El Estado chileno no investigará el espionaje denunciado por el Perú pese a que así lo dejó entrever su propia presidenta y a la contundencia y meticulosidad de los antecedentes remitidos por nuestra Cancillería, en donde además de los nombres de los agentes chilenos involucrados por el espía convicto y confeso Víctor Ariza, se detallaba el modus operandi de la trama montada y operada desde Santiago.
Conocidos los hechos y capturado el traidor, el Perú procedió de acuerdo al derecho y a las prácticas internacionales. Por los canales correspondientes, hizo llegar al gobierno sureño los resultados de las investigaciones sumarias realizadas en nuestro país. En un primer momento, la reacción chilena fue de un total cinismo, negando abiertamente cualquier posibilidad de involucramiento en los hechos denunciados. Sin embargo, con el correr de los días y a la vista de cómo iban ambos gobiernos manejando la situación, la presión local y externa obligó a los voceros chilenos a señalar que responderían el exhorto peruano y que realizarían una investigación en la que supuestamente deslindarían cualquier patrocinio oficial dejando el caso como una iniciativa ajena.
El gobierno chileno derivó la documentación enviada por el Perú a su Ministerio Público para que éste se pronunciara de la única forma que era lógica y posible: anunciando una investigación ya adelantada en opiniones oficiales del más alto nivel. Pero es aquí en donde se revelan dos cosas: la urdida mendacidad chilena de hacernos creer a nosotros y al mundo algo que no harían nunca, y la burda utilización de sus instancias judiciales, supuestamente autónomas e independientes, para sostener esa mentira.
Es evidentemente una burla concertada con el gobierno de Bachelet que la Fiscalía chilena, ante las pruebas presentadas por el Perú, señale que sólo se limitará a pedir los datos al Registro Civil para chequear las identidades de los contactos que el espía Ariza reveló a la justicia peruana, así como que afirme sin investigar o contrastar las pruebas entregadas por el Perú, que no hubo actividades ilícitas relacionadas con un presunto espionaje, revelación de secreto y asociación ilícita. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Sólo hay una manera: sometiéndose a los dictados del poder político y sirviéndole de comparsa. ¿Por qué? Porque cuando se trata del Perú, no hay autonomía judicial que valga, ni independencia de poderes. Es decir, por la razón o por la fuerza, como reza el lema de su escudo nacional.
Sudamérica, América Latina y el mundo evaluarán el comportamiento de Perú y Chile en este triste e indignante episodio. La ponderación, solvencia y seriedad de la actitud peruana serán contrastadas con la mentira, el cinismo y la prepotencia que han caracterizado la actitud chilena.
Si usted, señor Presidente, cree aún en la política de cuerdas separadas, mire cómo a la hora de la hora, cuando los intereses de Chile se ven amenazados, este mal vecino sólo utiliza una sola cuerda… que tira, siempre que puede y se lo permitimos, contra nuestro país.
EXPRESO
Conocidos los hechos y capturado el traidor, el Perú procedió de acuerdo al derecho y a las prácticas internacionales. Por los canales correspondientes, hizo llegar al gobierno sureño los resultados de las investigaciones sumarias realizadas en nuestro país. En un primer momento, la reacción chilena fue de un total cinismo, negando abiertamente cualquier posibilidad de involucramiento en los hechos denunciados. Sin embargo, con el correr de los días y a la vista de cómo iban ambos gobiernos manejando la situación, la presión local y externa obligó a los voceros chilenos a señalar que responderían el exhorto peruano y que realizarían una investigación en la que supuestamente deslindarían cualquier patrocinio oficial dejando el caso como una iniciativa ajena.
El gobierno chileno derivó la documentación enviada por el Perú a su Ministerio Público para que éste se pronunciara de la única forma que era lógica y posible: anunciando una investigación ya adelantada en opiniones oficiales del más alto nivel. Pero es aquí en donde se revelan dos cosas: la urdida mendacidad chilena de hacernos creer a nosotros y al mundo algo que no harían nunca, y la burda utilización de sus instancias judiciales, supuestamente autónomas e independientes, para sostener esa mentira.
Es evidentemente una burla concertada con el gobierno de Bachelet que la Fiscalía chilena, ante las pruebas presentadas por el Perú, señale que sólo se limitará a pedir los datos al Registro Civil para chequear las identidades de los contactos que el espía Ariza reveló a la justicia peruana, así como que afirme sin investigar o contrastar las pruebas entregadas por el Perú, que no hubo actividades ilícitas relacionadas con un presunto espionaje, revelación de secreto y asociación ilícita. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Sólo hay una manera: sometiéndose a los dictados del poder político y sirviéndole de comparsa. ¿Por qué? Porque cuando se trata del Perú, no hay autonomía judicial que valga, ni independencia de poderes. Es decir, por la razón o por la fuerza, como reza el lema de su escudo nacional.
Sudamérica, América Latina y el mundo evaluarán el comportamiento de Perú y Chile en este triste e indignante episodio. La ponderación, solvencia y seriedad de la actitud peruana serán contrastadas con la mentira, el cinismo y la prepotencia que han caracterizado la actitud chilena.
Si usted, señor Presidente, cree aún en la política de cuerdas separadas, mire cómo a la hora de la hora, cuando los intereses de Chile se ven amenazados, este mal vecino sólo utiliza una sola cuerda… que tira, siempre que puede y se lo permitimos, contra nuestro país.
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