La alerta está dada: el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y las unidades que lo integran, como la comisión de asuntos disciplinarios, están excediendo riesgosamente sus funciones y competencias, con serio daño para la institucionalidad judicial en el Estado democrático.
¿Quién responde por esto? En el caso de los jueces supremos Francisco Távara y Jorge Solís se ha recomendado su destitución por viajar a Francia invitados por la Universidad Alas Peruanas, lo cual es una exageración pues no se llega a establecer de modo fehaciente su supuesta falta o delito. No podía ser de otra manera, pues no existe norma legal específica que prohíba viajar.
Además, en el caso del vocal Távara, cumplió con pedir autorización al presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, a través de lo cual el Consejo Ejecutivo debió ser informado. Este hecho es tan incontrovertible que la misma comisión ha solicitado también abrir investigación preliminar a Villa Stein, por haber dado licencia y autorizado el viaje de los magistrados.
Tampoco se ha considerado el hecho de que hay muchos vocales supremos y jueces de todas las instancias que vienen prestando servicios en universidades, institutos y otras entidades, y siguen ejerciendo función jurisdiccional, lo que evidencia el limbo legal que hace inaplicable el argumento del CNM. Es más, varios miembros del CNM se han inhibido de ver el caso en la instancia siguiente, precisamente por tener relación con la misma Universidad Alas Peruanas.
En el caso del vocal Távara, a mayor abundamiento, tampoco se conoce que esté viendo alguna causa directa con la Universidad Alas Peruanas. Y así como no se puede soslayar su impecable gestión al frente de la Corte Suprema y de la Oficina Nacional de Control de la Magistratura, tampoco se puede desconocer su interés por la obra vallejiana, como quedó demostrado con los homenajes que promovió bajo su presidencia.
En tal contexto, tan huérfano de razones y argumentos, el hecho de que el CNM se atreva a recomendar la destitución de dos vocales de la Corte Suprema, en vísperas de la apertura del año judicial, resulta un garrafal despropósito que levanta suspicacias sobre los ocultos y oscuros intereses que habría detrás de la controvertida decisión para sacar del camino a los magistrados.
Vistas las repercusiones del caso, que demanda urgente revisión en la siguiente instancia, la Corte Suprema debe ordenar el empadronamiento, y publicarlo, de todo el personal judicial para saber quiénes trabajan en universidades, institutos u otras entidades con las que puedan tener conflictos de interés.
Asimismo, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público deben informar quiénes son los magistrados y fiscales que siguen estudios de especialización auspiciados por algunas ONG, que obviamente tendrían intereses ulteriores.
Volviendo al caso de los magistrados Távara y Solís, lo que correspondía era una amonestación, sin sentar precedentes negativos para que los magistrados se inhiban de viajar cuando se dan las condiciones legales y legítimas. El CNM, en suma, no puede sobrepasar sus funciones, mucho menos cuando sus yerros pueden desestabilizar la Corte Suprema y ahondar más el desprestigio del PJ, con consecuencias terribles para la estabilidad jurídica y la institucionalidad democrática.
¿Quién responde por esto? En el caso de los jueces supremos Francisco Távara y Jorge Solís se ha recomendado su destitución por viajar a Francia invitados por la Universidad Alas Peruanas, lo cual es una exageración pues no se llega a establecer de modo fehaciente su supuesta falta o delito. No podía ser de otra manera, pues no existe norma legal específica que prohíba viajar.
Además, en el caso del vocal Távara, cumplió con pedir autorización al presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, a través de lo cual el Consejo Ejecutivo debió ser informado. Este hecho es tan incontrovertible que la misma comisión ha solicitado también abrir investigación preliminar a Villa Stein, por haber dado licencia y autorizado el viaje de los magistrados.
Tampoco se ha considerado el hecho de que hay muchos vocales supremos y jueces de todas las instancias que vienen prestando servicios en universidades, institutos y otras entidades, y siguen ejerciendo función jurisdiccional, lo que evidencia el limbo legal que hace inaplicable el argumento del CNM. Es más, varios miembros del CNM se han inhibido de ver el caso en la instancia siguiente, precisamente por tener relación con la misma Universidad Alas Peruanas.
En el caso del vocal Távara, a mayor abundamiento, tampoco se conoce que esté viendo alguna causa directa con la Universidad Alas Peruanas. Y así como no se puede soslayar su impecable gestión al frente de la Corte Suprema y de la Oficina Nacional de Control de la Magistratura, tampoco se puede desconocer su interés por la obra vallejiana, como quedó demostrado con los homenajes que promovió bajo su presidencia.
En tal contexto, tan huérfano de razones y argumentos, el hecho de que el CNM se atreva a recomendar la destitución de dos vocales de la Corte Suprema, en vísperas de la apertura del año judicial, resulta un garrafal despropósito que levanta suspicacias sobre los ocultos y oscuros intereses que habría detrás de la controvertida decisión para sacar del camino a los magistrados.
Vistas las repercusiones del caso, que demanda urgente revisión en la siguiente instancia, la Corte Suprema debe ordenar el empadronamiento, y publicarlo, de todo el personal judicial para saber quiénes trabajan en universidades, institutos u otras entidades con las que puedan tener conflictos de interés.
Asimismo, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público deben informar quiénes son los magistrados y fiscales que siguen estudios de especialización auspiciados por algunas ONG, que obviamente tendrían intereses ulteriores.
Volviendo al caso de los magistrados Távara y Solís, lo que correspondía era una amonestación, sin sentar precedentes negativos para que los magistrados se inhiban de viajar cuando se dan las condiciones legales y legítimas. El CNM, en suma, no puede sobrepasar sus funciones, mucho menos cuando sus yerros pueden desestabilizar la Corte Suprema y ahondar más el desprestigio del PJ, con consecuencias terribles para la estabilidad jurídica y la institucionalidad democrática.
EL COMERCIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario