La liberación de la terrorista Lori Berenson, de la misma manera que la de otros condenados por esa lacra que saldrán en breve de prisión, plantea una cuestión de orden fundamental: cómo proteger a la sociedad de estos elementos que se han beneficiado de la irresponsable legislación toledista que otorga facilidades a los genocidas –abriéndoles las puertas de la cárcel– sin que quede constancia de que han dado muestras efectivas de arrepentimiento.
En tal contexto, es pertinente la propuesta del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Javier Vega Vega, quien sugiere el uso de grilletes electrónicos para los condenados por terrorismo que salgan de los presidios, como una forma de estar seguros de poder monitorear sus movimientos, a fin de detectar a tiempo el menor intento delictivo.
En esa misma línea, y ratificando la posición del Ministerio de Justicia y las gestiones del anterior titular, Aurelio Pastor, el actual encargado de esa cartera, Víctor García Toma, aprobó el uso del sistema de la vigilancia electrónica, a través del uso de mecanismos especializados, para aquellos sentenciados por terrorismo que obtengan su libertad antes de o tras cumplir su condena. García Toma señaló que en la actualidad el reglamento de la ley aprobada por el Legislativo está en proceso de elaboración, participando en la misma representantes del Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú. Se estima que en un mes dicho instrumento legal complementario estará listo.
La propuesta del magistrado Vega Vega –que cuenta con el aval del Ministerio de Justicia– tiene la virtud de provenir de una alta autoridad del Poder Judicial, y de emplear la tecnología más avanzada de seguimiento a reclusos o ex reclusos; además de ser justa y viable porque amenguaría el problema de fondo que plantea la excarcelación de un terrorista de cuyo real arrepentimiento tenemos todos el derecho a dudar por los antecedentes.
La propuesta del titular de la corte Metropolitana no es, por cierto, aislada. Se inscribe en su firme exhortación a los jueces de Lima a tener en cuenta –por sobre todo– el interés nacional y social del país, antes de aprobar excarcelaciones de condenados por terrorismo que se han acogido a los beneficios penitenciarios otorgados irresponsable y temerariamente por el gobierno de Toledo.
Es evidente que en estas declaraciones del presidente de la Corte Superior de Lima hay un cuestionamiento a la legislación que permite esas excarcelaciones, al mismo tiempo que una valoración de los sentimientos de la ciudadanía con los cuales debe sintonizar el poder político que propone y aprueba las leyes de la República. En ese contexto se enmarca su llamado para que, sin más trámite, en lo sucesivo el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) –que cuestionablemente tiene a su cargo la calificación para otorgar libertad a un delincuente, a través de la presentación de un informe de parte como prueba ante un juez– agote todas las investigaciones técnicas y psicológicas previas para llegar convencimiento de que un terrorista no es ya un peligro para la sociedad, antes de recomendar su libertad.
EXPRESO
En tal contexto, es pertinente la propuesta del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Javier Vega Vega, quien sugiere el uso de grilletes electrónicos para los condenados por terrorismo que salgan de los presidios, como una forma de estar seguros de poder monitorear sus movimientos, a fin de detectar a tiempo el menor intento delictivo.
En esa misma línea, y ratificando la posición del Ministerio de Justicia y las gestiones del anterior titular, Aurelio Pastor, el actual encargado de esa cartera, Víctor García Toma, aprobó el uso del sistema de la vigilancia electrónica, a través del uso de mecanismos especializados, para aquellos sentenciados por terrorismo que obtengan su libertad antes de o tras cumplir su condena. García Toma señaló que en la actualidad el reglamento de la ley aprobada por el Legislativo está en proceso de elaboración, participando en la misma representantes del Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú. Se estima que en un mes dicho instrumento legal complementario estará listo.
La propuesta del magistrado Vega Vega –que cuenta con el aval del Ministerio de Justicia– tiene la virtud de provenir de una alta autoridad del Poder Judicial, y de emplear la tecnología más avanzada de seguimiento a reclusos o ex reclusos; además de ser justa y viable porque amenguaría el problema de fondo que plantea la excarcelación de un terrorista de cuyo real arrepentimiento tenemos todos el derecho a dudar por los antecedentes.
La propuesta del titular de la corte Metropolitana no es, por cierto, aislada. Se inscribe en su firme exhortación a los jueces de Lima a tener en cuenta –por sobre todo– el interés nacional y social del país, antes de aprobar excarcelaciones de condenados por terrorismo que se han acogido a los beneficios penitenciarios otorgados irresponsable y temerariamente por el gobierno de Toledo.
Es evidente que en estas declaraciones del presidente de la Corte Superior de Lima hay un cuestionamiento a la legislación que permite esas excarcelaciones, al mismo tiempo que una valoración de los sentimientos de la ciudadanía con los cuales debe sintonizar el poder político que propone y aprueba las leyes de la República. En ese contexto se enmarca su llamado para que, sin más trámite, en lo sucesivo el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) –que cuestionablemente tiene a su cargo la calificación para otorgar libertad a un delincuente, a través de la presentación de un informe de parte como prueba ante un juez– agote todas las investigaciones técnicas y psicológicas previas para llegar convencimiento de que un terrorista no es ya un peligro para la sociedad, antes de recomendar su libertad.
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