La campaña de demolición contra el fuero militar policial fue –y sigue siendo– parte de la gran campaña que los gobiernos de transición y de Toledo desarrollaron contra las Fuerzas Armadas, pretendiendo vender la idea que ellas fueron institucionalmente responsables de la barbarie y corrupción de la década de los 90.
Lo fue un gobierno autoritario que, en alianza con un oscuro, corrupto y avieso asesor –y sus tentáculos en nuestros institutos castrenses–, hizo y deshizo del poder en provecho propio. Pero las Fuerzas Armadas, como ente tutelar de la patria, tuvieron una destacada y heroica labor en la lucha y derrota del terrorismo. Depuesto el presidente Fujimori –que actualmente purga condena de 25 años de prisión– y sentenciado el ex asesor a una pena similar, las Fuerzas Armadas, bajo liderazgos idóneos, se han consolidado como baluarte de la democracia y permanentes defensoras de la sociedad ante el embate del terrorismo, a cuyos remanentes se enfrenta todos los días dando el pecho.
En esa maniquea y pertinaz campaña contra militares y policías –que emprendieron Paniagua y Toledo, bajo la asesoría e influencia de ciertas ongs que se apoderaron del Poder Judicial– se desató una persecución implacable, con una secuela de innumerables injusticias con nombre propio y común. Y se dio una increíble paradoja: el terrorismo, que fue vencido militarmente en años de terrible lucha, pudo ganar la batalla legal logrando sentar en la antesala de los procesados o en el banquillo de los acusados a centenares de militares y policías que lo único que hicieron fue cumplir con su deber.
El fuero castrense y, consecuentemente el Código de Justicia Militar, fueron y sigue siendo blanco perfecto para la progresía y sus aliados extremistas. Por ello los atacan, maniatan, desacreditan y, por último, intentan desaparecerlos. El fallo reciente del Tribunal Constitucional constituye un espaldarazo a su vigencia, pero es al Congreso al que corresponde ahora intervenir, dado que con sus sentencias el dicho tribunal aún no ha despejado el camino para la consolidación definitiva del fuero militar.
El caso del espionaje chileno contra el Perú ha vuelto a poner sobre el tapete la necesidad de tener claras las competencias de los fueros jurídicos del país. Con esa campaña de años contra la justicia militar, es hasta cierto punto explicable que la confusión subsista en algunos niveles del Poder Judicial y del Ministerio Público pero no en los estamentos más altos que son los llamados a orientar y aclarar. Por ello es urgente que el Congreso de la República se aboque a la tarea de reconstruir completamente la base legal y operativa del fuero militar policial en el marco constitucional y legal peruano.
EXPRESO
Lo fue un gobierno autoritario que, en alianza con un oscuro, corrupto y avieso asesor –y sus tentáculos en nuestros institutos castrenses–, hizo y deshizo del poder en provecho propio. Pero las Fuerzas Armadas, como ente tutelar de la patria, tuvieron una destacada y heroica labor en la lucha y derrota del terrorismo. Depuesto el presidente Fujimori –que actualmente purga condena de 25 años de prisión– y sentenciado el ex asesor a una pena similar, las Fuerzas Armadas, bajo liderazgos idóneos, se han consolidado como baluarte de la democracia y permanentes defensoras de la sociedad ante el embate del terrorismo, a cuyos remanentes se enfrenta todos los días dando el pecho.
En esa maniquea y pertinaz campaña contra militares y policías –que emprendieron Paniagua y Toledo, bajo la asesoría e influencia de ciertas ongs que se apoderaron del Poder Judicial– se desató una persecución implacable, con una secuela de innumerables injusticias con nombre propio y común. Y se dio una increíble paradoja: el terrorismo, que fue vencido militarmente en años de terrible lucha, pudo ganar la batalla legal logrando sentar en la antesala de los procesados o en el banquillo de los acusados a centenares de militares y policías que lo único que hicieron fue cumplir con su deber.
El fuero castrense y, consecuentemente el Código de Justicia Militar, fueron y sigue siendo blanco perfecto para la progresía y sus aliados extremistas. Por ello los atacan, maniatan, desacreditan y, por último, intentan desaparecerlos. El fallo reciente del Tribunal Constitucional constituye un espaldarazo a su vigencia, pero es al Congreso al que corresponde ahora intervenir, dado que con sus sentencias el dicho tribunal aún no ha despejado el camino para la consolidación definitiva del fuero militar.
El caso del espionaje chileno contra el Perú ha vuelto a poner sobre el tapete la necesidad de tener claras las competencias de los fueros jurídicos del país. Con esa campaña de años contra la justicia militar, es hasta cierto punto explicable que la confusión subsista en algunos niveles del Poder Judicial y del Ministerio Público pero no en los estamentos más altos que son los llamados a orientar y aclarar. Por ello es urgente que el Congreso de la República se aboque a la tarea de reconstruir completamente la base legal y operativa del fuero militar policial en el marco constitucional y legal peruano.
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