Por Mirko Lauer
En poco tiempo sicario ha pasado de término exótico a palabra de uso diario. El asesino a sueldo empieza a competir en las cifras con el delincuente pasional. Por lo pronto las posibilidades de que tenga que pagar su crimen son mucho menores. Algo que probablemente anima la llegada de nuevos reclutas a la actividad.
La palabra no es sino otra forma de decir asesino a partir de un término latino, pero trae el añadido de una remuneración. En principio el sicario no tiene lazo alguno con su víctima. Más bien tiene un cliente que le encarga el asesinato, que viene a ser un servicio más en el mercado del crimen, organizado o no.
Los sicarios capturados en el Perú no tienen el glamour de las películas, sino más bien son hampones con poco que perder en la vida. No descartemos que algunos de ellos incluso sean eliminados a su turno por un colega, una vez cumplida la sucia tarea. Pero sin saberlo, todos ellos son hoy la principal señal de alarma en la sociedad peruana.
Los dos grupos de víctimas más frecuentes de los asesinatos por encargo por todos el país son los miembros del sistema jurídico (jueces, fiscales, abogados) y los miembros de sectores emergentes del empresariado. No son los únicos escenarios, pero sí los de más impacto social, sobre todo hacia el futuro.
Las muertes en el ámbito de lo jurídico, que llevan la marca inconfundible de los escenarios colombiano y mexicano, nos hablan del final de los tiempos en que los narcos preferían llevar su fiesta en paz. Cada vez más su objetivo es el de la confrontación al Estado, léase amedrentamiento de sus representantes concretos.
Los asesinatos de empresarios hablan del crecimiento de las modalidades de extorsión y venta de protección, típicas del gangsterismo clásico. Las víctimas suelen tener más dinero que acceso a las redes de seguridad que presta el Estado a contribuyentes más importantes. Esto por su relación con la informalidad o su ubicación en el espacio social.
Esta segunda forma de criminalidad habla de un desfase entre la expansión del capital y su modernización, con crecientes sumas de dinero moviéndose al margen de los sistemas de la seguridad bancaria, y también empresas cada vez más grandes operando en zonas de penumbra donde la legalidad no está bien definida.
La tarea más urgente frente a los sicarios es en lo jurídico: reforzar, cuando no establecer, la seguridad de la parte del sistema judicial vinculada a la persecución del narcotráfico. Lo cual debe incluir un régimen especial para aquellos juicios donde fiscal, juez o abogado hayan sido víctimas de esta forma de asesinato.
LA REPUBLICA
En poco tiempo sicario ha pasado de término exótico a palabra de uso diario. El asesino a sueldo empieza a competir en las cifras con el delincuente pasional. Por lo pronto las posibilidades de que tenga que pagar su crimen son mucho menores. Algo que probablemente anima la llegada de nuevos reclutas a la actividad.
La palabra no es sino otra forma de decir asesino a partir de un término latino, pero trae el añadido de una remuneración. En principio el sicario no tiene lazo alguno con su víctima. Más bien tiene un cliente que le encarga el asesinato, que viene a ser un servicio más en el mercado del crimen, organizado o no.
Los sicarios capturados en el Perú no tienen el glamour de las películas, sino más bien son hampones con poco que perder en la vida. No descartemos que algunos de ellos incluso sean eliminados a su turno por un colega, una vez cumplida la sucia tarea. Pero sin saberlo, todos ellos son hoy la principal señal de alarma en la sociedad peruana.
Los dos grupos de víctimas más frecuentes de los asesinatos por encargo por todos el país son los miembros del sistema jurídico (jueces, fiscales, abogados) y los miembros de sectores emergentes del empresariado. No son los únicos escenarios, pero sí los de más impacto social, sobre todo hacia el futuro.
Las muertes en el ámbito de lo jurídico, que llevan la marca inconfundible de los escenarios colombiano y mexicano, nos hablan del final de los tiempos en que los narcos preferían llevar su fiesta en paz. Cada vez más su objetivo es el de la confrontación al Estado, léase amedrentamiento de sus representantes concretos.
Los asesinatos de empresarios hablan del crecimiento de las modalidades de extorsión y venta de protección, típicas del gangsterismo clásico. Las víctimas suelen tener más dinero que acceso a las redes de seguridad que presta el Estado a contribuyentes más importantes. Esto por su relación con la informalidad o su ubicación en el espacio social.
Esta segunda forma de criminalidad habla de un desfase entre la expansión del capital y su modernización, con crecientes sumas de dinero moviéndose al margen de los sistemas de la seguridad bancaria, y también empresas cada vez más grandes operando en zonas de penumbra donde la legalidad no está bien definida.
La tarea más urgente frente a los sicarios es en lo jurídico: reforzar, cuando no establecer, la seguridad de la parte del sistema judicial vinculada a la persecución del narcotráfico. Lo cual debe incluir un régimen especial para aquellos juicios donde fiscal, juez o abogado hayan sido víctimas de esta forma de asesinato.
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