Muy preocupantes son las declaraciones del ex presidente de la Sala Nacional Antiterrorista, Marcos Ibazeta, quien señaló a EXPRESO que la justicia peruana actúa con blandura frente al terrorismo. Y ello en base a su propia experiencia como magistrado y luego como observador informado de los procesos de la administración de justicia en el país. En ese sentido consideramos que hay comportamientos que deben ser aclarados por las instancias del poder político y del Poder Judicial. El primero tiene que ver con los beneficios penitenciarios otorgados a los terroristas, que les han permitido –en casos muy notorios por la relevancia de los mandos involucrados– salir de la prisión antes de que se cumplan las respectivas condenas. El segundo se relaciona con la regulación existente para casos de apología del terrorismo, ya que actualmente el Código Penal tiene un marco normativo para este delito, pero la pena que se impone es mínima. Si a ello añadimos esa denunciada blandura de los jueces, tenemos que esas penas, ya mínimas, se reducen al ridículo exponiendo a la sociedad al peligro de un rebrote de la subversión extremista.
Es una verdad maciza que el régimen del presidente Toledo abrió las puertas de las cárceles a los condenados por terrorismo, en base a una legislación que se ha corregido en parte, pero que cuando estuvo en vigencia, permitió flexibilizaciones y liberaciones de las que ahora –con las muertes del VRAE y lo que ha sucedido en San Marcos, entre otras acciones– nos lamentamos. Sin embargo, no hay novedad: los terroristas no mostraron prácticamente en ningún caso arrepentimiento. Pese a ello, la justicia los ha tratado con un criterio de reinserción en la sociedad y de reeducación que ellos no solamente no aplican sino desprecian. Bajo ese criterio es que jueces y fiscales han sentenciado y acusado de un tiempo a esta parte con la ley del embudo: lo ancho para los terroristas y sus promotores de dentro y fuera del país; lo angosto para el Estado y sus sacrificados defensores, con uniforme o sin él.
Hay aquí, por cierto, una primera responsabilidad a cargo del Congreso que debe legislar con responsabilidad y teniendo en perspectiva el tremendo drama que el Perú ha vivido con el terrorismo. Pero también la administración de justicia tiene la suya, porque si ella entendiera a cabalidad que el terrorismo, aunque herido, está vivo y que su propósito es destruir la democracia, encontraría la forma de actuar con severidad ante los casos que se le presenten.
Estamos advertidos y desde hace buen tiempo. EXPRESO ha venido alertando, previniendo, denunciando, exhortando para corregir esta lenidad. Tenemos claro que al terrorismo se le vence con firmeza. En democracia y con la ley pero aplicada en su máximo rigor sin contemplaciones ni subterfugios. Una vez más nos dirigimos a las colectividades políticas y al país entero para demandar celo y eficiencia en la defensa de los valores democráticos.
EXPRESO
Es una verdad maciza que el régimen del presidente Toledo abrió las puertas de las cárceles a los condenados por terrorismo, en base a una legislación que se ha corregido en parte, pero que cuando estuvo en vigencia, permitió flexibilizaciones y liberaciones de las que ahora –con las muertes del VRAE y lo que ha sucedido en San Marcos, entre otras acciones– nos lamentamos. Sin embargo, no hay novedad: los terroristas no mostraron prácticamente en ningún caso arrepentimiento. Pese a ello, la justicia los ha tratado con un criterio de reinserción en la sociedad y de reeducación que ellos no solamente no aplican sino desprecian. Bajo ese criterio es que jueces y fiscales han sentenciado y acusado de un tiempo a esta parte con la ley del embudo: lo ancho para los terroristas y sus promotores de dentro y fuera del país; lo angosto para el Estado y sus sacrificados defensores, con uniforme o sin él.
Hay aquí, por cierto, una primera responsabilidad a cargo del Congreso que debe legislar con responsabilidad y teniendo en perspectiva el tremendo drama que el Perú ha vivido con el terrorismo. Pero también la administración de justicia tiene la suya, porque si ella entendiera a cabalidad que el terrorismo, aunque herido, está vivo y que su propósito es destruir la democracia, encontraría la forma de actuar con severidad ante los casos que se le presenten.
Estamos advertidos y desde hace buen tiempo. EXPRESO ha venido alertando, previniendo, denunciando, exhortando para corregir esta lenidad. Tenemos claro que al terrorismo se le vence con firmeza. En democracia y con la ley pero aplicada en su máximo rigor sin contemplaciones ni subterfugios. Una vez más nos dirigimos a las colectividades políticas y al país entero para demandar celo y eficiencia en la defensa de los valores democráticos.
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