Finalmente, el Tribunal Constitucional (TC) determinó que las írritas medidas cautelares del Poder Judicial que posibilitaron la libre importación de vehículos usados carecen de toda eficacia, por lo que son nulas en todos sus alcances.
El deslinde, al más alto nivel del control constitucional, sienta un precedente vinculante trascendental que debe ser complementado por los otros poderes: el Judicial, para que instruya correctamente a los jueces y sancione cualquier transgresión; el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para aplicar de inmediato la medida; y sobre todo del Congreso, para evitar más perforaciones al ordenamiento legal vigente.
El TC precisa: “A partir del 6 de noviembre de 2008, todas las resoluciones judiciales que hayan inaplicado las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados son ineficaces por contravenir la uniforme y reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
Ahora el MTC puede demandar la nulidad de las resoluciones judiciales emitidas a partir de esa fecha, definida previamente por el Tribunal Constitucional a través de otras resoluciones que, de modo escandaloso, no fueron acatadas por algunos magistrados.
Esta terminante decisión es sobre todo un severo llamado de atención a los jueces indolentes, venales y corruptos que, sin ninguna justificación, aceptaban burdas acciones de amparo por parte de inescrupulosos importadores, que así se saltaban a la garrocha la prohibición establecida por ley.
Incluso los importadores de autos de Tacna aprueban la medida del TC que, según su entender, pone fin a la competencia desleal y caótica de importadores informales.
De antemano debemos advertir sobre la recusable reacción de algunos padres de la patria que, de modo irresponsable y populista, pretenderían ahora modificar otra vez el marco legal y volver todo a fojas cero: es decir, que nuevamente se permita el ingreso de vehículos obsoletos, contaminantes e inseguros, con antigüedad mayor a cinco años, sin pensar en las graves consecuencias que tendría este retroceso.
Como hemos informado, en los últimos años, a través de írritas medidas de amparo de jueces venales ingresaron al país miles de vehículos de 15 a 20 años de antigüedad, muchos de ellos siniestrados en sus países de origen. Los resultados los sufrimos diariamente, con altos índices de accidentes y de contaminación, a más de una escandalosa competencia desleal con la industria formal que importa autos nuevos.
No se trata, pues, como pretenden confundir algunos, de afectar el derecho al trabajo, sino de poner orden en un tema que se había ido de las manos por la acción de malos magistrados y la indolencia de ciertas autoridades.
La sentencia del Tribunal Constitucional debe restaurar la ley y el principio de autoridad, así como terminar con las interpretaciones arbitrarias y sospechosas de malos jueces o legisladores.
EL COMERCIO
El deslinde, al más alto nivel del control constitucional, sienta un precedente vinculante trascendental que debe ser complementado por los otros poderes: el Judicial, para que instruya correctamente a los jueces y sancione cualquier transgresión; el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para aplicar de inmediato la medida; y sobre todo del Congreso, para evitar más perforaciones al ordenamiento legal vigente.
El TC precisa: “A partir del 6 de noviembre de 2008, todas las resoluciones judiciales que hayan inaplicado las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados son ineficaces por contravenir la uniforme y reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
Ahora el MTC puede demandar la nulidad de las resoluciones judiciales emitidas a partir de esa fecha, definida previamente por el Tribunal Constitucional a través de otras resoluciones que, de modo escandaloso, no fueron acatadas por algunos magistrados.
Esta terminante decisión es sobre todo un severo llamado de atención a los jueces indolentes, venales y corruptos que, sin ninguna justificación, aceptaban burdas acciones de amparo por parte de inescrupulosos importadores, que así se saltaban a la garrocha la prohibición establecida por ley.
Incluso los importadores de autos de Tacna aprueban la medida del TC que, según su entender, pone fin a la competencia desleal y caótica de importadores informales.
De antemano debemos advertir sobre la recusable reacción de algunos padres de la patria que, de modo irresponsable y populista, pretenderían ahora modificar otra vez el marco legal y volver todo a fojas cero: es decir, que nuevamente se permita el ingreso de vehículos obsoletos, contaminantes e inseguros, con antigüedad mayor a cinco años, sin pensar en las graves consecuencias que tendría este retroceso.
Como hemos informado, en los últimos años, a través de írritas medidas de amparo de jueces venales ingresaron al país miles de vehículos de 15 a 20 años de antigüedad, muchos de ellos siniestrados en sus países de origen. Los resultados los sufrimos diariamente, con altos índices de accidentes y de contaminación, a más de una escandalosa competencia desleal con la industria formal que importa autos nuevos.
No se trata, pues, como pretenden confundir algunos, de afectar el derecho al trabajo, sino de poner orden en un tema que se había ido de las manos por la acción de malos magistrados y la indolencia de ciertas autoridades.
La sentencia del Tribunal Constitucional debe restaurar la ley y el principio de autoridad, así como terminar con las interpretaciones arbitrarias y sospechosas de malos jueces o legisladores.
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