Por Mirko Lauer
Sendero Luminoso tiene hoy un evidente atractivo mediático. No son solo las banderitas rojas y los doctrineros machacones que vuelven irreductibles del pasado. SL también aporta la insidiosa idea de que nada ha cambiado, y de que el escenario de una democracia amenazada podría repetirse al menor descuido.
Refuerzan este sentimiento algunos datos. En las zonas cocaleras se sigue combatiendo contra SL, aunque sea un membrete disminuido y con otro signo. El orden público es un permanente desafío para el Estado, y en muchas de las frecuentes protestas sociales es visible el esfuerzo por mantenerse pacíficas.
Así, lo que en 1992 y los años siguientes pareció una victoria definitiva sobre la violencia, luego de más de diez años de crecimiento económico sostenido de pronto es presentado por algunos como el simple inicio de un interregno: los terroristas retornan de las cárceles para relanzar un discurso liquidador del orden constitucional.
Los actores de la democracia enfrentan este escenario con diversas actitudes. Unos sostienen que el peligro está siendo magnificado con fines electorales, mientras que otros consideran que estamos volviendo a vivir el descuido de otros decenios. Las dos posiciones parecen ciertas, y de hecho no se contradicen. Pero ambos precisan ser moduladas.
El problema del SL guzmanista ya no es de vida o muerte como en otros tiempos, pero a la vez exige ser enfrentado. Lo cual a su vez plantea la cuestión de hasta dónde es preciso mantener o recortar los principios liberales de nuestra Constitución. En otras palabras, el tema es qué aprendió la democracia entre 1980 y 1992.
Algo que recién se está aprendiendo, quizás, es que no bastaba meter presos a los cabecillas y anunciar el fin del problema. Eso tenía que ser complementado con el tipo de batalla política que nunca se dio. Pero el fujimorismo se esforzó por inculcarle a la población (y confirmarle a SL) que el orden constitucional no le servía al país.
La idea de terroristas liberados por reducción de penas o de candidatos electorales senderistas está resultando demasiado para la opinión pública, aun si ambas cosas pudieran estar dentro de lo legal. De modo que ni SL ha cambiado (aunque volverse electoral podría marcar un cambio), ni la población ha superado el trauma de la carnicería.
Es interesante advertir el paralelismo entre SL-Guzmán y el fujimorismo en esta etapa. Ninguno se arrepiente de sus actos delictivos, los ignora. Ambos buscan en las urnas excarcelación para su jefe máximo, y tácitamente postulan una vuelta al pasado reciente. Los dos tienen desdén por el sistema partidario de la democracia.
LA REPUBLICA
Sendero Luminoso tiene hoy un evidente atractivo mediático. No son solo las banderitas rojas y los doctrineros machacones que vuelven irreductibles del pasado. SL también aporta la insidiosa idea de que nada ha cambiado, y de que el escenario de una democracia amenazada podría repetirse al menor descuido.
Refuerzan este sentimiento algunos datos. En las zonas cocaleras se sigue combatiendo contra SL, aunque sea un membrete disminuido y con otro signo. El orden público es un permanente desafío para el Estado, y en muchas de las frecuentes protestas sociales es visible el esfuerzo por mantenerse pacíficas.
Así, lo que en 1992 y los años siguientes pareció una victoria definitiva sobre la violencia, luego de más de diez años de crecimiento económico sostenido de pronto es presentado por algunos como el simple inicio de un interregno: los terroristas retornan de las cárceles para relanzar un discurso liquidador del orden constitucional.
Los actores de la democracia enfrentan este escenario con diversas actitudes. Unos sostienen que el peligro está siendo magnificado con fines electorales, mientras que otros consideran que estamos volviendo a vivir el descuido de otros decenios. Las dos posiciones parecen ciertas, y de hecho no se contradicen. Pero ambos precisan ser moduladas.
El problema del SL guzmanista ya no es de vida o muerte como en otros tiempos, pero a la vez exige ser enfrentado. Lo cual a su vez plantea la cuestión de hasta dónde es preciso mantener o recortar los principios liberales de nuestra Constitución. En otras palabras, el tema es qué aprendió la democracia entre 1980 y 1992.
Algo que recién se está aprendiendo, quizás, es que no bastaba meter presos a los cabecillas y anunciar el fin del problema. Eso tenía que ser complementado con el tipo de batalla política que nunca se dio. Pero el fujimorismo se esforzó por inculcarle a la población (y confirmarle a SL) que el orden constitucional no le servía al país.
La idea de terroristas liberados por reducción de penas o de candidatos electorales senderistas está resultando demasiado para la opinión pública, aun si ambas cosas pudieran estar dentro de lo legal. De modo que ni SL ha cambiado (aunque volverse electoral podría marcar un cambio), ni la población ha superado el trauma de la carnicería.
Es interesante advertir el paralelismo entre SL-Guzmán y el fujimorismo en esta etapa. Ninguno se arrepiente de sus actos delictivos, los ignora. Ambos buscan en las urnas excarcelación para su jefe máximo, y tácitamente postulan una vuelta al pasado reciente. Los dos tienen desdén por el sistema partidario de la democracia.
LA REPUBLICA
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