Es menester que los municipios de la capital fiscalicen con mayor rigor la venta ambulatoria de bebidas, golosinas y otros alimentos en los exteriores de los colegios, con el fin de proteger la salud de la población escolar. Problema inveterado, que no obstante se debe resolver solamente con perseverancia en el cuidado y la vigilancia de los establecimientos, como ha quedado demostrado en más de una oportunidad.
Sin embargo, no es pedagógico, práctico ni formativo dejar esta responsabilidad exclusivamente en manos de los municipios. Por cierto que la tienen, en particular para fijar y aplicar las sanciones que sean necesarias. Pero hay aquí también una responsabilidad de los padres de familia y de los propios colegios. Los padres deben hablar con sus hijos, persuadirlos de lo dañino que puede ser adquirir bebidas y golosinas en los exteriores de sus escuelas, pero también exigirles que no lo hagan en virtud de un conjunto doméstico de reglas cuyo cumplimiento se debe preservar en el seno de la familia. De la misma forma, los colegios, sus autoridades y, en especial, sus asociaciones de padres de familia necesitan estar al tanto del problema, involucrarse y resolver bajo el criterio que primero es la salud de los escolares. Dentro de las posibilidades a manejar, pueden estar algunas alternativas bien estudiadas y sopesadas para lograr que los ambulantes hallen alguna modalidad de formalización, cumplan las disposiciones sanitarias y conviertan su actividad en algo lícito y regulado por las instancias competentes en los espacios apropiados.
La vigilancia es clave, porque, además, coadyuva a la seguridad de los planteles. Entre los ambulantes podrían camuflarse elementos de mal vivir y, sobre todo, expendedores de droga. En este aspecto también debe funcionar la comunidad educativa. Docentes, autoridades y los propios alumnos, especialmente los mayores organizados en brigadas, pueden contribuir a la seguridad de su colegio, además de velar por su salud física.
Sin embargo, quien debe liderar este necesario control es la autoridad edil, ejerciendo su autoridad y convocando a los actores sociales a poner de su parte. El comercio ambulatorio no regulado ni fiscalizado es una fuente de conflictos, inseguridades e insalubridades. No dejemos que se establezca permanentemente con estas nefastas características, mucho menos en las inmediaciones de nuestras escuelas. La salud de los escolares lo exige en primer término, además del orden y ornato de nuestros distritos, algunos muy venidos a menos por la inacción de sus alcaldes.
Demandemos como vecinos a nuestra municipalidad local cumplir con esta responsabilidad. Nuestra vigilancia ciudadana debe ser estímulo pero también defensa del legítimo derecho de los escolares peruanos a su salud y a su educación en las mejores condiciones posibles.
EXPRESO
Sin embargo, no es pedagógico, práctico ni formativo dejar esta responsabilidad exclusivamente en manos de los municipios. Por cierto que la tienen, en particular para fijar y aplicar las sanciones que sean necesarias. Pero hay aquí también una responsabilidad de los padres de familia y de los propios colegios. Los padres deben hablar con sus hijos, persuadirlos de lo dañino que puede ser adquirir bebidas y golosinas en los exteriores de sus escuelas, pero también exigirles que no lo hagan en virtud de un conjunto doméstico de reglas cuyo cumplimiento se debe preservar en el seno de la familia. De la misma forma, los colegios, sus autoridades y, en especial, sus asociaciones de padres de familia necesitan estar al tanto del problema, involucrarse y resolver bajo el criterio que primero es la salud de los escolares. Dentro de las posibilidades a manejar, pueden estar algunas alternativas bien estudiadas y sopesadas para lograr que los ambulantes hallen alguna modalidad de formalización, cumplan las disposiciones sanitarias y conviertan su actividad en algo lícito y regulado por las instancias competentes en los espacios apropiados.
La vigilancia es clave, porque, además, coadyuva a la seguridad de los planteles. Entre los ambulantes podrían camuflarse elementos de mal vivir y, sobre todo, expendedores de droga. En este aspecto también debe funcionar la comunidad educativa. Docentes, autoridades y los propios alumnos, especialmente los mayores organizados en brigadas, pueden contribuir a la seguridad de su colegio, además de velar por su salud física.
Sin embargo, quien debe liderar este necesario control es la autoridad edil, ejerciendo su autoridad y convocando a los actores sociales a poner de su parte. El comercio ambulatorio no regulado ni fiscalizado es una fuente de conflictos, inseguridades e insalubridades. No dejemos que se establezca permanentemente con estas nefastas características, mucho menos en las inmediaciones de nuestras escuelas. La salud de los escolares lo exige en primer término, además del orden y ornato de nuestros distritos, algunos muy venidos a menos por la inacción de sus alcaldes.
Demandemos como vecinos a nuestra municipalidad local cumplir con esta responsabilidad. Nuestra vigilancia ciudadana debe ser estímulo pero también defensa del legítimo derecho de los escolares peruanos a su salud y a su educación en las mejores condiciones posibles.
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