Es evidente que el progreso nacional para ser tal necesita alcanzar a todas las regiones del país. En ese sentido, ha llamado el presidente García la atención de todos pero especialmente de los empresarios a quienes convocó a comprender la lógica de la reciente disposición que exonera de impuestos a determinadas actividades económicas en 101 provincias ubicadas por encima de los 2,500 metros de altitud.
La ley, señaló, el jefe del Estado, trata de ser práctica llevando la inversión a las zonas en donde por razones geográficas, de mercado y de accesibilidad, ésta no llega. Es con esta inversión más la que el Estado hace en infraestructura y obras de servicio –49 mil millones de soles invertidos en los últimos tres años y medio– que se logrará cerrar la fractura social en esas zonas y la que secularmente existe entre la Costa y la Sierra.
Sólo las inversiones crean empleo y dinamizan la economía. Los programas sociales que se impulsan en la zona tratan de paliar la situación de pobreza extrema de miles de sus habitantes pero no más. Y ello mientras programas productivos –que son los únicos que tienen un real futuro– se instalan en la zona. Para que eso suceda, es menester que desde el gobierno se promuevan las inversiones en la zona, cosa que se pretende hacer con la reciente ley.
Por ello mismo es saludable que los empresarios hayan comprendido esta intención y señalado su interés de colaborar con ella. Así tenemos que el presidente de Confiep, Ricardo Briceño, señaló que aun cuando, por principio, están en contra de las exoneraciones, “ello no quiere decir que cuando se den medidas promotoras para cerrar la brecha, la fractura social entre la Sierra y la Costa, no estemos de acuerdo”, afirmó. Por su parte, José Luis Silva, presidente de Adex, resaltó que la ley “es una propuesta nueva que puede tener resultados distintos a las medidas de impulso de inversiones antes tomadas por el gobierno” y el alcalde de Urubamba, Cusco, Benicio Ríos, mencionó que con ella será posible industrializar el maíz gigante que producen.
Reiteremos, entonces, la necesidad nacional de impulsar las alianzas público-privadas que deben contar con el mayor apoyo de los gobiernos regionales y locales para que la ley se traduzca a la brevedad en logros tangibles. Con títulos de propiedad, concesiones en regla, estudios de impacto ambiental, permisos y licencias en orden, gracias a un trabajo administrativo eficiente de los organismos públicos, allanará el camino legal y económico para la instalación histórica de las empresas en las zonas altoandinas del Perú, lugar en el que desde hoy son gratamente bienvenidas.
EXPRESO
La ley, señaló, el jefe del Estado, trata de ser práctica llevando la inversión a las zonas en donde por razones geográficas, de mercado y de accesibilidad, ésta no llega. Es con esta inversión más la que el Estado hace en infraestructura y obras de servicio –49 mil millones de soles invertidos en los últimos tres años y medio– que se logrará cerrar la fractura social en esas zonas y la que secularmente existe entre la Costa y la Sierra.
Sólo las inversiones crean empleo y dinamizan la economía. Los programas sociales que se impulsan en la zona tratan de paliar la situación de pobreza extrema de miles de sus habitantes pero no más. Y ello mientras programas productivos –que son los únicos que tienen un real futuro– se instalan en la zona. Para que eso suceda, es menester que desde el gobierno se promuevan las inversiones en la zona, cosa que se pretende hacer con la reciente ley.
Por ello mismo es saludable que los empresarios hayan comprendido esta intención y señalado su interés de colaborar con ella. Así tenemos que el presidente de Confiep, Ricardo Briceño, señaló que aun cuando, por principio, están en contra de las exoneraciones, “ello no quiere decir que cuando se den medidas promotoras para cerrar la brecha, la fractura social entre la Sierra y la Costa, no estemos de acuerdo”, afirmó. Por su parte, José Luis Silva, presidente de Adex, resaltó que la ley “es una propuesta nueva que puede tener resultados distintos a las medidas de impulso de inversiones antes tomadas por el gobierno” y el alcalde de Urubamba, Cusco, Benicio Ríos, mencionó que con ella será posible industrializar el maíz gigante que producen.
Reiteremos, entonces, la necesidad nacional de impulsar las alianzas público-privadas que deben contar con el mayor apoyo de los gobiernos regionales y locales para que la ley se traduzca a la brevedad en logros tangibles. Con títulos de propiedad, concesiones en regla, estudios de impacto ambiental, permisos y licencias en orden, gracias a un trabajo administrativo eficiente de los organismos públicos, allanará el camino legal y económico para la instalación histórica de las empresas en las zonas altoandinas del Perú, lugar en el que desde hoy son gratamente bienvenidas.
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