Con un total desconocimiento de la realidad peruana –y de su reciente historia caracterizada por la lucha de más de dos décadas contra el terrorismo genocida de Sendero Luminoso y el MRTA–, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que irónicamente preside hoy Diego García Sayán, el ex ministro de los regímenes de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo que hicieron concesiones y luego abrieron las puertas de las cárceles a los terroristas, no sólo se ha dedicado a fallar contra el Estado –por presuntas violaciones a los derechos humanos– sino que también viene imponiendo exorbitantes cargas a nuestro emergente país por concepto de reparaciones o indemnizaciones a favor de los terroristas.
De acuerdo a la calificación hecha por el ministro de Justicia, Víctor García Toma, la actitud de la CIDH es evidentemente “desconsiderada e incorrecta”, porque no aplica un parámetro objetivo y porque las indemnizaciones no guardan proporción con la situación económica del país, ni con las reparaciones que fijan los tribunales nacionales. Esto da lugar a una increíble paradoja: la corte –que debe defender los derechos humanos de las sociedades que se enfrentan a lacras como el terrorismo– termina financiando indirectamente a estas organizaciones. No sólo juzga a los Estados con un criterio ambiguo y sectario, manifiestamente en contra de sus fuerzas armadas y policiales, sino que los debilita económica y moralmente con indemnizaciones millonarias que acaban en manos de genocidas.
En efecto, y sólo como uno de los centenares de casos existentes, citamos el de Kenneth Ney Anzualdo Castro –quien en 1993 fue intervenido por desconocidos al interior de un microbús cuando regresaba a su casa luego de estudiar–, la CIDH impuso al Estado peruano un pago de más de medio millón de dólares desdoblado en diversos rubros, incluido los estipendios cobrados por los abogados de sus deudos ante los tribunales peruanos e internacionales. Estos no eran sino los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), ONGs desprestigiadas por su sectarismo y mercantilismo, con lo cual queda en evidencia que el lucro es la verdadera finalidad del trabajo de estas ONG. Esta plaga –con su caja de resonancia internacional, la CIDH– también ha cometido despropósitos en otros países de nuestra región, como Paraguay, donde la CIDH otorgó una indemnización superior a 5 millones de dólares por un caso de violación de derechos humanos. “A un país pobre como Paraguay no se le puede plantear una reparación (civil) por ese monto, por más que el delito haya sido execrable, cosa que lo fue, ciertamente. Esas sumas de dinero son siderales para un país pequeño como es Paraguay” ha declarado con propiedad el ministro García Toma.
El Perú ha planteado, como corresponde, una reconsideración en el caso Anzualdo, demandando un debate realista al interior de la corte sobre las implicancias de fallos e indemnizaciones abusivas, desproporcionadas –y hasta dirigidas a financiar la reagrupación de los terroristas– como las que ha adoptado.
LA REPUBLICA
De acuerdo a la calificación hecha por el ministro de Justicia, Víctor García Toma, la actitud de la CIDH es evidentemente “desconsiderada e incorrecta”, porque no aplica un parámetro objetivo y porque las indemnizaciones no guardan proporción con la situación económica del país, ni con las reparaciones que fijan los tribunales nacionales. Esto da lugar a una increíble paradoja: la corte –que debe defender los derechos humanos de las sociedades que se enfrentan a lacras como el terrorismo– termina financiando indirectamente a estas organizaciones. No sólo juzga a los Estados con un criterio ambiguo y sectario, manifiestamente en contra de sus fuerzas armadas y policiales, sino que los debilita económica y moralmente con indemnizaciones millonarias que acaban en manos de genocidas.
En efecto, y sólo como uno de los centenares de casos existentes, citamos el de Kenneth Ney Anzualdo Castro –quien en 1993 fue intervenido por desconocidos al interior de un microbús cuando regresaba a su casa luego de estudiar–, la CIDH impuso al Estado peruano un pago de más de medio millón de dólares desdoblado en diversos rubros, incluido los estipendios cobrados por los abogados de sus deudos ante los tribunales peruanos e internacionales. Estos no eran sino los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), ONGs desprestigiadas por su sectarismo y mercantilismo, con lo cual queda en evidencia que el lucro es la verdadera finalidad del trabajo de estas ONG. Esta plaga –con su caja de resonancia internacional, la CIDH– también ha cometido despropósitos en otros países de nuestra región, como Paraguay, donde la CIDH otorgó una indemnización superior a 5 millones de dólares por un caso de violación de derechos humanos. “A un país pobre como Paraguay no se le puede plantear una reparación (civil) por ese monto, por más que el delito haya sido execrable, cosa que lo fue, ciertamente. Esas sumas de dinero son siderales para un país pequeño como es Paraguay” ha declarado con propiedad el ministro García Toma.
El Perú ha planteado, como corresponde, una reconsideración en el caso Anzualdo, demandando un debate realista al interior de la corte sobre las implicancias de fallos e indemnizaciones abusivas, desproporcionadas –y hasta dirigidas a financiar la reagrupación de los terroristas– como las que ha adoptado.
LA REPUBLICA
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