en las páginas webs de los organismos del Estado los requerimientos, presupuestos, cuadros de asignaciones de personal etc. y lo que queda es seguir ampliando la información y mejorando su calidad de tal manera que los resquicios para desvirtuar las normas vayan paulatinamente desapareciendo. La voluntad política presidencial debe encontrar aquí un correlato inmediato y efectivo. Y aquello debe alcanzar, especialmente, a las entidades públicas que no forman parte del nivel central estatal y en donde las licencias en este caso son mayores y difíciles de controlar.
Finalmente, en los casos de nombramientos en el sector público, existen procesos en sectores que están enmarcados en leyes que señalan su gradualidad, limitaciones y asignaciones presupuestales y que, por ello mismo, no están en el mismo saco al que el presidente García se ha referido con toda contundencia y claridad.
EXPRESO
El principio de austeridad y racionalidad que subyace en la decisión presidencial debe extenderse a todos los ámbitos de la esfera gubernamental, especialmente a aquellos que aún echan mano a viejos artificios para aumentar sus respectivas burocracias, o para incrementar selectivamente los salarios de forma temporal que termina a la postre convertida en indefinida. El criterio presidencial debería ser el referente único y máximo; pero la realidad es otra, debido a que la maraña estatal es tan compleja e inorgánica que deja siempre lugar para la maniobra. Por cierto, ese margen es cada vez menor, aunque aún así es grande y favorece inequidades inexplicables. Por ello, y pese a la voluntad política del Primer Mandatario, la percepción en los medios y en la opinión pública es que no se hace nada o muy poco para dejar de inflar las ya abultadas planillas estatales.
La transparencia juega aquí un rol fundamental y a eso hay que apuntar. Se han dado pasos importantes, en este sentido publicando en las páginas webs de los organismos del Estado los requerimientos, presupuestos, cuadros de asignaciones de personal etc. y lo que queda es seguir ampliando la información y mejorando su calidad de tal manera que los resquicios para desvirtuar las normas vayan paulatinamente desapareciendo. La voluntad política presidencial debe encontrar aquí un correlato inmediato y efectivo. Y aquello debe alcanzar, especialmente, a las entidades públicas que no forman parte del nivel central estatal y en donde las licencias en este caso son mayores y difíciles de controlar.
Finalmente, en los casos de nombramientos en el sector público, existen procesos en sectores que están enmarcados en leyes que señalan su gradualidad, limitaciones y asignaciones presupuestales y que, por ello mismo, no están en el mismo saco al que el presidente García se ha referido con toda contundencia y claridad.
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