Digno de destacar es el anuncio hecho por el coordinador de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Genaro Matute, quien anuncia que planteará un conjunto de sugerencias a los institutos armados y policiales para garantizar la transparencia en las compras militares y el uso de gasolina. Dos temas polémicos y espinosos que constituyen, de antiguo, puntos críticos de gestión y corrupción en el Estado. Esas iniciativas se harán –claro está– tras exhaustivo estudio al interior de las FF AA y la PNP, habida cuenta de que, en el caso de los vales de gasolina, este insumo tiene diferentes usos; por ejemplo, forma parte del sueldo de algunos miembros del personal militar, o se abona a un fondo común para fines remunerativos. Esta irrealidad felizmente acabará con la nueva modalidad de remuneraciones a ejecutarse el próximo año. En materia de las compras de equipos militares se requiere un análisis más detallado de esos procesos para recién proponer medidas que contribuyan a fomentar la transparencia en este mecanismo.
Atinada la iniciativa de tocar dos temas recurrentes de la historia de la corrupción en el aparato estatal. Ello, sin embargo, no debe obstar para plantear, concurrentemente, líneas generales aplicables a todos los demás sectores públicos, aspecto en el que se ha avanzado muy poco pese a varios intentos puestos en marcha. Sigue la corrupción enquistada en la administración pública debido a muchos factores; y sin embargo no hay una respuesta apropiada a la magnitud del problema. Baste decir que mientras la cooperación internacional destina recursos a campañas informativas y de concienzación en este tema álgido, no hay una contrapartida adecuada por parte del Estado. Apenas algunas iniciativas burocráticas que no han tenido suerte.
En este contexto, focalizar el esfuerzo de la comisión de alto nivel en estos dos temas iniciales es un buen comienzo. Pero hay que exigir que el esfuerzo se inicie y concluya con decisión y vigor, para conseguir que sus sugerencias sean incorporadas en las normas administrativas y legales que fueran menester. Establecer el componente de observadores externos en los procesos ayudará también significativamente. Y, finalmente, señalar con claridad la obligación de las instituciones de apoyar el trabajo. En ese contexto, si las recomendaciones de la mencionada comisión –tras el proceso acucioso al que se abocará– no son vinculantes, pues el trabajo no tendrá efecto y sólo serán más y más sugerencias para la larga lista que duerme el sueño de los justos en los anaqueles de las reparticiones públicas.
Hay que dar señales precisas de que desde los poderes públicos se quiere de verdad luchar contra la corrupción caiga quien caiga. Si no, la sombra de los escándalos acabará neutralizando todo esfuerzo por enfrentarla como la ciudadanía lo demanda.
EXPRESO
Atinada la iniciativa de tocar dos temas recurrentes de la historia de la corrupción en el aparato estatal. Ello, sin embargo, no debe obstar para plantear, concurrentemente, líneas generales aplicables a todos los demás sectores públicos, aspecto en el que se ha avanzado muy poco pese a varios intentos puestos en marcha. Sigue la corrupción enquistada en la administración pública debido a muchos factores; y sin embargo no hay una respuesta apropiada a la magnitud del problema. Baste decir que mientras la cooperación internacional destina recursos a campañas informativas y de concienzación en este tema álgido, no hay una contrapartida adecuada por parte del Estado. Apenas algunas iniciativas burocráticas que no han tenido suerte.
En este contexto, focalizar el esfuerzo de la comisión de alto nivel en estos dos temas iniciales es un buen comienzo. Pero hay que exigir que el esfuerzo se inicie y concluya con decisión y vigor, para conseguir que sus sugerencias sean incorporadas en las normas administrativas y legales que fueran menester. Establecer el componente de observadores externos en los procesos ayudará también significativamente. Y, finalmente, señalar con claridad la obligación de las instituciones de apoyar el trabajo. En ese contexto, si las recomendaciones de la mencionada comisión –tras el proceso acucioso al que se abocará– no son vinculantes, pues el trabajo no tendrá efecto y sólo serán más y más sugerencias para la larga lista que duerme el sueño de los justos en los anaqueles de las reparticiones públicas.
Hay que dar señales precisas de que desde los poderes públicos se quiere de verdad luchar contra la corrupción caiga quien caiga. Si no, la sombra de los escándalos acabará neutralizando todo esfuerzo por enfrentarla como la ciudadanía lo demanda.
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